Las columnas políticas hoy, jueves 22 de marzo de 2023

 Siete jóvenes atacados por militares en Nuevo Laredo recibieron 117 balazos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló en su recomendación 95VG/2023 que dirigió al Secretario de la defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que cuatro integrantes de las fuerzas armadas realizaron 117 disparos contra siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de los cuales resultaron muertos, uno herido y otro que salió ileso.

El documento del organismo señala que los dos sobrevivientes relatan que entre las 04:30 y 04:50 horas del 26 de febrero pasado circulaban por las calles de la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues habían ido al centro nocturno, y al salir de éste se disponían a dejar en sus casas a sus amigos.

Y sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas y sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador.

De acuerdo por las versiones rendidas por los militares, del auto de los jóvenes salieron disparos. Sin embargo, la CNDH aseguró que los vehículos de los militares no presentaban daños por disparos de armas de fuego.

Fue pues una masacre...

COMUNICADO: DGDDH/067/2023

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AMLO revira, el informe es un bodrio, dijo...

López Obrador acusó en la mañanera de este miércoles que el "departamentito de Estado" calumnia y miente, y que informe que alerta corrupción y crimen en México es un bodrio. (guiso de mal gusto).

"Pues ahora a Estados Unidos ahí van todos a presentar sus quejas, y luego si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio.

"Hay que revisar el diccionario dicen, según expertos, se presume, se señala. No hay sustento (en su informe), utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado", comentó López Obrador. 

AMLO tildó de mentirosos a los funcionarios del Departamento de Estado y aseguró que en México no hay masacres ni tortura.

"Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedan callados y nunca decían nada.

"En México, no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión", afirmó. 

Dijo que el Departamento de Estado sólo hace el ridículo y que su intervención en la vida política de otros países es una violación al derecho internacional. 

¿Por qué tienen que intervenir? Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado, que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo; esa es su función", agregó.

Ya no se espera respuesta de Washington...

Escribe Dolia...@DoliaEstevez

Llama la atención que portavoces de  @WhiteHouse y @StateDept desmintieron casi simultáneamente las falsedades de AMLO contra EEUU y Biden. Réplica fue a nivel de vocerías oficiales. Es improbable que Biden y Blinken se rebajan o lo dignifiquen contestándole… por ahora.

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Delfina II: les quitan 30% de su salario en el Indep/Carlos Loret de Mola

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha sido fuente inagotable de robo

El Universal, 

Ya califica de modus operandi: la semana pasada comparecieron en el Órgano Interno de Control del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) 15 trabajadores que denuncian que les están pidiendo el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.

Según fuentes con acceso al expediente, el funcionario que se los pedía es identificado por los denunciantes como José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales (lo de encargado de despacho es un decir, porque según los registros, el individuo lleva dos años en ese cargo). El funcionario tiene bajo su mando a aproximadamente 70 personas, pero sus tentáculos alcanzan otras dependencias en las que ha logrado colocar a algunos de sus leales. Una de las quejas es que con este esquema han sido incorporados trabajadores que no tienen la suficiente capacitación —relatan que algunos no saben ni prender una computadora—, pero que garantizan que les van a dar ese 30%.

Según los testimonios presentados ante el Órgano Interno de Control del Indep, este funcionario y su esposa, que no trabaja en el Instituto, se encargan de cobrar este “moche”. Cuando por protocolos del gobierno federal se prohibió el acceso de familiares a los edificios de la administración pública, la señora empezó a usar como oficina de recaudación un Starbucks cercano a las oficinas. Los trabajadores afectados presentaron como pruebas, además de sus testimonios, chats de WhatsApp y hasta transferencias electrónicas.

Los agraviados identifican a la pareja acusada de extorsión como poblana, cercana a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. La mujer buscó una diputación en la pasada Legislatura. ¿Ese 30% del salario se considerarán “aportaciones” a alguna campaña? El modus operandi es muy similar al que instrumentó la hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cuando fue presidenta Municipal de Texcoco (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció como delito electoral lo que hacía el gobierno de Delfina: quitar el 10% del salario de trabajadores para dedicarlo a las campañas de Morena).

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha sido, paradójicamente, una fuente inagotable de robo al pueblo. Desde que López Obrador le puso ese nombre ha estado envuelto en escándalos: el primer director renunció bajo sospecha de corrupción, el segundo director renunció denunciando públicamente que lo estaban obligando a corromperse, el fraude del cheque multimillonario sin fondos de la FGR, entre muchos otros casos. Me recuerda muchos casos de este sexenio: Segalmex, el invento del obradorato supuestamente para acabar con la corrupción de Conasupo-Diconsa-Liconsa, terminó siendo la dependencia más corrupta del gobierno; el Insabi, creado porque según esto el Seguro Popular no servía, terminó desmantelado porque nunca sirvió; y así nos podemos seguir varias páginas más.

