15 nov 2009

Informe sobre la libertad religiosa

Un termómetro de la fiebre de la libertad religiosa en el mundo
El departamento de estado norteamericano publica su análisis anual
ROMA, domingo, 15 noviembre 2009 (ZENIT.org).- Casi completamente ignorado por los medios, el departamento de estado norteamericano ha hecho público el 26 de octubre su último informa anual sobre libertad religiosa. El Informe Anual 2009 sobre Libertad Religiosa Internacional se ocupa del año que terminó el 30 de junio de 2009, y analiza 198 países y territorios.
Antes de entrar en los detalles de cada país, la introducción del informe explica por qué el gobierno de Estados Unidos considera importante defender la libertad religiosa.
La libertad religiosa es un derecho de nacimiento de todas las personas, sin importar su fe o la falta de la misma", establece.
La introducción también trae a juego el concepto de bien común. "De forma equilibrada, la libertad tiende a encauzar las convicciones y pasiones de la fe en actos de servicio y en un compromiso positivo en la escena pública", afirma el texto.
Desde una perspectiva más política, el departamento de estado sostiene que, cuando las organizaciones e ideas religiosas se suprimen, se tiende entonces a ir hacia su radicalización, que a su vez puede fomentar el separatismo o la insurrección.
A nivel internacional, el informe mantiene que si los gobiernos manipulan la religión o marginan a grupos, esto sólo ayuda a los grupos radicales que, a su vez, serán una amenaza para la seguridad mundial.
"Los ambientes de sólida libertad religiosa fomentan, por otro lado, la armonía y dan pie a voces de moderación que rechazan abiertamente a los extremistas en base a argumentos religiosos", concluye la introducción.
Violaciones "significativas"
Una sección del informe trata aquellos países en los que las violaciones de la libertad religiosa han sido "significativas". Entre estos se encuentra Afganistán. El informe observa cómo la constitución establece que el Islam es la "religión del estado" y que "ninguna ley puede ser contraria a las creencias y disposiciones de la religión sagrada del Islam".
El departamento de estado comentaba que los grupos minoritarios no musulmanes, entre los que se incluyen cristianos, hindúes y sijs, siguen enfrentándose a incidentes de discriminación y persecución. Otro problema es el de la conversión. Muchos ciudadanos, observaba el informe, entienden que la conversión como algo que contraviene los principios del Islam y la ley islámica
En Egipto el informe observa que, mientras que la Constitución prevé la libertad de creencias y la práctica de ritos religiosos, en la práctica el gobierno impone restricciones a estos derechos. De hecho, según el departamento de estado, el respeto a la libertad religiosa por parte de las autoridades ha disminuido algo durante el periodo analizado en el informe.
Esto se ha debido principalmente a la falta de investigación y procesamiento de los autores de la violencia sectaria. Esta práctica, añadía el informe, ha contribuido a un clima de impunidad que ha animado a la repetición de los asaltos.
Los cristianos y los miembros de la fe wahabita se enfrentan a discriminación personal y colectiva en muchas áreas, afirmaba el informe. Un ejemplo era el de un tribunal que sentenció a un sacerdote copto a cinco años de trabajos forzados por oficiar en una boda entre un copto y un convertido del Islam que se alegó que presentaba una documentación falsa.
En Pakistán, el informe no modera sus palabras y afirma: "La legislación discriminatoria y la falta de actuaciones del gobierno contra las fuerzas sociales hostiles a quienes practican una creencia religiosa diferente han fomentado la intolerancia religiosa, los actos de violencia, y la intimidación contra las minorías religiosas".
En general, se ha extendido la discriminación contra las minorías religiosas, y los grupos extremistas y los individuos apuntan contras las reuniones religiosas.
El informe señala a Irán e Irak como países problemáticos cuando se trata de libertad religiosa. En el primero observa que, a pesar de las garantías constitucionales, en la práctica los que no son musulmanes chiíes se enfrentan a una sustancial discriminación.
También se mencionaba al presidente Mahmoud Ahmadinejad, por su "virulenta campaña de antisemitismo", que incluía cuestionar la existencia y el alcance del Holocausto.
Asimismo, el gobierno ha hecho cumplir la prohibición de proselitismo para algunos grupos cristianos supervisando de cerca sus actividades, cerrando algunas iglesias, y arrestando a los cristianos conversos.
En Irak, la existencia de garantías constitucionales se ha visto viciada por la violencia de los terroristas y de las bandas criminales que restringen el ejercicio de la religión y plantean una significativa amenaza a las vulnerables minorías religiosas del país, establecía el informe.
