Revista
Proceso,
No. 1987, 29 de noviembre de 2014
El
mensaje presidencial del jueves 27, presentado como un plan para obtener paz y
justicia en el país, fue descalificado y objeto de burlas por ser una colección
de incumplidas promesas de campaña y viejas ideas desechadas por imprácticas.
Pero su decálogo no es tan inocuo. En realidad encierra temas relativos a la
gobernabilidad y a la seguridad que deberían preocupar. Un ejemplo es la
desaparición de poderes en los municipios, iniciativa retomada por Peña Nieto
para tener la facultad de suspender garantías y asumir el control de regiones
con “perturbaciones graves de la paz pública”; es decir, podría establecer el
estado de excepción en un ayuntamiento o un estado… o en varios.
Para
cerrar su segundo año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto renovó –con
un plan de 10 puntos para mejorar “la paz, la justicia y el desarrollo”– una
serie de promesas de campaña incumplidas, comprometió acciones supuestamente ya
implementadas y sobre todo anunció un extenso paquete de reformas que, cuando
no son redundantes en la legislación existente, concentran más poder en su
persona.
En
torno al plan, el mandatario recurrió a una añeja fórmula de la retórica
priista: la unidad nacional.
En
medio de la crisis detonada por la muerte de seis personas y la desaparición de
43 estudiantes en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, así como por la
investigación en torno a la casa de su esposa, inmueble relacionado con el
contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, durante una semana
creció la expectativa sobre el mensaje que daría Peña Nieto el jueves 27 en
Palacio Nacional.
