En contra del tráfico de armas

Hace unos días el Embajador de México en EE UU Jose Sarukhán hizo una severá crítica a la administración del gobierno del Presidente George W. Bush.
Precisó el embajador que México desearía ahora de "manera fundamental", que Barack Obama cierre el paso de las armas que van a grupos criminales en territorio mexicano, cuya violencia según varios informes de la administración Bush amenazaba a México con volverlo un "estado fallido".
Indicó que el presidente Calderón insistirá en que Obama dote de mayores recursos a agencias como la ATF (el buró del tabaco y armas de fuego) e ICE (de aduanas e inmigración) para descubrir con trabajo de inteligencia en Estados Unidos quienes movilizan y reciben las armas.
Dijo que México creía que la secretaria de Seguridad Interior de Obama, Janet Napolitano, "entiende la dinámica" de una frontera que sólo en el estado de Arizona, donde ha sido gobernadora, hay unas 12,000 armerías. "Nuestro argumento es asegurarnos que las leyes de Estados Unidos se cumplan en Estados Unidos", explicó refiriéndose a que existían, por ejemplo, leyes que impiden vender o exportar armas prohibida.
Y ayer en Davos, Suiza el presidente Caderón dijo: "también plantear de manera directa, también objetiva, real, los retos y desafíos que está enfrentando México; poner en perspectiva la realidad del país, reducir o eliminar las distorsiones informativas en ciertas esferas del ámbito internacional que se pudieran haber generado."

Un reportero le preguntó: -Saber que distorsiones informativas son con las que no está de acuerdo.

La respuesta Fue: -Básicamente las que han pintado en algunos grupos de análisis a nivel internacional, un escenario de México que es, a mi juicio, es distorsionado, las que comparan a México en situaciones de fragilidad como equivalentes a las de Paquistán, por ejemplo, que es totalmente desproporcionado y claramente equívoco; ya los otros foros y núcleos de pensamiento se han encargado de revertir esa versión, pero a mí me parece importante que cualquier duda sea despejada, y si es posible hacerlo directo y personalmente lo voy a hacer."
Y ayer, el pleno de la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República un punto de acuerdo para que se propicie una reunión de trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte, Relaciones Exteriores, América del Norte, con sus homólogos del Senado de los Estados Unidos de América, con el fin de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas.
La propuesta es del Senador Jorge Castro Trenti (PRI) fue turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
El Senador Trenti ha isisitdo mucho con el tema. El pasado 18 de noviembre también planteó al pleno de Cámara de Senadores un exhorto para el titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los Órganos Federales correspondientes a su cargo, a través de la vía diplomática correspondiente, coordine y redoble esfuerzos con los Gobiernos Federales y Locales de los Estados Unidos de América para combatir de manera más enérgica y eficiente el tráfico ilegal de armas proveniente de aquel país.
Y es que EE UU la compra de armas de fuego, se hace a través de un trámite extremadamente fácil. Además de la regulación en materia local, la federal solo exige en términos generales, que la persona solicite un permiso ante la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; que como requisito establece que se debe de tener cuando menos 18 años (en caso de armas largas para casería) y 21 años para armas cortas. Una vez obtenida dicha licencia, quien pretenda tener un arma de fuego le bastará con llenar un formulario y proporcionar sus datos personales, así como huellas digitales en caso de que se quiera portar el arma en todo momento. En el caso de que el arma sea destinada únicamente para un domicilio particular, no se requiere de licencia o permiso alguno; con el llenado del formulario es suficiente.
También cabe destacar que el gobierno federal de los Estados Unidos de América no cuenta con un registro nacional de armas en manos de particulares, lo cual facilita que quienes las pueden comprar, también las trafiquen de manera ilegal hacia nuestro país.
Según Moíses Naím (Ilícto, Ed Debate) la venta ilícita de armas es de 10 mil millones de dólares anuales; para el exsecretario General de la ONU, Kofi Annan, el comerico ilegal suma 4,000 millones de dólares.
Ese es el quid y, más de EE UU. Creo que les ha faltado contundencia. Tienen un norme presupuesto para inteligencia y por supuesto que saben la ruta de las armas.
Desde hace tres años, México ha pedido apoyo a las autoridades de EE UU para ejercer un mayor control en el tráfico de armas que son utilizadas por los grandes cárteles. Hay en EE UU (hasta hace 4 años) casi 55 mil comerciantes de armas. Son muchas sin duda, pero el consulo es que hace 14 años -en 1994- había 245, 628 comerciantes registrados.
La mayor reducción se dio en California, donde se paso de 20,148 licencias en 1994 a 2,438 en el 2005, lo que representa un descenso del 88%; en Texas, se paso se registro un descenso del 76% y en Nueva York, el descenso fue del 79%.
Pero, el descenso en comerciantes de armas no nos nos dice mucho; es sólo un indicador, que sirve de consuelo, pero en nuestro caso han aumentado considerablemente, hay en este momento muchos tráficantes de armas, y es fácil adquirirlas. Tanto en EE UU como en tras artes del mundo.
En el periodo del presidente Bill Clinton (1992-1996) se aplicó un control más estricto a la concesión y tenencia de licencias de armas y como resultado, la emisión de permisos para comerciar con armas descendió de forma notable. Pero, faltaron normas más estrictas para la obtención y tenencia del permiso federal.