"Muy pocos de los autores de las violencias cometidas contra los cristianos y otras minorías religiosas del país han sido castigados", observaba el departamento de estado.
Ataques en Asia
El informe también se ocupa de la India, donde ha habido numerosos incidentes de violencia contra los cristianos. El departamento de estado comentaba que algunos gobiernos estatales y locales han impuesto límites a la libertad religiosa.
Los extremistas religiosos han cometido numerosos atentados terroristas por todo el país durante el periodo analizado en el informe. El departamento de estado mencionaba la violencia que estalló en Orissa, en agosto de 2008, cuando, según estadísticas del gobierno, 40 personas murieron y 134 fueron heridas.
Según algunas cifras independientes, se estima que 3.200 refugiados permanecen en campos, por debajo de los 24.000 del periodo inmediato a la violencia, observaba el informe.
En Birmania, según el informe, el gobierno sigue infiltrándose y supervisando las actividades de prácticamente todas las organizaciones, incluyendo las religiosas. Además, las autoridades han restringido sistemáticamente los esfuerzos del clero budista por promover los derechos humanos y la libertad política.
Las restricciones a los cristianos y a otras minorías no budistas también han continuado por todo el país, añadía el informe.
En Vietnam, el informe opinaba que, aunque el respeto por la libertad religiosa ha seguido mejorando en algunos aspectos, quedan todavía problemas significativos. Así, durante el año pasado, el gobierno otorgó reconocimiento nacional a cinco denominaciones protestantes y a algunas religiones más.
Pero ha habido reclamaciones de propiedad sin resolver prácticamente de todos los grupos religiosos, algunas han dado como resultado una protesta católica a gran escala que fue reprimida por la fuerza.
El departamento de estado tiene duras palabras cuando se trata de China. El informe comentaba que, durante el periodo de 12 meses examinado, los funcionarios chinos han seguido sometiendo a pesquisas e interfiriendo en algunos casos las actividades de los grupos religiosos y espirituales.
Asimismo, en algunas zonas los funcionarios del gobierno han violado los derechos de los miembros de grupos protestantes y católicos, de musulmanes uigures, budistas tibetanos y miembros del Falun Gong, no registrados.
Las autores se han opuesto también de forma contundente a la profesión de lealtad al liderazgo religioso fuera del país, especialmente al Papa y al Dalai Lama, observaba el informe. La represión de China de la libertad religiosa sigue siendo dura en las zonas del Tíbet y en la Región Autónoma Xinjiang Uigur, indicaba el informe.
Preocupación en Estados Unidos
En un comunicado de prensa hecho público el mismo día que el informe, la Comisión sobre Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF) animaba "a la pronta designación de ‘países de especial preocupación' (CPCs), así como a la puesta en práctica de políticas dirigidas a estos países".
La declaración explicaba que se exige, por la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, que un país que ha violado gravemente la libertad religiosa sea designado como "país de especial preocupación", y se exige al gobierno de Estados Unidos que actúe, desde la negociación de un acuerdo bilateral hasta sanciones.
USCIRF explicaba que quiere que 13 países - Birmania, Eritrea, Irán, Irak, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, China, Arabia Saudí, Sudán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam - sean designados como Países de Especial Preocupación.
El comunicado de prensa también indicaba que USCIRF recomendaba acciones más contundentes contra ocho países actualmente en la lista de CPCs del departamento de estado: Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte, China, Arabia Saudí, Sudán y Uzbekistán.
Benedicto XVI presenta el derecho a la libertad religiosa
Benedicto XVI trataba recientemente el tema de la libertad religiosa, cuando se dirigió al nuevo embajador de Irán ante la Santa Sede. En su discurso del 29 de octubre el Santo Padre afirmaba que: "Entre los derechos universales, la libertad religiosa y la libertad de conciencia ocupan un lugar esencia, debido que son la fuente de las demás libertades".
Es interesante que tanto la Iglesia católica como una institución laica como el departamento de estado coincidan en que la libertad religiosa es un derecho vita e importante para la comunidad internacional. Razón de más para renovar los esfuerzos por salvaguardar un derecho tan fundamental que en muchos países está amenazado.
Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado

