Las columnas políticas, hoy, viernes 3 de octubre de 2025

¿Que pasó ayer en la marcha del 2 de Octubre: "no se olvida"?

El 57 aniversario de Tlatelolco se ha consumado, una vez más, no como un ejercicio de memoria y justicia, sino como un monumento a la impunidad contemporánea. La cifra de 123 lesionados, con 94 policías y 8 periodistas en la lista de víctimas, es la evidencia irrefutable del fracaso de la supuesta "estrategia de seguridad" del gobierno capitalino. No hay lectura favorable posible ante este desastre.

La administración morenista se escuda en su bandera de la "no represión", buscando una noble diferenciación con los horrores de 1968. Sin embargo, esta postura ha mutado de principio ético a negligencia criminal. Al dotar a la policía de escudos, pero atarla de manos bajo una orden de inacción absoluta, se les condenó a ser sacos de boxeo. Fueron atacados con martillos y bombas molotov, elementos que no forman parte de una protesta social, sino de una emboscada planificada.

Hay que ser claros: la violencia de los encapuchados no es una manifestación. Es un acto delincuencial que utiliza la causa social como escudo. Los saqueos a joyerías y tiendas no son un grito de justicia; son robo y vandalismo organizado. Las agresiones directas a reporteros como David Deolarte, Víctor Camacho o Javier Ríos, entre los ocho agredidos, son un ataque a la libertad de prensa y al derecho público de documentar los hechos.

El gobierno ha priorizado el performance político —la imagen de "no reprimir"— sobre su obligación constitucional de garantizar el Estado de derecho y proteger a sus ciudadanos. Al no trazar una línea firme entre la manifestación legítima y el terrorismo urbano, se ha entregado el control de la vía pública a la anarquía.

La pregunta central no es ideológica, sino práctica: ¿Hasta qué punto el compromiso de no reprimir a un movimiento social se convierte en la inacción que pone en riesgo a civiles, a la prensa y a la propia policía?

¿Cuántos de estos encapuchados fueron detenidos?

¿Y qué dice la C. Presidenta?

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Notas y columnas.

Memoria, justicia... y disturbios

Nota de Nadia Rosales, Mayumi Suzuki y Benito Jiménez

Reforma. 03 octubre 2025:

La marcha del 2 de octubre de este año quedó marcada por los ataques del llamado 'Bloque Negro' que dejaron heridos a múltiples policías y reporteros.

"¡Están gaseando a los manifestantes!", gritó una mujer al grueso del contingente que marchó al Zócalo capitalino para conmemorar el 57 aniversario de la represión estudiantil. "¿A los manifestantes o al bloque negro?", cuestionó Víctor Guerra, integrante del Comité del 68, que intentaba ofrecer un discurso al término del recorrido.

Las miradas se volcaron hacia los comercios. El llamado bloque negro integrado por jóvenes encapuchados ingresó al Zócalo tras vandalizar comercios a lo largo de su paso desde la Plaza de las Tres Culturas.

La marcha y el discurso en el que se exigió memoria y justicia para las víctimas por la represión del Movimiento Estudiantil del 68 se vieron opacados por un grupo de personas que embozadas y ataviadas de negro atacaron al cuerpo policial que resguardaba la zona de los portales en el Zócalo.

El bloque negro prolongó por dos horas la ofensiva contra la valla de policías, dejando heridos a al menos dos de ellos, tras una horda de puntapiés y golpes.

Los encapuchados hacían volar por el aire petardos, piedras, palos, latas y pintura con un destinatario: los policías, que mientras resistían con sus escudos, también respondían con polvo de extintor y gas lacrimógeno.

El primer grupo de oficiales cayó 45 minutos después de un ataque sostenido entre fuego y petardos; bañado en polvo blanco y con un elemento menos, fue replegado por los encapuchados hacia la intersección de las calles 5 de Febrero y 16 de Septiembre. Tres reporteros más también salieron heridos.

Rechiflas, aplausos y gritos marcaron el primer triunfo de la jornada para el bloque negro, pero el segundo round de la batalla siguió con la otra tanda de oficiales que desde la calle Monte de Piedad entraba a reforzar.