En fin, estás con algunas de las consideraciones de la propuesta planteada ayer en el Senado:

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"Las armas que se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense (citado en la revista Nexos) señala que 2 mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.De acuerdo con la misma cita, en los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón, 1 millón 460 mil armas habrían ingresado clandestinamente en territorio nacional. En entrevista para el periódico El País, el procurador Eduardo Medina Mora (23 de noviembre de 2008) declaró que, en el mismo lapso, sólo 27 mil de esas armas habrían sido aseguradas por las autoridades.
La misma Embajada de Estados Unidos en México, a través de un comunicado, ha manifestado su preocupación por el tráfico de armas que ha contribuido a la violencia en México. Al respecto, ha reiterado el compromiso de Washington de trabajar con el gobierno de México para combatir este ilícito.Incluso, representantes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense se han reunido con funcionarios mexicanos a fin de buscar reducir el flujo de armas que ingresan en México provenientes de Estados Unidos.
La misma Procuraduría General de la República cuenta con informes claros de que la mayoría de las armas decomisadas al crimen organizado ingresa en México por la frontera norte. Reconoce que las aduanas no constituyen un filtro seguro para detener el tráfico indiscriminado de toda clase de armamento, lo que manifiesta el alto grado de corrupción, impunidad y complicidad de las autoridades que administran las fronteras, y que son una amenaza para la seguridad de los mexicanos.En la línea fronteriza con Estados Unidos hay 12 mil 706 tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y de personas, nuestro problema mayor.
El problema no es que se vendan armas sino que sin mayor control se expende armamento de grueso calibre.Aunque desde 1995 el gobierno mexicano estableció el grupo CG-Armas, un mecanismo de intercambio de información que incluye a la PGR y a seis secretarías de Estado (Relaciones Exteriores, Sedena, Semar, Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública federal), el tráfico es imparable.
Se han firmado acuerdos con las autoridades estadounidenses, consistentes en el rastreo de las armas confiscadas, a fin de determinar su origen, ruta y destino final. Asimismo, los dos gobiernos se comprometieron a dar seguimiento, ya que coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para mejorar las técnicas de identificación, detección e intercepción de todo tipo de armamento. Todo ello, sin resultados concretos.
Las armas más decomisadas son la AK47, que puede adquirirse en la frontera en 600 dólares, y la AR-15, cuyo precio ronda mil dólares. En los aseguramientos, sin embargo, aparecen con frecuencia lanzacohetes y fusiles Barrett. Estos últimos son imposibles de adquirir por menos de 8 mil dólares.
Hay también un convenio suscrito por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, y el encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, donde ambos gobiernos pusieron en marcha un programa de coordinación aduanera que busca combatir con mayor eficiencia el contrabando de mercancía y el tráfico ilegal de armas.
El gobierno de México, en el marco de las buenas relaciones bilaterales, requiere un compromiso de Estados Unidos para el intercambio de información sobre el registro de vendedores y de compradores de armas. El tráfico de armas es un factor que permite la operación de la delincuencia organizada, particularmente del narcotráfico en el país, pero para Estados Unidos representa una ventana abierta para el terrorismo.
En varias ocasiones, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores han solicitado a sus contrapartes estadounidenses incrementar las medidas de vigilancia para prevenir el comercio negro de armamento. Esto, sin buenos resultados.
De igual manera, en la última reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en Austin, Texas, se abordó el tráfico de armas, junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, temas fundamentales en la relación bilateral.
El Senado de la República debe contribuir a diseñar una estrategia bilateral para el combate del tráfico ilegal de armas. Se requieren mecanismos de la diplomacia parlamentaria. De ahí nuestra propuesta para que la Junta de Coordinación Política propicie un encuentro entre las Comisiones de Seguridad Pública y su homóloga del Senado de Estados Unidos. Todo ello, en un marco de igualdad y corresponsabilidad.
El tema se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para ambos países, toda vez que entre el equipo asegurado hay armas de alta tecnología, con poder de destrucción, con capacidad de fuego y de nueva generación. De ahí la importancia de que el Senado de la República tome cartas en el asunto y en el marco de sus competencias legales.
Es preciso señalar la pertinencia de analizar los retos comunes mediante la celebración de una reunión de dichas comisiones parlamentarias. Resulta indispensable la búsqueda de soluciones de problemas compartidos que incluya la participación plural de ambos Congresos y compartir los retos comunes sobre el tráfico de armas en la región.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición conPuntos de Acuerdo