El narco infiltrado

La economía, infiltrada por el narco
La estrategia del gobierno es errónea, insuficiente y carece de respaldo de la sociedad, dicen especialistas a EL UNIVERSAL. Para ellos, no es con fuerza bélica con lo que se logrará vencer a los capos
DORIS GÓMORA Y FRANCISCO GÓMEZ/Reportaje
El Universal, Domingo 15 de noviembre de 2009
Estudiosos del fenómeno del narcotráfico de México y Estados Unidos consideraron errónea la estrategia del presidente Felipe Calderón en la lucha contra este flagelo, y opinaron que no es sólo con poder de fuego y capacidad bélica como se podrá derrotar a los cárteles, sino desmantelando sus estructuras financieras, hoy intactas y operando.
Como muestra de la fallida estrategia antinarco, recuerdan, son las más de 15 mil personas ejecutadas, sin contar las muertes derivadas de esta lucha, de cientos de soldados, policías federales, estatales y municipales, incluso de civiles y periodistas.
Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que el gobierno mexicano no posee una estrategia de lucha contra empresas criminales como lo son los siete cárteles que operan como corporaciones, especialmente el de Sinaloa, que obtienen ganancias millonarias ubicadas en patrimonios.
Explicó que en México, 78% de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico, “y eso está documentado en casos judiciales”.
“El gobierno federal no enfrenta éste problema de desmantelamiento de los patrimonios escondidos en la economía legal en parte por una restricción política”.
Precisó que los cárteles mexicanos tienen participaciones accionarias en esos sectores económicos, incluyendo inmuebles, empresas, terrenos, y en general, bienes reales.
De acuerdo con Buscaglia, los poderosos cárteles del narcotráfico tienen recursos que representarían 40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que es de 11.4 billones de pesos (850 mil millones de dólares).
Comentó que el gobierno mexicano no tiene un sólo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados ni por el lado de la Secretaría de Hacienda ni la Oficina de la Función Pública.
Con trabajo de campo sobre el crimen organizado en países, Buscaglia dijo que en México “no se está desmantelando patrimonialmente a los miles de millones de dólares que tiene la delincuencia organizada fusionada en empresas legales del país, principalmente en el sector minero, agropecuario, farmacéutico, químico y en el área de fideicomisos que no están siquiera regulados”.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar estos temas, pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendaría al secretario de Seguridad Pública federal que en vez de preocuparse en tener más helicópteros se alimenten investigaciones de desmantelamiento patrimonial”.
Para el especialista, los grupos criminales mexicanos operan como multinacionales del crimen dedicados a delitos patrimoniales en 47 países.
Desde hace dos años Buscaglia alertó del incremento de violencia y corrupción debido a que no se atacaba la parte financiera.
Comentó que el gobierno se ha centrado sólo en decomisos fortuitos producto de allanamientos o hallazgos de dinero.
Convención de Palermo
De no desmantelar esos fondos, mencionó Buscaglia, la corrupción y la violencia se van a incrementar y se continuará exportando a otros países como ha ocurrido en países como Guatemala y Argentina.
“El gobierno mexicano no tiene estrategia. Necesita algo muy simple, implementar la Convención de Palermo adecuadamente. México cuenta con recursos económicos y humanos para hacerlo”.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir más eficazmente a este tipo de crimen.
Con 147 países, entre ellos México, firmaron la Convención de Palermo la cual está integrada con 41 artículos que establecen tipos penales comunes, esquemas de cooperación entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua.
