La CIA en la Tarahumara: entre el rigor penal y la nueva doctrina de Estado

 La CIA en la Tarahumara: entre el rigor penal y la nueva doctrina de Estado

Por Fred Alvarez Palafox.

El ingreso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, al penal de máxima seguridad del Altiplano no es un mero episodio judicial; es la sacudida más severa a las estructuras de la seguridad nacional en años. Acusar a un exfuncionario de "traición a la patria" es, sin duda, un golpe de autoridad fulminante desde el atril del Gobierno federal, pero sostener esa imputación ante un juez de control representa un desafío jurídico de proporciones monumentales. 

Este caso sienta un precedente inédito y abre una discusión de fondo sobre los límites de la soberanía en la persecución del crimen organizado y el fin definitivo de la diplomacia paralela.

La trama, revelada tras el trágico accidente de abril pasado en la Sierra del Pinal, dejó al descubierto lo inconfesable. El desmantelamiento de un mega laboratorio del Cártel de Sinaloa —donde se incautaron 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos— fue un triunfo efímero que se apagó de madrugada en una curva. Faltaba poco para las 2:00 horas del domingo 19 de abril cuando el convoy regresaba de la incursión; el vehículo insignia, que transportaba a la "plana mayor", perdió el control y se despeñó hacia un abismo de 200 metros. 

El impacto hizo estallar la camioneta, transformando la jornada en un funeral de hierro. En el exterior se recuperaron tres cuerpos y un cuarto se calcinó en las entrañas del precipicio. Ahí, en el fondo de la barranca, no solo terminaron las vidas de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, y del agente Manuel Genaro Méndez. Las llamas también desnudaron el secreto de dos "instructores" estadounidenses a los que el hermetismo diplomático intentó mantener en las sombras: los agentes de la CIA Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44.

El intento inicial de la fiscalía chihuahuense por disfrazar el hecho como un simple "aventón" de cortesía, tras una supuesta capacitación técnica con drones, se desmoronó rápidamente bajo el peso del periodismo de investigación internacional - la revelación de The Washington Post —secundada pronto por The New York Times y CNN-, y la cruda realidad legal. 

Meses después, la Fiscalía General de la República (FGR) no titubeó al aplicar el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal. La premisa oficial es contundente: los estadounidenses operaban armados en tierra sin registro ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sin licencia de portación de armas de la Sedena. Al invocar la Ley de Seguridad Nacional, la fiscalía de Ernestina Godoy deja claro que el ingreso de agencias extranjeras al margen de la Constitución amerita prisión preventiva, sin importar el cargo de quien les abra la puerta.

Frente a esta crisis diplomática y operativa, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una maniobra de contención y un rotundo manotazo sobre la mesa del pacto federal, articulado en cuatro ejes críticos que delinean una nueva doctrina de Estado:

El blindaje institucional: Al subrayar que la primera orden de aprehensión nació en casa —en la propia fiscalía de Chihuahua—, la Presidenta desactiva la narrativa de una persecución política desde Palacio Nacional. Convierte lo que pudo ser leído como una venganza federal en una implosión local. No es el Estado contra la oposición; es la ley alcanzando a sus propios guardianes.

El monopolio de la soberanía: La insistencia en que el combate a los laboratorios es fuero federal y que las agencias extranjeras "no operan en tierra", decreta el fin de la diplomacia paralela. Cualquier colaboración internacional en la penumbra de un estado se procesará como una afrenta a la República.

El descrédito táctico: Sheinbaum no se limitó a acusar a Jáuregui de violar la ley; lo exhibió por negligencia. Al cuestionar la absurda lógica de movilizar elementos "en la madrugada" por los sinuosos voladeros de la Tarahumara para una tarea fuera de su jurisdicción, le arrebató la medalla del "mega decomiso". Lo que intentó venderse como un golpe histórico, se redujo a una aventura nocturna, irresponsable y letal.

La advertencia final de la Presidenta: Revelar que la FGR lo sigue investigando ( a Jauregui) "en otros temas" pende como una espada de Damocles sobre las fiscalías autónomas del país.

Sin embargo, el expediente ha entrado en un terreno pantanoso donde la retórica de Estado choca de frente con la fría rigurosidad del Código Penal.

