El crujido de la Sierra: entre la eficacia y la ley

El crujido de la Sierra: entre la eficacia y la ley

¿Qué pesa más en la balanza del poder: el purismo constitucional o la eficacia operativa? | Fred Álvarez

OPINIÓN en la web La Silla Rota, el 29/4/2026 · 22:07 hs

La Sierra de Chihuahua no guarda secretos eternos; a lo mucho, los posterga. En la polvorienta ruta de la precariedad, lo ocurrido en los primeros minutos del domingo 19 de abril de 2026 no fue un simple percance vial, sino el crujido de un andamiaje institucional que pretendía operar en el vacío. En esa geografía de silencios, la soberanía no se defendió con inteligencia estratégica; terminó despeñada por un golpe de realidad que dejó al descubierto lo que la retórica oficial suele cubrir con banderas: la operatividad desplazando a la legalidad.

El peso del secreto

El convoy que partió de la capital estatal el 16 de abril custodiaba un "secreto de Estado" que caminaba sin hacer ruido: cuatro ciudadanos estadounidenses despojados de insignias, con el estatus de "fantasmas" que solo el director Oseguera validaba en su bitácora privada.

Pero el abismo no sabe de jerarquías. En la profundidad del barranco, el fuego consumió no solo las vidas de Pedro Román Oseguera y Manuel Genaro Méndez, sino también el anonimato de Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, presuntos agentes de la CIA. La verdad, confirmada primero por The Washington Post, emergió esa madrugada entre fierros retorcidos, impulsada por la confesión desesperada de un escolta que vio en el umbral de la muerte el único momento para la honestidad. La fatalidad, al final, despojó a estos hombres de su mística operativa para devolverlos a su frágil condición humana.

La diplomacia de las sombras

Los protocolos tradicionales parecen haber cedido su lugar a una "diplomacia de inteligencia": un terreno árido, pragmático y carente de las cortesías de antaño. En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum navega un equilibrio precario: sostiene la retórica de una soberanía herida mientras intenta no colisionar de frente con la administración de Donald Trump. El punto crítico no es solo el discurso, sino la estrategia de Washington para "puentear" deliberadamente al gobierno federal.

El ambiente en la "mañanera" se tensó ante el cuestionamiento de Dalila Escobar sobre la respuesta de la embajada. La mandataria, con una sequedad que buscaba zanjar el tema, fue tajante:

— "Están dando la información. Y en la nota de respuesta nos dicen claramente que 'quieren respetar la Ley y la Constitución en México'. Así viene la nota", dijo.

— "¿Habrá sanciones también a los agentes (de la CIA)?" —inquirió la periodista.

— "No, bueno, los agentes fallecieron" —respondió Sheinbaum, con una brevedad que cortó el aire.

— "¿Habrá expulsión de otros agentes de esta agencia?"

— "No por el momento. Lo que estamos diciéndole a EU es: 'A México se le respeta'. En este caso, había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le correspondía exclusivamente a las autoridades mexicanas".

La sombra de Trump volvió a proyectarse en el salón ante su afirmación de que "México está perdido". Sheinbaum se limitó al pragmatismo: "Bueno, ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump". No obstante, el silencio fue más elocuente cuando surgió el nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la cancelación de su visa: "No tengo conocimiento", tres palabras que bastaron para evitar la defensa de un compañero de movimiento, pero se veía venir, como ocurrió (CSP si tenía conocimiento esa mañana, ver PD)

La presión del embajador

El pasado jueves 23 de abril, el silencio en Los Mochis no fue un descuido; fue una señal. El embajador Ronald Johnson eligió el corazón agrícola de Sinaloa para lanzar una advertencia que resuena como un trueno: “La inversión es como el agua: fluye donde hay condiciones y se seca donde no las hay”. Es una metáfora que en estas tierras de riego se entiende por instinto, pero que hoy adquiere un tinte oscuro bajo el peso de la sospecha.

Como documentó Steve Fisher en el Los Ángeles Times, la diplomacia estadounidense ha mutado en judicialización. Ya no basta con retirar visas; ahora el T-MEC se interpreta como un grillete ético. La justicia de EU busca sentar a la clase política mexicana en sus propios tribunales, y como dice Eclesiastés todo tiene su tiempo

El colapso y la "balcanización"

El quid del asunto reside en una estrategia de sombras: agencias como el FBI y la CIA han optado por saltarse el peaje de la Federación para fortalecer vínculos directos en la periferia. Aquí, como ha advertido Raymundo Riva Palacio en El financiero  la "Visa Parole" ha mutado: ya no es un beneficio migratorio, sino un anzuelo de inteligencia; una especie de "toma y daca" donde el acceso legal a Estados Unidos se canjea por información privilegiada.

Estamos ante el riesgo inminente de una "balcanización" de la seguridad, un escenario donde la cadena de mando se erosiona hasta convertir a funcionarios locales en "mini-estados" con política exterior propia. En este laberinto, la incertidumbre jurídica es absoluta: lo que en una oficina estatal se presume como cooperación, en los despachos federales roza la traición. Al final, la mayor herida es la vulnerabilidad; porque operar fuera de protocolo no es ganar autonomía, es quedar a merced de agendas que no se escriben en nuestro idioma.

Anatomía del engaño

El informe de Wendy Chávez, fiscal especializada para el caso, terminó por fracturar la narrativa del "encuentro fortuito". Reveló una colaboración extraoficial donde agentes extranjeros cruzaron cuarteles bajo un "pacto de caballeros" que entregó resultados inmediatos, pero sembró un desastre constitucional.

