31 ene 2022

Las columnas políticas hoy, lunes 31 de enero de 2022

Niega SHCP recursos extra a INE para revocación de mandato

Hacienda negó al INE mil 738 millones de pesos extra para realizar la revocación de mandato del Presidente López Obrador. 

Por la mañana, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, había advertido que de no conseguir dicha ampliación presupuestal, sólo podrían instalar cerca de la tercera parte de las mesas de votación proyectadas originalmente, es decir alrededor de 53 mil de las 161 mil casillas iniciales. 

"La Secretaría de Hacienda emite respuesta en el sentido de que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese instituto, pues se reitera que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales", argumentó la dependencia. 

En el escrito de 14 hojas, el cual llegó cuando el Consejo General sesionaba, se justifica que el presupuesto de la Federación es austero, por lo que en éste se han reasignado los recursos a la atención de programas sociales, salud, atención a la pandemia, adquisición de vacunas, educación, entre otros, 

"Por lo que una reducción de los mismos afectaría a la población más vulnerable. 

"El gobierno no cuenta en este momento con gastos derivados de ahorros, economías, o subejercicios y en caso de generarse serán destinados a la atención de la pandemia, en primer término, a la adquisición de vacunas, así al fortalecimiento de los servicios de salud", agregó. 

La Secretaría ofrece que el Gobierno, a través de algunas dependencias, puede apoyar al INE en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones. 

La consejera Carla Humphrey recriminó que el documento esté firmado por el procurador fiscal, Félix Arturo Medina, quien ocupa la quinta posición jerárquica en Hacienda. 

"Si no puede firmar el secretario, debió hacerlo uno de los dos subsecretarios, sino la oficial mayor, y en quinto lugar el procurador, no es un trato que se merece esta autoridad", indicó. 

Carla Humphrey

@C_Humphrey_J

El  @INEMexico  recibió respuesta de  @Hacienda_Mexico  que negó recursos adicionales p/la #RevocaciónDeMandato. El @TEPJF_informa  señaló que defensa y promoción de los DDHH es deber de TODO el Estado mexicano. El #INE avanzará con los recursos disponibles. #RevocaciónDeMandatoVA

@Hacienda_Mexico

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación, en tiempo y forma, a la solicitud presentada por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual requiere recursos adicionales para la realización del proceso de revocación de mandato. (1/2)

@Hacienda_Mexico

Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio electoral SUP-JE-282/2021 y acumulados. (2/2)

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 Baker Hughes niega propiedad de casa donde vivió hijo de AMLO; reconoce que es de exempleado

La compañía afirma en una nota de prensa que "el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes. Baker Hughes no estuvo involucrado en la supuesta transacción y la casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un exempleado que dejó la empresa en 2019".

Dice además que el exempleado no estaba involucrado "en nuestras operaciones en México".

El reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad nunca afirma que la casa sea propiedad de la petrolera. Dice así:

"El sitio TruePeopleSearch, que cruza información de distintas bases de datos, ubicó la residencia como el domicilio de Carolyn Adams desde septiembre de 2019, cuando el inmueble pertenecía a Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

"En Baker Hughes, Schilling se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales hasta por 66 millones de dólares sigue vigente en el actual gobierno federal.

"Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de ese año, funcionarios de Pemex firmaron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a Baker Hughes, esta vez hasta por 85 millones de dólares, con vigencia hasta diciembre de 2022. 

Según registros de la propiedad del condado texano de Montgomery, consultados para esta investigación, la residencia que habitaron José Ramón y Carolyn estuvo hasta 2020 a nombre de Schilling".

El comunicado dice también que "Baker Hughes es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países donde operamos" y que "Baker Hughes es una empresa pública que cotiza en NASDAQ y está comprometida con estrictas normas de anticorrupción y transparencia. Nuestros contratos y operaciones se realizan con estricto apego a la ley".

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Defiende México en corte de EU demanda por armas

 El Gobierno de México presentó hoy argumentos ante una corte federal de Boston, para defender la viabilidad de su demanda civil contra empresas fabricantes de armas, a las que responsabiliza de la violencia en nuestro País por prácticas comerciales que facilitan el contrabando.

En el último día del plazo fijado por el juez Dennis Saylor, abogados de México replicaron a mociones de noviembre pasado de las empresas, que pidieron desechar la demanda por falta de jurisdicción de la Corte de Distrito de Massachusetts, así como ausencia de un verdadero reclamo que sea justiciable en ese tribunal.

"Los Estados Unidos y México tienen un interés compartido en asegurar que las armas manufacturadas y distribuidas en Estados Unidos no sean traficadas hacia México. La habilidad del Gobierno mexicano para buscar un remedio eficiente y efectivo en un foro conveniente, son argumentos en favor de la existencia de jurisdicción de esta Corte", afirmó el equipo contratado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

En el caso de la empresa Colt, por ejemplo, México dijo que presentará informes de especialistas que permiten estimar que 16 mil 400 armas recuperadas en nuestro País entre 2011 y 2020, fueron vendidas originalmente en Massachusetts, mientras que para Barrett Firearms, que fabrica los rifles calibre .50, capaces de derribar helicópteros, el cálculo es de mil 800 en el mismo periodo. Lo anterior, para sustentar la jurisdicción de la Corte de Boston sobre el caso.

En cuanto a la ausencia de un reclamo válido, México reitera que los fabricantes mercadean sus armas de tal manera que se vuelven más atractivas para los delincuentes mexicanos.

"La demanda sí establece una causa de pedir. Alega que Colt, de manera irresponsable, anuncia sus pistolas como armas de asalto de tipo militar, sabiendo que estas son las armas preferidas de los cárteles del narcotráfico. Comercializa fusiles de asalto civiles como el Trooper, y presume que este comparte muchas de las características de rifles similares probados en combate", explicó México.

"Colt ha sabido por décadas que estos son precisamente el tipo de armas buscadas por los cárteles y traficadas a México. El tráfico ilegal de estas armas y el daño subsecuente al Gobierno de México, son consecuencias previsibles de la conducta de Colt", agregó.

Similares argumentos y estimaciones sobre armas originadas en Massachusetts fueron presentados para rechazar mociones de Glock, Sturm Ruger & Co, Beretta, Smith & Wesson, Interstate Arms y Century International, que tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica.

Nicholas Shadowen, abogado de Texas que representa a México, también anexó 59 pruebas documentales, muchas de ellas tomadas de sitios de internet de las fabricantes.

Será en marzo cuando el juez Saylor decidirá si desecha la demanda, o si procede a una etapa de descubrimiento probatorio, que puede prolongarse de uno a dos años.

México presentó esta demanda para reclamar a las fabricantes de armas el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

"La teoría de México es que una serie de terceras personas, intermediarias en Estados Unidos, legal o ilegalmente compran y revenden las armas que fabricamos, que luego son ilegalmente obtenidas por compradores 'de paja', quienes ilegalmente las trafican por la frontera hacia México, donde eventualmente son usadas por cárteles de las drogas para cometer violencia criminal, que a su vez provoca daños financieros al Gobierno de México", afirmaron las empresas en noviembre, en un memorándum conjunto en el que descalificaron dicha teoría.

