@fredalvarez
La SSA confirmó 22 mil 711 personas infectados por Covid 19, la cifra más alta para un día en toda la pandemia. Además, reportó que hay 727 muertes más, con lo que suman 246 mil 203 difuntos en el país.
Preocupante, pero el miedo ha sido exorcizado.
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Las columnas políticas hoy, miércoles 11 de agosto de 2021..
Templo Mayor/ REFORMA
NO ES por fomentar el sospechosismo, pero qué curiosa casualidad que le haya tocado al magistrado José Luis Vargas revisar el caso de las impugnaciones al triunfo de Samuel García en Nuevo León.
Y ES QUE justamente ese proceso en especial le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha manifestado en contra de las sanciones para el gobernador electo. De ahí que le viene, diría el clásico, como anillo al dedo que sea precisamente Vargas quien deba analizar las acusaciones contra la campaña y el triunfo de Movimiento Ciudadano.
NO HAY que olvidar que el depuesto presidente del Tribunal Electoral ha sido sumamente obsequioso con los deseos de Palacio Nacional, al grado, inclusive, de cambiar sus propios criterios judiciales para darle gusto al Ejecutivo. De hecho, esa complacencia fue la que, en buena medida, provocó que cinco magistrados decidieran desconocerlo. Pero, bueno, seguramente todo es una simple coincidencia. ¿O no?
EN EL Estado de México, las colectivas feministas se sienten engañadas por el morenista Maurilio Hernández, pues incumplió su promesa de llevar al pleno la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad. El objetivo era que se aprobara antes del 15 de agosto, fecha en que concluye el periodo ordinario.
LAS PROPIAS diputadas de Morena reconocieron que un asunto que incidiría en la vida de tantas mujeres, paradójicamente, depende de un solo hombre: su coordinador parlamentario. Si bien es un tema polémico, todo indica que el diputado Hernández ni siquiera está abierto a que haya un debate.
¿NO QUE NO? Cuando Donald Trump obligó a México a renegociar el T-MEC, el entonces subsecretario Jesús Seade negó que fuera a haber injerencia norteamericana en los asuntos laborales mexicanos. Pero ya se vio que no fue así.
Tridonex y más de 150 trabajadores que fueron despedidos de la planta de Matamoros. El anuncio, sin embargo, lo hizo ¡el gobierno de Estados Unidos! La Oficina del Representante Comercial norteamericano fue el que recibió la denuncia, impulsó el recurso en el mecanismo laboral del T-MEC y fijó las condiciones del arreglo.
A VER si hoy que comparezca Tatiana Clouthier ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, alguien le pregunta sobre el asunto. Porque ya se vio que las autoridades norteamericanas están metidas hasta la cocina en los asuntos laborales.
VER a Lionel Messi con la playera del PSG es tan triste como ver a los viejos izquierdistas mexicanos defendiendo la militarización del país con la 4T.
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Bajo Reserva/EL UNIVERSAL
De salto en salto, nos dicen, ha andado Bertha Alcalde Luján, la hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, en estos casi tres años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio del gobierno, nos hacen ver, la abogada Alcalde asumió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dejó meses después para asumir la Secretaría Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al lado de Leonel Cota Montaño, titular del SESNSP. En febrero del año pasado, regresó a la SSPC como jefa de la Oficina del entonces secretario Alfonso Durazo Montaño, cargo que dejó en noviembre para irse como delegada de Programas del Desarrollo en Chihuahua del gobierno federal. Ahora, nos comentan, Bertha Alcalde colaborará próximamente como abogada de la Cofepris, por nombramiento presidencial, “en donde hay muchas batallas que dar”. Se ve que el Presidente tiene aprecio y confianza por la inquieta Bertha Alcalde, pese a que ella estudió en una universidad del extranjero, en la Universidad de Nueva York, donde hizo su maestría luego de egresar con mención honorífica de la UNAM como abogada.
¿Qué tanto quiere AMLO la consulta de revocación de mandato?