Quince minutos después, también fue doblada.

De fondo quedó el discurso del Comité del 68 y los contingentes comenzaron a irse sobre 20 de Noviembre.

'Resistan, resistan ...Avancen'

"Resistan, resistan", ordenó el mando del grupo de antimotines de la Ciudad de México, en un primer enfrentamiento en la plancha del Zócalo, entre Madero y 16 de Septiembre. Los uniformados se agazaparon en el corredor joyero para aguantar la metralla de objetos, que salían de todos lados.

"¡Escudos arriba!", insistió el mando a sus tropas, unos salpicados de pintura blanca y otros algunos golpeados de manera directa o de rebote por los impactos.

Un policía resultó con quemaduras en las piernas por uno de los cohetones que provocó llamas en su pantalón.

Los agentes exigían más extinguidores y gas lacrimógeno para tener a raya a los "hostiles".

Al menos 50 jóvenes del llamado bloque negro fueron parte de la primera línea de batalla contra los antimotines, con el lanzamiento de petardos y piedras, arrancadas de adoquines y macetones.

Otro grupo corría a calles cercanas para buscar más objetos contundentes para lanzarlos a los disminuidos policías, que ya no ofrecían una respuesta.

Este grupo, fue sacado por sus mandos por la calle de 5 de Mayo, donde fue reabastecido, con agua, más escudos, extinguidores y gas lacrimógeno.

El convoy antimotines avanzó hacia el centro, pues un grupo de radicales rompió la cortina de metal de Bizarro, un negocio de joyas, para saquear lo que encontraron a su paso.

"¡Avancen, avancen!", ordenó el mando de este grupo especial.

En ese momento se reportó otro enfrentamiento, sin embargo, los radicales comenzaron a quedarse sin pertrechos para lanzar a los uniformados. Lo único con lo que contaban en mano eran los escudos que momentos antes arrebataron a los policías.

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Reportan agresiones contra fotoperiodistas durante marcha del 2 de octubre

Milenio, viernes, 03.10.2025 

Nota de Rafael Mejía Fernández de Lara

En redes sociales comenzaron a circular distintas denuncias sobre agresiones directas contra fotoperiodistas que cubrían las protestas conmemorativas de la marcha del 2 de octubre, las cuales se tornaron d forma violenta por culpa de un grupo de al menos 300 encapuchados,

Según los reportes en redes y distintos medios de comunicación, entre seis y ocho fotoperiodistas fueron agredidos físicamente. Aquí todo lo que sabemos.

La Alianza de Medios Mx publicó un artículo en el que detallan que en medio de los actos vandálicos del llamado bloque negro y el intento de contención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ocho periodistas resultaron heridos. Entre ellos están:

David Deolarte: fotógrafo de La Prensa

Ivonne Rodríguez: fotógrafa de El Sol de México

Romina Solís: fotógrafa de El Sol de México

Nicolás Corte: fotoperiodista de Publimetro

Juan Abundis: de la agencia ObturadorMX

Ramkar Cruz: de N+

Víctor Gálvez: fotógrafo de La Jornada

Identidad desconocida: Un reportero gráfico del diario La Razón

Sobre estos hechos, un periodista cuestionó al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, durante la conferencia de presa al término de la marcha. Esto fue lo que respondió:

"Como mencionamos, haremos un reporte detallado del estatus y del tipo de lesiones o del estatus de gravedad que pudieran tener. Para eso vamos a hacer el recorrido". 

"En su momento, sin duda, lo haremos de conocimiento. Como todos vieron en las imágenes, hubo compañeros y compañeras lesionadas. Nuevamente, a todas y todos ellos nuestro reconocimiento y en su momento compartiremos, si nos permiten, ya la información detallada. Nosotros, y así lo mencionamos en el mensaje, actuamos de acuerdo a los protocolos de actuación policial".

"En los protocolos está contemplado que si hubiera alguna agresión o alguna actuación fuera de los mismos debe de investigarse y eso es lo que haremos. Pero sí recalcar mucho que los compañeros policías, las compañeras policías, los mandos aquí presentes actuaron bajo una línea de contención, una línea de encausamiento, una línea de no caer en provocaciones". 