En Estados Unidos, es extraordinariamente inusual que un caso civil federal llegue a juicio, por los enormes costos para todos los involucrados.

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020, sólo 2 mil 84 de las 244 mil 814 demandas civiles en las que alguna corte federal dictó acuerdo inicial llegó a la etapa de juicio, con o sin jurado, el 0.8 por ciento. (Nota de Victor Fuentes /Reforma )

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Templo Mayor/ REFORMA

QUIÉN SABE si es una buena noticia que Rocío Nahle haya dicho que con la contrarreforma eléctrica no se expropiará "ni un tornillo". El Presidente prometió que con el Tren Maya no se talaría "ni un árbol" y ya ven el desastre ecológico que resultó.

ANTE los legisladores de Morena, la secretaria de Energía insistió en que a las empresas privadas de electricidad no las van a expropiar. Lo que no dijo es que sí las van a acorralar, a limitar, a ahorcar y, si se puede, a quebrar. Tal vez sería menos dolorosa -y más honesta- la expropiación.

EL PUNTO es que Nahle afirmó que la idea es tener un mercado eléctrico justo y competitivo, asignándole a la CFE el 56 por ciento del pastel. ¿Por qué limitar a la empresa estatal? Si realmente tuviera capacidad de generación, confiabilidad y precios competitivos, nadie contrataría con los privados.

LO MÁS extraño de todo es que la secretaria volvió a salir con la misma cantaleta de que las generadoras privadas de electricidad y sus clientes incurren en el delito de fraude fiscal. Si esto fuera cierto, ¿por qué no ha presentado una sola denuncia penal? Ha de ser que se le fundió el fusible de la congruencia... o el SAT tiene otros datos.

LA CANDIDATURA de Salomón Jara en Oaxaca se está convirtiendo en un dolor de cabeza legal para Morena. Y no tanto por las impugnaciones de Susana Harp, sino por la de Alberto Esteva que está balconeando duramente la falta de transparencia de su partido.

EL EX ALCALDE de Álvaro Obregón ni siquiera fue considerado para la consulta con la que se decidió la candidatura de Jara. Pero cuando pidió a la Comisión de Transparencia toda la documentación de la dichosa encuesta (metodología, cuestionarios, archivos, calendario, etcétera), le contestaron que... ¡no la encuentran! Por increíble que parezca, el partido pidió una prórroga porque, según dijeron, no hallan nada de eso. Así que, una de dos, o de plano guardaron la encuesta muy bien o simple y sencillamente nunca existió y la decisión se tomó a dedazo.

Y MIENTRAS siguen los jaloneos entre los morenistas que no resultaron ser tan diferentes como decían, Salomón Jara sigue sin poder iniciar campaña como precandidato único. ¡Qué lío!

LA BANCADA panista en San Lázaro contará con un nuevo fichaje: María Elena Pérez Jaén. Será secretaria de la Comisión de Transparencia y formará parte de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dos espacios clave para la rendición de cuentas.

¿Y QUÉ tan en serio se toman la salud en México? Bueno, pues el director del ISSSTE se trata el Covid con homeopatía, el director del IMSS es politólogo, el del Insabi es antropólogo y el encargado de la epidemia no cree en el cubrebocas ni en las vacunas para niños. ¡Salud!

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Bajo Reserva/

Ayer, en su primera gira del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Cancún, Quintana Roo, en donde supervisó los avances del Tren Maya, el cual garantizó que estará listo para diciembre de 2023. Sin embargo, nos detallan, estaba tan entusiasmado de anunciar la ampliación del Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, que comentó que el Tren Maya tendría 2 mil 500 kilómetros de extensión, cuando hasta el día de hoy se ha informado que la obra ferroviaria recorrerá mil 500 kilómetros. Será que hay algún plan para extender el Tren Maya, y pueda llegar, hasta la Ciudad de México, o será que solo fue un pequeño error.

Monreal, libra el fuego “amigo”

Luego de días de fuego “amigo”, nos dicen que el senador Ricardo Monreal salió fortalecido de la plenaria de su bancada de este fin de semana, tras el espaldarazo que le dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el reconocimiento a su liderazgo y su capacidad de interlocución, dentro y fuera de su grupo parlamentario. Además, nos hacen ver, fracasaron quienes pretendían someterlo a juicio sumario, al acusarlo de la creación de la comisión especial para Veracruz, tema en el que el senador zacatecano tuvo que rectificar para desactivar y quitarle argumentos a sus detractores, “en aras de la unidad”. Nos dicen que del lado de los 31 senadores y senadoras “rebeldes”, más de la mitad se echaron para atrás, e incluso hay alguna que otra que —arrepentida— no halla cómo reivindicarse con el líder de la bancada mayoritaria. Por ahora, don Ricardo libró la metralla.

Se aplaza, otra vez, diálogo del gobierno con el PAN

Nos platican que las mesas de trabajo entre el PAN y el gobierno federal, que iniciaría hoy 31 de enero, se pospusieron por segunda vez. Los motivos aún se desconocen, lo cierto es que no hay fecha definida para retomar los trabajos, y los azules ya comienzan a molestarse. El líder del PAN, Marko Cortés, asegura que de ocurrir otro aplazamiento, Acción Nacional dará por canceladas las mesas de diálogo. ¿Será que les preocupe mucho en el gobierno federal el ultimátum de don Marko?

Se acaban las vacaciones de los diputados

Tras mes y medio de descanso, este martes las y los diputados federales retomarán sus sesiones ordinarias, al iniciar el segundo periodo de la 65 Legislatura. Pero eso no es todo, a ello se suma que desde hoy y hasta el jueves hay debates del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, mientras que los partidos PT, PVEM, MC y PRI estarán realizando sus reuniones plenarias, que Morena, PAN y PRD ya realizaron. Mañana serán los petistas quienes tendrán su plenaria privada, y a diferencia de sus hermanos guindas, quienes asumieron la austeridad y lo hicieron dentro de la Cámara, ellos la harán en un hotel ubicado en el Paseo de la Reforma. Entre sus invitados especiales destacan el titular de la Segob, Adán Augusto López; la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

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Estrictamente Personal

Carita mata todo (I)/Raymundo Riva Palacio

EL Financiero, enero 31, 2022 | 

Si se calificaran las evaluaciones que hacen en el mundo sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como en el deporte, estaría recibiendo una paliza. Las perspectivas de crecimiento siguen reduciéndose y, pese al rebote pospandemia, no llegará siquiera al mediocre crecimiento con el que le entregaron el gobierno. En cambio, la militarización y la violación de los derechos humanos siguen al alza y la impunidad galopante, afirmó Human Rights Watch en su informe anual. La corrupción es la más extendida entre los países con las economías más fuertes, concluyó Transparencia Internacional al dar a conocer su índice global, que reveló también una creciente preocupación por el uso faccioso y político-electoral de las fiscalías.

El mandato de las urnas de combatir la corrupción se evaporó, y las denuncias de corrupción de otros gobiernos palidecen frente a lo que se ve en su entorno. Una parte de su familia está metida en corruptelas y cochupos, abunda el nepotismo entre sus principales colaboradores y proliferan los negocios colaterales para cercanos e incondicionales, o para el Ejército, sobre el cual descansa su fuerza política. Las denuncias en los medios no han tenido consecuencias, y López Obrador siempre defiende, justificando las irregularidades, que son acusaciones de quienes perdieron privilegios y quieren recuperarlos.