Algunos legisladores de Morena se pusieron nerviosos con el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no se incluyó en el periodo extraordinario de hoy la ley secundaria de la revocación de mandato. Sin embargo, otros se preguntan qué tan reales son las intenciones de Morena para que se realice esta consulta ciudadana, pues ven más riesgos que ventajas. Nos dicen que no es que se piense que el mandatario pudiese perder la consulta, sino qué tantos votos podría lograr. Se cuestionan si con tres años de desgaste de gobierno el mandatario podría volver a conseguir los 30 millones de votos que obtuvo en 2018. De no ser así, una menor votación enviaría una mala señal para las elecciones de 2024. Además, nos hacen ver, si la oposición en el Congreso bloquea la ley secundaria y no se realiza la consulta, él quedará como el presidente demócrata que quiso someterse a la revocación del mandato, pero que no pudo, pues se lo impidieron las fuerzas conservadoras.
Luces y cámaras en Palacio Nacional
Nos comentan que, desde este martes, la vida en Palacio Nacional se ha visto trastocada por el ir y venir de un ejército de camarógrafos, sonidistas y asistentes. Y aunque por el número de personas pareciera que se va a filmar una película, se trata de la grabación de los spots que en unos días más inundarán la televisión y las redes sociales con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos aseguran que los técnicos que llevan a cabo estas grabaciones tienen la instrucción de que los videos tengan una excelente manufactura y que pueda lucirse el mandatario.
Fernández Noroña pudo con el Covid, pero no impedirá un desafuero
Los astros se alinearon para Gerardo Fernández Noroña, quien presumió en redes que desde ayer martes, ya está libre de Covid-19. Nos cuentan que la noticia no solo le emocionó porque ya no tiene el virus, sino porque ello le permitirá estar hoy en la sesión extraordinaria para discutir el desafuero del diputado petista Mauricio Toledo. El petista vuelve con el ánimo renovado y listo para dar debate a favor de su compañero de bancada, quien asegura, es víctima de una persecución política. Nos dicen que don Gerardo pudo vencer al coronavirus, pero no podrá impedir que le quiten el fuero a Toledo, y él lo sabe.
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¿Por qué AMLO quiere la revocación de mandato?
Salvador García Soto
Si la mayoría pide que AMLO continúe, logra doble legitimidad como presidente y fortalece su imagen y poder.
OPINIÓN 11/08/2021 02:34 ACTUALIZADA 02:35
Salvador García Soto
PERFIL
¿Por qué AMLO quiere la revocación de mandato?
No hay “fantasma de militarización”, pero sí un gobierno militarizado
Día clave en el Tribunal: o se ponen de acuerdo o los embisten
Bastó un comentario del Presidente en su conferencia mañanera de ayer, para que la bancada de Morena en el Senado, que lidera Ricardo Monreal, y la dirigencia nacional del partido oficial, que encabeza Mario Delgado, se activaran con todo para buscar un periodo extraordinario de sesiones en el que se busque aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, que reglamentaría la reforma al artículo 35 Constitucional, apartado 8 Fracción IX, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2019.
La mayoría morenista en el Senado ya se alista para proponer el extraordinario y buscar que se apruebe una iniciativa de ley reglamentaria a partir de las tres propuestas que han sido presentadas en esa cámara: una del senador Monreal, otra del panista Damián Zepeda, y una tercera de la priista Claudia Ruiz Massieu. En esencia, con algunas diferencias de forma y de redacción, las tres iniciativas existentes sobre la consulta para Revocación de Mandato establecen que ésta solo podrá ser solicitada por ciudadanas y ciudadanos que firmen una petición con sus datos electorales, en una cantidad equivalente al 3% de la lista nominal de electores, es decir al menos 3.1 millones de firmas de ciudadanos; que la consulta será organizada por el INE, que instalará mesas receptoras donde los votantes podrán cruzar en una papeleta por el “SÍ” o el “No” a la pregunta: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza”? Esa redacción aparece tanto en la propuesta de Monreal como en la de Ruiz Massieu.
Según las tres iniciativas, el INE deberá imprimir las papeletas, instalar las casillas, hacer la promoción respectiva y contabilizar los votos que emitan los ciudadanos clasificándolos en tres categorías: por el “Sí”, por el “No”, por “Abstención” o “Votos nulos”. Para que el resultado de la Consulta de Revocación de Mandato sea vinculante tendrá que participar al menos el 40% del listado nominal de electores, es decir, al menos 37.2 millones de electores. Si en la consulta para revocación de la Presidencia ganara el “Sí”, dicen las propuestas de ley reglamentaria que se abriría un proceso de impugnación en la que se pueden impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el que informe finalmente si la revocación es válida y al notificar al titular del Poder Ejecutivo, éste tendría que abandonar el cargo, con lo que se activaría la sustitución presidencial contemplada en el artículo 84 constitucional.