Frente a la embestida federal, la defensa de Jáuregui, encabezada por Luis Villegas Montes y Héctor Villasana Ramírez, ha trazado una línea argumentativa predecible pero jurídicamente astuta: la ausencia de pruebas directas y la falta de dolo. 

Su postura se sostiene en negar la existencia de un solo documento o testimonio que acredite que el exfiscal autorizó, o siquiera conoció, la participación de la CIA. Para aderezar la estrategia, han arrojado un dardo al tablero local sugiriendo que la persecución es una maniobra política de la gobernadora Maru Campos (PAN); un señalamiento que, aunque carece de peso probatorio, siembra la duda sobre si estamos ante un acto de justicia o un ajuste de cuentas.

Del otro lado, la fiscal Ernestina Godoy mantiene una postura inamovible: Jáuregui vulneró el pacto federal. Pero aquí radica la verdadera trampa legal. El delito de traición a la patria, diseñado históricamente para sancionar actos de guerra o invasiones militares, exige al Ministerio Público demostrar fehacientemente que la intención deliberada (el dolo específico) del acusado era someter a la Nación Mexicana a un gobierno o grupo extranjero.

Acreditar dicha intencionalidad en el contexto del desmantelamiento de un laboratorio de drogas resulta un salto lógico extremo. Una cosa es incurrir en abuso de autoridad, usurpación de funciones o violar la Ley de Seguridad Nacional al tolerar agentes extranjeros; otra muy distinta es convencer a un juez de que desmantelar un narcolaboratorio tenía como fin último someter al Estado mexicano ante Washington.

Todo indica que la FGR ha apostado por la "traición a la patria" como una herramienta táctica: al vincularla con la Ley de Seguridad Nacional, garantiza la prisión preventiva oficiosa. Se usa la gravedad del cargo para asegurar el encierro inmediato en el Altiplano.

El riesgo de esta estrategia es altísimo. Si la Fiscalía no logra probar ese complejo nivel de intencionalidad, el juez podría reclasificar el delito a uno de menor gravedad probatoria. De ocurrir, la pesada estructura de la traición a la patria colapsaría, Jáuregui podría enfrentar su proceso en libertad, y la defensa habría ganado su argumento principal: demostrar que el Estado mexicano forzó el Código Penal hasta romperlo, transformando un grave error operativo en un insostenible teatro de seguridad nacional..

¡Para la historia inmediata!

#

El tema llegó a la mañanera 

Mañanera del lunes 19 de octubre 

PREGUNTA: Y, por último, nada más, los recientes acontecimientos si ¿nos pudiera compartir su opinión acerca de la detención del exfiscal de Chihuahua o más detalles que se pudieran compartir?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: La primera orden de detención, digamos, la carpeta de investigación y la primera orden de aprehensión viene de la propia Fiscalía del estado de Chihuahua.

Por lo que me informó la fiscal general de la República se había estado trabajando conjuntamente desde que se abrió la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

Los delitos que presenta la Fiscalía de Chihuahua son delitos de servidores públicos.

Y después, viene la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República ya, por traición a la patria.

Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue quien… el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio, esas atribuciones las tiene la Fiscalía General de la República.

Es importante esto porque… por varias razones:

La primera, el propio caso —desde mi punto de vista— o sea, el caso en sí.

Yo lo he reflexionado mucho. Y ahora que la responsabilidad recae en el fiscal o el exfiscal de ese momento, pues, la verdad, fue muy irresponsable, por decir lo menos, no solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron.

Ellos se van en la noche en una carretera insegura… No “insegura” en términos de delincuencia, sino es una carretera muy sinuosa, que hay que conocerla bien para poder ir en la noche.

Se vuelca el vehículo o tienen un accidente, y fallecen 2 personas, que son extranjeras.

Entonces, lo primero es: ¡¿cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?! Eso también tiene que explicarse en este procedimiento, donde además lamentablemente fallecen 2 personas.

Más allá de que fueran agentes extranjeros, es muy lamentable que cualquier persona pierda la vida de esa manera.

Entonces, fue un operativo muy irresponsable; además de que estaban violando la ley, porque no informaron y, además, no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras.

Entonces, eso es lo primero.

La Fiscalía está investigando. Y por lo que me informa la fiscal, todavía no terminan esas investigaciones, porque siguen investigando a este exfiscal en otros temas también, por su participación en otros temas que ya tendrá que informar la Fiscalía.

