El popeye y el cardenal Posadas

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior, 30/01/2008;

El Popeye y el cardenal: la conjura inexistente¿Qué pueden tener en común Jorge Carpizo, Diego Valadés, Antonio Lozano Gracia, Jorge Madrazo, Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora, fuera de que, en los últimos quince años, proviniendo de las más distintas corrientes políticas e ideológicas, de formaciones hasta encontradas, los siete fueron procuradores generales de la República? Pues según el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez, todos ellos están conspirando para esconder la verdad del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, con el fin de ocultar un crimen político que, según el prelado y el funcionario panista, se orquestó desde el poder, más precisamente desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Lo triste del asunto es que estos personajes, en quince años, han repetido una y otra vez esa versión, han acusado de complicidad a todos los procuradores y jamás han mostrado, ni al público ni a las autoridades, una sola prueba que respalde sus dichos. Y ahora, con la detención en Tijuana de Alfredo Araujo Ávila, apodado El Popeye, uno de los principales sicarios del cártel de los Arellano Félix, acusado de ser autor material del asesinato del cardenal y del atentado que sufrió en 1997 el periodista Jesús Blancornelas, estos personajes, en lugar de congratularse porque puede surgir la verdad sobre el caso, han redoblado sus denuncias y ha llegado el cardenal Sandoval Íñiguez a decir que el sicario podría ser “comprado” (quince años, cuatro presidentes y siete procuradores después), para que confirmara la versión original del crimen.

La opinión de Alfonso Zárate

Columna Usos del poder/Alfonso Zárate

Publicado en El Universal, 30 de enero de 2008;
En Segob, un grupo liliputiense
Oportunidad perdida. En unos cuantos días el flamante secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha cometido errores mayores que, más temprano que tarde, le resultarán costosos y podrán afectar al propio presidente Calderón. El primero fue el manejo confuso, incierto, en torno a la nacionalidad de su madre, María de los Ángeles Terrazo Blanco, y, en consecuencia, las dudas sobre su propia nacionalidad.
Hay por lo menos tres versiones. De acuerdo con la primera, la señora Terrazo habría nacido en el pueblo de Avión, en Galicia; la segunda ubica a la ciudad de Campeche como su lugar de nacimiento y, según la tercera —expuesta por el propio Mouriño—, habría nacido en el Distrito Federal. No ha quedado allí la confusión. Es imperativo esclarecer el tema.
Otro asunto clave tiene que ver con la capacidad de operación y autoridad de quien ocupa la segunda posición de poder en el gobierno federal. La breve trayectoria política de Mouriño pudo haberse compensando con un equipo experimentado, lúcido, al nivel de subsecretarios, pero no ocurrió así. Se ratifica como subsecretario de Gobierno a Abraham González Uyeda, y se ubica como subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos a Ana Teresa Aranda, la secretaria bilingüe (su grado máximo de estudios) que milita en el sector más conservador del PAN, cuya cercanía con Marta Sahagún le permitió dirigir el DIF y, en los últimos meses de la administración foxista, reemplazar a Josefina Vázquez Mota al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Parece poco sensata la designación de una ultra en una subsecretaría que tiene la responsabilidad de conducir la relación con todas las iglesias.
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos es ocupada, otra vez, por Daniel Cabeza de Vaca, el notario de Fox y efímero procurador general de la República, de bajo perfil y escasas luces. Gente de la ex pareja presidencial, Cabeza de Vaca y Ana Teresa, llegan a la secretaría responsable de la política interior. ¿A cambio de qué?
Cuauhtémoc Cardona Benavides es el nuevo subsecretario de Enlace Legislativo; diputado federal y compañero de Felipe Calderón en la 58 Legislatura, deja la Subsecretaría de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria. Irma Pía González Luna Corvera, quien fungía como directora de Radio, Televisión y Cinematografía, asciende a la Subsecretaría de Normatividad de Medios.
Finalmente, la coordinación de asesores estará a cargo de un personaje sin más credenciales que una gestión mediocre en la delegación Miguel Hidalgo: Arne aus den Ruthen Haag.
En un momento particularmente complejo en lo político, el equipo de Gobernación representa una mezcla variopinta de inexperiencia, ineptitud y conservadurismo.
No empieza bien Camilo Mouriño. Su problema no es la juventud sino la falta de peso político, de una trayectoria mínima deseable en el responsable de la política interior. Lázaro Cárdenas era más joven cuando ocupó la Secretaría de Gobernación en los azarosos días del maximato. Pero el joven general llegó a Bucareli luego de pelear contra federales, villistas, zapatistas, yaquis y delahuertistas, de haber sido gobernador de su estado, Michoacán, y muy curtido por las duras experiencias de la revolución.
¿Mejorará ese conjunto de sombras, mezcla de novatez, ineptitud y faccionalismo, la eficacia en la operación política cuando el país enfrenta situaciones delicadas? Difícilmente.
A un año de gestión se confirma que uno de los puntos más vulnerables del presidente Calderón está en la calidad y consistencia de su equipo. Salvo honrosas excepciones, el grupo en Gobernación parece una suma de nulidades, un rompecabezas con piezas no integrables. En la misma línea, Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán llamado El Depredador por ecologistas de la península, fue designado procurador federal del Medio Ambiente. ¿Cuál es la racionalidad de esos nombramientos? ¿Qué pasa allí?

