Proselitismo militar/ María Elena Morera
El ejército está mermado en sus principios, con el tiempo irá perdiendo credibilidad
El pasado fin de semana, el secretario de Gobernación asistió a diversos actos públicos haciendo un llamado a votar en la “consulta para la revocación de mandato”. Es tanto el descaro que el propio funcionario declaraba que el INE no le podía impedir su apoyo al Presidente.
Este desprecio a la ley e instituciones (característica del actual gobierno) no es rasgo único del gabinete federal, también se ha propagado entre gobernadores, funcionarios y altos rangos de las Fuerzas Armadas, quienes promueven la consulta violando la veda electoral. Si la presencia de Adán Augusto López y otros funcionarios en actos proselitistas fue grave, resulta escandaloso, por decir lo menos, haber involucrado a las Fuerzas Armadas directamente en temas políticos olvidando que son una institución del Estado y no un brazo operativo de un partido político. Esta situación es otro de los riesgos de la militarización que hemos venido denunciando desde el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización.
Ya en noviembre del año pasado, el secretario de la Defensa llamaba a los mexicanos a unirse a la 4T y con ello tomar partido en la vida pública de nuestro país. Ahora toco el turno al general Rodríguez Bucio, quién realizó una intervención el pasado fin de semana en un evento electoral, vestido de militar y aplaudiendo. Por su amplio curriculum, no podemos pensar que el general sea ingenuo, sino que cumplía una orden expresa, por gusto o por disciplina, pero igual de grave.
Los casos de los generales Sandoval y Rodríguez Bucio son ejemplos de violaciones al artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual plantea la prohibición a militares a inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente. Ante ello, se tendría que exigir que los militares que se involucren en actos proselitistas sean sancionados. Aunado a lo anterior, el debate de la militarización se fortalece en un momento en donde la credibilidad de las FFAA se pone en tela de juicio, después de conocer sobre la intervención de autoridades militares en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Y sin importar las consecuencias de esto (ya que en México no hay consecuencias para los poderosos), también hicieron uso de un avión de la Guardia Nacional para transportar a militantes y dirigentes de Morena, lo cual nuevamente es violatorio de la ley y demuestra que los recursos se ponen al servicio de un partido y no de la sociedad. Si tanto querían hacer uso de aviones, pueden ir al nuevo aeropuerto y trasladarse de forma comercial y dejar de utilizar los recursos públicos.
La estrategia seguida por el presidente es peligrosa e irresponsable; el Ejecutivo ha decidido que las FFAA sean el baluarte y operadores de su proyecto de nación, lo cual pone en riesgo al país y a las instituciones militares que durante 70 años habían mantenido un equilibrio civil-militar.
Tenemos claro que López Obrador es incapaz de fortalecer las instituciones, de gobernar, o al menos de cumplir con la ley; sin embargo, si es capaz de pensar en términos electorales, ya que no solo él viola la ley, sino que ha hecho cómplices a las FFAA, dándoles cada día más poder y dinero, sin lograr atender la desenfrenada inseguridad que priva en el país.
Lamentablemente, este es el preámbulo para intentar socavar (aún más) la democracia de nuestro país, por medio de intentar desaparecer al INE y de querer trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena. Con todos estos hechos, vemos un ejército mermado en sus principios, el cual con el tiempo irá perdiendo credibilidad en tanto siga cumpliendo con órdenes que no son capaces de negarse, incapaces de mirar por México, incapaces de defender al país y a su misma institución. Resulta criminal e irresponsable actuar de esta manera. Es urgente enderezar el camino o se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno. (Colaboró Luis Sánchez Díaz)
Presidenta de Causa en Común
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