Aunque maniquea, su palabra hasta ahora ha sido suficiente. Los datos son irrelevantes. Mucha gente, particularmente en el sur y sureste, lo ama. Recientemente le preguntaron a un taxista en Oaxaca qué había hecho López Obrador, y respondió que “nada, pero es buena gente”. ¿Y la corrupción? “La corrupción es buena y a todos ayuda”, contestó. Una persona no hace primavera, pero su empatía total asoma el fenómeno que podría ser la razón por la que millones de mexicanos sistemáticamente mantengan su niveles de aprobación en una media de 64 por ciento, según el agregador de encuestas de Oraculus, superior al de todos los presidentes desde Ernesto Zedillo, en sus primeros 35 meses de gobierno.

En todas las encuestas, los mexicanos reprueban la gestión de López Obrador en cada rubro, salvo el de la salud, pero esos lodos no manchan su plumaje. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, filial de Transparencia Internacional, que tiene a México en el lugar 124 de percepción de corrupción, dijo que los datos reflejan que el discurso del Presidente ya no está siendo suficiente para ocultar la realidad. Visto desde un punto de vista de racionalidad pura, tiene razón.

Pero analizado con categorías distintas, que es a lo que obliga la personalidad y el carisma de López Obrador, donde lo subjetivo es mucho más poderoso que lo objetivo, y su voz más real que la realidad del entorno, lo que estamos experimentando, quizás, es mucho más complejo y peligroso de lo que nos imaginamos, por el encanto del Presidente aun en las cosas más inverosímiles. Diariamente se para en las mañaneras y cuenta mentiras flagrantes. Entre las más notables, que la imprenta se inventó en México hace 10 mil años, casi 9 mil 500 años antes que Johannes Gutenberg utilizara tipos móviles, la base de su invención. También ha dicho que la civilización mexicana nació hace 10 mil años, lo que es imposible porque, según National Geographic, la edad de la Tierra es de 4 mil 549 millones de años.

Denuesta todos los días a los neoliberales, una definición ideológica para identificar a los tecnócratas y su visión sobre el libre mercado, pero la forma como maneja la política fiscal hace palidecer a los secretarios más ortodoxos que hemos tenido en los últimos 35 años. Sin freno en sus falsedades, acusa a los neoliberales de haber inventado el feminismo y el ambientalismo, y de impulsar como agenda interesada los derechos humanos y de los animales. Mató a la esposa del presidente de Haití, que sí fue asesinado, y hasta ahora no la ha revivido.

Todos los días se desnuda en la mañanera y se le ven chipotes por todos lados, pero no importa. Se han dado gasolinazos más grandes del que hubo en enero de 2017, cuando militantes de Morena organizaron operaciones simultáneas de vandalismo en tiendas Oxxo, y no pasa nada. La inflación se ha disparado como hacía mucho no se veían los precios de los alimentos, y tampoco se altera la sociedad. El apoyo que tiene es estable y el cariño que le tienen, más. Es tanta su penetración en amplios segmentos de la sociedad, que habría que preguntarse si la transformación que plantea, que tiene que ver mucho con aspectos culturales, ha tenido un éxito que ni siquiera él alcanza a ver.

Lo que nos dicen las reacciones sociales a su realidad mañanera es que hay un importante sector de la población que lo está acompañando en la transformación de una democracia inacabada y llena de imperfecciones que se fue construyendo en un cuarto de siglo, a una nación pauperizada que se identifica con un caudillo, autoritario en la mano pero suave en la palabra, cálido con las mayorías y enérgico con las élites, cuya seducción oculta que el futuro que ofrece es de presidentes sometidos o dependientes del Ejército, con un mensaje para quien lo suceda: si es eficiente en la compra de conciencias, le perdonarán la corrupción y la ineficiencia. Se entiende la impotencia de muchos que observan la impunidad con la que navega el Presidente en el mar mexicano.

Faltan menos de tres años para la sucesión y convendría reflexionar lo que vendrá después, porque todo el fenómeno sociocultural que hemos visto en el sexenio, nace y morirá con López Obrador. ¿Y luego? Llegaremos a 2024 con instituciones demolidas, con un andamiaje democrático cayéndose a pedazos, una economía precaria y con contrapesos debilitados o anulados. Lo único fuerte, rico y poderoso serán los militares, pilar de cualquier legitimidad futura al ser poder tras el poder. ¿Es posible revertir esta regresión democrática? Por la fuerza retórica del Presidente, parece casi imposible de lograrlo. Su colonización de las mentes es un hecho.

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La intimidad presidencial vs. el derecho a saber de los mexicanos/ Salvador García Soto

El Universal

La reciente crisis de salud del presidente López Obrador no sólo se manejó mal desde el principio, con mentiras o con información limitada y sin decir toda la verdad sobre lo ocurrido, sino que además el presidente terminó regañando a los medios y acusando públicamente una “invasión a su intimidad” ante el seguimiento mediático que ocasionó la exigencia ciudadana de conocer con toda claridad cuál es el estado del salud del gobernante de la República y por qué tuvo que ser internado e intervenido de emergencia con un procedimiento cardiaco delicado y de urgencia como es el cateterismo.

Es decir, que no sólo no nos dicen toda la verdad de este episodio cardiaco que tuvo el presidente, sino que además cuando los medios pretenden saber y observar al presidente cuando se ejercita, se cuestiona a los fotorreporteros que, en aras de hacer su trabajo e informar a la sociedad, son acusados de violentar la intimidad presidencial, cuestionando así cualquier derecho a la información de los mexicanos. Ya sabíamos que a este gobierno y al propio López Obrador no le gusta informar sobre su salud, porque desde hace más de dos años se comprometió públicamente en su conferencia mañanera a presentar un estudio y un informe médico detallado sobre sus padecimientos y situación de salud, pero ha incumplido flagrante y cínicamente con su compromiso, pero también con su obligación legal y política de informar a los ciudadanos con honestidad y transparencia.

 Y es que fuentes médicas y militares, que han estado cerca del estado de salud y de la condición cardiaca del presidente, aseguran a esta columna que el episodio del pasado 21 de enero, cuando fue internado de emergencia no fue para nada un “chequeo de rutina” como mentirosamente se dijo desde la Presidencia, ni el cateterismo que le realizaron fue totalmente inocuo, como afirmó el secretario de Gobernación. El presidente ya había venido presentando antes de ese día subidas fuertes de presión y malestares relacionados con su condición cardiaca que en varias ocasiones lo hicieron sentirse mal y provocaron alarmas en sus médicos. 

Ese viernes, mientras estaba en su despacho, el presidente se desvaneció en su escritorio y eso provocó el traslado al Hospital Central militar, donde los cardiólogos del Ejército lo recibieron con un diagnóstico de infarto, lo que provocó que lo programaran de inmediato para un cateterismo de emergencia. En el cateterismo se encontró una arteria afectada y se tomó la decisión de colocarle a López Obrador un segundo stent o anillo, que se sumó al que ya tenía después de su infarto agudo al miocardio que tuvo el 3 de diciembre de 2013 cuando fue atendido de emergencia en el hospital privado Médica Sur.  