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El asalto a la razón

Mayoría nacional de la clase media/Carlos Marín

Milenio, 

El 18 de marzo, al elogiar la “cautela” con que Lázaro Cárdenas del Río actuó para optar por el “moderado” Manuel Ávila Camacho para sucederlo y no por su amigo Francisco Múgica (tan identificado con él, que fue el redactor del manifiesto a la nación cuando se decretó la expropiación petrolera), Andrés Manuel López Obrador pareció estar considerando con seriedad la probabilidad de respaldar a Marcelo Ebrard para la elección de 2024.

La anécdota de los generales engarza con la referida este lunes por el canciller al contar:

“El otro día me decían: ‘Es que a lo mejor tú eres moderado’. Bueno, no me gusta insultar a la gente, no sé si eso me haga moderado…”.

Ambos relatos no son menores, inclusive pese a que Ebrard avizora un México de clases medias, las mismas que el Presidente viene denostando, pero haciendo una precisión:

“Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista; que le da la espalda al prójimo, aspiracionista; que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales…”.

En estricto rigor, si se revisa lo que ha dicho al respecto, AMLO no desprecia a toda la clase media. Bien sabe que le aportó 15 millones de votos que, sumados a los 15 que tenía amarrados, le dieron los 30 millones de sufragios con que ganó en 2018 la Presidencia.

Casi siempre generaliza sus descalificaciones, pero intenta sin éxito aclarar que se refiere a un sector.

Sus embestidas comenzaron en junio de 2021, culpando a los clasemedieros de la aparatosa derrota de Morena en las elecciones de Ciudad de México, donde la alianza opositora ganó nueve de las 16 alcaldías.

La carga que les ha imprimido a los “aspiracionistas” es tanta que poco se nota que también ha dicho:

“Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo; una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal…”.

Según el Inegi, en 12.3 millones de hogares mexicanos –42 por ciento de los que hay– viven 44 millones de clasemedieros que sería tonto subestimar.

De ahí que, contra lo que pudiera suponerse, la apuesta de Ebrard por la clase media no sea suicida.

En la presentación de su libro El camino de México en el Palacio de Minería, el canciller planteó la premisa de que la oportunidad es única: “Tenemos la economía con los mejores números de América y una población con edad promedio de 29 años”, para luego enfatizar: “Estamos a tiempo de cambiar para siempre, para que seamos un país de clase media mayoritaria...”.

Ilustrado, políglota, viajado y curtido por 42 años en el servicio público, Ebrard ha de tener presente que a partir de la pandemia tres o más millones de mexicanos de clase media experimentan hoy la pobreza y muchos culpan de su desgracia al cuatroteísmo.

Si “primero los pobres” fue una fórmula eficaz, prometer “un país de clase media mayoritaria” pudiera atestar las casillas... 

cmarin@milenio.com

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Estrictamente Personal

Semáforo en rojo, aunque no lo vea/Raymundo Riva Palacio

El Financiero.

No es cierto que el reporte anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo sea autónomo de lo que piensa el presidente Joe Biden. Tampoco es cierto que sea un acto de politiquería y que sea una calificación para ningún país. El presidente Andrés Manuel López Obrador puede decir lo que le plazca y mentir cuantas veces lo desee, como lo hizo ayer al referirse al informe en busca de un eco desinformado, pero no puede creer realmente lo que dice. No hay evidencia de que no piense lo que habla, lo que es más delicado, porque esto significa que minimiza e ignora las luces rojas del semáforo que se están prendiendo contra su gobierno en Washington de manera cada vez más frecuente.

El reporte del Departamento de Estado es resultado de una ley que pasó el Congreso de Estados Unidos como parte del Acta de Asistencia Exterior de 1961, aunque su primer informe fue hasta 1976. Los legisladores lo toman como base para aprobar o limitar la ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo, donde gobiernos y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos lo esperan anualmente con interés y preocupación.

López Obrador reaccionó a un informe que dejó en evidencia a su gobierno, por lo que llamó “problemas significativos” en materia de derechos humanos, que iban en el abanico de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, impunidad y ataques a la libertad de expresión. Pero lo novedoso del documento, que pasó desapercibido, aparece en el sumario ejecutivo del capítulo sobre México, donde señala que “hay reportes de que algunos funcionarios del gobierno eran cómplices de las organizaciones criminales internacionales”. Es decir, la afirmación es en presente, no en pasado, el tiempo preferido por el Presidente para sacudirse las deficiencias y corruptelas en su gobierno.