Buscaglia recomendó el establecimiento de un acuerdo político de todos los partidos para hacer una limpieza en sus filas de los miembros relacionados con el crimen organizado como ocurrió en Colombia donde 32% de los legisladores están procesados.
Sigue la violencia: WOLA
Maureen Meyer, asociada para México y Latinoamérica de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA) opinó que “después de tres años de implementar una estrategia de lucha contra el narco dominada por los operativos antidroga, la violencia no ha disminuido y las drogas siguen fluyendo”.
Dijo que este es un momento no sólo para México sino para Estados Unidos y la comunidad internacional de repensar la estrategia que se está implementando, “ya no se debe repetir la misma estrategia fallida que no ha producido los resultados esperados”.
Meyer aseguró que la estrategia actual se ha centrado en producir número de detenciones y no en promover e implementar las reformas estructurales necesarias para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México.
Explicó que tampoco se ha fortalecido a las policías estatales y municipales y muchas reformas están enfocadas al combate al narco y no responden a los problemas de inseguridad que afectan a la población.
El ex embajador de EU en Colombia, Myles Frechette, afirmó que mucha gente en Colombia entendió que el narcotráfico era malo para la economía.
“Combatir la parte financiera mediante la extinción de dominio es una vía, pero no debe ser burocrático ese proceso porque de lo contrario los criminales regresan por sus propiedades en cinco o seis años y se les tienen que entregar”.
Frechette opinó que en este momento el empleo del Ejército es la única opción para el gobierno de México en el combate al narco, “y no veo ninguna otra alternativa”.
Basado en su experiencia en la época más dura de los carteles en Colombia, Frechette dijo que probablemente exista otra alternativa, “pero no en este momento y en México la gente confía más en el Ejército”.
Lucha sin respaldo social
Otros investigadores y especialistas en el tema del tráfico de drogas calificaron la estrategia de combate al narcotráfico como insuficiente, desgastada, incomprendida y sin respaldo social.
Académicos y consultores en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim), reconocieron la necesidad de la participación de las fuerzas armadas para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico.
Valoraron el papel de los militares para contener a los cárteles de Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y La Familia Michoacana.
Ante un escenario como la infiltración criminal en las filas de las policías municipales, estatales y federal, la mala preparación y la desequilibrada correlación de fuerzas entre los cuerpos de seguridad y los ejércitos de sicarios del narco, los especialistas en el tema propusieron que la clase política y los partidos políticos se unan para crear una política de seguridad de Estado.
Estrategia de Estado
El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM Luis Astorga dijo que si bien la estrategia de combate a las organizaciones criminales del narco no ha resultado, nadie ha propuesto una alternativa viable.
“No conocemos que algún partido proponga o esté proponiendo en el Congreso una estrategia cualitativamente distinta. No hay las instituciones apropiadas para una situación de emergencia como la que se enfrenta en el combate al narco en el país”.

De lo que se trata, agregó, es de consolidar las instituciones del Estado, de mejorar los mecanismos que se tienen y crear los que no se tienen para enfrentar este fenómeno.

Astorga consideró que la clase política tiene que entender que esta no es ni puede ser una política del gobierno federal única y exclusivamente, es una política del Estado mexicano y todos ellos son parte de él.

El investigador del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Iván del Llano, dijo que ante los resultados en el combate al narcotráfico y la violencia que se vive en México, es obligado replantear las estrategias.

