Internet
como Estado policial/Enrique Dans es profesor de IE Business School.
Publicado en El
Mundo |11 de abril de 2014
Hace
pocos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó
una directiva que obligaba a los proveedores de acceso a internet y a muchas
empresas que ofrecían servicios en la Red a retener todos los datos sobre sus
usuarios durante un largo período de tiempo, con el fin de facilitar posibles
investigaciones policiales.
La
directiva de retención de datos fue, en su momento, una norma muy polémica.
Alemania, por ejemplo, la declaró anticonstitucional en el año 2010, después de
que más de 35.000 personas, la mayoría simples usuarios individuales,
participasen en el que fue el mayor recurso presentado en la historia del
constitucional contra una decisión del legislativo.
¿Qué
pretendía la directiva de retención de datos? Amparándose en la posibilidad de
que internet sirviese para que se desarrollasen en ella cuestiones que
generaban un rechazo universal, como el terrorismo o la pornografía infantil,
decretaba una especie de «Estado policial» en el que todo lo que hacíamos en la
Red era almacenado «por si acaso», por si en algún momento era preciso
investigarlo. Para ello se apoyaba en los proveedores de acceso, en las
empresas de telecomunicaciones y en otros que ofrecían servicios en la red, a
los que obligaba a almacenar en sus sistemas todas las acciones de sus
usuarios: con quién se comunicaban, qué dirección IP manejaban en cada momento,
qué páginas visitaban, etcétera.