Lo que diferencia las tres iniciativas de ley que podrían discutirse en un periodo extraordinario, es que la del morenista Ricardo Monreal establece que la Consulta de Revocación de Mandato sí puede aplicarse al presidente electo para el periodo 2018-2024, es decir para Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la reforma Constitucional al artículo 35 se aprobó en 2019 y su aplicación no podría ser retroactiva. Pero para librar ese impedimento constitucional, Monreal invoca los plazos previstos en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto en el que se declaran reformadas y adicionadas las disposiciones de la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.
Este último criterio, el de la no retroactividad de la ley, esta siendo invocado por diversos analistas y expertos constitucionalistas para decir que la Revocación de Mandato, en sentido estricto, no podría aplicarse a López Obrador porque la reforma constitucional fue aprobada a finales de 2019 cuando él ya había sido electo para gobernar hasta el 2024. Pero está claro que, con el transitorio que invoca Monreal en el decreto de reformas al artículo 35 se pretende brincar ese impedimento, por la sencilla razón de que la “revocación” es un tema que le interesa al Presidente y en el que tiene una clara apuesta política.
La idea de promover una revocación de mandato la planteó Andrés Manuel desde su primera campaña presidencial en 2006, bajo el argumento de que era una forma de la izquierda de diferenciarse de la derecha: “Si los derechistas promueven la reelección, los de izquierda debemos promover la revocación de mandato”, decía el entonces candidato del PRD a la Presidencia de la República. Doce años después, ya como presidente, López Obrador fue quien promovió la iniciativa de reforma al 35 Constitucional y ya desde entonces veía en el 2022 una fecha clave para su estrategia política y la continuidad de su movimiento.
El verdadero interés que tiene el Presidente en someter el tiempo de su mandato a la pregunta de la ciudadanía es que apuesta a tener una clara “ratificación de mandato” con el triunfo del “NO”, para lo cual López Obrador y Morena movilizarían a todas sus bases y simpatizantes con la idea de que, si la mayoría de los votantes pide que continúe en el cargo, no sólo logra una doble legitimidad como presidente “querido y popular” con la gente, sino que además se fortalece su imagen y su poder como presidente justo en la recta final de su mandato: los dos últimos años del sexenio.
Es decir que, como buen animal político, Andrés Manuel sabe que el ocaso de todo presidente comienza en el 2023, en el inicio del último tercio del sexenio. Pero si él logra ganar la Consulta de Revocación y derrotar a sus adversarios, no sólo partidos de oposición, sino empresarios y otros grupos de interés que promoverían el “SÍ” para revocarle el mandato, tendría una doble victoria: la derrota “moral” y electoral anticipada de los “conservadores y neoliberales”, como el agrupa a sus adversarios, y su fortalecimiento político con una “ratificación” que lo haría llegar fuerte y con el apoyo mayoritario de la gente a la recta final de su mandato y, sobre todo, a la sucesión presidencial del 2024.
Ese es el verdadero cálculo político detrás del discurso de “participación ciudadana y democracia participativa” que tanto promueve el Presidente y su partido. La reciente Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes fue un primer ensayo de lo que realmente le interesa a López Obrador, que es arrasar a sus opositores y adversarios en una votación sobre Revocación de Mandato, y para ello pondrán toda la carne al asador, primero para lograr que se realice la consulta en agosto de 2022 y segundo, para ganarla abrumadoramente, aprendiendo incluso de los errores y fracasos cometidos en la primer Consulta en la que solo votaron 6.3 millones de electores.
Es, para decirlo claramente, la sucesión anticipada en el 2022 en la que, además de apostar a ganar otras seis gubernaturas que estarán en disputa ese año, con lo que su partido Morena aspira a controlar en total 24 gobiernos estatales en el país, el Presidente y su partido apuesta a derrotar desde dos años antes a sus adversarios y opositores para llegar al 2024 con una oposición debilitada y derrotada moral y electoralmente, de tal modo que López Obrador sea el indiscutible y legítimo Presidente y líder social ratificado por la ciudadanía y él y solo él defina quién será la que lo suceda o el que lo suceda en la Presidencia de la República, para garantizar la continuidad de su movimiento.