Primero. Para que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propicie una reunión de trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte y Relaciones Exteriores, América del Norte, con sus homólogas del Senado de Estados Unidos, a fin de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas.

Segundo. A través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se haga del conocimiento del Senado de Estados Unidos el contenido de este punto de acuerdo."

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2009.

Pobre Chiapas!

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa
¡Pobre Chiapas!
Publicado en Reforma, 29/01/2009;

Los agentes de seguridad estatal del gobierno de Juan Sabines parecen contar con licencia para matar a mansalva. Algunos de ellos asesinaron en octubre a seis personas y otros más privaron de la vida a tres el 9 de enero
Dejemos por ahora las rivalidades entre la clase política de Chiapas, y su probable efecto en la procuración de justicia, es decir en el encarcelamiento del ex fiscal general y ex secretario de Economía Mariano Herrán Salvati -y una de sus colaboradoras también. El conflicto entre el gobernador Juan Sabines y su antecesor Pablo Salazar es de tal profundidad y amplitud que requiere abordamiento extenso. Dejemos también para otra oportunidad las razones por las cuales el sobrino del poeta Jaime Sabines falta a sus compromisos o los cumple a medias, llegando tarde a citas establecidas con mucha anterioridad. Así lo hizo anteayer en la Ciudad de México cuando estuvo a punto de quedar fuera de la reunión del Consejo de Armonización Contable de la Secretaría de Hacienda. El propio presidente Calderón tuvo que autorizar su demorado ingreso. Sabines ha logrado una buena relación con el Ejecutivo federal con su melosa cercanía y su adulación frecuente, como la que de modo indirecto le brindó al erigir una estatua en memoria de Juan Camilo Mouriño.
Ocupémonos ahora de algunas señales del autoritarismo pendenciero que se extiende por toda la entidad. Uno de esos signos deplorables es que los agentes de seguridad estatal parecen estar autorizados para matar, sin que se les aplique la ley, de cuyo cumplimiento se ufana el gobernador en el caso de Herrán Salvati -a quien se vilipendia en un texto manifiestamente pagado en Excélsior, el martes pasado, aunque presentado como si fuera un artículo de opinión-. En octubre del año pasado, por ejemplo, policías estatales asesinaron arteramente a seis personas. Varias de ellas estaban heridas y eran trasladadas por una persona de buena voluntad a un hospital, para la pronta atención que requerían. Horas antes los agentes policiacos y miembros de la comunidad en torno a los vestigios arqueológicos de Chinkultic habían librado una escaramuza que dejó hasta 17 heridos, de una y otra parte, y muchas personas detenidas (y que fueron liberadas porque no hubo cargos en su contra, lo que muestra la imprudencia de la acción policiaca inicial que dio motivo a la gresca).
La policía interceptó más tarde el vehículo donde iban los heridos y sin más, como si sus compañeros se cobraran las contusiones que algunos miembros de la corporación recibieron en el combate previo, dispararon contra los lesionados y su benefactor, que murieron de inmediato.
