La reunión en Palacio fracasó/ Jorge Fernandez Menendez

La reunión en Palacio fracasó/ Jorge Fernandez Menendez

Excelsior, 15 de mayo de 2026

Más allá de los comunicados, la reunión que mantuvieron el jueves en Palacio Nacional, el director del Homeland Security, Markweyne Mullin y la presidenta Sheinbaum, no terminó bien. El responsable de la seguridad interior de los Estados Unidos insistió en la necesidad de entregar a Rubén Rocha y los otros políticos acusados de pertenecer al cártel de Sinaloa, incluso le explicó a la presidenta que el estatus legal de los acusados había cambiado: desde el momento en que se entregaron el ex secretario de seguridad Gerardo Mérida y el ex secretario de finanzas, Enrique Díaz, que se declararon culpables y comenzaron a colaborar con las autoridades, Rocha, Enrique Inzunza y los otros seis ya no son pedidos para su detención con fines de extradición, sino ya son procesados, ya comenzó en Estados Unidos el juicio contra ellos, porque los que se entregaron ya los inculparon. Y por eso demandó la extradición inmediata de todos ellos.

La presidenta se negó, sostuvo que serán juzgados en México, si es que se encuentran pruebas en su contra y, en tono mañanera, le volvió a recetar a Mullin el discurso de la soberanía. La negativa se mantuvo férrea, pero entonces el secretario Mullin le informó a la mandataria que seguirán las denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos e incluso le adelantó los que vienen en los próximos días: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y 20 funcionarios y cercanos suyos en el estado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila y otros 12 acusados en el estado; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo  y nueve políticos y funcionarios estatales; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado por 11 miembros de su equipo y personajes cercanos. Mullin informó que, en la medida en que no se avance en las detenciones, se irán tomando medidas contra estos y otros personajes políticos mexicanos, porque la lista es mucho más extensa.

La presidenta Sheinbaum insistió en que no habrá entregas, en la reciprocidad y el intervencionismo, Mullin endureció su posición. Trató de mediar el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, el principal interlocutor con Mullin y otras autoridades civiles estadounidenses y fue frenado por la propia presidenta, que le pidió que no interviniera, y la mandataria concluyó en forma abrupta el encuentro. La reunión en Palacio Nacional terminó mal y sin acuerdos.

El comunicado posterior del Homeland Security lo dio a entender de forma bastante explícita: después de decir que fue un placer sostener esa reunión, dice que el primer punto acordado fue “fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas”. No se habla de esfuerzos bilaterales sino de mayores esfuerzos de México contra los grupos que, como con razón los califica Estados Unidos (y se niega a hacerlo México), son “narcoterroristas”. 

El desarrollo de la reunión explica por sí mismo el tono de la relación, las contradicciones profundas existentes y porqué por ejemplo, se canceló la visita de la responsable de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Sara Carter: hay poco para acordar con posiciones tan antagónicas en el tema principal que es la destrucción de las redes políticas de protección de los criminales. 

Habrá que estar muy atentos a qué pasara esta semana con la visita del negociador estadounidense del TMEC, Jeremaie Greer, porque el tema de la seguridad, la seguridad jurídica y financiera van de la mano con las negociaciones comerciales. Pero también a cómo avanzan las acusaciones que desde Washington (en realidad desde la fiscalía del distrito sur de Nueva York, entre otras oficinas de la fiscalía estadounidense)  se presentarán contra políticos y funcionarios mexicanos por su relación con el crimen organizado.

La FGR juega a la política

Mientras tanto el gobierno federal y la FGR juegan a la política en forma bastante burda.  En el fin de semana decidieron citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el tema de los capacitadores de la CIA muertos en un accidente en ese estado. El citatorio, como bien lo señaló en redes Pascal Beltrán del Río es una suma de errores legales y jurídicos, pero es la demostración de que la Fiscalía, de la mano con Morena, quiere distraer con el caso Chihuahua, la gravísima situación que viven Rocha, sus cómplices y como acabamos de ver varios otros gobernadores y funcionarios acusados de ser parte del crimen organizado en nuestro país. 

Poco después la FGR anunció que citará a Rocha, Inzunza y otros a declarar, pero la secretaría de Gobernación (demostrando la independencia de la FGR) explicó que están citados sólo en calidad de testigos. Así el trato diferenciado de la FGR y el gobierno contra quien combate al crimen y quien es cómplice de los criminales.

Hablando de cómplices de los criminales, el viernes se reunieron en el Country Club de Culiacán, dos imputados impunes. El ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral debería haber sido detenido y procesado por fraude y otros delitos en su estado y fue rescatado por el entonces fiscal capitalino (ahora segundo en la FGR) Ulises Lara cuando iba a ser apresado en un bar. Fue protegido por la fiscalía capitalina hasta que pudo protestar como senador y así tener fuero. Corral se reunió en Culiacán con Enrique Inzunza, el principal acusado, junto con Rocha por Estados Unidos, protegido, como Corral, por la FGR. Ambos reconocieron ser amigos y no tener porqué ocultar su cercanía y amistad. Es verdad: son iguales.