Esas 328 palabras en inglés dentro del reporte, que fueron incorporadas a partir de la información que proporcionaron desde la embajada y consulados de Estados Unidos en México, ponen en blanco y negro las preocupaciones que expresan cada vez más fuerte y frecuentemente funcionarios estadounidenses, y la forma como legisladores están trabajando en el Capitolio para atajar la creciente corrupción que están viendo en el gobierno mexicano. La iniciativa de ley más importante, por la trascendencia que puede haber sobre funcionarios mexicanos, la presentó el 12 de enero pasado el diputado republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, que es miembro del Comité Selecto de Inteligencia y del Comité sobre las Fuerzas Armadas.

Gallagher presentó su iniciativa H.R. 332 (H.R. es la abreviación en inglés de la Cámara de Representantes), para extender los alcances del Acta Global Magnitski sobre Rendición de Cuentas para combatir la corrupción y las violaciones a los derechos humanos “cometidos por funcionarios mexicanos”. La llamada ley Magnitski toma su nombre del abogado ruso Serguéi Magnitski, quien, tras denunciar corrupción multimillonaria por funcionarios del gobierno de Vladímir Putin, fue encarcelado y torturado durante poco más de un año, hasta que murió en prisión en 2009. Tres años después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley, y partir de ahí varias naciones, como Canadá y el Consejo de la Unión Europea, han adoptado ese nuevo régimen global de sanciones por violaciones a los derechos humanos.

En su conjunto, las sanciones se han aplicado a naciones que se distinguen por tener líderes autócratas, como Rusia, Venezuela, Irán y Corea del Norte, entre otras, y aunque la extraterritorialidad de la justicia está implícita en la ley Magnitski y sus diferentes interpretaciones, hasta ahora no se ha aplicado a ninguna nación de Occidente, como se denomina el agrupamiento de los países que comparten los valores democráticos de la libertad. De ahí la relevancia de la iniciativa de ley de Gallagher, al buscar que México –cuyo Presidente es cada vez más calificado como un autócrata en el mundo– pueda ser específicamente sancionado por Estados Unidos.

La iniciativa de ley de Gallagher fue referida al Comité de Relaciones Exteriores y dio vista, para que también la analice, el Comité Judicial, bajo el nombre de Acta de Apoyo a México contra la Corrupción, y establece que no más de 120 días después de que entre en vigor, el Presidente debe imponer las sanciones a todo aquel funcionario o exfuncionario, o quien actúe en nombre o en cooperación con un oficial del gobierno mexicano, si tiene evidencia creíble de haber estado involucrado en actividades de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, tortura, terrorismo o violar las libertades, delitos que parafrasean casi en su totalidad a las violaciones que marcó el reporte del Departamento de Estado.

Las sanciones de la ley Magnitski incluyen el congelamiento de sus activos en el extranjero, cancelar sus visas y prohibir el ingreso a Estados Unidos a funcionarios y exfuncionarios mexicanos, como sugirió también recientemente que podría implementarse el senador Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, para acotar al gobierno de México, si no se compromete a luchar contra el fentanilo y los cárteles de la droga.

La iniciativa de Gallagher es altamente peligrosa para el gobierno de México, y en otras condiciones sería muy difícil que llegara a debatirse y menos aun aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado, para convertirse en ley. Sin embargo, la coyuntura actual no es favorable a México, al haberse alineado las preocupaciones, frustraciones y agendas dentro del gobierno de Estados Unidos y de los demócratas y republicanos en el Capitolio. No ayuda la negación del Presidente sobre la producción de fentanilo en México, tema de discusión con dos bloques de legisladores que lo han visitado en menos de 10 días.

Su posición ayuda involuntariamente al consenso en Estados Unidos sobre su falta de cooperación y complicidad de funcionarios de su gobierno con los cárteles, e inyecta combustible a las presiones sobre el Presidente. Las luces rojas están prendidas, pero López Obrador no cambiará, exacerbando más a Washington, sin saberse, por ahora, hasta dónde llegarán su frustración e irritación.

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Investiga Estados Unidos al Banco del Bienestar/Salvador García Soto

¿Será que el Banco del Bienestar vela también por el bienestar de las organizaciones criminales?

El Universal, 

Cuarenta y ocho horas después de la reunión entre congresistas de los Estados Unidos y López Obrador, que tuvo lugar en Palacio Nacional el sábado pasado, el gobierno federal informó que el Banco del Bienestar, creado por el Presidente en 2019, dejará de recibir remesas de dólares enviadas por migrantes mexicanos que trabajan en el territorio estadounidense, a pesar del millonario negocio que representó el año pasado 1 billón de dólares, y dijo que su salida de ese jugoso mercado tiene que ver con concentrarse en la dispersión de los programas sociales de la administración federal.