Esa versión que corroboran al menos dos médicos vinculados al caso, tiene mucho más sentido con la que difundió la Segob en un comunicado y explica por qué, el sábado 22 pasado, el presidente apareció en un video hablando de su internamiento y anunciando a los mexicanos que “ya tengo un testamento político”, aun cuando aseguraba que los médicos le decían que estaba bien y que “hay presidente para rato”. Aun esa última afirmación es lo que le suelen decir a los pacientes cardiacos los especialistas después de que les colocan un stent, lo que les da posibilidades de que su corazón siga funcionado por varios años, siempre y cuando se cuiden y atiendan las recomendaciones médicas.

Y eso fue precisamente lo que hizo el presidente López Obrador; a partir del lunes 25 los reporteros que cubren la fuente presidencial lo vieron salir de Palacio Nacional en un Jetta blanco, el auto que usa para desplazarse en la Ciudad de México, vestido como beisbolista, que es el traje que usa siempre que va a practicar a los campos donde se juega ese deporte en la capital. Pero como esta vez el mandatario, contra su costumbre, no subió un video a sus redes sociales para presumir que estaba “macaneando” y aparecer bateando y corriendo para que el público y sus opositores vean que tiene buena salud y no hagan caso de rumores, los periodistas comenzaron a seguirlo y lo vieron “caminando despacio” en el deportivo, dando vueltas a una pista a paso lento, pero no corriendo ni “macaneando”. 

Esos videos, grabados por camarógrafos y fotorreporteros que se subieron a un edificio aledaño al campo para ver la práctica deportiva del presidente, molestaron a López Obrador y lo hicieron lamentarse y quejarse de que los medios no respetaban su intimidad ni su privacidad. ¿Por qué a AMLO sí le gusta que lo vean “macaneando” en los videos que él mismo comparte en ocasiones anteriores y por qué ahora le molesta que se le vea andando pausado en los videos grabados por periodistas? 

La respuesta es sencilla: porque en este gobierno de la 4T siguen creyendo que el tema de la salud del presidente es “tabú” y que no se debe informar a los mexicanos de cualquier afección o procedimiento médico de emergencia que requiera el titular del Poder Ejecutivo, porque eso es una “señal de debilidad” que no puede permitirse el mandatario. En ese sentido Andrés Manuel López Obrador demuestra que no es “distinto” a sus antecesores, sobre todo los de la era priísta, que por décadas hicieron del mito del “superhombre” y de la infalibilidad presidencial una forma de culto al presidencialismo más autocrático y autoritario.

Ocultar información o manipular datos sobre el estado de salud del presidente no sólo atenta contra una práctica democrática y contra un derecho constitucional de los mexicanos, como es el derecho a la información y la transparencia de los gobernantes, sino que además confirma los estilos autoritarios de ejercer el poder y termina volviéndose contraproducente para el propio presidente y su gobierno. Porque sin la física los vacíos se llenan, en el gobierno la desinformación o la manipulación de temas tan delicados como la salud presidencial, terminan generando todo tipo de rumores, versiones y suspicacias, máxime cuando se intenta esconder la simple y llana verdad.

NOTAS INDISCRETAS… El discurso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante los senadores de Morena en su plenaria del fin de semana, dejó en claro muchas cosas y fue como si el tabasqueño, que se ha vuelto el nuevo operador estrella y hombre de todas las confianzas del presidente, hubiera ido a poner los puntos sobre las íes y las cartas sobre la mesa: la única agenda de los senadores de Morena es la agenda del presidente; las únicas prioridades que deben tener los congresistas de la bancada oficial, son las prioridades del presidente; y el único líder del Grupo Parlamentario morenista en el Senado de la República, es el presidente. Para que no quedaran dudas de los mensajes a Ricardo Monreal, Adán Augusto celebró la eliminación de la Comisión Especial para investigar los abusos y violaciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, contra sus ciudadanos, esa que impulsó, creó y tanto defendió Monreal junto con la oposición. Y para rematar, el titular de Segob llamó a la “unidad” y a evitar pleitos internos que no convienen, pero quedó claro que esa “unidad” parte del reconocimiento de que el zacatecano ya no tiene el control de la mayoría de la fracción senatorial. Así que, si con eso no quedó claro, Augusto López, que habla por el presidente, azuzó a los senadores morenistas a que “salgan a promover la consulta de revocación de mandato” a pesar de que la misma ley que rige a esa consulta prohíbe expresamente a los congresistas hacer cualquier tipo de propaganda o promoción política de dicho ejercicio ciudadano. No cabe duda de que Adán se está empoderando cada vez más y ya se maneja como el “heredero” del Paraíso de la 4T… La afirmación del director del ISSSTE, Pedro Zenteno, de que en su contagio de Covid se aisló y recibe un “tratamiento homeopático” no sólo ocasionó burlas y correcciones de la comunidad médica y científica que cuestionó al funcionario del segundo organismo de salud más grande del país, sobre la inexistencia de un tratamiento “homeopático” para el SARS-CoV2, sino que además provocó alarma porque se trata de los encargados de atender y enfrentar esta pandemia que se sigue agravando en contagios y muertes por la variante ómicron. “El director del Insabi es antropólogo, el director del IMSS, politólogo; el director del ISSSTE es homeópata y el secretario de Salud no existe”, comentaron usuarios de redes sociales para explicar la tragedia que significan 650 mil mexicanos muertos, según las cifras oficiales de “mortandad excesiva” de la Secretaría de Salud federal. Y para colmo, la necedad y protagonismo del subsecretario López-Gatell, ultradefendido y elogiado por el presidente, sigue afectándonos, ahora con su negativa reiterada a vacunar niños de entre 5 y 11 años, según recomendó la OMS desde hace más de una semana. “No los vamos a vacunar porque los niños tienen menos riesgo de morir en esta pandemia”, dijo el cuestionado López-Gatell. Seguro que 836 niños muertos en este país al encargado nacional de la pandemia le parecen pocos. Claro, como no son sus hijos. Dicen los expertos que el “pico más alto” de contagios de esta cuarta ola por ómicron aún no lo alcanzamos y que eso puede ocurrir aún en las próximas semanas. Así que, si usted no quiere ser parte de las estadísticas, no solo de contagios, sino de hospitalizaciones y muertes por ómicron, sobre todo si no está vacunado o tiene alguna enfermedad crónica, sígase cuidando usted y cuidando a los suyos porque este gobierno, con esos funcionarios que gustan más de la política y de la homeopatía que de la ciencia, nadie va a cuidar de usted… Los dados mandan Escalera. Buen inicio de la semana.

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La turbia revocación de AMLO/Héctor De Mauleón

El 25% de los supuestos firmantes de la Revocación no firmaron nada. Alguien se apoderó de sus datos

El Universal

Una nueva farsa, un nuevo engaño, un nuevo fraude. El INE acaba de presentar un informe detallado sobre el proceso de verificación de firmas de apoyo a la Revocación de Mandato, solicitado, supuestamente, “por la ciudadanía”. 