"Insisto, una línea de una policía que lo que busca es construir paz y no otra cosa", dijo sin mencionar la situación con los periodistas.

Respuesta de Pablo Vázquez Camacho 

????I "No falló nada"

La pregunta de @PublimetroMX a la @SSC_CDMX de @PabloVazC sobre las agresiones por parte de elementos de la policía a fotoperiodistas de distintos medios de comunicación durante la marcha del #2DeOctubre en el Zócalo de #CDMX @craviotocesar respondiendo… pic.twitter.com/71BnRyVG1n

— Josue Aguilar (@josuealeexis) October 3, 2025

En redes sociales, un colega mostró cómo entre otros periodistas tuvieron que cargar a una persona de su gremio herida durante las protestas. 

Al parecer se trataba del fotoperiodista David Deolarte, de La Prensa, quien resultó herido durante los enfrentamientos en el Zócalo capitalino. 

Por su parte, la Red Rompe el Miedo sostuvo que, junto a Artículo 19, están en proceso de documentar la agresión en contra de al menos nueve periodistas durante las movilizaciones del 2 de octubre.

@article19mxca y la Red están en proceso de documentar al menos 9 casos de violencia contra la prensa provocada tanto por personas vestidas de civil como por autoridades estatales. 

Policías en al menos 2 ocasiones solicitaron que prensa "baje sus cámaras" y "deje de grabar".#

Las columnas políticas, hoy, viernes 3 de octubre de 2025 

BAJO RESERVA/el Universal

En donde se vivió una tarde complicada fue en la Ciudad de México, con el descontrol y las agresiones de vándalos contra periodistas y policías durante la marcha del 2 de octubre. Nos cuentan que entre las filas de la policía capitalina hay disgusto porque ellos saben aplicar tácticas para neutralizar a grupos como el llamado “bloque negro”, pero desde hace años se topan con el mantra político de los gobiernos surgidos de Morena de que ellos “no reprimen al pueblo”. Luego de los saqueos y ataques de ayer, ¿no sería hora de que reevaluaran esa posición y consideraran que controlar a grupos violentos para impedir que generen violencia en las marchas a las que se montan no equivale a reprimir?

¿Los engañó Adán con la ley de amparo?

El artículo transitorio que introdujo la retroactividad en la reforma a la ley de amparo provocó choques internos en la bancada de Morena en el Senado. Nos cuentan que Javier Corral y Enrique Inzunza advirtieron desde un principio al coordinador Adán Augusto López que ese artículo era inconstitucional, pero sus argumentos fueron ignorados. Por eso, ambos decidieron abandonar la sesión del pleno para no votar la reforma. Otros senadores morenistas, cuando vieron que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la retroactividad y pidió que se elimine cuando se analice en la Cámara de Diputados, se dijeron engañados por don Adán, pues les hicieron creer que ese cambio era una instrucción de Palacio Nacional. Una vez que la mandataria se deslindó, la duda que queda es quién meció la cuna. Lo que sí está claro es que el emproblemado coordinador trae un caos en su grupo parlamentario.

Moctezuma será el enlace con EU para el T-MEC

Nos cuentan que la próxima semana un equipo ampliado de la presidenta Sheinbaum, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comenzará una serie de reuniones clave sobre la inminente revisión del T-MEC. El objetivo, nos dicen, será acordar lineamientos que después se pondrán sobre la mesa en las consultas nacionales con empresarios. La instrucción es negociar sin prisas y agotar todos los tiempos, con la meta de llegar a un buen acuerdo hacia finales de año. Lo que ha sorprendido a más de uno es que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, de quien se ha especulado desde hace meses que pronto sería relevado, será designado como el enlace directo con la administración Trump.

Trabajadores judiciales alistan protesta

Nos cuentan que una parte de la base trabajadora del Poder Judicial, entre los que se encuentran integrantes del Colegio de Secretarios y Actuarios y del Servicio Civil de Carrera de la Defensoría Pública Federal, darán a conocer un manifiesto por la reducción de sus prestaciones y la eliminación del seguro de gastos médicos, y además se sumarán a manifestaciones que preparan grupos de la sociedad civil contra las modificaciones a la ley de amparo. Se trata, nos hacen ver, del primer conflicto que deberá atender el Órgano de Administración Judicial (OAJ), dominado por magistrados cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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La sospechosa impunidad de los encapuchados

En privado/Joaquín López-Dóriga

Milenio, 

No les llegan las ideas y de llegarles, les llegan tarde.