En un comunicado, el Banco del Bienestar señaló que “el banco de los mexicanos informa que no está recibiendo remesas de ningún banco o remesadora o integradora”, con lo que desmintió a la financiera estadounidense Wells Fargo, que anunció que cancelaría la recepción de envíos monetarios a través del banco gubernamental a partir del 21 de abril. “Es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esta institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar, para evitar la duplicidad de funciones con la Financiera del Bienestar”, afirmó el banco social del lopezobradorismo, al señalar que desde el 28 de febrero dejó de recibir remesas de los migrantes mexicanos en EU a través de cualquier institución, por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que convirtió a Telecom en la Financiera para el Bienestar.

Sin embargo, la decisión tomada por el Banco del Bienestar, que coincide con el encuentro con los congresistas estadounidenses del domingo pasado en Palacio Nacional, también ocurre en medio de rumores y versiones periodísticas que llegan desde Washington y que hablan de una investigación abierta por el gobierno de Washington en contra del banco gubernamental mexicano por un presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias al extranjero.

Una investigación periodística del Sol de México documentó en noviembre de 2021 que en municipios de Sinaloa, catalogados como de baja incidencia migratoria, se incrementaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos, y que en lo que se identificó como un “modus operandi”, decenas de jóvenes, algunos con radios de frecuencia, hacían fila afuera de las sucursales del Banco del Bienestar en comunidades como Costa Rica, Culiacán, para cobrar los envíos en dólares, mientras adentro de la sucursal del banco gubernamental esperaban hombres que recolectaban el dinero cobrado por esos jóvenes en las cajas. Todo eso a pesar de que Culiacán es considerado por el Conapo como un municipio de ”baja intensidad migratoria” y aun así entre 2020 y 2021 recibió 580 millones de dólares en remesas, todo en medio de la pandemia y la crisis que generó en la economía mundial.

Ha sido tal el crecimiento de las remesas enviadas desde Estados Unidos a través del Banco del Bienestar, que en los últimos años el banco lopezobradorista incluso recibió más dinero en remesas que Western Unión y Wells Fargo (con el que trabaja asociado), dos empresas estadounidenses que llevan décadas transfiriendo dinero de los migrantes mexicanos a los bancos nacionales. Se calcula que a través del Banco del Bienestar llegó el doble de envíos en dólares que mediante las dos empresas estadounidenses en los últimos años.

Sin embargo, fuentes estadounidenses afirman que las investigaciones abiertas en contra del Banco del Bienestar, no sólo tienen que ver con un incremento notable en los envíos de dinero a través de remesas que recibe esa institución de gobierno, sino también incluye el rastreo de diversas transferencias realizadas desde el citado banco oficial mexicano a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron realizadas utilizando un sistema distinto al SPEI que es el que maneja el Banco de México, y se realizaron a través de un mecanismo de transferencias monetarias creado por el gobierno de Rusia, luego de que Europa y Estados Unidos bloquearan y aislaran a su sistema financiero como parte de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, tras la invasión a Ucrania.

Toda esa información, que estaría en poder de las autoridades estadounidenses, habría sido proporcionada por un alto funcionario del Banco del Bienestar, que estaría entregando pruebas y datos al vecino país, a cambio de buscar un trato como testigo protegido, en una eventual acusación de lavado de dinero en contra del banco gubernamental mexicano. Según fuentes de la cancillería mexicana, el tema de la investigación abierta en contra del citado banco había aflorado dentro de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador el pasado domingo en Palacio Nacional con un grupo de 12 congresistas de los Estados Unidos, quienes le habrían informado al gobierno de México de esas investigaciones, y a partir de eso se habría decidido sacar a la institución del millonario mercado de las remesas.

El presidente López Obrador ha presumido en varias ocasiones los récords históricos en la captación de remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, como si se tratara de un logro de su gobierno. El pasado mes de febrero presumió un récord histórico de 58 mil 497 mdd en 2022, un crecimiento de 13% respecto al año anterior. Incluso, en septiembre de 2021, desde la conferencia mañanera, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, invitó a migrantes mexicanos a realizar sus envíos de dólares a través del Banco del Bienestar. “Paisanos, si escogen bien, les va a rendir, una muy buena opción es el Banco del Bienestar”, dijo el funcionario frente al Presidente.