Un muestreo realizado en las 32 entidades federativas demostró que el supuesto ejercicio democrático, impuesto desde Palacio Nacional como herramienta de despegue político para el tramo final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se trata en realidad de un escandaloso fraude. 

El 25% de los supuestos firmantes de la Revocación no firmaron absolutamente nada. Alguien se apoderó de sus datos y los empleó de manera ilegal para alcanzar la cifra (3.5% de la Lista Nominal de Electores) que permite la realización de este “instrumento de participación ciudadana”. 

Además de localizar a los votantes fantasma, el INE elaboró un largo informe en el que se enumeran las irregularidades cometidas por los promoventes que se registraron para llevar a cabo el proceso de captación de firmas de apoyo. 

Algunos de estos promoventes se registraron en gran número en estados como Veracruz, Sinaloa, Guerrero, la Ciudad de México y el Edomex. 

En la revisión de documentos realizada por el INE se halló que mediante la aplicación móvil “Mi Apoyo” se habían presentado 296 mil 980 inconsistencias. 

Había credenciales que no eran las emitidas por el INE. Había credenciales cuyo anverso o reverso no correspondían a los de la credencial oficial. Había credenciales con firmas que no eran las plasmadas en las que el INE había emitido, y había credenciales con el rostro de una persona distinta al del propietario de la credencial. 

Había credenciales, incluso, en las que la fotografía no era de un ser humano, y en las que el rostro aparecía cubierto por gorras, cubrebocas y lentes oscuros. 

Había también credenciales donde la clave de elector o la firma digitalizada eran ilegibles, o habían sido sobrepuestas. 

En esas credenciales había personas que habían perdido sus derechos políticos, había nombres duplicados, había domicilios falsos y había también un buen número de muertos. 

Más de 13 mil credenciales estaban vencidas. 

En la captación de firmas mediante formatos físicos, el INE detectó 693 mil 208 inconsistencias. 

Aquí había más de 17 mil muertos, más de 28 mil credenciales vencidas, más de 700 credenciales que pertenecían a personas cuyos derechos políticos habían sido suspendidos y medio millón de nombres duplicados. 

Se detectaron, asimismo, casos de usurpación: “Personas ciudadanas que proporcionaron en su trámite datos distintos a los propios para ostentar la personalidad de un tercero”. 

De acuerdo con el informe, que será presentado hoy de manera oficial, el porcentaje de apoyo fue mayor en Tabasco, la Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, y menor en Jalisco, Coahuila, Querétaro, Puebla, Durango, Nuevo León y Guanajuato. 

A fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE seleccionó una muestra aleatoria de registros que correspondían a firmas de apoyo consideradas válidas. El 21 de enero se acudió a los domicilios de las personas seleccionadas. 

Resultó que la cuarta parte de los ciudadanos que supuestamente habían firmado en apoyo de la Revocación, no estaban enterados de que su nombre había sido empleado para alcanzar los requisitos. 

Según el INE, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores integrar los expedientes de las posibles irregularidades y dar vista a la autoridad competente. 

“El intento de hacer fraude no ha desaparecido”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el consejero Ciro Murayama. 

3 mil 830 millones de pesos tirados a la basura. Un “ejercicio de participación ciudadana” que nadie pidió, marcado por las peores prácticas y por los chanchullos de siempre. Votantes muertos y votantes fantasma para que el presidente pueda constatar su popularidad aplastante. 

Sí. Qué siga la democracia. 

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El pequeño universo criminal/Alejandro Hope

El asunto es de foco y se atiende con bisturí, no con machete

El Universal,

Según Inegi, ese es el número total de delitos cometidos en México durante 2020 (Nota: el número se refiere exclusivamente a delitos predatorios, es decir, donde hubo una víctima directa. No nos dice nada sobre delitos transaccionales, como comercio de drogas o piratería). 

Algunos interpretan esa cifra como prueba incontrovertible de la existencia de una enorme industria del crimen. Si hay tanto delito, existe de seguro un ejército infinito de delincuentes, ¿no? 

No necesariamente. Es muy probable que el grueso de la actividad criminal se concentre en un grupo muy pequeño de personas 

Va un sencillo ejercicio mental. Supongamos que cada delincuente comete en promedio un delito por semana. Eso nos daría un total de 52 por año (algunas referencias internacionales ubican el promedio de delitos por delincuente en un rango de 60 a 190 por año, así que no parece descabellado el número). Eso significaría que, el año pasado, 531,523 personas cometieron al menos un delito en México (27,769,447 delitos dividido entre 52). 

Ese número no es pequeño, pero resulta engañoso. Con alta probabilidad, la repartición de delitos por delincuente no es equitativa: muchos cometen pocos y unos cuantos son responsables de muchos. Un tipo que se sube a asaltar a un microbús en hora pico comete 20 o 30 delitos de un jalón (tal como los mide el Inegi, el cual le pregunta a individuos si fueron víctimas de un delito en un periodo específico). Si lo hace una vez cada 15 días, ya acumuló 40 a 60 en un mes, 480 a 720 en un año. Un extorsionador telefónico que realiza 10 llamadas intimidatorias al día, cinco días a la semana, alcanza la friolera de 2600 delitos por año. Al mismo tiempo, hay carteristas que se roban una bolsa por semana en el metro. 

Asumamos una distribución de Pareto, en la que 80% de los delitos son cometidos por 20% de los delincuentes. Eso significaría que 106,304 delincuentes cometieron 22,111,362 delitos en 2020 (cuatro por semana en promedio). 

Ahora supongamos que esos delincuentes recurrentes se distribuyen en el territorio en un patrón similar al de la victimización. En ese caso, el 80% de la actividad criminal en la Ciudad de México sería responsabilidad de 9,420 personas. En el Estado de México, el grupo correspondiente tendría 15,677 integrantes. En Zacatecas, serían 763 individuos. 

Olvídense del número específico. El cálculo puede estar errado por un orden de magnitud, pero eso no cambia el punto central: en cualquier momento dado, no más de unas cuantas decenas de miles de personas son responsables de una inmensa proporción de la actividad delictiva en el país (Nota: no son exactamente los mismos todo el tiempo. Algunos pueden ir a la cárcel, tomarse un descanso, reformarse por la edad, etc.). 

Los miembros de ese pequeño universo criminal, para utilizar una expresión acuñada por Bernardo León, entran en contacto continuo con el sistema de justicia penal, la policía y la justicia cívica. En principio, sería posible identificarlos y actuar antes de que su actividad delictiva escale. Es cosa de agregar información que está desperdigada en varias dependencias (muchas veces, en las policías locales). 

El objetivo central de la política criminal debería de ser disuadir, detener y, si se puede, rehabilitar a esos individuos. No hay fórmula única para resolver ese problema. Pero, de arranque, debería de quedar claro que no estamos lidiando con un fenómeno masivo, con una multitud inabarcable. El asunto es de foco y se atiende con bisturí, no con machete. 

alejandrohope@outlook.com

Twitter: @ahope71

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Pero no son iguales/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Exceslior.