La FEVIM

Piden evaluar fiscalía contra feminicidios
Publicado en El Correo lustrado, La Jornada, 30/01/2008;

Al honorable Congreso de la Unión; diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.
Preocupados por la persistencia de la impunidad en México, y en particular por el feminicidio en Ciudad Juárez, nos preguntamos de nuevo hoy cuál es la función y utilidad de una fiscalía especial para crímenes contra las mujeres, cuyo trabajo desde su creación no se ha evaluado seriamente.
Tras la renuncia de la doctora Alicia Pérez Duarte, diversas organizaciones y personas expresamos la necesidad de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) rindiera cuentas y que no se nombrara a un nuevo titular mientras no se evaluaran los resultados reales de esta instancia.
Ante la noticia del nombramiento de Guadalupe Morfín para este cargo, no podemos mantener un silencio cómplice. Exigimos que llamen a cuentas, en comparecencia pública y oficial, al procurador y a la nueva titular de la Fevim, para que expongan cuál ha sido el trabajo de esta fiscalía.
Queremos saber qué hizo en realidad la Fevim, más allá de los alardes propagandísticos en favor de las mujeres de Ciudad Juárez, Atenco, Oaxaca, Michoacán, Castaños y el estado de México.
También queremos saber por qué se ha nombrado en este cargo a una funcionaria que ya ha demostrado incapacidad para enfrentar a fondo el problema de la impunidad en Ciudad Juárez. Este nombramiento resulta más preocupante en cuanto coincide con el de Daniel Cabeza de Vaca en la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, quien como procurador tampoco contribuyó a la solución de este problema.
Ninguna de las comisiones ni fiscalías especiales que se han financiado con nuestros impuestos han hecho nada concreto para esclarecer los crímenes ni, menos, para dar justicia y verdad a las víctimas y sus familias.
Lucía Melgar, Sergio González Rodríguez, Luciana Ramos Lira

Daniela Rea entrevista a Alicia Elena Pérez Duarte: Ex fiscal-Delitos Contra Mujeres.

Publicado en Reforma, 30 enero 2008;

La PGR está dando muestras de falta de criterio al pretender reducir el tema de la violencia contra las mujeres a un asunto "de hogar" o de "pareja", cuando se trata también de un problema federal vinculado con el crimen organizado, advirtió Alicia Elena Pérez Duarte.La ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) consideró que esa dependencia podría incluso desaparecer.

"Ha pasado casi un mes y medio de mi renuncia, y el nombramiento no se ha hecho oficial. No sabemos qué está esperando el Procurador (Eduardo Medina Mora), salvo el momento para hacer las modificaciones y desaparecer a la fiscalía".