El pasado mes de noviembre, la organización civil mexicana Signos Vitales, dijo en su Diagnóstico de México: obscuras perspectivas, que había indicios de un “posible lavado de dinero” a través del envío de remesas a México, pues según el organismo, la propia Secretaría de Hacienda y el Banco de México documentaban que, con apenas tres años de existencia, el Banco del Bienestar ya manejaba un promedio de dinero superior al monto promedio de operaciones. "Al cierre del primer semestre de 2022, dicha institución financiera ya maneja un volumen considerable de remesas (682 millones de dólares, 2.5 por ciento del total) y operaciones (1.1 millones de remesas) a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado (tres años). Por si fuera poco, a junio de 2022, el monto promedio por remesa operado por el Banco del Bienestar se ubicó en 624.6 dólares, 61.7 por ciento superior al monto promedio nacional (386.3 dólares por operación) al cierre del mismo mes", señalaba esa organización en su informe.

¿Será que el Banco del Bienestar no sólo vela por el bienestar de los beneficiarios de programas sociales, sino también por el de las organizaciones criminales que buscan lavar sus dólares a través de las remesas enviadas desde los Estados Unidos?

NOTAS INDISCRETAS…

Quien quiera entender mejor el discurso de López Obrador el pasado sábado en el Zócalo, donde habló de la sucesión de Lázaro Cárdenas del Río en 1940, versus su propia sucesión, tiene que leer el libro “La revolución interrumpida” de Adolfo Gilly. Se trata de un libro de cabecera para los estudiantes de Ciencia Política de la UNAM en los años 70, donde la tesis principal es esa: que la Revolución Mexicana, que cobró fuerza y se materializó en las reformas de Lázaro Cárdenas, después se vio interrumpida durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, porque se interrumpió el reparto agrario y se dejó de profundizar en la nacionalización del petróleo, porque con él regresaron los contratos privados en Pemex para la explotación petrolera. De ahí viene la afirmación de AMLO de que Ávila Camacho fue un “traidor de la Revolución” y que en su gobierno se torcieron las reformas cardenistas. Y por eso es que López Obrador afirma que a él no le va a pasar lo que a Lázaro Cárdenas, y él no va a cambiar a su candidato y sí impondrá a su Mújica. Lo que falta por descifrar, y eso no lo dice el libro de Gilly, el politólogo y filósofo argentino de 95 años, es quién sería el Ávila Camacho de la 4T y quién podría incluso ser el Andreu Almazán, que pueda concitar la reacción de la derecha para desafiar la continuidad del movimiento lopezobradorista en el poder. En resumen, lo que López Obrador quiso decir, evocando el texto de Gilly, es que a él no le van a interrumpir la 4T, ni la derecha mexicana, ni los Estados Unidos que hoy lo están presionando con todo a través de investigaciones, iniciativas y denuncias sobre narcoterrorismo, lo que coloca a México y a la administración lopezobradorista en el primer lugar de la agenda electoral de los Estados Unidos. Por cierto, para mayores señas, Adolfo Gilly fue asesor de López Obrador en la Jefatura de Gobierno de la CDMX…Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro.

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Defender a Trump e injerencia de EU/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Excelsior, 

Para ser un presidente que dice estar contra el injerencismo extranjero en México o en cualquier otro país, Andrés Manuel López Obrador luce unos estándares bastante extraños. Ayer, en la misma conferencia mañanera, descalificó el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado que denuncia corrupciones, violencia e inseguridad y acoso contra medios y periodistas en México, dijo que era una suma de mentiras realizadas por funcionarios que nada tienen que ver con el presidente Joe Biden.

Dijo que era politiquería, al mismo tiempo apoyó al expresidente Donald Trump, que está siendo juzgado en un tribunal de Nueva York por haber sobornado con 130 mil dólares de dinero de su campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels y tratar de ocultar así la aventura sexual que tuvo con ella en 2006. Para López Obrador, la acusación de soborno con recursos de campaña no es un delito, es una estrategia para impedirle a Trump estar en la boleta del 2024 y aseguró que a él “le pasó lo mismo” con el intento de desafuero en 2005.

El presidente López Obrador le podría haber preguntado ayer al exsecretario de Estado, John Kerry, actual responsable de las políticas medioambientales del presidente Biden, qué tanto el Departamento de Estado es autónomo de la Casa Blanca. Kerry, que acompañó al Presidente a la conmemoración del natalicio de Juárez en Guelatao, Oaxaca, y que es uno de los políticos demócratas más comprometidos con la defensa de los derechos humanos desde la guerra de Vietnam, le podría haber explicado al Presidente que no hay dependencia más cercana a la Casa Blanca que el Departamento de Estado y que el tema de los derechos humanos es de los más importantes para las administraciones estadunidenses de origen demócrata desde el gobierno de Jimmy Carter en los años 70.