Una acción agresiva semejante acaba de ocurrir, de nuevo, porque las autoridades no castigan la violencia policiaca. El 9 de enero, en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, una brigada policial disparó contra un vehículo que trasladaba a migrantes indocumentadas. Suponiendo que, como ocurría en efecto, se practicaba tráfico de personas en la furgoneta, los agentes le marcaron el alto, que fue ignorado por el chofer. Lanzada una patrulla en persecución del vehículo, los policías dispararon sobre sus ocupantes. Mataron a tres personas, dos de ellas nacidas en Ecuador con lo que, por añadidura, se ha suscitado un conflicto internacional, pues el gobierno de ese país reclama castigo para los agresores e indemnización para los deudos de las víctimas. Es claro que su conducta hubiera sido plausible si sólo impidieran el trabajo del pollero que conducía a los desgraciados migrantes, procedentes de Centro y Sudamérica. Pero para hacerlo no requerían disparar sin control, máxime que no enfrentaron resistencia sino que los tratantes procuraban huir.
Ese episodio, en que los indocumentados que sobrevivieron fueron llevados a la cárcel como si hubieran cometido delitos, antes de su entrega a las autoridades migratorias para su deportación, no fue un acontecimiento aislado. Se inserta en la práctica solapada por el gobierno de hostigar a los trabajadores que intentan cruzar el territorio mexicano para entrar en Estados Unidos. Rapiña, chantaje y agresión son conductas de los policías estatales que forman ya parte del paisaje y contra las cuales nada pueden las denuncias de los comités civiles que promueven el respeto a los derechos humanos.
Con violencia menos obvia autoridades estatales generan o empeoran conflictos en vez de aliviarlos y resolverlos. Pongo dos ejemplos a los que se refiere una carta dirigida al gobernador Sabines apenas el jueves pasado, 22 de enero sobre acontecimientos en los municipios de Ocosingo y Tila. El órgano firmante de esa comunicación, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, recuerda al destinatario que "el 26 de marzo de 2007 presentamos por primera vez a su gobierno un pliego de demandas de nuestras organizaciones, acompañándolo de una carta dirigida a usted. De entonces a la fecha, el presente es el quinto escrito que dirigimos a su persona, para hacerle saber que los distintos funcionarios públicos encargados de atender nuestros planteamientos no sólo han incumplido en lo general con esa función, sino que algunos han incurrido puntualmente en conductas indebidas y contrarias a la búsqueda de soluciones justas".
La carta se refiere en particular despojo de tierras en el ejido El Carrizal y a un conflicto causado por el abandono de un proyecto de agua potable en Petalcingo. El denominador común es el apoyo de autoridades a grupos paramilitares que hostigan y avasallan a comunidades de base zapatista que se han avenido a trabajar conforme a los cánones gubernamentales en beneficio de sus integrantes, pero sin abandonar su filiación.
Ésos son sólo ejemplos de lo que ocurre allá.
Cajón de Sastre
El procurador Eduardo Medina Mora ve la procesión y no se hinca. Como lo anticipó ayer Reforma, está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia el dictamen sobre violaciones a garantías individuales en Atenco, que lo involucra en tanto que era en mayo de 2006 secretario de Seguridad Pública. En aquel entonces, en ese papel no aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el mismo asunto para castigar y enmendar conductas de la Policía Federal Preventiva. Y ahora, ya como procurador, anteayer comunicó al ombudsman nacional que tampoco acepta una nueva recomendación, actitud en que según dijo el doctor José Luis Soberanes ha insistido, toda vez que no hay consecuencias legales de rechazar el producto de las investigaciones de la CNDH.

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Desproporcionadadas las comparaciones: FCH

El Presidente Calderón en la conferencia de Prensa que ofreció en Davos, Suiza, 28 de enero de 2009:

Simplemente antes de la Sesión Inaugural del Foro, daré alguna explicación de las actividades, explicaré de manera sucinta las actividades que vamos a tener en este Foro Económico Mundial.
Como ustedes saben, en el Foro Económico Mundial de Davos se dan cita cada año un importante número de líderes gubernamentales. Este año se estima la presencia de más de 40 Jefes de Estado, los directivos de cientos de empresas globales, ciertamente de las empresas más importantes del mundo; académicos y líderes sociales.
El propósito de mi asistencia a este Foro Económico Mundial de Davos tiene varias vertientes.
La primera es seguir presentando y posicionando a México como un lugar atractivo para la inversión internacional. Sé que la crisis financiera en Estados Unidos y en el mundo ha presionado el mercado de capitales, ha restringido el propio crédito internacional y por ello la competencia entre países por dichas inversiones y capitales es mucho más importante.
De manera tal que es clave para México que se conozca, precisamente, en este Foro lo que hemos logrado en el país, las reformas que han sido promovidas por el Gobierno de México y aprobadas por el Congreso mexicano; los avances que hemos logrado, los cambios que se han realizado en la estructura fiscal del Gobierno en materia de pensiones y en materia energética, de manera tal que eso permita presentar un panorama mucho más objetivo y claro acerca de la transformación económica que estamos llevando a cabo en el país.
También plantear de manera directa, también objetiva, real, los retos y desafíos que está enfrentando México; poner en perspectiva la realidad del país, reducir o eliminar las distorsiones informativas en ciertas esferas del ámbito internacional que se pudieran haber generado.
Me reuniré además, personalmente, con varios directivos de empresas globales, como Pepsico, Nestlé; la reunión con varios presidentes de empresas energéticas, también.
Tendré además una reunión con empresas que ya tienen inversiones en México y plantean expandir aún más su inversión.
En segundo lugar. Como ustedes saben, México es uno de los países que participa en el Grupo de los 20, el G-20, que tiene como tarea el proponer un rediseño de la arquitectura financiera internacional. Esta participación nos va a permitir seguir incidiendo en esta importante área, pues tendré oportunidad de conversar y participar en algunos paneles con varios de los líderes del G-20, especialmente con el Primer Ministro Gordon Brown, de Gran Bretaña; o el de Australia, Kevin Rudd, que tienen además un especial interés en este rediseño internacional, y con quienes hemos encontrado una interlocución seria y constructiva acerca del futuro.
En tercer lugar. Participaré en otros foros con líderes de organismos internacionales y Jefes de Estado, algunos de ellos también los veré por separado. Me reuniré con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, particularmente ahora que México tiene una encomienda muy especial como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Veré al Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, con quien México además tiene líneas de crédito importantes para financiar proyectos sociales y de medio ambiente en el país.
Hablaré con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, con quien participaré además en un foro sobre América Latina.
Me entrevistaré con el Presidente de Israel, Shimon Peres; el Presidente de Suiza, Hans-Rudolf Merz, entre otros Jefes de Estado y de Gobierno.
Como ustedes saben, en cuarto lugar, el Foro también es una vertiente privilegiada para discutir los temas globales y particularmente temas que son vitales para la humanidad, aparte de la crisis financiera actual, como es el tema del medio ambiente. Aquí se presentan, se debaten las principales propuestas al respecto, y naturalmente enfatizaré la propuesta que tenemos acerca del Fondo Verde contra el cambio climático, que ha venido impulsando mi Gobierno.