Defenderse atacando el pasado ya es una fórmula que no le funciona a la administración López Obrador, cuando ha traspasado ya el Ecuador de su gobierno, cuando los días ya no se suman, sino se restan. Nadie sabe bien a bien qué sucedió con la salud del Presidente el pasado fin de semana (porque, como siempre, no se informó con transparencia), pero lo cierto es que su regreso, después del corto internamiento en el Hospital Central Militar, ha estado marcado por una serie de decisiones y declaraciones cada vez más duras, intransigentes, defendiendo lo simplemente indefendible, mientras se acumulan los escándalos.

La lista es muy larga pero comencemos por lo más evidente: la propuesta de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, lo que la propia cancillería panameña ha sutilmente rechazado, luego del alud de acusaciones de acoso y abuso sexual contra Salmerón. 

En la defensa de Salmerón, el presidente López Obrador llegó a límites inconcebibles: calificó a las jóvenes que lo acusan de conservadoras y fascistas. No son conservadoras, la mayoría son feministas, ni mucho menos fascistas, las jóvenes del ITAM, de Morena y de la UNAM que denuncian a Salmerón son estudiantes y militantes de su partido, que fueron acosadas por un sujeto que, además, bebe mezcal en demasía y que cuando lo hace, suelta sus demonios. Aunque fuera sólo por eso, no debería ser embajador.

En todo caso, lo conservador y fascistoide es negar las acusaciones y denuncias porque no se han presentado judicialmente, sin asumir que, como reconocen las propias autoridades, cuando las mujeres denuncian ese tipo de delitos en la mayoría de las ocasiones son victimizadas nuevamente por los ministerios públicos. Con todas las particularidades del caso ¿cuál es la diferencia entre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Pedro Salmerón, salvo la amistad de éste con la familia presidencial?

Luego, el Presidente hizo otra defensa férrea, intransigente, de Hugo López-Gatell, al que calificó de uno de los epidemiólogos más importantes del mundo. Olvidemos por un momento que nadie considera así a López-Gatell, al contrario, sus compañeros de la academia en México y el mundo lo ponen como ejemplo de lo que no había que hacer ante la pandemia. López-Gatell mintió, ocultó información, calificó al Presidente de una fuerza moral, no de contagio (una fuerza moral que se contagió dos veces), no descalificó las ocurrencias de frenar la pandemia con un detente, un ungüento o con caricias; respaldó al Presidente cuando éste declaró que el covid era menos grave que una influenza; calculó que habría unas 8 mil muertes y en un escenario que calificó como “catastrófico” serían 60 mil: vamos oficialmente muy por encima de las 300 mil y según el Inegi podrían superar el medio millón. López-Gatell no compró insumos a tiempo, se opuso a las mascarillas, a las pruebas masivas y a las vacunas, pero si López-Gatell es culpable, también lo es el primer mandatario.

Días antes había defendido a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, condenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de extorsionar a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando era presidenta municipal, para descontarles, a todos y obligatoriamente, 10% de su salario para financiar a Morena. Es un delito que ya fue sancionado, y que ahora también está en manos de la Fepade y de la Fiscalía del Estado de México y que puede llevarla a la cárcel. En lugar de exigirle su renuncia, el Presidente defendió a la condenada por extorsión, y dijo que “es una mujer honesta, digna, un ejemplo”. Delfina, como López-Gatell o Salmerón no tienen hoy legitimidad alguna para conservar sus responsabilidades.

En medio de la descalificación contra los investigadores, científicos y casas de estudio de alto nivel, el Presidente descalificó al CIDE, dijo que eran como un ITAM de segunda (el CIDE es una institución de excelencia, reconocida a nivel mundial), mientras el Conacyt sigue destruyéndolo.

Ante el asesinato de periodistas, ha defendido al gobernador Cuitláhuac García, de Veracruz (uno de los estados donde más periodistas han sido asesinados, el último hace dos semanas) y al exgobernador Javier Bonilla de BC, que es uno de los principales sospechosos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. La misma Lourdes, una periodista reconocida, denunció en la mañanera y frente al Presidente que temía por su vida por las amenazas que recibía de Bonilla, el propietario del canal de televisión local del que había sido despedida injustamente. Dos días después de ganar la demanda laboral a Bonilla fue asesinada. El Presidente pidió no apresurarse. 

En lo que va del sexenio se han asesinado a 50 periodistas, casi todos los casos han quedado impunes. Los periodistas que hemos sufrido amenazas nos contamos posiblemente por decenas. Somos el país donde más periodistas se asesinan en el mundo, sólo por detrás de India, una nación con 10 veces más población que nosotros. 

Denigra a Lorenzo Córdova porque fue a una plenaria del PAN, pero olvida que también se reunió con Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez y con Martí Batres.

Eso sí, ni una palabra de su hijo José Ramón, y la mansión que le prestó para vivir en un exclusivo condominio de Houston, un funcionario de Pemex con contratos de cientos de millones de dólares otorgados en esta administración. No es muy diferente a la historia de la Casa Blanca, salvo que Angélica Rivera, por lo menos, tenía algunos ingresos propios. Pero, claro, no son iguales.

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Los conflictos de interés de José Ramón/Mario Maldonado

El tren de vida de José Ramón López Beltrán ha resultado escandaloso frente al discurso de austeridad de su padre

El Universal

José Ramón López Beltrán es el hijo más polémico de Andrés Manuel López Obrador. A sus 41 años, poco se sabe de las actividades profesionales que ha desempeñado el mayor de los tres descendientes del primer matrimonio del Presidente. En 2018 dijo que no trabajaría con su padre, que se dedicaría a otra cosa. “Todavía no sé a qué, pero el tiempo lo decidirá”, comentó. 

En menos de tres años, la vida del hijo del Presidente dio un giro radical. Se casó con la ejecutiva brasileño-estadounidense, Carolyn Adams, y se mudó a Houston, Texas. El estilo de vida de la pareja fue exhibido la semana pasada por Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: dos casas de lujo con piscina, cine privado y camioneta Mercedes Benz. Una de estas, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. 

El tren de vida de José Ramón López Beltrán, que incluye viajes familiares a Aspen, Colorado, un resort de ski de lujo, y a otros destinos suntuosos, ha resultado escandaloso frente al discurso de austeridad, justicia social y humildad de su padre. Esta situación llevó al Presidente a pedirle a sus hijos mayores de edad mantener un perfil bajo y alejarse lo más posible de su gobierno. 

Con José Ramón las cosas no fueron tersas, según una persona cercana al Presidente. La relación de su hijo con Adams, cabildera de empresas del sector petrolero con presencia en México, era dinamita pura para la narrativa presidencial de evitar lo que el mandatario considera las “lacras de la política”: el tráfico de influencias, la corrupción y el nepotismo. 

En abril del año pasado publicamos en este espacio una columna titulada ‘Los hijos del Presidente’, en la que dimos cuenta cómo el estilo de vida de sus hijos mayores de edad comenzaba a generar preocupación en el seno de la familia presidencial, tanto así que el mandatario les pidió irse a vivir al extranjero. José Ramón ya tenía esos planes, mientras que el menor, Gonzalo Alfonso, acató sin rebeldía las indicaciones de su padre y se fue a trabajar en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco. El mediano, Andrés Manuel –conocido como Andy–, no aceptó y se quedó a vivir en México, donde está involucrado profundamente en la política de la capital del país y en el gabinete presidencial. 