En materia de seguridad se tiene que insistir en la capacitación para la investigación y la formulación de áreas de inteligencia para dar respuesta integral a este fenómeno, explicó Iván del Llano.

Políticas de largo aliento

El ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana y consultor en temas de seguridad, Alberto Capella, consideró que antes hay que señalar lo inédito de la decisión del presidente Felipe Calderón para enfrentar de lleno el combate al narco, al margen que se reconozca que el marcador no le favorezca.

En su opinión, es muy peligroso reinventar estrategias y planes cada seis años.

Sobre el rediseño de la táctica aplicada para enfrentar este fenómeno, dijo que él no conoce en la historia un solo caso en que las estrategias de guerra o de combate no hayan sido modificadas ante los cambios experimentados por el enemigo.

“Si no se piensa en rediseñar estrategias, si se piensa en un paradigma y se aísla del contexto, no podrá tener éxito ningún plan”.

El doctor en derecho y especialista en temas de crimen organizado, Israel Alvarado, explicó que una estrategia de lucha contra el narcotráfico no se puede plantear en tres años y por consiguiente resultaría totalmente injusto valorar los resultados alcanzados en ese lapso.

Explicó que no se puede decir que el combate armado a las organizaciones criminales ha sido del todo fallido, pues se han logrado desmembrar grupos criminales importantes, pero insistió en que se debe replantear las estrategias y tomar en cuenta algunas de los modelos exitosos de acción social contra el crimen, como en Palermo, Italia y en Cali, Colombia, donde todos los actores sociales se han involucrado para enfrentar desde la raíz el problema.

El coordinador general académico del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Macedonio Vázquez Castro, aseguró que hay experiencias a nivel mundial en que problemas de crimen organizado no se han resuelto ni se resolverán, como es el caso de la mafia en Italia.

En el caso del combate al narcotráfico, particularmente en México, es evidente que las estrategias deben replantearse y si se quiere resolver el problema de fondo se debe optar por la despenalización, pues bajo el control del Estado se acabó el negocio del tráfico de drogas y el incentivo económico.

13 nov 2009

¡SME a cualquier costo?