El informe del Departamento de Estado no está descubriendo el hilo negro. México llegará esta semana a 150 mil asesinados en lo que va del sexenio, hay más de 30 mil desaparecidos, México es el país del mundo con mayor cantidad de periodistas asesinados, y ésta es la administración federal que mayor cantidad de contratos de adjudicación directa ha otorgado en las últimas décadas, escudándose muchas veces en la seguridad nacional.

Para el presidente López Obrador, según dijo ayer, todo lo que denuncia el informe de derechos humanos del departamento de Estado es mentira y reiteró que la estrategia de seguridad, de abrazos y no balazos es un acierto que está dando resultados.

Más allá de eso, descalificar al Departamento de Estado diciendo que no tiene relación con el gobierno de Biden es como decir que el presidente López Obrador no sabe lo que hacen Adán Augusto, Claudia o Marcelo.

Atacar al sistema judicial de Estados Unidos porque está juzgando a Trump por un evidente delito, de los muchos que ha cometido, dentro y fuera de la presidencia de su país, sorprende sobre todo en alguien que en el párrafo anterior se quejó de la injerencia de Estados Unidos en México.

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Hace unos días, los dirigentes de Morena pedían que fueran los tribunales de ese país los que juzgaran a Felipe Calderón y a otros políticos mexicanos después de que se sentenciara a Genaro García Luna. Ahora, denuncian que esos tribunales hacen politiquería porque defienden nada menos que a Trump. El expresidente tiene varias denuncias e investigaciones importantes en su contra: desde el caso de la actriz porno hasta el promover el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, desde llevarse documentos confidenciales al dejar el cargo hasta mentir y actuar con negligencia ante la pandemia; desde denunciar un fraude que nunca pudo comprobar en unas elecciones ratificadas por todos las instituciones del Estado hasta de haber concertado con los servicios de inteligencia de Vladimir Putin la campaña negra contra Hillary Clinton en 2016. Defender a Trump ante estas acusaciones define tanto al defensor como al acusado.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno federal tiene una abierta actitud injerencista en muchos países como en Perú, incluso se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico porque defiende al autogolpista Pedro Castillo, depuesto por el Congreso y acusado por el poder judicial de ese país. Nos puede gustar o no el nuevo gobierno de Perú; a mí me parece un desastre, pero es el que reconocen sus instituciones democráticas y el resto de los países. México no tiene justificación legal alguna para denunciarlo públicamente, como ha hecho el presidente López Obrador, o para desconocer normas diplomáticas como la de la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Tampoco parecen interesarle demasiado los derechos humanos. No se denunció la toma del Capitolio y fuimos, con Putin, de los últimos gobiernos del mundo en reconocer el triunfo de Biden; condecoramos al gobierno “humanista” de Miguel Díaz-Canel en Cuba, a pesar de que estamos ante una dictadura que está llegando a los 65 años ininterrumpidos en el poder; no condenamos a la Nicaragua de Daniel Ortega, una dictadura peor que la de Anastasio Somoza, ni tocamos tampoco a Nicolás Maduro. Pero somos durísimos con el Parlamento Europeo porque denuncia el asesinato de periodistas en México; con España porque no se quieren disculpar por Hernán Cortés y la llegada de los españoles hace 400 años; descalificamos a los congresistas estadunidenses por reclamar por el tráfico de fentanilo, al poder judicial por enjuiciar a Trump y al Departamento de Estado por denunciar violaciones a los derechos humanos que todos sabemos que existen y son públicas. ¿Con qué lentes miramos el mundo?

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John Kerry, tan cerca de México… y de Bartlett/Mario Maldonado

El Universal, 

John Kerry tiene una fijación con México. El exsecretario de Estado de Barack Obama, un hábil diplomático y excandidato presidencial, visita el país ante cualquier impulso, ya sea en la CDMX, Chiapas, Sonora o Oaxaca, Kerry es el funcionario del gobierno de Estados Unidos que más veces ha pisado el territorio nacional durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El actual enviado especial de la Casa Blanca para asuntos climáticos ha visitado México cinco ocasiones en los últimos 17 meses. ¿La razón? La política energética de México ha generado profundas diferencias con nuestro principal socio comercial, las cuales no se han podido zanjar en las mesas de consultas ni en las visitas y reuniones con funcionarias clave de Estados Unidos, como la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y la representante comercial, Katherine Tai.

Ocho meses han transcurrido desde que el gobierno de Joe Biden solicitó las consultas sin que hasta el momento se hayan podido dirimir las diferencias. La secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, pretendía llegar a un acuerdo en enero de este año, previo a la reunión trilateral de México, Estados Unidos y Canadá, pero las negociaciones siguen estancadas y con la posibilidad de acabar en los paneles de controversias.

