Ayudaron aerolíneas privadas a Duarte

Ayudaron aerolíneas privadas a Duarte

Esta tarde, se informó que empresarios y aerolíneas privadas brindaron servicios al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte

Nota de Antonio Baranda/Reforma,

Cd. de México (16 abril 2017).- Aerolíneas privadas ayudaron a Javier Duarte a huir y mantenerse oculto en Guatemala, informaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia, que no reveló los nombres de los empresarios dueños, comunicó que aerolíneas privadas dieron servicio al ex Gobernador, trasladándolo a diversos puntos antes de su detención.

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, y Omar García Harfuch, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la misma dependencia, ofrecieron una conferencia de prensa en la Embajada de México en Guatemala en la que informaron detalles de la detención del ex Mandatario.

Militares en el papel de policías: diez años de fracasos

En el caso de Sinaloa, con la llegada del gobierno de Quirino Ordaz Coppel el 31 de diciembre de 2016, la seguridad del estado fue entregada prácticamente a los militares. 

Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017

Militares en el papel de policías: diez años de fracasos/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Hace poco más de 10 años militares y marinos salieron a las calles a combatir al crimen organizado por instrucciones presidenciales. Hoy están en 26 entidades; algunos altos mandos castrenses incluso han sido secretarios estatales de seguridad pública, pero los resultados han sido calamitosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Índice de Paz México 2017. Ante esta realidad, el general en retiro Sergio Aponte Polito exige que los militares regresen a los cuarteles y que los gobiernos estatales capaciten a sus cuerpos policiacos.

De manera paralela a sus operaciones abiertas de combate a la delincuencia, el Ejército y la Marina han ocupado cada vez más espacios como jefes policiales en todo el país. Prácticamente no hay estado de la República intocado en la última década por soldados o marinos en tareas de seguridad pública vestidos de civil.

Al tiempo que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a las tropas que salieran a las calles para combatir a la delincuencia organizada, jefes y oficiales de las dos fuerzas han cambiado el uniforme militar por el de policías al ser designados como secretarios de seguridad pública estatales, directores de policía municipales, subdirectores o jefes operativos en ambos niveles de gobierno.

De acuerdo con una revisión hecha por Proceso entre ese año y 2016, sólo seis estados quedaron fuera del control de los militares como encargados de la seguridad pública, aunque su presencia en municipios de esas mismas entidades fue constante.

Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción

Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017 

Se trata de decenas de personajes que han tenido cargos importantes en la administración pública y que son o han sido investigados por actos de corrupción, complicidad con la mafia, desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Algunos han sido capturados y juzgados, incluso encarcelados. Otros se encuentran prófugos. Pero todos tienen una cosa en común: son o fueron priistas. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, a cargo de Fernando Elías Calles, se encuentra rebasada ante la abrumadora acumulación de casos de corrupción.

Es larga la lista de priistas que han tenido cargos importantes y están implicados en delitos graves. Por lo menos 30 militantes del PRI han sido señalados o están siendo investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción. De éstos, 21 son exgobernadores que han incurrido en abusos de poder; cuatro de ellos –Tomás Yarrington, Andrés Granier, Mario Villanueva y Jesús Reyna– están en la cárcel, y dos más –Humberto Moreira y Rodrigo Medina– lo estuvieron.

Y el descrédito causado por estos casos ha tenido un impacto negativo en el PRI, pues en las elecciones de 2016 perdió siete de 12 gubernaturas.

La guerra entre Zetas y el CDG como telón de fondo/

Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017

La guerra entre Zetas y el CDG como telón de fondo/JUAN ALBERTO CEDILLO

Ciudad Victoria, Tamps.- Llamadas de última hora les salvaron la vida a Enrique Martínez y Martínez y a Baltazar Hinojosa Ochoa. La mañana del 28 de junio de 2010 recibieron advertencias en sus celulares para que no acompañaran al aeropuerto al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien se dirigiría a Valle Hermoso para celebrar el mitin de cierre de su campaña.

Ambos personajes eran colaboradores del candidato, pero también amigos muy cercanos del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. Esa mañana Martínez (quien dos años después sería titular de la Sagarpa y ahora representa a México en Cuba) e Hinojosa (frustrado aspirante al gobierno en 2016) no abordaron las camionetas que los llevarían al aeropuerto.

Cuatro meses antes Los Zetas se habían separado de su matriz, el Cártel del Golfo (CDG). Para mediados de 2010 ambas bandas estaban en medio de una disputa por las principales plazas del estado y los primeros ganaban todas las batallas militares. Gracias a los documentos de la Corte Sur de Texas –que se hicieron públicos en días recientes– ahora se sabe que también estaban ganando la contienda política.

Con extensiones al Edomex, el cártel narcopolítico de Yarrington

Con extensiones al Edomex, el cártel narcopolítico de Yarrington

JENARO VILLAMIL

Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017

Un hecho inquietante de las gestiones delincuenciales de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas no sólo radica en el tiempo de impunidad transcurrido a lo largo de ellas –más de dos décadas–, sino en el vínculo del cártel narcopolítico de Yarrington con la red de relaciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El nexo lo personifica un alto funcionario del sexenio estatal de Yarrington que ha estado en la mira de las autoridades del país por sus presuntas ligas con el Cártel del Golfo. Se trata de Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los estrategas de Peña Nieto en la elección presidencial y pariente del contratista Armando Hinojosa Cantú, financiador de la Casa Blanca del mandatario en Las Lomas de Chapultepec.

A finales de enero de 2012, en plena precampaña presidencial del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó en un comunicado de prensa que tres exmandatarios de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se trataba de Manuel Cavazos Lerma, gobernador entre 1993 y 1999, que le dejó la estafeta a Tomás Yarrington y al sucesor de éste, Eugenio Hernández.

La PGR también le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proporcionara “toda la información” sobre el registro de entradas y salidas del país de estos exgobernadores, de varios colaboradores suyos, sobre todo de quien fue procurador en la administración de Yarrington, Fernando Tomás Cayuela Villarreal, de la esposa de aquél, María Antonieta Morales Loo, y de sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

La información se divulgó tres días antes de que Enrique Peña Nieto, el precandidato único del PRI, visitara Tamaulipas para sellar el apoyo de la clase política de esta entidad a su campaña presidencial.