Reforma, 12 noviembre 2009
Jorge G. Castañeda / ¿SME a cualquier costo?
Más allá del éxito o fracaso de las manifestaciones de ayer del SME, lo que importa cada vez más es el litigio jurídico. Como se sabe, una juez de distrito otorgó al SME la suspensión definitiva sobre la terminación de la relación laboral, ahora el gobierno puede apelar al Colegiado e incluso llegar a la Suprema Corte y todo parece sugerir que es en este terreno donde puede desarrollarse el conflicto. Probablemente el meollo del asunto no sea el amparo otorgado ni los recursos del gobierno, sino la hipotética controversia constitucional que pudiera interponer la oposición en el Congreso. Como se sabe, en México los individuos no tienen el camino del amparo contra disposiciones constitucionales, sobre todo en materia política o electoral. Para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo tienen que ceñirse a los requisitos de la propia Constitución, sino a ciertos precedentes jurídicos establecidos por la Corte, como lo invocó antier el ministro Cossío al argumentar que no procedía el recurso de la ALDF ya que no percibía daño alguno para la ALDF, aunque la extinción de LyFC fuera anticonstitucional.
La controversia sólo procederá si el PRI se suma al PRD. Y aunque el PRD ha buscado el apoyo del PRI, hasta ahora las bancadas priistas se encuentran divididas y no hay consenso sobre el apoyo al PRD. O tal vez sí hay consenso, mas no sobre LyFC sino sobre la oportunidad que les da esta coyuntura para volver a chantajear al gobierno de Calderón.
En efecto, en vista de la imprevisible conducta de la SCJ sobre las lagunas jurídicas mexicanas generadas en los últimos años, el gobierno de Calderón no debe sentirse cómodo ni confiado con la llegada de una acción de inconstitucionalidad a la SCJ. No puede apostarle a un resultado, cualesquiera que sean los méritos del litigio. Nadie duda de que la Corte toma en cuenta consideraciones políticas, pensar lo contrario es pecar de ingenuidad, por tanto suena lógico pensar que Calderón está dispuesto a pagar un elevado precio por evitar que la controversia prospere. Y si el gobierno de Calderón se percata del riesgo y si a un neófito como yo se me ocurre, es muy probable que también lo hayan detectado ya los viejos lobos de mar que aún nadan en las aguas priistas. Es muy factible que los líderes priistas en las Cámaras de diputados y senadores estén analizando el precio del rescate que podrían cobrar al gobierno para no ir con el PRD en la controversia constitucional.
Una parte del cobro que el PRI podría solicitar, pues llama la atención la insistencia de los priistas en volver de manera recurrente sobre el tema, es la transferencia del programa Oportunidades -casi 70 mil millones de pesos en 2010- a los gobiernos de los estados. Entidades en su mayoría gobernadas por el PRI, pero también en las que se concentra la pobreza y por tanto los recursos para combatirla: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y tal vez a partir del año que entra Guerrero, y a su manera Chiapas, entre otras.
Que el PRI se adueñe de Oportunidades en estados en los que cuenta con mayoría en la legislatura local es oro molido en un año electoral como 2010. Poder disponer libremente de esos recursos sin rendición de cuentas, aunque ello implique destruir un programa exitoso a lo largo de tres sexenios y en diversos países, es un bajo precio a pagar por los priistas para ganar elecciones que les permitan salir y entrar con comodidad a las casas de gobierno de 10 estados. El dilema para el gobierno de Calderón resulta evidente.
¿Cuánto está dispuesto a pagar Calderón para ganar todo lo que se propone en el conflicto con el SME? ¿Cualquier precio es aceptable? ¿Se trata de un contencioso político personal del Presidente o de una gesta donde el costo-beneficio es fundamental? Ya veremos. Pero si para evitar la controversia constitucional y la posible derrota en la SCJ el precio es destruir Oportunidades, este comentócrata opina que es muy elevado.
***
Carlos Elizondo Mayer-Serra / A cambio de qué
(12 noviembre 2009).- Hernández Juárez, el eterno líder del Sindicato de Telefonistas, afirma que no es posible "pensar más en el país que en los trabajadores. No sé cómo se puede hacer eso". Es comprensible que no sepa. Ha vivido de representar a los trabajadores, no de preocuparse por el país. Seguramente tampoco representará al país ahora como diputado. Sin embargo, cuando los derechos de los trabajadores no son a cambio de trabajo productivo, sobre todo si laboran en el sector público, defender estos derechos es estar en contra del país.
El gobierno cuando es patrón puede dar derechos generosos, ya sea en salario, pensiones, vacaciones, prima de puntualidad o lo que sea. Nunca quiebra. La cuenta es para el ciudadano como consumidor de malos servicios públicos, y como contribuyente que paga impuestos de más para financiar esos derechos que suelen ser, además, a cambio de trabajar lo menos posible. Si esos derechos fueran por trabajar mejor que en el sector privado, quizás se justificarían.

