Alerta EU por corrupción, crimen y acoso a prensa
Nota de Víctor Osorio
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU indica que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo diversos casos de abuso.
"La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción", señala.
Organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, consigna, fueron responsables de crímenes violentos como homicidio, tortura, secuestro, extorsión y trata de personas.
"El Gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado", apunta.
Entre los casos de abuso de las fuerzas del orden destaca el de elementos de la Guardia Nacional que abrieron fuego en abril de 2021 contra un auto que no se detuvo en un control en Irapuato, incidente en el que murió el joven Yael Ignacio Rangel y quedó herida Alejandra Carrillo Franco.
En tanto, reporta, el 31 de agosto, soldados asesinaron a Heidi Mariana Pérez, de cuatro años de edad, e hirieron a su hermano Kevin, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando dispararon contra el auto en el que viajaban los niños.
Entre enero y agosto, señala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria. De esas, 43 involucraron la Guardia Nacional, 37 a la Fiscalía General de la República, 24 a la Secretaría de la Defensa y 17 a la Marina.
El Departamento de Estado advierte que las desapariciones continuaron en áreas con altos niveles de violencia ligada a cárteles.
"Las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones son incompletas y con problemas para compartir información. Los sistemas forenses están muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que el que son capaces de manejar", indica.
En materia de libertad de expresión el informe destaca que los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero que a menudo se autocensuran por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales.
"El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, con la sección de 'Quién es quién en las mentiras' en la conferencia de prensa matutina del Presidente para exponer a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas", apunta.
Advierten crisis por desapariciones
En el documento, el Departamento de Estado cita cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que indican que hasta diciembre pasado sumaban 108 mil 521 personas desaparecidas en México.
"Se estima que el 90 por ciento de las desapariciones ocurrieron después del 1 de enero de 2006, según colectivos de búsqueda y grupos defensores familiarizados con la base de datos. Grupos de la sociedad civil informaron que hubo aproximadamente 15 mil desapariciones no vinculadas a fechas precisas", refiere.
No obstante, pese a que asegura que las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de desaparición forzada son pocas, el Gobierno de EU reconoce los esfuerzos de México para sancionar los actos de desaparición que involucran a agentes del Estado.
En el documento se citan varios ejemplos, entre ellos, los avances el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
"El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó un informe que confirma que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, fue un crimen de 'Estado'".
"El informe encontró que varios funcionarios locales, estatales y federales, por acción u omisión, estuvieron involucrados en la realización o el encubrimiento de delitos relacionados con las atrocidades", indica.
Y alertan por desamparo a desplazados
Pese al aumento de pobladores que han abandonado sus comunidades por el asedio del crimen, México no cuenta con una ley federal de desplazamiento interno que permita la atención oportuna de las víctimas, advirtió el Gobierno de Estados Unidos.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU asegura que en México han sido desplazadas entre 250 mil y 380 mil personas, en su mayoría por la violencia de los grupos criminales.
No obstante, acota, los conflictos por la tierra, la violencia social y étnica o las disputas políticas locales también provocaron desplazamientos significativos.
"Los desplazados internos representaron el 40 por ciento de todos los residentes de refugios para migrantes en Ciudad Juárez.
"La mayoría informó haber huido de la violencia en sus estados de origen de Zacatecas, Michoacán y Guerrero", refiere el Departamento de Estado.
En el documento se cita la denuncia de representantes de la sociedad civil quienes aseguran que no se conocen esfuerzos para promover el retorno voluntario de los desplazados internos a estados con altos niveles de violencia debido a problemas de seguridad.
"El 9 de septiembre, la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez Damary, reconoció algunos avances a nivel federal y estatal, pero llamó a la acción para aprobar la propuesta de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno", indica.
El Departamento de Estado cita el caso de 3 mil habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, que fueron desplazados en enero luego de presuntos ataques con explosivos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra su rival Cartel Unidos.
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