Viene como un invitado especial de la Presidencia de la República el doctor Mario Molina, que participará, además, en algunos foros.
Hablaré con líderes en materia climática, en materia de cambio climático y calentamiento global en el mundo en este Foro; e incluso organismos reuniones con algunos de ellos como es con el anterior Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, ahora Premio Nobel, y también previamente candidato a la presidencia de ese país; con Nicholas Stern, autor del famoso Informe Stern sobre la Economía y el Cambio Climático; Yvo de Boer, que es Secretario de la Convención de Cambio Climático de la ONU y que ya estuvo en México recientemente; desde luego con el propio Mario Molina, con quien vamos a abordar estos temas.
México ha seguido fortaleciendo su presencia en este importante Foro Global. Como ustedes saben el Gobierno Federal a mi cargo organizó el capítulo de Latinoamérica del Foro de Davos el año antepasado y contó con una presencia de 600 participantes, el mayor número de participantes en una reunión regional en América Latina. Ha sido el foro latinoamericano con mayor audiencia vinculado al Foro de Davos.
Y, finalmente, en esta versión de 2009 voy a participar en tres sesiones plenarias. Mañana daré una conferencia sobre los esfuerzos que está haciendo México para enfrentar la crisis económica y particularmente el programa de medidas anticíclicas y de apoyo a la economía familiar y el empleo que hemos implementando.
Tendré un foro con la participación de otros líderes de América Latina, concretamente el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y con el propio José Miguel Insulza, Presidente de la OEA.
Y también una plenaria con líderes que participaremos en abril en el G-20, esta reunión importante de las principales economías del mundo, concretamente con el Primer Ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown; con Han Seung-soo, Primer Ministro de Corea del Sur, y con otros líderes participantes de este Foro.
Finalmente, la presencia de México en Davos nos permitirá seguir consolidando el liderazgo de México como un actor responsable en el sistema global, que si bien es cierto enfrenta en este momento formidables retos, al igual que otras naciones, también tiene una firme determinación por enfrentarlos y superarlos.
Ese será más o menos el contenido de mis actividades aquí, y si ustedes tienen alguna pregunta pues podremos responder algunas de ellas.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- Dos cuestiones. Saber que distorsiones informativas son con las que no está de acuerdo. Y, segundo, si nos puede dar cuenta de la reunión que sostuvo con el expresidente Zedillo.
R:- Básicamente las que han pintado en algunos grupos de análisis a nivel internacional, un escenario de México que es, a mi juicio, es distorsionado, las que comparan a México en situaciones de fragilidad como equivalentes a las de Paquistán, por ejemplo, que es totalmente desproporcionado y claramente equívoco; ya los otros foros y núcleos de pensamiento se han encargado de revertir esa versión, pero a mí me parece importante que cualquier duda sea despejada, y si es posible hacerlo directo y personalmente lo voy a hacer.
Con el Presidente Zedillo hablamos fundamentalmente sobre la perspectiva de la economía mundial; él tiene una importante participación en el Foro de Davos y desde el lugar que tiene en la academia en los Estados Unidos ahora, me parece que aporta una perspectiva muy interesante, y que para mí ha sido de mucha utilidad. Una persona a la que respeto, desde luego, y que aprecio además, que ha sido también muy respetuoso en cuanto al desempeño de mi Gobierno, en esta Administración, lo cual realmente agradezco.

