Gaspar Vela, de Grupo Milenio, le recordó a la presidenta en la mañanera de este martes 16 de junio que en unos días más- el 27 de junio- se vence el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la documentación de esta solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha.
¿Hay alguna novedad en este caso y si se sabe, se ha comentado algo, de la entrega del expediente?-, le pregunta.
La presidenta respondió que "No hay plazo, no hay plazo (lo dijo dos veces). Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición, preciso y agrego "recuerden que en este caso lo que pidió una oficina (Sic) del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición.
Y agregó "Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría —o el Departamento de Justicia, esta oficina— tendría la posibilidad de establecer un juicio formal.
En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición", comentó…
Pero No nos confundamos: si bien en el calendario se marca el 27 de junio como un hito de dos meses, esa fecha es irrelevante para el proceso en curso. Al no haberse ejecutado una detención con fines de extradición, el reloj procesal simplemente no ha comenzado a correr. La solicitud sigue varada en la aduana de la suficiencia probatoria.
Para entender la arquitectura de este entramado, es preciso acudir a la letra del tratado. Como ha explicado Rodolfo de la Guardia, doctor en Derecho y especialista en la materia, el plazo de 60 días que Estados Unidos tiene para formalizar su petición no es un tiempo al aire; es un término que, por mandato legal, solo cobra vida cuando la persona requerida está bajo custodia. "Al no encontrarse ninguna de las personas reclamadas detenida, no ha iniciado el término para que Estados Unidos presente la documentación", apuntó el penalista en consulta con el reportero Rubén Mosso de Milenio.
Y en esto, coincido plenamente: la ley es un marco de precisión, no de aproximaciones.
La Presidenta, al insistir dos veces en que "no hay plazo", desmantela la narrativa de la urgencia política. Ella diferencia con claridad el mecanismo actual: lo que se solicitó fue una detención urgente —un trámite precautorio—, no un juicio de extradición formal. Son carriles distintos. Si Washington insiste, el camino es el litigio, donde las reglas obligan a exhibir lo que hasta hoy se ha omitido: las pruebas que sostengan los cargos.
Porque, vale la pena recordarlo, el fondo del asunto no es menor. La tarde del 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos —y no solo "una oficina", como se ha querido minimizar— formalizó una acusación contra diez personas, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los cargos son de una gravedad que exige, precisamente, el rigor que hoy se reclama: conspiración para la importación de drogas y una serie de imputaciones por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
La estrategia de Palacio parece clara: ante la acusación formal, la respuesta es el apego estricto al debido proceso. Si el Departamento de Justicia tiene la fuerza de sus cargos, deberá traducirla en la contundencia de sus expedientes. Mientras tanto, en este juego de esperas y de plazos inexistentes, el gobierno mexicano marca su raya en el suelo: sin captura, no hay reloj; y sin pruebas, no hay acuerdo.
Dijo mas cosas…
¿De qué acusan a Rubén Rocha et al?
La tarde del 29 de abril, el Departamento de Justicia de EU -no una oficina-, reveló la existencia de una acusación formal en contra de 10 personas, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico. Esta contempla cargos por:
i) Conspiración para importación de drogas
ii) Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
iii) Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
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