Con la salida de César Jáuregui, la Fiscalía de Chihuahua cierra una etapa de excesos operativos. Su renuncia es un acto de realismo: un reconocimiento de que la autonomía estatal se desbordó. Pero hay una lectura política paralela: su salida intentó blindar a Maru Campos frente a un Senado donde su inasistencia fue bautizada por Ignacio Mier como un "desacato político".

Crónica de un no-debate: la silla vacía

En la liturgia legislativa del pasado martes, el protagonismo recayó en la mudez de una silla vacía: la de Maru Campos. Su ausencia no fue un descuido de agenda, sino un posicionamiento envuelto en papel oficial. Al informar que la información ya descansa en la FGR, la gobernadora intentó trasladar el balón a la cancha judicial, pero en el Senado la lógica jurídica suele ser devorada por la pasión política.

El debate se desbordó. Mientras figuras como Óscar Cantón Zetina y Malú Micher acuñaban el estigma de "Lady CIA", la intervención de Javier Corral fue una disección quirúrgica. Corral denunció una "mentira institucionalizada" y señaló el uso de un comandante fallecido como chivo expiatorio para encubrir la infiltración.

Desde la trinchera opositora, Mario Vázquez Robles y Ricardo Anaya cuestionaron la asimetría del reclamo: ¿por qué la soberanía se defiende con furia en Chihuahua, pero se guarda silencio ante Sinaloa? Anaya evocó a Michael McCaul, quien aseguró que existe una “cooperación profunda” y que es imposible que el Gobierno Federal ignore estos movimientos.

El congresista republicano aseguró que “no hay manera” de que la presidenta Sheinbaum no supiera de trabajos de la CIA en territorio mexicano

El diagnóstico del vacío: ¿dónde está la Comisión Bicameral?

Más allá del estruendo, emergió una verdad incómoda. Voces como las de Clemente Castañeda y Claudia Anaya señalaron el síntoma real: la parálisis de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Este organismo hoy habita solo en el papel.

Esta omisión es una renuncia deliberada al control parlamentario. Al abdicar de su función de vigilancia, el Senado ha dejado un boquete de opacidad donde el desorden prospera. La soberanía no se defiende con arengas, sino con la vigencia de las instituciones. Castañeda dio en el clavo: la ley exige la Comisión, pero la voluntad política la mantiene en el limbo, dejando al Estado navegando a ciegas.

Ignacio Mier acusó un "desacato político", pero parece no quitarle el sueño que el Legislativo en su conjunto haya caído en una omisión institucional. No se puede exigir orden en el patio ajeno cuando el mecanismo propio para vigilar la seguridad del país está en coma.

La moneda en el aire

Hoy, la balanza no solo está desequilibrada; está rota. El futuro de la gobernadora descansa sobre una moneda que la FGR mantiene en el aire con tres caídas posibles: la ofensiva judicial de las carpetas activas, el juicio político del desafuero, o el cínico archivo político, donde el tema se desvanece como el humo tras un choque de tránsito una vez agotada su utilidad como proyectil.

Si el pueblo tiene derecho a saber la verdad, ojalá esta no se quede a medio camino. Guachochi no es un accidente táctico, es el clímax de una secuencia que evidencia una parálisis profunda en nuestra inteligencia. Lo que comenzó como reporte policial es ya una trama de espionaje de un realismo mágico amargo.

Mientras Palacio intenta trazar líneas soberanas, la realidad en la sierra muestra a un gobierno ciego ante su propio patio. Esta cicatriz, que se une a la de "El Mayo" y a la de Tres Marías, nos recuerda que la soberanía no es retórica de banqueta; es el control real de quién camina, quién dispara y quién manda en casa. Hoy, esa historia se escribe con una tinta invisible que solo parece leerse en Langley, Virginia.

Quedan demasiadas preguntas y muy pocas respuestas en el aire. El reto inmediato es que se instale finalmente la Comisión Bicameral para que México se atreva a responder lo fundamental: ¿cuántos agentes extranjeros operan hoy en nuestro territorio?

Es curioso el cambio de prioridades. Antes, la 'investidura presidencial' se cuidaba como un saco de seda; ahora, el escudo es una soberanía que se presume intocable, aunque en el proceso la reforma judicial haya terminado por resquebrajar el Pacto Federal de 1824. Pareciera que, en el afán de proteger el símbolo, hemos descuidado la sustancia de la República.

Pero el tema deja de ser Chihuahua y hoy los reflectores están en Sinaloa.

PD: El embajador Johnson cumplió su promesa: La desclasificación de la acusación en Nueva York marca un punto de quiebre al formalizar el vínculo entre el gobierno de Sinaloa y el crimen organizado. El gobernador Rubén Rocha Moya y nueve colaboradores enfrentan cargos por narcotráfico y sobornos, señalados de convertir las instituciones del estado en una extensión logística del grupo alías "Los Chapitos" a cambio de protección y el control electoral de 2021.

El expediente de la DEA describe una complicidad estructural: el uso de inteligencia oficial y fuerzas policiales para custodiar cargamentos, llegando al extremo de la tortura y ejecución de un informante estadounidense. Mientras el proceso inicia ante la jueza Katherine Polk Failla, los implicados permanecen en México bajo la presunción de inocencia, en un caso que redefine la relación de seguridad entre ambos países.

Es una bomba, algo inédito…

@fredalvarez