Publicado en EL CORREO DIGITAL, 01/12/2008;
La parte más conocida del drama del secuestro en Colombia es la que afrontan dirigentes políticos (como es el caso de la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt), miembros de las fuerzas armadas detenidos en combate, parlamentarios y otras personalidades secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Colombia hay miles de secuestrados (algunas organizaciones hablan de más de 4.200 a día de hoy), muchos de los cuales están en poder de las guerrillas (el Gobierno afirma que las FARC tienen secuestradas a 774 personas), un porcentaje menor en manos de los paramilitares y hay incluso casos reportados de secuestros por miembros de la fuerza pública. Como bien es sabido, los paramilitares no suelen retener a sus víctimas: la inmensa mayoría de los que han estado en cautiverio han terminado en las 3.000 fosas comunes descubiertas hasta ahora en Colombia. De los otros secuestrados (principalmente en manos de la delincuencia común), las noticias poco o nada dicen.
Volviendo al drama de los secuestrados por las FARC, repentinamente apareció una esperanza en diciembre pasado, en medio de la tensión entre Bogotá y Caracas con subidas de tono y acusaciones mutuas: las FARC decidieron entregar al presidente venezolano tres civiles secuestrados, como desagravio al desplante de Uribe a Chávez más exactamente, dos civiles secuestrados y uno nacido en cautiverio).
Este tipo de entregas de personas retenidas y/o secuestradas no son novedad en Colombia. Hace más de diez años, las FARC y el Gobierno hicieron un acuerdo para la entrega de retenidos por las FARC, también con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. En 2001 repitieron un gesto similar. La novedad ahora es que se trata sólo de civiles con gran presencia internacional.
El proceso previo había sido tortuoso. Hace algunos meses se avanzó en posible acuerdo entre el Gobierno y las FARC y, cuando todo parecía posible, un coche-bomba explotó en la Universidad Militar en Bogotá (coche-bomba que algunos califican más exactamente de auto-bomba). Alegando tal hecho, Uribe cerró el proceso de conversaciones con la guerrilla.
Luego empezó una mediación de Chávez limitada en el tiempo: sólo autorizada hasta diciembre, y limitada en sus formas. Uribe jugó a que si el acuerdo salía bien, él sería ganador, pero en el caso de que fracasara, el perdedor sería Chávez. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo distinto y el protagonismo de Chávez se hizo incompatible con el ego de Uribe.
Después vino la patada de Uribe al descalificar a Chávez, quitarle el mandato y poner las relaciones colombiano-venezolanas en el peor momento de toda su historia, pues Venezuela incluso retiró a su embajador en Colombia. Chávez no entregó a tiempo las pruebas de supervivencia de los rehenes que se le habían exigido y eso hizo que se pusiera en duda su capacidad de interlocución con las FARC, así como la seriedad de éstas en el proceso. Además, este hecho desdijo la tesis traída por los pelos de que Ingrid Betancourt estaría en territorio venezolano, ya que de ser así, Chávez no hubiera perdido la oportunidad de lucirse entregando las pruebas de supervivencia a tiempo.
Durante todo este fallido proceso, el Gobierno colombiano tuvo dos mensajes opuestos, públicos y simultáneos: un «no al despeje» en boca del ministro de Agricultura, y un sí a un acuerdo humanitario, pero con condiciones, en boca del Alto Comisionado para la Paz. Así, dilatando el proceso y encendiendo una vela a Dios y otra al diablo, Uribe trataba de ganar en ambos bandos: en el de la paz y en el de la guerra.
A finales de diciembre, las FARC juegan y se enrocan, haciendo un acto unilateral que logró lo que no consiguió Uribe con su acto unilateral hace varios meses (cuando, a petición de Sarkozy, liberó a varias decenas de guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas). La agenda esta vez fue impuesta por las FARC y Chávez volvió a la intermediación incluso en una posición más cómoda, sin interlocución con Bogotá, ni sometimiento alguno a las reglas de Uribe.
Tan desprevenido estuvo Uribe, tan ultimátum fue la propuesta de las FARC, que el presidente colombiano no tuvo tiempo de reaccionar y se limitó a pedir ‘algo’ alegando la Constitución (usar emblemas de protección de la Cruz Roja), pero ese ‘algo’ ni está en la Constitución ni mella para nada lo hecho por Chávez. Tras esto, el escenario parecía ser al revés para Chávez: si algo falla podrá culparse a Uribe, si sale bien, éste no disfrutará de la gloria.