John Kerry ha sido la carta del presidente Biden para negociar con el gobierno mexicano con la bandera verde de la de las energías limpias. Poco a poco el exsenador por el estado de Massachusetts ha ido ganando terreno con anuncios relativos a la transición energética que había relegado la actual administración bajo el argumento de recuperar la hegemonía estatal de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

La llegada de la 4T al gobierno significó la cancelación de las rondas de hidrocarburos, las subastas eléctricas y modificó las reglas tanto en el sector de petróleo y gas como de la electricidad, lo que afectó los contratos firmados con empresas privadas, muchas de estas de capital estadounidense y canadiense. Esa “discriminación” y falta de respeto al Estado de Derecho en los que tiene a México enfrentado con sus socios comerciales.

Pero las múltiples visitas de Kerry han ido modificando esa postura rígida con la que navegó AMLO, su secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la CFE, Manuel Bartlett, los primeros años de gobierno.

El 19 de octubre fue la primera vez que Kerry visitó México como encargado del clima de EU. El enviado de Biden vino a suavizar a México sobre la COP26 y la agenda contra el cambio climático que comparten ambos países. Y le doró la píldora al Presidente: “En el mundo necesitamos concentrarnos en lo que (AMLO) está haciendo, y no es solamente el tema de la reforestación, (Sembrando Vida) es un programa que se concentra en el pueblo, en la vida de la gente, en el trabajo, en la posibilidad de quedarse donde vive, de estar conectado con la tierra como parte de su futuro”.

En la siguiente, del 9 de febrero, se acordó la creación de un grupo de trabajo que impulse la generación de energías limpias. El 30 de marzo se dio otra reunión, previo a la votación de la reforma eléctrica aprobada en el Congreso e impugnada en los juzgados. Kerry regresó al país el 29 de octubre, a Hermosillo, para hablar del litio, el Plan Sonora y las consultas del TMEC. En febrero de este año, el presidente López Obrador anunció que de los 10 parques industriales que se instalarán en el Corredor Transístmico, cuatro serán para el desarrollo de energía eólica y serán financiados por Estados Unidos.

Ayer se llevó a cabo una nueva visita, esta vez a Oaxaca, donde John Kerry alabó de nueva cuenta a López Obrador, pero se habló también de parques eólicos y fotovoltaicos. Incluso, el enviado de Estados Unidos salió fotografiado al lado de Manuel Bartlett, persona non grata en su país por su pasado político. ¿Le está funcionando a EU la estrategia de Kerry? Ya se sabrá con el resultado de las consultas y la apertura de las inversiones.

Posdata 1

Las acciones de TV Azteca cayeron cerca de 3% este martes, luego de que se reportara que un grupo minoritario de acreedores de bonos inició un procedimiento legal en Nueva York por la falta de pago de unos 63 millones de dólares. Los acreedores piden que la televisora se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos.

El reclamo fue interpuesto el lunes ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York por los fondos Plenisfer Investments SICAV-Destination Value Total Return, de Luxemburgo; el estadounidense Cyrus Opportunities Master Fund II Ltd y Sandpiper Limited, de Gran Caimán.

La empresa que controla el magnate Ricardo Salinas Pliego dijo que mantiene su compromiso y disposición al diálogo con los acreedores de deuda del bono con vencimiento en 2024, a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

La televisora declaró que está consciente de que un grupo minoritario de acreedores inició un procedimiento legal en Nueva York y refirió que atenderá con responsabilidad todos los procesos.

Posdata 2

Este miércoles, el presidente de Recsa, Humberto Armenta González, presentará su nuevo libro titulado "Financiamiento de la Infraestructura Hidráulica y la Gestión Hídrica en el Valle de México". Se trata de una nueva edición que se enfoca en la gestión del agua en México desde la etapa posrevolucionaria hasta el periodo del neoliberalismo.

Es una lectura obligada para comprender cómo han evolucionado los temas relacionados con este tema en la capital del país, ya que el autor plasma de manera clara una reflexión sobre la problemática que ha surgido debido a la extracción subterránea del líquido y la falta de infraestructura hidráulica en temas como suministro de agua potable, saneamiento y drenaje, por mencionar algunos aspectos en los que ha trabajado desde su posición en la empresa mexicana que cumple este año 29 años de operación.

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Desplantes chauvinistas ante “el gobierno del mundo”/Francisco Garfias

Arsenal

Excelsior,

AMLO es intolerante a la crítica. Está convencido de que en la 4T no se comenten abusos ni se hostiga los críticos. Por eso la virulenta respuesta de ayer al informe del Departamento de Estado que destaca abusos de las fuerzas de seguridad y acoso a los periodistas y activistas en México. “Están mintiendo. Es pura politiquería. Es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. Se creen el gobierno del mundo… Y sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio…”.