Florestán

A lo largo de los gobiernos, desde Enrique Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, jamás han detenido a uno solo de los encapuchados que con una violencia brutal y creciente han reventado todas las marchas, ya sean de mujeres, desaparecidos, los 43, 10 de junio, 2 de octubre, como ayer, mas son las y los mismos que asaltan las manifestaciones pacíficas, se hacen de ellas, las marcan con su brutalidad y desvían la atención de su mensaje-objetivo.

Esto no es nuevo.

Los encapuchados que la noche del 8 de noviembre de 2014, se incrustaron entre los que marchaban para manifestar su solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al llegar al Zócalo, quemaron la puerta Mariana de Palacio.

Fueron provocadores violentos que diciéndose seguidores del black bloc surgido en Alemania en los ochenta, vestidos de negro y encapuchados, chocaban con la policía, bloque que se extendió a Europa y saltó a México.

Durante la larga huelga de la UNAM, 1999-2000, aparecieron en Ciudad Universitaria los que se hicieron llamar bloque negro. En México operaron en Oaxaca durante el movimiento contra Ulises Ruiz en 2006 y en la Ciudad de México durante los destrozos del uno de diciembre de 2012 en la toma de posesión de Peña Nieto.

Desde entonces se hicieron presentes en todas las manifestaciones, como la de ayer, donde, como siempre, agredieron, vandalizaron, atacaron, robaron, saquearon, golpearon sin piedad a periodistas y policías, dejando un saldo de más de 20 heridos y todo en la impunidad total.

Hoy solo puedo endosar la actuación permanentemente impune de este bloque, que deben tener perfectamente identificado y ubicado, por el patrocinio de los gobiernos en turno que saben quiénes son, cómo operan, dónde y cómo, y nunca han detenido a uno solo.

Esa inmunidad solo la entiendo siendo ese bloque de ellos, de los gobiernos.

RETALES

1. RETROACTIVA. Morena, en el Senado, agregó a la iniciativa presidencial de la reforma judicial el tema de retroactividad del amparo, de lo que la Presidenta se desmarcó. No iba en el proyecto, dijo. ¿Quién se lo agregó? Los diputados la eliminarán de la minuta y regresará al Senado;

2. CRIMEN. Pemex anunció que en agosto tuvo su nivel de ventas de gasolinas más bajo desde 2022: 665 mil barriles. Esto se debe, y no lo dice, a que el resto de la demanda la atiende el crimen organizado vía el contrabando de combustibles. De ese nivel el negocio;

3. AJUSTE. Alfonso Ramírez Cuéllar me dijo que ya está en comisiones su iniciativa para que la consulta de revocación del mandato presidencial se lleve a cabo en las elecciones intermedias de 2027, como quería López Obrador y la oposición, entonces, se lo impidió. Yo estoy en desacuerdo y es una señal para Claudia Sheinbaum, otra.

Nos vemos el martes, pero en privado

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Estrictamente Personal

Corrupción en Capufe/ Raymundo Riva Palacio

El Financiero, octubre 03, 2025 | 

Dentro de Morena siguen los jaloneos, entre quienes quieren poner las cosas en orden y acabar con la galopante corrupción que les heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y quienes quieren mantener los privilegios que les dio el régimen a sus cercanos y amigos. La presidenta Claudia Sheinbaum dice estar comprometida con el combate a la corrupción, pero barrer el primer piso de la transformación está resultando más difícil de lo que podría haberse imaginado. Otro caso de cómo el fenómeno se mantiene sin castigos ejemplares en el primer tramo del segundo piso es el de Capufe, el acrónimo de Caminos y Puentes Federales, por donde se escurren anualmente, sin que nadie lo note, 10 mil millones de pesos.