Las sospechas del Presidente respecto a la relación de su hijo José Ramón se materializaron. Su pareja Carolyn Adams ha estado en el ojo público por ser cabildera de empresas del sector petrolero e inmobiliario en el país. También en este espacio publicamos en junio de 2021 que, a sólo cinco días de las elecciones intermedias, el gobierno de la 4T desactivó una bomba que iba estallarle a la familia presidencial, pues una empresa relacionada con Adams buscaba obtener terrenos en un área protegida de Chetumal para construir un hotel de lujo. 

En un repentino golpe de timón, la Semarnat pidió reservar para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2.5 hectáreas de terrenos que se encontraban en disputa en la Isla Grande de Holbox, los cuales estuvieron a punto de ceder a la firma Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, subsidiaria de Stella Holding, que a su vez es propietario de la empresa Cava Energy, para la cual labora Adams desde 2016. 

También en agosto del año pasado dimos cuenta de cómo Pemex dejó abierta la posibilidad para que el suministro de gas para la empresa estatal Gas Bienestar pueda venir de “cualquier otro proveedor” que no sea Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística. 

La alternativa, según empresarios del sector energético en Houston, apuntaba a la empresa Cava Energy. Luego de ser publicado, esto fue rechazado en una conferencia matutina y no se ha materializado. 

La bomba que le explotó a AMLO y a un integrante más de su familia no ha podido ser contrarrestada con la narrativa de “su esposa es quien es millonaria, no José Ramón”, que se ha impuesto como estrategia de contención de crisis desde la vocería presidencial. El daño a la imagen y discurso presidencial está hecho. Veremos cómo se refleja en la popularidad. 

Juzgado en línea para mujeres 

El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi, puso en operación en las últimas semanas un juzgado en línea donde mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad pueden denunciar desde su casa, por computadora o teléfono, si han sido víctimas de violencia familiar. 

El juzgado en línea especializado atiende en promedio a cinco personas al día y dicta medidas de protección que evitan que escale la violencia, en especial la que apunta al delito de feminicidio. Los jueces determinan medidas como la salida del agresor de casa, el apoyo de seguridad pública, la restricción de acercarse a las víctimas, la reintegración de documentos, el reembolso económico o la reincorporación de muebles y objetos personales. 

Una buena iniciativa. 

@MarioMal 

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Molotov

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

en REFORMA

Un coctel de conflictos se mezcla en Quintana Roo. En lo político se configura un cuadro premonitorio: el bloque Morena-Verde-PT sufrió escisiones y le aportó a la oposición una candidatura y brazos caídos de algunos de sus militantes. Por un lado, la diputada federal Laura Fernández dejó las filas del Partido Verde para afiliarse al PRD y contender por una alianza opositora de panistas y perredistas. A su vez, la senadora Marybel Villegas Canché tronó contra el partido guinda por no haber sido favorecida con la candidatura para gobernadora.

Ambas desafiaron a Mara Lezama, la candidata del bloque de morenista con la fracción de Jorge Emilio González (El Niño Muerde) que domina Quintana Roo. Lezama, una ex conductora de televisión local y actual alcaldesa de Cancún, es la candidata oficial en una entidad donde la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es abrumadora. Esperan que esa popularidad pase por ósmosis a Morena.

Laura Fernández ya está en precampaña mientras que Roberto Palazuelos, promovido por Movimiento Ciudadano, toma su ruta al estilo Samuel García con un techo altísimo de crecimiento. MC optó, una vez más, por lo vacuo y por lo cínico. Candidaturas y eventuales gubernaturas que se alquilan. Qué más da. (O quién da más).

Quintana Roo será en ello algo más que un laboratorio. De cómo las escisiones del bloque Morena-Verde-PT pueden cobrar caras sus facturas. Igual en Durango o Tamaulipas. Rumbo al 2024 pueden dar pistas.

Además de las fracturas políticas la entidad es, en el argot delincuencial o policial, una plaza caliente. Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún son los territorios en disputa. Las redes criminales tienen expansión en negocios inmobiliarios, en distintas formas de lavado de dinero, y también en delincuencia común. La extorsión se ha extendido de manera impresionante junto con el narcomenudeo que implica a transportistas y vendedores ambulantes en las playas ante el pasmo de autoridades municipales y estatales.

Los grupos criminales juegan un papel fundamental en la definición política local. Poseen territorios, controlan alcaldes, condicionan obras, y aprietan en las áreas de seguridad.

El desborde del crimen pone en riesgo la economía de la entidad que depende del turismo. La muerte de delincuentes canadienses en el Hotel Xcaret significó un punto de quiebre. No solo por el crimen ocurrido dentro de un hotel, sino por la exhibición del implante de grupos criminales que habitan y viajan por la entidad.

La situación de la entidad es frágil. Barrios enteros son controlados por el crimen. El ejido Bonfil, convertido en una colonia urbana de Cancún, es un auténtico dormitorio de sicarios. Muchos de ellos provienen de los barrios pobres de Belice. Se les consigue casa, sustento e impunidad para actuar al servicio de los capos.

Otro factor de efervescencia es el Tren Maya. La expectativa que ha despertado ha favorecido la especulación inmobiliaria, comercial y la manipulación sindical. Aunado a los errores en las estrategias de la megaobra que ya cobraron la cabeza de uno de los principales responsables -Rogelio Jiménez Pons- en los rieles del Tren Maya querrán subirse las candidatas y candidatos a la gubernatura pero con datos inciertos sobre la perspectiva de la obra.

Quintana Roo se ha convertido en la joya de la corona electoral. El gobernador saliente, Carlos Joaquín González, con diversos traspiés en su gestión, está en un predicamento. En su afán por no perder la plaza, preocupándose más por frenar a Palazuelos y contener a Lezama, evidencia descontrol en materia de seguridad. Además de ese flanco de vulnerabilidad tiene otro que le obliga a andar cabizbajo: el tema de las factureras (Álvarez Puga, et al). El ex secretario de Finanzas estatal Juan Melquiades Vergara, íntimo de Carlos Joaquín, tiene procesos abiertos por delitos fiscales que pueden reactivarse por si se ofreciera.

Hierve Quintana Roo todavía sin campañas declaradas. Prende focos rojos para el INE y el gobierno federal.

robertozamarripa2017@gmail.com

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 Indigna muerte

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA

"El asesinato de Digna Ochoa

es una interpelación directa

a la conciencia de los mexicanos". José Saramago

 ENSENADA.- Cuando se encontró el cuerpo sin vida de la activista Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, ni yo ni nadie teníamos duda de que había sido asesinada. "Todo homicidio", escribí el 25 de octubre, es "una tragedia humana que el Estado tiene obligación de tratar de prevenir o castigar. La muerte de Digna Ochoa tiene una trascendencia mayor por el trabajo que esta realizaba en defensa de los derechos de los más desprotegidos... y por el hecho de que fue objeto de amenazas muy claras [...] desoídas por la autoridad". No faltó quien culpara al Ejército, al Estado o directamente al gobierno de Vicente Fox. "¿Y ahora qué, señor presidente?", preguntó públicamente el escritor portugués José Saramago.