La comisión internacional se hizo sin contar con Uribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza se subieron en el tren promovido por Caracas, sin que el papel de Bogotá hubiera sido relevante (faltó que en un acto de desafío se sumara el mismo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con quien Colombia ha tenido fuerte roces recientes y que llamó ‘hermano’ al líder de las FARC). Así, países a la izquierda y poco amigos de Colombia estuvieron en la comisión internacional, con el consiguiente malestar de Uribe. Por ejemplo, el Gobierno de Ecuador dijo recientemente que el norte de su país no limitaba con Colombia, sino con las guerrillas.
Pero, debido a la historia bien conocida por todos del pequeño Emmanuel, la liberación no se dio según el libreto venezolano. Emmanuel fue la carta bajo la manga que mostró Uribe en el último momento para enfrentarse a todo el despliegue de Chávez, a la promesa hecha por las FARC y hasta a la comisión internacional y Uribe ganó. Las FARC finalmente entregaron a las otras dos secuestradas sin que esto les representara ganancia política alguna (la poca que podían ganar la desperdiciaron con el incidente del niño). Las cosas pues quedaron en tablas: Chávez fue intermediario como lo soñó, pero sin llevarse las palmas y Uribe dio permiso para negociar, pero sin perder de nuevo su papel político. El resultado fue que las FARC liberaron a las secuestradas como lo prometieron, sin recuperar su creciente desprestigio.
Hay una cosa que queda clara: todos los pretextos de las FARC, así como los ‘inamovibles’ de Uribe para no facilitar la liberación de personas detenidas son sólo falacias: la FARC renunciaron al ‘despeje’, el Gobierno renunció incluso a continuar con las operaciones militares temporalmente y la comisión internacional de acompañamiento se organizó en cuestión de horas. El problema no era de formas, sino de voluntad política.
Pero hay, por lo menos, tres elementos pendientes: el primero, el resto de los secuestrados y su liberación; dudosamente las FARC van a hacer lo mismo sin pedir nada a cambio (especialmente con relación a Ingrid Betancourt, quien sería en este proceso la última en ser liberada).
Segundo elemento: ¿qué pasa con el resto de víctimas del conflicto armado colombiano? En Colombia cada cinco días asesinan un trabajador sindicalizado (2.245 homicidios en 21 años), cada día se registra la desaparición forzada de dos individuos y un millar de personas son desplazadas (para un total de casi cuatro millones de desplazados en la actualidad). Es muy loable que se haya logrado la liberación de dos civiles secuestrados, pero eso no resuelve ni debería aplazar una respuesta seria a la crisis de derechos humanos que tiene Colombia.
Tercer elemento: las respuestas humanitarias sirven a las víctimas pero no resuelven la agenda política. A pesar de lo que se diga (y al margen de las críticas a la guerrilla), el conflicto colombiano tiene unas causas que trascienden el secuestro, el narcotráfico y la violencia en general. Reducir la guerra en Colombia al narcotráfico es no tener ni idea de la realidad colombiana. Cosas centrales como la reforma agraria siguen siendo asignaturas pendientes. Lo humanitario hace lo suyo, pero no resuelve la exclusión política ni la injusticia social que alimenta el conflicto mucho más que el narcotráfico.
Todo parece apuntar a que la agenda del conflicto colombiano se reducirá a la agenda humanitaria, y ésta a la liberación de los secuestrados por las FARC. En este contexto juega un papel importante la comunidad internacional, pero ésta, que parecía atrapada en la dinámica marcada por Chávez, está ahora seriamente herida por las mentiras de las FARC y por la negativa de Uribe a permitir otra liberación tipo Hollywood. Sarkozy difícilmente lo haría mejor que Chávez, quien, en todo caso, podría ser garante de una segunda liberación.
Uribe pasa por malos momentos: más de 50 parlamentarios (todos ellos seguidores de Uribe) se enfrentan a cargos judiciales por sus vínculos con el paramilitarismo en el marco del escándalo de la ‘para-política’. Hasta Hillary Clinton sugirió que Estados Unidos no debería firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, debido a la violencia sistemática contra el movimiento sindical. Recientemente otro escándalo, por vínculos familiares entre el principal asesor de Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar, generó la renuncia del embajador en Londres y del zar anti-corrupción. Por eso, para Uribe, la entrega de secuestrados (recuperando su puesto de presidente) es un alivio en medio de tanta tormenta política.