Esa cifra es la merma que existe por el pago en efectivo en las casetas de las autopistas y carreteras, donde se realizan alrededor de 900 millones de cruces al año. Si se toma en cuenta que sólo 9.7% del parque vehicular tiene un TAG, se puede ver la dimensión del total de las transacciones con dinero constante y sonante. Deficiencias tecnológicas en los equipos afectan el telepeaje –como la baja velocidad con la que tienen que pasar los vehículos para que lean la tarjeta– y la logística en el país se agregan a las operaciones manuales, en donde se concentra la corrupción.

En las últimas semanas se ha dado una purga en Capufe, derivada de las querellas de varias empresas por el resultado de la licitación de los equipos de cobro en las vías de Capufe, la Red de Autopistas Concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y la autopista México-Puebla, que se entregó el 31 de julio. El columnista Alberto Aguilar publicó en su momento que los postores mencionaron indicios de corrupción en el proceso, que abarcó 18 partidas, de las cuales se adjudicaron 11 y siete fueron declaradas desiertas.

Aguilar dijo que cuatro empresas con capacidad probada –incluida una que tiene buena parte del sistema de telepeaje en Estados Unidos– fueron descalificadas, mientras OfiStore, sin experiencia en el ramo –de acuerdo con expertos– y dedicada a servicios de papelería y rentas de equipo de cómputo, se llevó seis partidas, pese a que su oferta estuvo 140% por arriba del precio de las actuales proveedoras y 322% por encima de las propuestas más bajas.

La adjudicación a OfiStore provocó un escándalo, aunque intramuros, con denuncias penales contra una decena de funcionarios de Capufe por los posibles delitos de fraude y corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y usurpación de funciones. Uno de ellos es Óscar Ramírez Cruz, que era subintendente de la Subdirección de Sistemas Electrónicos de Peaje, a quien OfiStore acreditó ante las autoridades de Comunicaciones y de Capufe mismo –donde estaba en la nómina– como el experto en los servicios que estaban licitando.

No se sabe si la trampa e ilegalidad en la que incurrieron fue un descuido, cinismo, o porque tenían un padrinazgo que les permitiría salirse con la suya; pero la molestia de los postores que perdieron se incrementó y las quejas llegaron a los más altos niveles de las dos secretarías. Lo que escucharon de viva voz se amplió en una de las denuncias penales, donde una de las empresas inconformes, Controles Electromecánicos, S.A. de C.V., detalló una serie de irregularidades de pruebas en que, a su juicio, incurrieron funcionarios de Capufe para beneficiar a OfiStore, porque al mismo tiempo, la reprogramación de pruebas que le concedieron a esa empresa se la negaron a otras, como Telemática, pese a tener fallas similares.

Entre las irregularidades en la reprogramación de pruebas, documentaron:

1. Uso de un aplicativo no autorizado, que son aplicaciones informáticas o software. Según la denuncia, OfiStore declaró que usaría el aplicativo proporcionado por Capufe, pero utilizó su propio software, lo que contradecía los protocolos establecidos en los apéndices de la convocatoria.

2. Pruebas incompletas o simuladas en las plazas seleccionadas para las pruebas, donde registraron falta de evidencias de lectura de TAG con los tres protocolos requeridos, como la clasificación vehicular incompleta, usando sólo una categoría cuando se requerían hasta nueve, y utilizaron el mismo vehículo para simular diferentes clases vehiculares.

3. Horarios irregulares, permitiendo que las pruebas se iniciaran fuera del horario establecido.

4. Similitud sospechosa entre dos pruebas, que se realizaron en días distintos y plazas diferentes, que tuvieron horarios idénticos de inicio y cierre; además de que se utilizaron los mismos vehículos y matrículas en los cruces.

5. Falta de supervisión transparente. En algunas pruebas no hubo testigo social ni personal del OIC, el Órgano de Control Interno de Capufe. Las actas tampoco incluyen identificaciones del personal que supervisó.

Las dos denuncias presentadas: una penal –denuncia de hechos– y otra ante el OIC de Capufe –por faltas administrativas– fueron presentadas en Morelos, donde está el organismo público descentralizado, a mediados de agosto, y provocaron una sacudida dentro de las áreas competentes en el gobierno federal. Al menos cuatro personas fueron llamadas a declarar y, de acuerdo con lo que ha trascendido, coincidieron en señalar que actuaron por “instrucciones superiores”.