Periodistas en la mira

Los periodistas, víctimas de la “justicia”/Humberto Musacchio

Publicado en Excélsior, 29-Ene-2009;
En los últimos años los periodistas están expuestos a agresiones criminales que han dejado por todo el país un reguero de comunicadores muertos. Pero ahora se enfrentan a otra amenaza: la de gente con poder que, con la complicidad de jueces a modo, combate a quienes ejercen y entienden el periodismo como un servicio a la sociedad. Los casos abundan.
Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, niega publicidad al diario acapulqueño El Sur, cuyo único delito fue revelar el turbio manejo de dineros públicos a favor de la parentela del Ejecutivo local, misma que, con su poderoso pariente detrás, tiene demandados a varios periodistas de ese órgano informativo.
Por su parte, Gerardo Sosa Castelán, el cacique de la universidad pública hidalguense, procedió por vía judicial contra Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa nostra, contra Miguel Ángel Granados Chapa, que escribió el prólogo, y contra el editor, el diseñador y hasta el fotógrafo que hizo el retrato del autor que aparece en la contraportada, lo que además de ser un atentado a la libertad de expresión constituye una ridícula desmesura a la que tuvo la desvergüenza de dar entrada un juez sin escrúpulos ni conocimiento del derecho. El juez que lleva el caso absolvió a Granados Chapa y otros acusados, pero condenó a Rivera Flores, lo que despide un fuerte tufo a cloaca.
Eduardo Huchim, reconocido hombre de prensa con muchos años en el oficio, denunció en la revista Emeequis de esta semana que Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, demandó por daño moral a él y a los colegas Rubén Lara León, Luis Soto, Abel Barajas, Víctor Fuentes y hasta a Fray Bartolomé, que aparece como firmante de la columna Templo Mayor del diario Reforma (advertida del ridículo, la magistrada optó por desistirse de la demanda contra este seudónimo colectivo). El pleito de la señora es porque los compañeros mencionados han informado sobre irregularidades en adquisiciones y servicios de tres edificios del citado Tribunal, por lo que ya se han iniciado procedimientos de responsabilidad contra ocho colaboradores de la magistrada, quien —escribió Huchim basado en lo dicho por Lara León— ha “recuperado poder e influencia en ese tribunal” desde la salida de Luis Malpica y de Lamadrid, quien era su presidente.
Hace unos días, Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, fue detenido por la Policía Bancaria, que sin estar autorizada legalmente ejecutó una orden de aprehensión expedida por un juez de Jalisco, en tanto que Ana Lilia Pérez Mendoza, reportera de esa publicación, tuvo que ocultarse ante el peligro de ser llevada a la cárcel. ¿Su delito? Un reportaje según el cual Juan Camilo Mouriño firmó contratos con Pemex cuando era diputado federal y aun después, siendo funcionario del Poder Ejecutivo Federal, lo que está debidamente documentado.
La reportera denunció “acoso, amenazas, persecución y represión” por parte de Mouriño, de Felipe Calderón Hinojosa y de César Nava, entre otros funcionarios, como Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Pemex, quien le espetó: “Les va a costar caro lo que le hicieron a Juan Camilo”. Para que no quedaran dudas sobre el inmenso poder al que se enfrentan los colegas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, contrariando expresamente la finalidad para la que fue creada, sometió a Ana Lilia a un examen sicológico, pues ésta había presentado una queja contra el entonces secretario de Gobernación, por lo que seguramente esa fiscalía la consideró desquiciada, loca, pues cómo se le ocurre…
Pero el trabajo más sucio le tocó efectuarlo al empresario gasero Jesús Zaragoza López, quien en dos entrevistas que están debidamente grabadas aceptó que estuvo en tratos con Felipe Calderón cuando éste fue secretario de Energía y admitió que durante la campaña del mismo político como candidato panista a la Presidencia de la República le aportó dinero, lo que puede ser interpretado como pago de favores o tráfico de influencias.
Como Contralínea publicó tan comprometedoras declaraciones, el señor Zaragoza demandó a la revista, a su director y a su reportera por daño moral, proceso que se desenvolvió con celeridad, tal vez porque alguien aceitó como se acostumbra la maquinaria judicial. Zaragoza abrió otros dos juicios contra los informadores y —cuenta Badillo— amenazó con que cada una de sus decenas de empresas procedería judicialmente contra los mismos periodistas, en el entendido de que él dispone de abogados, relaciones con los poderosos y mucho dinero para hacer la vida imposible a los colegas, quienes, agobiados por la necesidad de ganarse la vida, ni de lejos tienen el tiempo ni los recursos para hacerle frente a un abuso concertado entre particulares, jueces y autoridades federales.
En fin, lo que está en juego es la libertad de expresión tanto como el derecho de los ciudadanos a estar informados. Pero nos vamos a defender de los abusos. Que no quepa la menor duda.
hum_mus@hotmail.com