NOTAS INDISCRETAS…
En cuanto se resolvió la crisis del Tribunal Electoral, con el nombramiento por mayoría de votos de los 7 magistrados, de Felipe Fuentes Barrera como presidente interino en funciones hasta el 1 de septiembre, el máximo órgano de justicia electoral retomó el trabajo urgente que se paralizó con estos cinco días que estuvieron en crisis: la calificación de las elecciones del pasado 6 de junio y los recursos de impugnación que presentaron los partidos tanto en estados como Nuevo León, Michoacán, Chihuahua y San Luis Potosí, además de las elecciones de diputados federales que también fueron cuestionadas. De madrugada se consumó el nombramiento de Fuentes y se retomaron las labores de los magistrados, luego de los acuerdos que los 7 integrantes de la sala superior lograron en el pleno. El acuerdo y el entendimiento en el Tribunal fue celebrado por muchos, entre ellos el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que además fungió como mediador entre los dos bloques que se confrontaron en el Tribunal, aunque a otros, como el presidente López Obrador, no les dio gusto que se hayan logrado acuerdos entre los magistrados electorales, pues según dijo ayer el mandatario, “el Tribunal no está bien y sus magistrados no han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron y tengo pruebas”. Caray, parece que el Presidente prefiere los pleitos y la confrontación y no le alegran ni el diálogo ni los acuerdos. Y también está claro que a los magistrados del TEPJF López Obrador no les perdona los fallos en contra de Morena y de sus amigos como Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a los que les cancelaron sus candidaturas. Es decir, que si las instituciones no fallan siempre a su favor y nunca en su contra, para el Presidente “actúan mal, no sirven y están podridas y echadas a perder”…El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, nos mandó una breve comunicación para decirnos que sí ha estado asistiendo a varios restaurantes, que sí ha saludado a personas que lo reconocen y se acercan a felicitarlo y a saludarlo, pero que nunca dijo, sostiene el general, que él había sido liberado “por la presión de sus amigos militares”. “Sí he saludado personas, pero nunca he hecho ningún comentario y menos en el sentido de que regresé por la presión de los militares. Estoy aquí porque soy inocente y así fue demostrado por la autoridad de nuestro país”, nos dice el general Cienfuegos…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
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Estrictamente Personal
No contamos con el Presidente/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
El narcotráfico tocó la puerta de los medios de comunicación en la Ciudad de México, por años resguardados por una burbuja porque sabían que cualquier intento de atacarlos tendría consecuencias negativas para las organizaciones criminales, al enfrentar a más de 130 mil policías locales y federales y más de un centenar de policías privados, además de soldados y marinos que aquí tienen sus principales bases. El blindaje fue horadado este lunes con la amenaza del cártel más violento, directa contra Azucena Uresti, la más importante conductora de Milenio Televisión, a Milenio mismo, a El Universal y a Televisa.
La amenaza vino en el mismo formato como se envían mensajes los criminales, mediante un video para intimidar e inhibir la cobertura que las organizaciones periodísticas sobre el conflicto en la Tierra Caliente michoacana. En una carta abierta titulada En defensa de la libertad de expresión, un grupo importante de medios, varios de ellos de gran penetración e influencia en el país, señalaron:
“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante años han intimidado a periodistas y medios de comunicación sin que ninguna autoridad, pasada o presente, los haya frenado o sancionado. En muchas regiones del país, acciones como ésta han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera volteó a verlos. El martes se refirió únicamente a las amenazas contra Uresti, reduciendo la intimidación en ella, ignorando a los equipos de televisión y reporteros de Milenio que son parte de los señalamientos criminales, así como de sus colegas de El Universal y Televisa, quienes también fueron identificados como blanco. Pero ni así fue afortunada la posición del Presidente.
Se ‘solidarizó' con la periodista, como si, como cabeza del Estado mexicano, no tuviera una responsabilidad más allá que un gesto empático. Sí admitió que era responsabilidad del gobierno velar por la seguridad de ella y de los mexicanos, pero no formuló condena –usó la palabra reprobar– alguna ante la afrenta, ni hizo un pronunciamiento que apuntara hacia una investigación sobre cómo, cuándo y dónde se realizó la videoamenaza, y llegar a sus responsables.