Un segundo argumento: la posible creación de un cuerpo armado binacional (México-EU) contra el tráfico de personas, el delito más lucrativo después del contrabando de armas y drogas ilegales.

-¿Por qué considera que la PGR contempla desaparecer la Fiscalía?

.Porque aún consideran que la violencia de género no es problema de ellos, no es un problema federal, sino local. Porque aún ven la violencia hacia las mujeres como un problema de familia, de relaciones interpersonales. Desde mi punto de vista no se ha entendido cuál es la responsabilidad de la federación en el trabajo de la violencia hacia las mujeres y niños. No se ha entendido en la Procuraduría el impacto que la violencia hacia las mujeres tiene en otros tipos de violencia del país.

-¿Del crimen organizado?

-Los hogares disfuncionales por violencia expulsan a los hijos con una carga de aprendizaje violento impresionante. Y esos son los que andan vendiendo y refuerzan y duplican la distribución de las drogas. Son niños que sus relaciones familiares son violentas y entienden que la violencia es un valor del cual quieren formar parte.

¿Cuál es su temor en caso de que desaparezca la Fiscalía?

-Que se pierda la relación que existe entre la violencia de género hacia las mujeres y casos concretos como la trata de personas. La trata de personas no se puede ver aislada del tema general de violencia de género. Parecería que con la nueva unidad habría más enfoque en el tema de la trata...El riesgo es que el tema de la trata se descontextualiza. La trata de personas no se puede trabajar si no lo metemos en el contexto general de la violencia. No son temas ajenos, aislados, son problemas que van de la mano. Los niños y niñas son especialmente vulnerables al canto de las sirenas que provienen del tráfico de personas por la violencia en los hogares. No es cierto que sea la pobreza, éste es uno de los elementos, pero no es el mayor, sino la violencia al interior de los hogares. También tiene que ver con otras problemáticas del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, el robo de autos, la piratería.

.¿Qué implicaría en términos de logística y administrativos su desaparición?

Dicen que la unidad va a depender de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ya no del Procurador (está aún adscrita a la oficina del titular de la PGR). Por lo tanto, quien la dirija no tendrá el más alto rango. De estar en un segundo nivel de jerarquía en la PGR, pasará a un tercer o cuarto.

-¿Habló usted de esto con el Procurador?

No. El Procurador me confirmó que quien me iba a sustituir era Guadalupe Morfín. Ella es una mujer que ha dado una buena parte de su vida profesional a los derechos humanos, lo cual nos indicaría que puede hacer un buen trabajo. Sin embargo, creo que no tiene una formación en perspectiva de género. De ahí cojea. Esto se puede salvar si se respeta la formación que se le dio al personal de la FEVIM.

-¿Qué pasaría con el presupuesto de la FEVIM aprobado para 2008?

Los gastos etiquetados deberán respetarse: 166 millones de pesos para la búsqueda de mujeres desaparecidas y asesinatos; salarios, más la apertura de dos sedes de atención.

Conózcala Nombre: Alicia E. Pérez Duarte.

Formación: Doctora en Derecho por la UNAM; especialista en Derecho de Familia, Estudios Jurídicos de Género y Derechos Humanos.

Cargo: Ex fiscal especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres.

Experiencia: Catedrática de la Facultad de Derecho; especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas; magistrada del Tribunal de Justicia del DF, y miembro del Servicio Exterior Mexicano.

Audiencia en la CIDH; candidaturas independientes

Audiencia pública en la CIDH/Jorge G. Castañeda

Publicado en Reforma, 30 enero 2008;

El próximo 8 de febrero en San José de Costa Rica será la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del "Caso Castañeda". Se trata de las demandas de este autor y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violar los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir por violar los derechos humanos en materia de acceso a justicia y el derecho a ser votado.

La semana entrante trataré de explicar el programa previsto para la celebración de la audiencia y los argumentos previsibles de las partes; por el momento quisiera recapitular el curso de mi lucha por las candidaturas independientes. No porque sea la única ni la más venturosa, sino porque es la que conozco bien y la que llegó a esta instancia del derecho internacional. Vale la pena mencionar: ésta es sólo la segunda vez en que el Estado mexicano es demandado ante esta Corte; y de ser admitida -que no se declare incompetente la Corte Interamericana como lo hizo en el caso Martín del Campo- sería la primera vez en que México pudiera ser condenado por violar los derechos humanos de uno de sus ciudadanos.