Después de los testimonios, varios funcionarios de Capufe fueron despedidos, entre ellos Martha Elena Meza Olivares, subdirectora de Sistemas Electrónicos de Peaje, imputada en la querella que presentó Controles Electromecánicos, S.A. de C.V. ante el Ministerio Público Federal. El director del OIC de Capufe, José Álvaro Vaqueiro, fue removido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que las investigaciones siguen su curso y “van muy bien”, y en el OIC de la secretaría piensan que tienen un expediente “contundente”.

Sin embargo, ejecutivos de algunas de las empresas que reclamaron el fallo del concurso son menos optimistas. La controvertida licitación era el primer paso, detalló Aguilar, para transitar hacia el uso obligatorio del TAG, de manera gradual, a partir de enero del próximo año, e ir reduciendo la merma anual de 10 mil millones de pesos. Pero, para que ese camino sea exitoso, necesitarían limpiar la casa de corrupción, algo que en este momento no parece avanzar.

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Alito, el otro damnificado de la caída de Adán Augusto/Mario Maldonado

Durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Moreno (Alito), se convirtió en un aliado estratégico de Adán Augusto López, primero como senador y luego como secretario de Gobernación. Fotos de abrazos, reuniones en Palacio Nacional, acuerdos parlamentarios y hasta votaciones del PRI a favor de Morena para sacar reformas que exigían mayoría calificada daban cuenta de esa relación. Fue en ese periodo cuando Alito se ufanaba de ser un factor de equilibrio y, en privado, presumía interlocución directa con el círculo cercano de AMLO.

La alianza PRI-Morena, bautizada con el mote de “Primor”, se sostuvo en los años críticos en que López Obrador perdió la mayoría calificada en San Lázaro. Adán Augusto y Alito encontraron en esto una complicidad muy conveniente para ambos: votos priistas a cambio de protección política y judicial. Incluso el propio López Obrador, en una de sus mañaneras, dejó escapar que a Moreno se le conocía ya como “Amlito”, en alusión a su papel en esa complicidad. El líder tricolor se volvió un operador útil para el régimen.

Pero la caída de Adán Augusto cambió la ecuación. En la sucesión presidencial, su derrota frente a Claudia Sheinbaum significó para Alito la pérdida del manto protector. La “alianza intolerable” se rompió abruptamente. La realidad es que Sheinbaum nunca toleró esa cercanía y, apenas asumió la Presidencia, buscó marcar distancia. Además, tras las elecciones del 2024 el PRI dejó de serle útil al bloque en el poder, pues logró la mayoría calificada. Alito quedó expuesto y sin una red de protección.

El cerco en su contra se ha endurecido en tres frentes. Primero, el político. El proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Campeche se remonta a agosto de 2022. Se congeló durante meses en la Cámara de Diputados y volvió a la agenda este año tras las presiones de Sansores y del bloque morenista.

El segundo frente es el judicial. Y aquí la propia Presidenta elevó la temperatura. En su conferencia matutina del miércoles, al hablar de la expropiación de terrenos ligados a Alito por parte de la gobernadora Layda Sansores, Sheinbaum dijo: “lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”. Un día después, al ser cuestionada por la firmeza de sus palabras, matizó pero insistió en el fondo de la acusación: “Yo dije, ‘parece que’, … ‘parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos’.

La Fiscalía de Campeche y también la FGR tienen carpetas abiertas con base en las revelaciones de Sansores y las denuncias, entre estas audios comprometedores que exhiben supuestas extorsiones a empresarios, uso irregular de recursos partidistas y enriquecimiento ilícito. Nadie duda que hay elementos, aunque también está claro que la gobernadora ha convertido la persecución en venganza política personal.

El tercer frente es, precisamente, el patrimonial. El gobierno de Campeche, mediante decretos firmados por Sansores, ya expropió al menos cuatro predios vinculados a la familia y allegados de Moreno. Uno de ellos a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros tres registrados a nombre del arquitecto Juan José Salazar. En total, se trata de terrenos que van desde poco más de mil metros cuadrados hasta más de cinco hectáreas, y que el gobierno estatal declaró de “utilidad pública” para construir una universidad. Alito denunció públicamente que estas expropiaciones son parte de una persecución política en su contra.