Nada nuevo en la postura del Presidente. El gobierno no va a defender a periodistas ni medios de comunicación –como tampoco lo ha hecho con la ciudadanía– porque son sus enemigos. No lo son, como lo ha demostrado con hechos, los cárteles de la droga. Si es por diseño, estrategia, miedo, interés, casualidad o causalidad, es la realidad. Los narcotraficantes le merecen todo el respeto al Presidente; a periodistas y medios los clasifica como adversarios y diariamente los ataca, hostiga e intimida.
En este clima de hostilidad contra los medios, de ataques sistemáticos por parte del Presidente, permanentemente alimentado en sus odios por sus cercanos, ¿qué podemos esperar? Las amenazas de las organizaciones criminales contra periodistas y medios en la Ciudad de México son consecuencia natural de la falta de combate a los delincuentes, aunque en esta ocasión se cruzaron con lo que lleva algunas semanas construyendo su gobierno: un acuerdo de pacificación con los cárteles de la droga. En la Tierra Caliente michoacana, donde surgieron estas amenazas, funcionarios del gobierno han estado tratando de que se sienten a la mesa dos cárteles antagónicos, junto con autodefensas, para alcanzar la paz.
Estos intentos les dan una interlocución a los cárteles de la droga, como en otros momentos les han dado algunos gobiernos a movimientos armados, aunque hay una diferencia sustancial. Los movimientos armados pelean por una causa y un cambio político; los cárteles matan, intimidan, compran o amenazan, para cuidar y expandir su negocio. Ningún gobierno concede beligerancia a una organización criminal. López Obrador es diferente.
No es nuevo que este gobierno busque pactar la paz con los cárteles de la droga. El defenestrado subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, estableció los primeros puentes entre las organizaciones criminales y Palacio Nacional, al hablar con autorización del Presidente con organizaciones tamaulipecas vinculadas al Cártel del Golfo, y con otras michoacanas vinculadas al Cártel del Pacífico. La mesa de negociación en Tierra Caliente que se está trabajando es un nuevo estadio en esta peculiar relación con la delincuencia organizada.
López Obrador, que ha dicho a los suyos que ésa es la ruta para que se acabe la violencia, está equivocado. Ninguna negociación con el gobierno que signifique sólo abrazos sin balazos, llevará a la pacificación, porque carece de incentivos para sus propósitos. Su idea de administrar el narcotráfico está equivocada desde el mismo diagnóstico de lo que significa ese negocio criminal. Pero al mismo tiempo, la apertura hacia los delincuentes ha ido acompañada de un ataque sistemático contra periodistas y medios, que genera la percepción entre los criminales de que comparten enemigos, y un ataque contra el gremio será favorecido con la impunidad, construyendo las condiciones para estas amenazas.
López Obrador ha sido el arquitecto de la impunidad criminal, al no perseguir ni contener a los cárteles de las drogas y sus sicarios, que han provocado que en su sexenio 43 periodistas hayan sido asesinados, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, que han convertido a México en el país más peligroso para la prensa, donde la delincuencia organizada y el gobierno piensan lo mismo de medios y periodistas: son un estorbo. Los criminales los matan y el Presidente busca destruir sistemáticamente reputaciones y su aniquilación social. Los primeros quieren callar a balazos a medios y periodistas; el Presidente mediante la previa censura.
En su desplegado, los medios señalan que son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia, sin debilitarlos con estigmatizaciones. El grito se lo llevará el viento. De este gobierno no se puede esperar nada. Ya lo sabemos, estamos solos. Tampoco es nuevo, salvo que antes la confrontación era contra gobiernos y hoy, medios y periodistas enfrentamos aliados tácticos, gobierno y criminales.
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La Feria
Día de acoso a la prensa
Tenemos un Presidente que dedica más tiempo y energía en el púlpito a desacreditar a periodistas e investigadores que a cuestionar a los criminales.