Entonces, es importante y qué bueno también que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley; porque si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia, ellos mismos, son los fiscales y las fiscales. ¡¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?!

Y esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres: la responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial.

Entonces, ellos y ellas tienen que ser un ejemplo ante la sociedad.

Entonces, es importante esto que ocurrió y hay que seguir observando este tema.

Y sencillamente garantizar, por soberanía, por cumplimiento de la ley, que cualquiera que quiera tener relación con cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad pueda ceñirse a los protocolos y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

PREGUNTA: Es todo. Gracias.

(minutos mas tarde)..

PREGUNTA: Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de Los Reporteros MX.

Preguntarle, quiero retroceder sobre el caso Chihuahua: traición a la patria es un delito bastante extraño —vamos a llamarlo—en la historia jurídica de este país. El último caso de una sentencia fue a un soldado, en 1961, por insubordinación y homicidio en el caso militar; se pagó con fusilamiento. Cabe aclarar que actualmente no es el caso, la pena es de 5 a 40 años.

Y en el caso de un civil, que este sería lo que nos está tocando vivir en 2026, a menos de que me equivoque y el doctor José Suárez del Real me da el dato preciso, fue con Maximiliano, en 1867, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, que por traición a la patria, por un caso civil, es que fueron fusilados.

Ahora, al no tener una estancia, digamos, clara, concreta, una evolución clara de un caso civil en esta nueva época con el caso del fiscal César Jáuregui, Presidenta, la pregunta sería —yo sé que usted no es la Fiscalía, pero recibe información de ella— si ¿en realidad es sólido el caso de la Fiscalía General de la República para proceder contra Jáuregui? Sobre todo, conociendo que es inverosímil, por no decir no creíble, que haya actuado solo, como lo ha mencionado la propia María Eugenia Campos.

Hay que recordar que la Ley Orgánica del estado de Chihuahua, que es única y muy anómala en comparación a las otras entidades, ha establecido que la Fiscalía responde directamente a la titular del Ejecutivo estatal, en este caso a la gobernadora María Eugenia Campos, mismo caso por lo cual fue citada.

Preguntarle si ¿en la información que le proporcionó, le brindó la Fiscalía General de la República tiene conocimiento y la propia gobernadora se encuentra dentro de estas investigaciones tras el arresto del fiscal, Presidenta?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Recuerden que es la propia Fiscalía del estado de Chihuahua quien hace la primera imputación a su exfiscal.

Es decir, la gobernadora, si tuvo conocimiento, y si no, la propia Fiscalía, investigando el caso de la presencia de dos agentes de Estados Unidos y su lamentable fallecimiento en un operativo que no tenía mucho sentido, pues responsabilizan al fiscal.

De la investigación que tiene la Fiscalía, pues finalmente el responsable directo es el fiscal, de acuerdo con lo que menciona la Fiscalía.

No tienen, hasta donde yo sé —y si no, que lo aclare la fiscal— alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía.

Pero es muy importante que se sepa que es la gobernadora o el fiscal actual o la fiscal, no sé qué es… —¿Es “la”? ¿Es mujer?—.

PREGUNTA: El, Gilberto Loya.

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: ¿El fiscal actual?, ¿el fiscal actual?

PREGUNTA: Cabe señalar que fue secretario de seguridad de María Eugenia y fue el que inauguró la Torre Centinela, la que en una entrevista previo al caso de la CIA…

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, pero la imputación, o sea, ¿quién pide una orden de aprehensión? La Fiscalía estatal.

No sé si en este momento es hombre o mujer, la fiscal.

PREGUNTA: Hombre, Gilberto Loya

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Ese fiscal pide la primera orden y la Fiscalía General de la República se suma a esta orden, pero con el delito de traición a la patria.

Entonces, sí es bueno que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua pueda aclarar con todo detalle.

Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido.

PREGUNTA: ¿Temas ajenos al caso de la CIA?

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí.

PREGUNTA: ¿Por el mismo delito, traición a la patria?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No.

PREGUNTA: —¿Qué temas son?—.

 CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Por otros delitos.

Ya que lo aclare la Fiscalía, porque ahí sí lo conozco, pero no debo yo mencionarlo.