Algunos recordarán cómo a principios de 2004 se presentó ante el IFE una solicitud de registro como candidato independiente que fue rechazada por dos motivos: porque el Cofipe reserva el derecho a postular candidatos sólo a los partidos, y porque la solicitud se hizo antes de abrirse el periodo de registro de candidatos para el 2006. Al recibir la notificación del rechazo nos amparamos invocando el artículo 41 de la Constitución (el derecho a votar y ser votado), así como diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.

El amparo siguió su curso hasta llegar a la SCJN en agosto de 2005. Ahí, después de tres días de un debate cáustico, y en ocasiones confuso, la Corte, que en un primer momento tuvo una votación empatada 5 a 5 entre aceptar el amparo y sobreseerlo, resolvió al final 7 a 4 sobreseerlo. Así, la SCJN por una pequeña mayoría decidió no entrar al fondo del asunto: no resolver si las candidaturas independientes son un derecho constitucional que no puede ser coartado por la legislación secundaria.

Al agotarse las instancias nacionales pertinentes se decidió con mis abogados -Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y en un inicio también Alberto Székely- acudir a las instancias internacionales. Tal y como lo planteamos en su momento, nunca acudimos al TEPJF por dos razones: primero, en 2002 la SCJN puso en claro que el TEPJF no podía resolver sobre la constitucionalidad de la legislación electoral y su inaplicación en un caso concreto; y la segunda, porque para la defensa del derecho a ser votado, en materia de sustancia, sólo pueden acudir al TEPJF los ciudadanos postulados para un cargo de elección popular por un partido político. Recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que resolviera si el Cofipe contradice o no la Convención Americana de Derechos Humanos y mientras lo hiciera que otorgara las medidas cautelares pertinentes.

La Comisión otorgó las medidas cautelares, pero al no ser vinculantes estas recomendaciones el Estado mexicano las rechazó. En seguida la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara medidas provisionales y esa instancia, cuyos fallos sí son vinculantes, negó el otorgamiento de dichas medidas. Con esa decisión concluyó la posibilidad de presentar una candidatura independiente en 2006. Pero no concluyó el proceso.

A finales de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el fondo: el Estado mexicano había violado mis derechos humanos sobre acceso a justicia y el artículo 23 de la Convención, y procedió a demandar al Estado mexicano por dicha violación, lo que me permitió presentar un escrito de solicitudes en forma autónoma, reclamando al Estado mexicano haber violado mis derechos consagrados en el artículo 25 de dicha Convención.

Durante 2007 el Estado mexicano y el equipo de abogados que me representa intercambiaron observaciones y argumentos, de los que se desprendía una evidente conclusión: el gobierno de México, tanto el de Fox como el de Calderón, se oponía de manera tajante a las candidaturas independientes y a reconocer haberme negado el acceso a justicia, y reparar el daño consiguiente.

Así llegamos a la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pública, de fijar para el próximo 8 de febrero la audiencia donde se presentarán argumentos orales de las partes sobre este tema, mismo que ha ido adquiriendo una importancia creciente, en vista de la consolidación de la partidocracia de estas últimas semanas.

Aristegui

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa

Carmen Aristegui

Publicado en Reforma, 30/01/2007;

Carmen Aristegui se encuentra hoy en Madrid. Es miembro del jurado que anunciará mañana los ganadores de los premios internacionales de periodismo Rey de España, en su vigesimoquinta edición. Al certamen convocan la Agencia Española de Cooperación Internacional, a cargo de la secretaria de Estado, Leire Pajín, y la agencia EFE, encabezada por Álex Grijelmo, un gallardo promotor de la lengua que nos es común, y que antes de presidir la empresa estatal de noticias fue director de contenidos del Grupo Prisa.