Salvador Camarena
El Financiero, agosto 11, 2021 |
Hoy es miércoles, hoy el Presidente acosará a la prensa. Si tal cosa no ocurriera sería algo más que un milagro. Sería una gran noticia, una cuyos beneficios últimos serían no para las y los periodistas, sino para la sociedad. Pero es muy poco probable que Andrés Manuel López Obrador, fijo de ideas como es, abandone la rutina de irse hoy contra periodistas.
Entonces, lo que dijo ayer AMLO, de proteger a Azucena Uresti y condenar las amenazas en su contra, habrá pasado a ser poco más que un caso aislado, y no un punto de inflexión en términos de libertad de prensa.
El jefe de Morena no puede actuar de otra manera porque iría en contra de lo único que le importa. Para López Obrador nada es más relevante que mantener el curso de lo que él llama transformación. Y en ese camino la prensa estorba, pues reporta desde errores e insuficiencias hasta actos de negligencia y corrupción de su gobierno.
Por eso ataca cuanto puede a la prensa y ahora de fijo los miércoles. Porque necesita desacreditar a los medios de comunicación para que ninguna de las denuncias de éstos, las opiniones incluidas, descarapelen el cántico presidencial de que la transformación va, diría la ausente Delfina, requetebién.
Ataques y desdén, es la receta. Como cuando en la mañanera el inquilino de Palacio Nacional negó que en Aguililla había serios problemas, ahí donde los pobladores se ahogaban a causa del sitio al que eran sometidos por los criminales, ante la inacción de las fuerzas de varios gobiernos, principalmente el de López Obrador.
¿Que cómo sabíamos que en ésa y otras zonas de Michoacán los graves problemas de violencia persisten, que no desaparecieron por la política de los abrazos y de las becas para los jóvenes? Primero, por las valientes denuncias de pobladores de esas regiones, incluidos sacerdotes. Y segundo, por el puntual trabajo de periodistas, investigadores y activistas que no han abandonado a su suerte a los mexicanos de las zonas en guerra.
Reporteros, activistas y académicos de raíces nacionales o extranjeras, lo mismo da. Gente comprometida con lo que pasa en un terreno donde el sonido de las balas es todo menos metafórico.
¿Y qué hace Andrés Manuel cuando es cuestionado por lo que prensa, estudiosos y defensores de derechos humanos publican? Primero, subestima los reportes. Si le insisten, los vuelve a minimizar. Y si no sueltan el tema en las mañaneras, lo niega. Negativa que no excluye nada sutiles descalificaciones y ataques al decir que publican eso porque están en contra suya.
Porque tenemos un Presidente que dedica más tiempo y energía en el púlpito a desacreditar a periodistas e investigadores que a cuestionar a los criminales.
Salvo el martes –también hay que reconocerlo–, cuando luego de conocerse las amenazas de supuestos narcotraficantes contra Uresti y otros medios, AMLO dijo que reprobaba “completamente esas amenazas”, que no admite “que se actúe de esa forma” y que protegerán a Azucena y a todos.
Qué bueno que protejan a Azucena. Es lo mínimo que el gobierno debe hacer ante tan salvaje amenaza contra ella y otros colegas. Pero literalmente es lo mínimo: el Presidente debería aprovechar esta ominosa señal de lo empoderados que se sienten los criminales para empezar otra ruta, una que lo lleve a ser el garante del ejercicio de la prensa.
Pero no ocurrirá. Porque no quiere una prensa vigorosa, una que reporteará, por ejemplo, sus pendientes en seguridad pública; incluidas las violaciones a derechos humanos, que siguen.
Por eso hoy es miércoles de acoso presidencial a periodistas.
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Amante de los libros
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
La Silla Rota, 10/08/2021
opinion@lasillarota.com
En el tema de los periodistas amenazados y muertos, de nueva cuenta aparecen la complicidad y la mentira por parte del presidente.
¿Y por qué complicidad y mentira?
Porque López Obrador es el primero en calumniar, difamar y satanizar a los periodistas.
Porque es falso que en el gobierno de AMLO hayan sido protegidos los periodistas amenazados y asesinados.
Porque es mentira que funcione adecuadamente el mecanismo institucional de protección a periodistas.
Porque no basta proteger a periodistas y ciudadanos, en general, sino que el gobierno deber combatir a las bandas criminales; que son el problema de fondo.
Porque es mentira que se haya investigado uno solo de los 21 crímenes de periodistas mexicanos muertos en los 32 meses de la gestión de AMLO.