Reacciones al informe de la CNDH

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, rechazó las afirmaciones vertidas por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y asegura que la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora no rechaza “sistemáticamente” las recomendaciones del organismo y que tampoco la averiguacioón previa relacionada con el caso Pasta de Conchos haya sido enviada “indebidamente” a la reserva.

Comunicado de la CNDH CGCP/015/09
México, D. F., a 28 de enero de 2009
Entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República ha sido la excepción de la regla al rechazar e incumplir sistemáticamente con las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La actitud de no investigar ni fincar presuntas responsabilidades en casos que le expone la CNDH abona la impunidad y la falta de respeto a las garantías fundamentales, lamentó hoy el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.
En vez de confrontarse con el órgano constitucional autónomo y tomarlo como si fuera el enemigo a vencer, hubiera sido deseable que la PGR buscara el fin superior de hacer justicia, en vez de eludirla, como sucedió en los casos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atenco, Pasta de Conchos –del que no se solicitó “reabrir la mina”, sino reabrir la averiguación previa-- y en el del homicidio del periodista Bradley Roland Will.
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió a presentar el Informe de Actividades 2008 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado César Duarte, Soberanes Fernández recordó que la PGR ha rechazado, entre otras, las Recomendaciones relativas a los casos arriba mencionados.
Tras señalar que en el caso del periodista Brad Will el Poder Judicial de la Federación dio la razón a la Comisión Nacional al poner en libertad a una persona a la que se imputaba la muerte del camarógrafo, Soberanes Fernández respondió que no le corresponde opinar acerca de si el Procurador General de la República debe renunciar.
Cuestionado también sobre las expresiones del gobierno estadounidense acerca de la violencia interna y los presuntos riesgos que ésta representa para el vecino país del norte, consideró que Estados Unidos ejerce medidas de presión sobre México lo que no es nada nuevo y en nuestro país estamos conscientes de la situación que aquí se vive y también de lo que significan las actitudes del gobierno vecino.
Durante el Informe Anual de Actividades 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Soberanes Fernández reiteró la urgencia de poner un alto a la criminalidad desbordada que amenaza la paz social. Alertó que varias regiones del país sufren severas crisis de gobernabilidad, como resultado de los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se ha apoderado de ellas.
Señaló que si se cumpliera con mayor certeza y eficacia la aplicación de las leyes en materia penal se advertiría que con ellas es posible abatir la enorme impunidad que caracteriza al delito y a la delincuencia organizada. Subrayó que cualquier otro camino que no sea el de la aplicación rigurosa de las leyes –incluso el aumento de penalidades, que puede ser hasta de 70 años o el de buscar que se implante la pena de muerte— opera como una distracción, no para aprender a enfrentar a la delincuencia, sino para evadir la realidad.
La impotencia social generada por la inseguridad es tal, dijo, que han llegado a presentarse iniciativas de ley contrarias a derechos humanos, que proponen abierta permisividad para que se realicen cateos sin orden judicial, aprehensión de personas bajo el supuesto de que “parecen sospechosos”, que permiten el arraigo domiciliario e incluso medidas “irracionales e inútiles” como la pena de muerte.
Tras apuntar que la CNDH presentó su II Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, puntualizó que el Organismo nacional será aliado de cualquier movimiento cívico impulsor de cambios en favor del pleno respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la seguridad pública, sin desdibujar o confundir las causas de la inseguridad.
Recordó que dicho Informe contiene cinco propuestas de trabajo basadas en la necesidad de reevaluar la eficacia del a estrategia nacional de seguridad pública; en la promoción de políticas efectivas e integrales para prevenir el delito, y en recuperar la confianza social hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ante diputados y senadores reunidos en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández presentó el informe anual de la CNDH, de conformidad con lo que establece el artículo 102 constitucional. Enfatizó que las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las fuerzas armadas en tareas policiales que no son de su competencia, con lo que se ponen en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales y el reconocimiento que con muchos años de trabajo y esfuerzo labró el Ejército Nacional.
“Esa presencia y acción directa de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –recordó— debe ser temporal. No hagamos de lo excepcional algo normal, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra Constitución, lo cual –estoy seguro— nadie desea”.
Soberanes Fernández mencionó que durante 2008 la CNDH proporcionó más de 40 mil servicios al público en el Distrito Federal y atendió más de cinco mil personas en sus oficinas foráneas, y como consecuencia de lo anterior se registraron seis mil cuatro quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que las autoridades más señaladas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, con 1,230; IMSS, 1,007; PGR, 769; PFP, 284; INM, 258; ISSSTE, 256; SEP, 237; Prevención y Readaptación Social, 216; SSP, 191 e Infonavit, 189.
Dijo que durante el año pasado la CNDH emitió 676 Recomendaciones cuyos principales destinatarios fueron Sedena, 14; INM, 7 y SSP federal, 5, en tanto que algunas autoridades las rechazaron, como la PGR y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero, lo que en nada contribuye a combatir la impunidad y sí abre la puerta para que otras autoridades cometan abusos sin señalamiento y castigo alguno.
Luego de señalar que la CNDH acepta muchas de las observaciones tendentes a mejorar su trabajo y está abierta al diálogo y a la cooperación, expuso que la institución cuenta con un alto nivel de confianza social ganada en 19 años de trabajo institucional, y es reconocida por la ciudadanía como una de las primeras cinco instituciones más confiables del país.
Agradeció el compromiso de los legisladores y ombudsman locales en favor de la CNDH, y puntualizó que no obstante algunas descalificaciones personales hacia el Ombudsman nacional, siempre hubo firmeza en las decisiones y compromiso activo de estricto apego a la ley y de nunca rehuir la responsabilidad de señalar las omisiones y abusos de una autoridad, como fueron los casos de desaparición forzada de personas en la década de los 70 y los feminicidios en Juárez, donde las autoridades no cumplieron con los señalamientos, por falta de voluntad y de capacidad para afrontar la problemática y los resultados de la investigación. “Por los dos casos señalados, dijo, persiste una gran deuda con las víctimas y sus familiares”.
“Nuestro más alto deber es apostar por el Estado de Derecho y la democracia. Las garantías individuales son una victoria del pueblo de México y tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento. Actuar cada año guiado por esa convicción –manifestó Soberanes Fernández— ha sido mi obligación y, al mismo tiempo, el mayor privilegio que he tenido como servidor público”.