Frente a este panorama, Moreno ha buscado auxilio en Estados Unidos, en una especie de operación de rescate internacional en la que se muestra como un perseguido del régimen, víctima de la 4T, pero su supuesta relación con el secretario Marco Rubio parece no ser tan real.

El golpe es definitivo. Palacio Nacional ha enviado mensajes contundentes. La FGR prepara órdenes de aprehensión contra su círculo más cercano, mientras que varios priistas y expriistas observan, entre el miedo y el regocijo, el desmoronamiento de su líder.

Posdata 1

En el enredo de la reforma a la Ley de Amparo apareció un nombre que pocos tenían en el radar: el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena. Fue él quien incluyó la polémica reserva sobre la retroactividad, la misma que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó públicamente con un llamado a respetar la Constitución. Huerta fue delegado del Bienestar en Veracruz, presidente estatal de Morena y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado.

Se le ubica como cercano al grupo de Adán Augusto López. En Veracruz juega a veces en contra, a veces a favor, de la gobernadora Rocío Nahle, a la que primero criticó y luego respaldó en su propuesta de someterse a la revocación de mandato.

De quien sí es cercano es de Sergio Gutiérrez Luna, otro morenista veracruzano y operador en San Lázaro, que algunos dentro del partido identifican como pieza clave en la trama de la reserva sobre la Ley de Amparo. Todo indica que no fue un simple error técnico, sino una jugada política que buscaba medir fuerzas dentro y fuera del Senado.

Este jueves, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tomó distancia y calificó el artículo transitorio como “inadecuado” y advirtió que será revisado a fondo por la Comisión de Justicia. En palabras llanas, Monreal dejó claro que no habrá vía rápida para convalidar retroactividades que violen la Constitución.

La Presidenta está decidida a poner orden en el Congreso, tras la neutralización de Adán Augusto López. En este caso, soltó un nuevo manotazo en la mesa. La pregunta es si el senador Huerta actuó en solitario o si alguien le dio luz verde para agitar (aún más) el avispero.

Posdata 2

El último año de Cuitláhuac García dejó a Veracruz con un daño patrimonial de más de 2 mil 30 millones de pesos, según el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. La lista de irregularidades recorre 41 entes estatales y 174 municipios, con obras emblemáticas como el estadio Pirata Fuente, el Aquarium y el Nido del Halcón. Este es el mayor boquete financiero de la historia reciente del estado.

En otro episodio de Morena contra Morena, la actual gobernadora, Rocío Nahle, heredera de García, terminó enviando a la ASF y a la Contraloría estatal a auditar a su antecesor. El resultado: observaciones por hasta mil 600 millones de pesos en el sector Salud, contratos inflados en insumos y servicios, y denuncias contra exfuncionarios cercanos al exgobernador. Morena fiscalizando a Morena, en una guerra donde la sucesora busca deslindarse del desastre que encontró. Aunque Nahle arrastra sus propios cadáveres en Dos Bocas, la refinería que prometió operar en 2022 y que hoy acumula sobrecostos que triplicaron la inversión original —de 7 mil a casi 22 mil millones de dólares—, retrasos de más de dos años, fallas técnicas y contratos asignados a discreción.

Mientras tanto, Cuitláhuac sigue despachando como director del CENAGAS, en la administración de Sheinbaum, un premio que se ha convertido en un lastre cada vez más incómodo, porque mientras despacha en ese organismo clave para el sector energético, en Veracruz se multiplican las auditorías y denuncias contra su gobierno.

Posdata 3

Fitch Ratings le dio un nuevo respiro a Pemex al elevar su calificación de “BB” a “BB+”. No es todavía el grado de inversión, pero sí un paso importante en ese camino que, como me adelantó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la pasada Convención Bancaria, sería una prioridad. La estrategia central de Pemex es recuperar el acceso a los mercados que perdió en 2020.