Cuando el trabajador de una empresa privada obtiene más derechos el dueño paga con menores utilidades o, en el extremo, quiebra, en cuyo caso el problema queda limitado a la empresa. En el sector público, los dueños somos todos los mexicanos. Dado que los mexicanos conformamos al país, si el gobierno da derechos de más a los trabajadores, esto va en contra del país y, en consecuencia, de todos nosotros. Cada empleado que sobra en el gobierno va en contra del país.
El gobierno no tendría que ser así como patrón. No lo es en países donde los funcionarios públicos entienden que el dinero no es suyo, sino de los contribuyentes, y defienden cada peso frente a cualquier presión injustificada, incluida la de los trabajadores organizados. En México, los derechos laborales en el sector público, por el papel que jugaron los sindicatos en la gobernabilidad del régimen priista y lo poco que han importado los ciudadanos, han tenido preferencia frente a cualquier otro derecho. Una entidad que requiere más dinero, aun cuando persiga un fin noble, como la educación superior, prefiere exprimir más al fisco (es decir, pedir más dinero en la Cámara de Diputados) en lugar de exigir a sus trabajadores un mejor desempeño y, en caso de que sobren empleados, despedirlos.
El patrón privado puede abusar de su posición privilegiada y por ello el gobierno debe vigilar que se respete la legislación de competencia y la laboral, aunque hay que tener claro que los altos costos para despedir en nuestro país, casi lo más altos del mundo, se pagan con muchos trabajadores en la informalidad. Tristemente, por decreto no se pueden fijar salarios y derechos como los de un país desarrollado. Para eso hay que desarrollarse.
En el sector privado los salarios de los trabajadores no pueden ser mayores a su productividad. Por ello, los derechos de los trabajadores en el mundo privado deberían ser el parámetro de los derechos para los trabajadores en actividades similares en el sector público.
Esto no es así en México. Por ejemplo, el trabajador del sector privado que paga una cuota para tener seguridad social a través del IMSS tiene que seguir pagando cuotas a los 64 años, pues no se puede retirar antes, para pagar las pensiones de trabajadores del IMSS que se retiraron en promedio a los 54 años de edad, con lo cual termina con un peor servicio del que pagó.
Criticar los generosos derechos de los trabajadores del sector público puede ser tildado de reaccionario. Sin embargo, la única forma de tener derechos de verdad para todos es con un gobierno eficiente donde sus trabajadores tengan derechos equivalentes a sus contrapartes en el sector privado.
Los derechos de los ciudadanos escritos en la Constitución sólo existen como realidades concretas que dependen de la capacidad del gobierno de ofrecer servicios concretos. Si por no poder despedir a maestros faltistas, dado que sería violentar sus derechos como trabajadores, tenemos una peor educación, el resultado es que el derecho a la educación se devalúa. Defender ese tipo de derechos de los trabajadores es ir contra los derechos de los niños y, por tanto, contra el futuro de México.
Es cierto, en el país hay muchas injusticias y muchos abusos que no se están enfrentando como se debiera. Sin embargo, esto no justifica generosos derechos laborales otorgados por funcionarios públicos que no los pagan de su bolsa, sino que van a cuenta de los contribuyentes con sus impuestos y del ciudadano que sufre malos servicios.


Cinco años sin Arafat

Cinco años sin Arafat/Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autora de Diccionario de islam e islamismo, Espasa, 2009
Publicado en EL PAÍS, 11/11/09;
Hoy se cumplen cinco años de la muerte de Yasir Arafat. Las causas siguen envueltas en la bruma. Los tres últimos años los pasó Arafat en la Muqata, sitiado por las tropas israelíes. Los que convivieron con él sostienen, cada vez con más énfasis, que fue envenenado (Bassam Abu Sharif, Arafat and the dream of Palestine, Palgrave Macmillan, 2009).
Su legado no ofrece tantas dudas. El mayor triunfo de Arafat fue lingüístico. Como dijo de él el poeta Mahmud Darwix, restituyó un gentilicio al mundo: “palestino”, que se había intentado borrar en beneficio del mito sionista de la tierra vacía, según el cual la tierra “bíblica” aguardaba deshabitada a judíos nacionales de decenas de países. Pero aquello no era la tierra bíblica. Y lo que se creó en ella no fue un reino bíblico, sino un Estado étnico-confesional de ingeniería poscolonial. Tan confesional, una vez salvados los subterfugios, como muchos de sus Estados vecinos.

Corrupción no resignarnos

No debemos resignarnos a la corrupción/Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España
Publicado en EL PAÍS, 11/11/09;
La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc…
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

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