Y, sobre todo, porque el gobierno de López Obrador canceló los recursos para el programa de protección a periodistas, lo que deja solos a los informadores.
Y vale el recuento porque la mañana de ayer, en respuesta a la amenaza directa lanzada por el (CJNG) contra Azucena Uresti y contra medios como El Universal y Televisa, el presidente mexicano parloteó sin ton ni son para concluir con una obiedad: que la conductora de Milenio "no está sola".
Y volvió a mentir el mandatario porque tanto periodistas como ciudadanos hoy estan más solos que nunca y, como nunca, la muerte tiene permiso en la gestión de AMLO.
Pero, además, López Obrador miente porque a lo largo de periplo para llegar a Palacio, prometió que en su gestión no habría un solo periodista muerto.
Y resulta que en los primeros 32 meses han sido asesinados 21 informadores; algo así como uno cada 40 días, mientras que con Peña Nieto fueron muertos 47 y 48 en el sexenio de Calderón, en los 72 meses de gestión.
Es decir, que el de López Obrador es no sólo un gobierno peor que sus antecesores, sino que se trata de la gestión en donde, como nunca, las bandas criminales amenazan de manera pública a los periodistas.
Sí, como nunca, las amenazas y el terror a periodistas se lleva a cabo ante la coplicidad del presidente, quien no se atreve a ordenar la captura de los criminales que, de manera pública, amedrentan a medios y periodistas.
Y eso se llama, a querer o no, complicidad de Estado.
¿Lo dudan?
Así lo dijo la mañana de ayer un presidente complaciente con los criminales.
"Expreso mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti... por la amenaza que recibió por una de las organizaciones de la delincuencia".
"Quiero decirle que cuenta con nosotros, desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera".
"Ya se estableció comunicación con ella y el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección".
"Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad, la protección de los mexicanos que no sean dañados intimidados, que no sean amenazados por nadie".
"Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impinidad... ya no hay como era antes...". (Fin de la cita)
Nada, solo parloteo engañabobos. Por eso las preguntas.
¿De qué sirven la solidaridad y la perorata presidenciales cuando lo urgente es poner fin al terrorismo criminal; cuando la responsabilidad del presidente es capturar a los jefes criminales, llevarlos a prisión y desmantelar las bandas?
¿De qué sirven los discursos rancios, cuando las bandas criminales son aliadas del gobierno de López Obrador; cuando el enemigo está en Palacio?
De nada sirve el voluntarismo, si el presidente nunca ordenó una batida contra el (CJNG) y sus cabecillas; cuando el ridículo eslogan de "abrazos, no balazos", no es más que un señuelo oficial de la alianza del gobierno de AMLO con las mafias criminales.
Por eso México es hoy considerado como uno de los países con el mayor riesgo para el ejercicio del periodismo; profesión que estigmatizan desde el presidente, pasando por los barones del crimen.
Sí, durante el sexenio de López Obrador se contabilizan 21 periodistas asesinados por el hecho de ejercer su profesión. Muchos de ellos estaban bajo el programa de protección a periodistas.
A continuación, un recuento, cronológico de los periodists masacracos; crímenes que nadie se atreve a aclarar ya que en su mayoría son víctimas del crimen organizado.
1.- Alejandro Márquez. Orión Informativo, Nayarit. Lo asesinaron el 1 de diciembre del 2018, el mismo día que López Obrador tomó posesión. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera Tepic-Pantanal.
2.- Rafael Murúa. Radio Kashana. Baja California Sur. Lo asesinaron el 20 de enero del 2019. Su cuerpo fue encontrado en la cuneta de la carretera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.
3.- Samir Flores. Radio Amiltzinco. Morelos. Lo asesinaron a balazos el 20 de febrero al salir de su casa. Además de periodista, Samir era activista y era uno de los principales opositores a la termoeléctrica de La Huexca.
4.- Santiago Barroso. Noticias Red. Sonora. Asesinado el 15 de marzo del 2019. Desconocidos le dispararon a quemarropa en la puert de su casa.
5.- Telésforo Santiago Enríquez, Estéreo Cafetal de Oaxaca. Asesinado el 2 de mayo del 2019 cuando se dirigía a la radio comunitaria, en San Agustín Loxicha, interceptado por otro vehículo, cuyos tripulantes lo acribillaron.