La muerte de Ochoa ponía en entredicho las afirmaciones de Fox de que la violencia contra defensores de los derechos humanos había desaparecido al terminar los gobiernos del PRI. Fox tomó la sana decisión de que la Procuraduría General de la República, que encabezaba entonces el general Rafael Macedo de la Concha, no atrajera la investigación. Esta quedó en manos de la Procuraduría del Distrito Federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo procurador, Bernardo Bátiz, declaró el 20 de octubre que el homicidio tenía "tintes políticos".

La investigación la condujo primero Álvaro Arceo Corcuera, quien era subprocurador de averiguaciones previas, pero fue reemplazado el 10 de diciembre de 2001 por Renato Sales Heredia, quien sorprendió en junio de 2002 cuando presentó conclusiones que señalaban que Digna se había suicidado. Días después presentó su renuncia, para aliviar la presión política que se desató sobre Bátiz, pero este decidió mantenerlo en el cargo, aunque le quitó el caso de Digna. Yo sostuve mi posición. El 3 de julio de 2002 declaré en esta columna: "No fue suicidio". Ochoa tenía dos balazos, uno en la pierna y el otro en la cabeza. Un suicidio era impensable.

Bátiz pidió a tres personajes favoritos de la izquierda, Rosario Ibarra de Piedra, Miguel Ángel Granados Chapa y Magdalena Gómez, que recomendaran a un nuevo investigador. Propusieron a Margarita Guerra, a quien el procurador nombró fiscal especial en agosto de 2002. Casi un año después, en julio de 2003, dio a conocer sus resultados, ratificando la conclusión del suicidio.

Al contrario que en otros países, en México no se permite a los ciudadanos que no son parte de una investigación el acceso a los expedientes. Conocemos, sin embargo, las razones que convencieron a Sales y a Guerra: la puerta del despacho no fue forzada, no había señales de lucha en el interior, no había huellas digitales, ni cabellos, ni marcas de zapato, a pesar de que había polvo blanco regado en el piso. "El homicida tendría que haber flotado para no dejar huella", me dijo entonces un investigador. El estudio pericial señalaba, además, que Ochoa se había disparado a sí misma.

Quizá hubo irregularidades y errores en la investigación. No sería la primera vez. Me parece sano que se reabra el caso, ahora por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; pero los hechos no siempre se ajustan a lo políticamente conveniente.

Bátiz pudo haber mantenido entonces la investigación abierta para no generarse problemas o pudo culpar a un inocente. Optó por una decisión valiente: reconocer que dos investigadores capaces llegaron a la misma conclusión, que Digna se había suicidado.

· NI UN QUINTO

El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla declaró que no le daría "ni un quinto partido por la mitad" a Lourdes Maldonado, pero esta le ganó un largo litigio laboral. Días después fue asesinada. Su homicidio y el del fotógrafo Margarito Esquivel generan una crisis en el gobierno de Marina del Pilar Ávila, quien ha nombrado a un fiscal especial.

@SergioSarmiento

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El Conacyt en guerra/Jesús Silva-Herzog Márquez

en REFORMA

El Conacyt declara abiertamente que es una institución al servicio de un proyecto ideológico. Una institución que, para embonar con el régimen, está en guerra. Por eso no pierde el tiempo en conversaciones ni en negociaciones. Por eso no consulta la ley ni respeta ningún estatuto. Con una agresividad y una tosquedad asombrosas hostiga y persigue a quienes representan otra manera de entender el trabajo académico y la investigación científica. En guerra contra eso que llama la "ciencia neoliberal" pretende la anulación y el escarmiento de todos los científicos que tengan algún vínculo con ese saber pernicioso y antinacional. Busca limpiar ideológicamente todos los centros de investigación, persigue con saña a quienes no han visto aún la luz de la ciencia alineada al régimen. Una institución nacional se presenta abiertamente como una institución facciosa: "el Conacyt de la 4T".

La apropiación que presume la directora es aberrante. La ciencia y la tecnología subordinadas a la demagogia de un partido y a las frases del Presidente. En el programa institucional del Consejo se anuncia, por ejemplo, que el Conacyt se "alinea" con la "4T" para alcanzar "soberanía científica" e "independencia tecnológica". Ninguna ciencia por encima de la ciencia mexicana, tecnología libre de perversas influencias externas. La ideologización hace del prejuicio una pasión. Por qué un mexicano estudiaría un posgrado en una institución privada y no en una pública, se preguntaba la directora del Conacyt en un artículo publicado en La Jornada el 15 de enero, 2022. Se respondía de inmediato: "Por una razón no muy distinta a la que explica por qué un niño prefiera comida chatarra peligrosa para su salud a la ingesta de alimentos nutritivos". El niño, como el estudiante de un posgrado privado, es incapaz de conocer lo que le beneficia; es víctima de una publicidad que, a fin de cuentas, lo envenena. Por eso es importante la tutoría de quien sabe lo que, de verdad, nos conviene. El argumento, por llamarlo de alguna manera, es una perla del ofuscamiento ideológico. Una universidad, por ser privada, envenena. Una universidad, por ser pública, es nutricia.

En esos prejuicios herméticos radica la vehemencia del inquisidor que ha llegado a salvarnos. El diablo está en esas universidades privadas, en esos centros públicos que se corrompieron con ideas sucias, en esos pensadores que se atreven a hacer preguntas indebidas, a usar métodos o nociones sospechosas, en esos investigadores que estudiaron lejos de la patria y se relacionan con las personas codiciosas aparece el demonio del neoliberalismo. La mayoría de los científicos mexicanos, ha dicho la directora del Conacyt, son víctimas de la degradación moral del neoliberalismo. Son simuladores, individualistas, clasistas y, además, compiten entre sí.

La guerra del Conacyt, en efecto, se alinea el régimen, porque lleva sus cruzadas al ámbito de la ciencia y de la educación superior. Absorbe sus lecciones, su retórica y su método y los lleva a extremos grotescos. Demoler lo existente sin edificar; hostigar y perseguir; estigmatizar y mentir; romper la ley con total desparpajo, ahogar cualquier posibilidad de diálogo. Como lo han advertido muchos críticos en días recientes, el golpe al CIDE es un ataque a la libertad de investigación en el país. Violando la ley, negándose al diálogo, empecinándose en el nombramiento de un provocador que ha cosechado un repudio unánime, desoyendo a su comunidad, el Conacyt aplasta un espacio de cultura atropellando no solamente las reglas jurídicas sino los principios elementales de un espacio académico. La presidenta de El Colegio de México ofreció en el debate institucional del CIDE la nota del decoro: cualquier cambio normativo debe ser precedido del diálogo. Las instituciones de educación superior se sostienen "por la participación de los integrantes de sus comunidades".

En la guerra que el Conacyt emprende contra la libertad de investigación, en su pretensión de imponerle código ideológico a la ciencia se muestra tal vez la más profunda amenaza de un régimen que sueña con la conquista hegemónica. Por eso mismo, la resistencia del CIDE es tan importante.


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