La señal es doblemente significativa porque Fitch ha sido la calificadora más dura con Pemex. Fue la primera en retirarle el grado de inversión hace cinco años y la que ha mantenido su evaluación independiente en “CCC”, casi chatarra, una especie de recordatorio de que debajo del paraguas soberano la compañía sigue enfrentando pérdidas operativas, una deuda que ronda los 99 mil millones de dólares y un modelo de negocio aún atado al apoyo fiscal.

Las tres grandes agencias muestran optimismo, pero no desbordado. Fitch coloca a Pemex en “BB+” con perspectiva estable; Moodys la mantiene en “Ba2” —dos escalones por debajo del grado de inversión— con perspectiva estable; y Standard & Poor’s la ubica en “BBB-”, apenas un escalón arriba del abismo especulativo, también con perspectiva estable. La combinación sugiere que el retorno al grado de inversión no es improbable.

El desafío es sostener con hechos la confianza de las calificadoras e inversionistas con una mayor producción, apertura a inversión privada, disciplina financiera, menos dependencia del gobierno y un plan que convenza a los inversionistas.

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Ley retroactiva

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA, 03 octubre 2025;

"El espíritu del amparo es proteger

a las personas frente al poder

del Estado. Esta reforma fortalece

al poderoso y debilita a los vulnerables". Luis Donaldo Colosio Riojas

 Dice la presidenta Sheinbaum que México es "el país más democrático sobre la faz de la tierra", pero en los países democráticos no se legisla como aquí. El gobierno busca hoy debilitar la Ley de Amparo, una medida regresiva, pero además con prisas, errores y sin considerar las opiniones de los juristas o la oposición.

En la madrugada de este 2 de octubre, la mayoría oficialista aprobó por la vía rápida la iniciativa presidencial de reforma de la Ley de Amparo. No solo no se llevó a cabo el parlamento abierto que prometió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sino que todo el proceso se hizo de manera desaseada, como en un régimen autoritario.

Apenas el miércoles 1 de octubre se dictaminó la iniciativa en las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos. Lo habitual es que los dictámenes se publiquen por lo menos 24 horas antes de pasar al pleno, pero la presidenta de la mesa directiva, la morenista Laura Itzel Castillo, pidió una "votación económica", esto es, a mano alzada, para "dispensar el requisito de la publicación de 24 horas" y proceder a la discusión y votación.

No solo se saltaron el trámite, sino que a una iniciativa ya cuestionable le hicieron una burrada de cambio. El artículo tercero transitorio original decía: "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio". Con el cambio, quedó: "... conforme a las disposiciones que establece este Decreto". Así, la nueva ley se aplicaría de manera retroactiva violando el artículo 14 de la Constitución que dice: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

La propia Presidenta se asombró ayer en la mañanera de la barbaridad aprobada por sus senadores. La iniciativa inicial, dijo, "no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes... No puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio".

¿Por qué? Por las prisas, porque querían quedar bien con la señora Presidenta, por ignorancia, por arrogancia. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, siempre deseoso de quedar bien con Palacio Nacional, tuvo que salir ayer mismo a declarar: "El transitorio debería decir que en el caso de los juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en perjuicio de las personas que están intentando por la vía jurisdiccional algún medio de defensa". Lo mismo señalaron los senadores de la oposición, pero en ese momento la línea era aprobar la retroactividad en fast track.

Por lo pronto, las prisas se reflejarán en un retraso en el golpe al derecho de amparo. Si los diputados modifican el transitorio inconstitucional, la iniciativa tendrá que regresar al Senado. Lo relevante, sin embargo, es que el episodio nos demuestra que, en "el país más democrático sobre la faz de la Tierra", los senadores simplemente levantan el dedo sin escuchar a la oposición ni a los expertos.

· REGRESIVA

Aun sin el error garrafal de la retroactividad, la nueva Ley de Amparo es regresiva porque debilita derechos ya reconocidos. Limita a quienes tienen el "interés legítimo" de promover un amparo, elimina las suspensiones provisionales en casos fiscales o de congelamiento de cuentas bancarias, y restringe las definitivas. Da más poderes al Estado y debilita los derechos de las personas. Viola así el principio de progresividad del artículo primero de la Constitución.