6.- Francisco Romero. Quintana Roo. Asesinado el 16 de mayo del 2019. Su cuerpo, con disparos de arma de fuego, fue encontrado en la colonia Ejidal de Playa del Carmen.
7.- Norma Sarabia. Semanario Chontalpa, Tabasco. Asesinada el 11 de junio del 2019. Sujetos le dispararon en la puerta de su domicilio en donde ella se encontraba con familiares, en el municipio de Huimanguillo.
8.- Rogelio Barragán, Guerrero al Instante, en Morelos. Asesinado el 30 de julio del 2019. Tras días reportado como desaparecido, su cuerpo fue localizado en un vehículo, en el municipio de Zacatepec.
9.- Edgar Alberto Nava López. La Verdad de Zihuatanejo, Guerrero. Lo asesinaron el 2 de agosto del 2019 en la Costa Grande, con disparos de arma calibre 9 milímetros.
10.- Jorge Celestino Ruiz, El Gráfico de Xalapa, Veracruz. Asesinado el 2 de agosto del 2019. Fue acribillado en la localidad de Bocanita, de la capital del estado. Celestino denunció que había recibido amenazas de muerte.
11.- Nevith Condés Jaramillo, del Observatorio del Sur, Estado de México. Asesinado el 24 de agosto; su cuerpo fue enconrado al interior de su domicilio con signos de ataque con arma punzocortante.
12.- María Elena Ferral, Diario de Xalapa, Veracruz. Asesinada el 30 de marzo del 2020. Sujetos en motocicleta le dispararon en la zona centro de Papantla. La llevaron al hospital, en donde horas después perdió la vida.
13.- Jorge Armenta Avalos, Medios Obson, Sonora. Asesinado el 16 de mayo del 2020. Hombres armados lo atacaron al salir de un restaurante en el municipio de Cajeme. Falleció en el hospital.
14.- Pablo Morrugares Parraguirre, PM Noticias, Guerreo. Asesinado el 2 de agosto del 2020. Fue atacado al interior de un bar ubicado en la ciudad de Iguala, a pesar de que se encontraba acompañado por su escolta.
15.- Julio Valdivia, El Mundo de Córdova, Veracruz. Asesinado el 9 de septiembre del 2020. Su cuerpo, decapitado y con huellas de tortura, fue encontrado en las vías del ferrocarril, en Motzorongo, región de Tezonapa.
16.- Israel Vázquez Rangel, El Salmantino, Guanajuato. Asesinado el 9 de noviembre del 2020. Fue atacado por hombres armados mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca.
17.- Jaime Castaño Zacarías, Prensa Libre, Zacatecas. Asesinado el 10 de diciembre del 2020. Hombres armados lo acribillaron luego de tomar fotografíar cuerpos abandonados en la vía pública en el municipio de Jerez.
18.- Benjamín Morales, Noticias Xonoidag, Sonora. Asesinado el 3 de mayo de 2021. Fue en contrado con disparos de arma de fuego, en el kilómetro 167 de la carretera Sonoyta-Caborca. Día antes se había denunciado su desaparición.
19.- Gustavo Sánchez Cabrera, noticias Minuto a Minuto, Oaxaca. Lo asesinaron el 17 de junio del 2021. Sujetos armados ingresaron a su domicilio, en la comunidad de Morro Mazatlán y fue acribillado. Ya había sufrido otros atentados.
20.- Saúl Tijerina Rentería, Noticias en la Web, Coahuila. Asesinado el 22 de junio del 2021. Su cuerpo fue encontrado a un costado de su vehículo en el Libramiento Surponiente y la intersección con el Antiguo Camino a Las Cuevas, en el municipio de Ciudad Acuña.
21.- Ricardo López, Infoguaymas, Sonora. Asesinado el 22 de julio de 2021. Su cuerpo, con varios impactos de arma de fuego, fue encontrado en el estacionamiento de un supermercado del norte de la ciudad de Guaymas.
Sí, no existe un solo detenido por los 21 periodistas asesinados en el gobierno de AMLO.
¿Por qué suponer que a partir del mes 33 del gobierno de López Obrador será distinto?
Al tiempo.
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