El Presidente hablaba para la tribuna. Explotaba el sentimiento antigringo que desde la primaria nos inculcan en clases de historia: EU nos robó la mitad del territorio. Su intervención la adornó haciéndole el juego a su amigo Donald Trump, quien afirma que puede ser detenido por un pago secreto que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels, para que se callara sobre una relación que tuvo con ella antes de las elecciones de 2016. “No nos estamos chupando el dedo, es para que (Trump) no aparezca en la boleta electoral”, dijo el tabasqueño.

* El tono del Presidente cambió en Guelatao, Oaxaca, durante la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, celebrada la tarde de ayer. No era conveniente hacerle al Juan Escutia frente al demócrata John Kerry, enviado del gobierno de EU para el clima. “¡Viva la amistad del presidente Biden con México! ¡Viva la amistad de nuestros pueblos!”, arengó AMLO al final de su breve discurso.

El contraste no es para destacar que hay un doble discurso del Presidente, sino para exhibir lo rápido que se le quitó lo bravucón al mexicano. Kerry correspondió al Presidente mexicano con un elogio: “Veo sabiduría en su liderazgo”, dijo.

¿Hablaba en serio? Es pregunta.

A AMLO no le queda el papel de David contra Goliath. Suena hueco, inútil, inconveniente. No puede pelearse con los vecinos del norte. Es de pierde, pierde. En enero de 2023 —sólo ese mes— los gringos nos compraron el 82.2% de nuestras exportaciones (42 mil 591 millones de dólares). Súmele el valor acumulado de los ingresos por remesas, que se ubicó en 58,497mdd en 2022, cifra superior a la de 51,586 mdd observada en 2021. Los desplantes chauvinistas no los valen.

* El Grupo Eurasia, especializado de detectar riesgos políticos para inversionistas alrededor del mundo, hizo público ayer un reporte sobre el estado de las relaciones entre México y EU. Dice: “La mayor prominencia de los problemas de seguridad en México y el fracaso de López Obrador para frenar el tráfico de fentanilo han tensado la relación bilateral entre EU y México y estarán en el centro de la conversación, a medida que se avecinan elecciones en ambos lados de la frontera”.

Esa tensión se refleja en la respuesta que el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dio a las afirmaciones de López Obrador en el sentido de que los gringos se sienten el gobierno del mundo.

“Nunca hemos dicho que somos el gobierno del mundo… El involucramiento de la policía, militares y otras instituciones mexicanas en serios actos de corrupción y asesinatos arbitrarios fuera de la ley sigue siendo un reto para México y por eso está resaltado en nuestro reporte”, dijo el funcionario.

Y a otra cosa…

* Falta un año dos meses y 11 días para las elecciones presidenciales de 2024. La oposición sigue sin piloto y sin programa. Hoy por hoy, no tiene a nadie competitivo frente a las corcholatas de Morena.

No hay cambios en el Power Ranking Presidencial (Polls MX) del 21 de marzo:

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, va a la cabeza en las preferencias. La cargada está con ella. Tiene a los gobernadores. Es cada vez más evidente. Y aunque el canciller Marcelo Ebrard, segundo lugar en el ranking presidencial, no lo sienta así, es la favorita del gran elector para sucederlo. No hay duda. Es a la que más confianza le tiene para continuar con su proyecto de transformación después de 2024.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de corte obradorista, aparece en 3er lugar, pero a distancia.

El panista Ricardo Anaya está en 4º lugar. Es el opositor mejor rankeado en Polls MX, pero tiene un problema: vive en EU y no puede regresar a México. Sabe que lo meten al bote.

Le siguen la combativa Lilly Téllez en 5º lugar, los panistas Santiago Creel, 6º, y Mauricio Vila, 7º lugar.

El petista Gerardo Fernández Noroña avanza ocho lugares y está en 8º; mientras que las priistas Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu son 9º  y 10º , respectivamente.

Gustavo de Hoyos, exdirigente de la Coparmex, se acaba de destapar como aspirante de la sociedad civil. Todavía no aparece en el Power Ranking Presidencial.

* Arturo Zamora, expresidente municipal de Zapopan, anunció ayer su decisión de renunciar al PRI luego de décadas de militar en ese partido. En un documento dirigido al Comité Directivo del tricolor explica que quiere regresar a sus orígenes ciudadanos. Dos breves: Alejandra del Moral se registró ayer como candidata de la alianza Va por México y Manolo Jiménez rindió protesta como candidato del PRD, partido que forma parte de la citada coalición.