Por unanimidad se aprobó la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura
Todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado aprobaron con 90 votos a favor las reformas para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, que incluyen aumentar a 30 años de prisión a quien cometa o participe en este delito.
La penalidad para quienes causen dolor o sufrimiento a una persona para obtener información o una confesión, con fines de investigación o como medio intimidatorio, será de 10 a 20 años de cárcel.
Con esas reformas legales también se prevén medidas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garantice los derechos de las víctimas de tortura.
De igual manera, se establece un régimen de distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de la Federación, estados y municipios para investigar, juzgar y sancionar la tortura.
Según datos de la CNDH, entre 2006 y el 31 de diciembre de 2015 se recibieron 4 mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante, y fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que mayor número de quejas tuvo.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, del PAN, destacó que el Índice Global de Impunidad coloca a México en el lugar 58 de 59 naciones enlistadas con mayor nivel de impunidad, y señala que “la tortura y los malos tratos son generalizados y son relatados en distintos informes de carácter internacional”.
A su vez, Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que con la nueva ley se contribuirá a combatir y erradicar “esta aberrante práctica”, y refirió que México contará con un marco jurídico acorde con los estándares internacionales.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, que también dictaminó el paquete de reformas legales, enumeró cinco puntos trascendentales de la nueva ley: el principio normativo de la prohibición absoluta de la tortura; armoniza reglas de responsabilidad penal; se garantiza que los servidores públicos investigados no puedan intervenir; flexibiliza la regla para la procedencia de la investigación del delito, y se excluye toda prueba obtenida a través de la tortura.
En el debate, la senadora del PT Layda Sansores subrayó que la tortura va en aumento en el país desde que se inició “la llamada guerra contra el narcotráfico”.
Por su parte, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, subrayó que “el más grave problema de salud vinculado a la tortura es la impunidad y la ausencia de mecanismos integrales y coordinados” para prevenirla.
