Clamor de los padres: “Queremos que revisen las bases militares”

• –¿Le han pedido ayuda a los militares? –se le pregunta.
•  –No. En nuestras reuniones nunca ha participado ningún jefe militar. Sólo tenemos comunicación con los federales y con la PGR.

 Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Clamor de los padres: “Queremos que revisen las bases militares”/

PATRICIA DÁVILA

Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y organismos pro derechos humanos, el gobierno federal ha “simulado” la búsqueda; sólo se limita a recorrer las inmediaciones de Iguala y Cocula, por lo que exigen una nueva revisión en El Carrizalillo, El Naranjo y Santa Teresa, pero sobre todo en las bases militares.

 “No confiamos en los militares porque no ayudaron a nuestros muchachos, a pesar de que heridos llegaron a pedirles ayuda. En su lugar los robaron y sobajaron. Ya fueron algunos padres a un cuartel, pero sólo llegaron hasta donde les permitieron”, refiere Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González.

 A su vez, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dice: “Pensamos que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pudieron ser trasladados en grupos a diferentes lugares, pero algunos de esos lugares no han sido inspeccionados por las autoridades”.

 En diciembre de 2011, el activista denunció el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Hoy manifiesta su desconfianza respecto al caso de las 43 desapariciones:

Para reparar los daños debe hacerse justicia: Iglesia católica

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Trágico escenario” de miedo/RODRIGO VERA

En el origen están la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. El resultado es que en Guerrero existe una “violencia estructural”, según concluye un estudio de la arquidiócesis de Acapulco. Es tan grande ya la inseguridad en ese estado que el clero decidió asesorarse, sobre todo con la Iglesia colombiana, experta en el tema, para atender a las víctimas. El análisis concluye: Para reparar los daños debe hacerse justicia.

 ACAPULCO, GRO.- A escala nacional, en los últimos años Guerrero ha ocupado las tasas más altas de crímenes, impunidad, homicidios con arma de fuego y multiplicación de los cárteles del narcotráfico en contubernio con las autoridades gubernamentales. Es tal el aumento de la violencia en la entidad que sólo entre 2008 y 2011 el número de asesinatos relacionado con la guerra contra las drogas se incrementó 400%.

 Por lo tanto Guerrero se convirtió en un “trágico escenario” de “miedo” y “desolación”, donde comunidades enteras viven “victimizadas y traumatizadas” a causa de la política estatal de “mano dura” con la cual todavía se intenta combatir al narco, pese a que esa estrategia ya demostró su ineficacia.

 En Guerrero –como en otros estados que padecen “violencia estructural”– es urgente “construir una respuesta estructurada y sistemática ante el inmenso dolor de las víctimas de las violencias”. Se necesita un profundo proceso de “sanación social” como paso previo para la paz.

 A esta conclusión llega el estudio titulado Acompañamiento integral a víctimas de las violencias en la arquidiócesis de Acapulco, producto de tres años –de 2012 a 2014– de investigación y trabajo de campo en apartadas comunidades guerrerenses. Es fruto de un proyecto de apoyo a víctimas hecho por sacerdotes, agentes de pastoral, psicólogos, abogados y grupos de laicos.

Otro premio para Hinojosa Cantú/

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Otro premio para Hinojosa Cantú/JESUSA CERVANTES

La de la autopista Toluca-Naucalpan es otra de las licitaciones obtenidas por Juan Armando Hinojosa en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que el empresario carecía entonces de la liquidez necesaria para empezar el trabajo. Pero –en un esquema irregular y poco claro– el dueño del Grupo Higa financió algunas obras para la administración mexiquense… y esperó. Cuando el priista llegó a la Presidencia, el constructor recibió un salvador crédito multimillonario que le permitió echar a andar el proyecto. Sin embargo, tenía que superar otro obstáculo: La oposición de los comuneros a quienes despojarían de sus tierras…

Un año después de que Juan Armando Hinojosa Cantú entregara a la esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, la casa de Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec –con un costo aproximado de 7 millones de dólares–, el gobierno federal dio al empresario un crédito por 2 mil 775 millones de pesos para construir la autopista Toluca-Naucalpan.

El proveedor favorito de Peña Nieto durante su paso por el gobierno del Estado de México –según estimaciones periodísticas obtuvo contratos por 35 mil millones de pesos– ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero no pudo iniciar la obra por falta de dinero fresco y también debido a conflictos con los propietarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía.

Pero el 23 de febrero de 2013, a poco más de dos meses de asumir la Presidencia de la República, Peña Nieto le consiguió al empresario los recursos para arrancar los trabajos, que llevaban casi seis años de retraso.

El primer tercio y la gran crisis/LORENZO MEYER

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

El primer tercio y la gran crisis/LORENZO MEYER

Números y significado

Al concluir el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), y teniendo como marco una inesperada y severa crisis política, han aparecido números que dicen mucho sobre la naturaleza del bienio.

 Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados aparecida en octubre, es decir, antes de que la tragedia de Iguala agudizara la actual crisis política, muestra que apenas 11% de los ciudadanos aceptó tener mucha confianza en el presidente de la República; otro 21% le concedió algo de la misma. En contraste, 33% declaró que ya era poca su confianza en el personaje y, finalmente, 32% de plano aseguró no tenerle ninguna. En consecuencia, si se toman como punto de referencia las elecciones de 2012, donde EPN recibió el voto de 38.15% de quienes acudieron a las urnas, el conjunto de ciudadanos que aún confían en el ahora jefe del Ejecutivo es 16% menor al que votó por él hace dos años. La mayoría –dos tercios– ve a EPN con mucha o total desconfianza.

 Ahora bien, EPN y los suyos pueden optar por otras cifras, por ese número 11 que consideran simboliza el lado brillante de su bienio: el conjunto de “reformas estructurales” que en algún futuro modernizarán a México. Las 11 reformas son, en realidad, 10: energética, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, educativa, electoral, la del amparo, el código de procedimientos penales y transparencia; la laboral, que generalmente se incluye en el grupo, en realidad tuvo lugar al concluir el sexenio anterior.

 Blitzkrieg y petróleo

En materia policiaca, tras las huellas de Calderón

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

En materia policiaca, tras las huellas de Calderón/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

El presidente Enrique Peña Nieto sigue los pasos de su antecesor y con el pretexto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la Policía Municipal de Iguala, se encamina a la centralización y militarización creciente de la seguridad pública.

 Mediante una reforma constitucional, anunciada el jueves 27 como parte de su decálogo para “mejorar el estado de derecho”, busca la eliminación de todas las policías municipales para continuar con uno de los proyectos inconclusos del gobierno anterior: el mando único policial.

 Con una creciente militarización de la seguridad pública, anunció un supuesto “nuevo modelo policial” con la creación de las Policías Estatales Únicas a fin de “pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces”.

 Anunció que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas serán los primeros cuatro estados donde desaparecerán formalmente las policías municipales. “Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”.