En Colombia hay miles de secuestrados (algunas organizaciones hablan de más de 4.200 a día de hoy), muchos de los cuales están en poder de las guerrillas (el Gobierno afirma que las FARC tienen secuestradas a 774 personas), un porcentaje menor en manos de los paramilitares y hay incluso casos reportados de secuestros por miembros de la fuerza pública. Como bien es sabido, los paramilitares no suelen retener a sus víctimas: la inmensa mayoría de los que han estado en cautiverio han terminado en las 3.000 fosas comunes descubiertas hasta ahora en Colombia. De los otros secuestrados (principalmente en manos de la delincuencia común), las noticias poco o nada dicen.
Volviendo al drama de los secuestrados por las FARC, repentinamente apareció una esperanza en diciembre pasado, en medio de la tensión entre Bogotá y Caracas con subidas de tono y acusaciones mutuas: las FARC decidieron entregar al presidente venezolano tres civiles secuestrados, como desagravio al desplante de Uribe a Chávez más exactamente, dos civiles secuestrados y uno nacido en cautiverio).
Este tipo de entregas de personas retenidas y/o secuestradas no son novedad en Colombia. Hace más de diez años, las FARC y el Gobierno hicieron un acuerdo para la entrega de retenidos por las FARC, también con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. En 2001 repitieron un gesto similar. La novedad ahora es que se trata sólo de civiles con gran presencia internacional.
El proceso previo había sido tortuoso. Hace algunos meses se avanzó en posible acuerdo entre el Gobierno y las FARC y, cuando todo parecía posible, un coche-bomba explotó en la Universidad Militar en Bogotá (coche-bomba que algunos califican más exactamente de auto-bomba). Alegando tal hecho, Uribe cerró el proceso de conversaciones con la guerrilla.
Luego empezó una mediación de Chávez limitada en el tiempo: sólo autorizada hasta diciembre, y limitada en sus formas. Uribe jugó a que si el acuerdo salía bien, él sería ganador, pero en el caso de que fracasara, el perdedor sería Chávez. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo distinto y el protagonismo de Chávez se hizo incompatible con el ego de Uribe.
Después vino la patada de Uribe al descalificar a Chávez, quitarle el mandato y poner las relaciones colombiano-venezolanas en el peor momento de toda su historia, pues Venezuela incluso retiró a su embajador en Colombia. Chávez no entregó a tiempo las pruebas de supervivencia de los rehenes que se le habían exigido y eso hizo que se pusiera en duda su capacidad de interlocución con las FARC, así como la seriedad de éstas en el proceso. Además, este hecho desdijo la tesis traída por los pelos de que Ingrid Betancourt estaría en territorio venezolano, ya que de ser así, Chávez no hubiera perdido la oportunidad de lucirse entregando las pruebas de supervivencia a tiempo.
Durante todo este fallido proceso, el Gobierno colombiano tuvo dos mensajes opuestos, públicos y simultáneos: un «no al despeje» en boca del ministro de Agricultura, y un sí a un acuerdo humanitario, pero con condiciones, en boca del Alto Comisionado para la Paz. Así, dilatando el proceso y encendiendo una vela a Dios y otra al diablo, Uribe trataba de ganar en ambos bandos: en el de la paz y en el de la guerra.
A finales de diciembre, las FARC juegan y se enrocan, haciendo un acto unilateral que logró lo que no consiguió Uribe con su acto unilateral hace varios meses (cuando, a petición de Sarkozy, liberó a varias decenas de guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas). La agenda esta vez fue impuesta por las FARC y Chávez volvió a la intermediación incluso en una posición más cómoda, sin interlocución con Bogotá, ni sometimiento alguno a las reglas de Uribe.
Tan desprevenido estuvo Uribe, tan ultimátum fue la propuesta de las FARC, que el presidente colombiano no tuvo tiempo de reaccionar y se limitó a pedir ‘algo’ alegando la Constitución (usar emblemas de protección de la Cruz Roja), pero ese ‘algo’ ni está en la Constitución ni mella para nada lo hecho por Chávez. Tras esto, el escenario parecía ser al revés para Chávez: si algo falla podrá culparse a Uribe, si sale bien, éste no disfrutará de la gloria.
La comisión internacional se hizo sin contar con Uribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza se subieron en el tren promovido por Caracas, sin que el papel de Bogotá hubiera sido relevante (faltó que en un acto de desafío se sumara el mismo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con quien Colombia ha tenido fuerte roces recientes y que llamó ‘hermano’ al líder de las FARC). Así, países a la izquierda y poco amigos de Colombia estuvieron en la comisión internacional, con el consiguiente malestar de Uribe. Por ejemplo, el Gobierno de Ecuador dijo recientemente que el norte de su país no limitaba con Colombia, sino con las guerrillas.
Pero, debido a la historia bien conocida por todos del pequeño Emmanuel, la liberación no se dio según el libreto venezolano. Emmanuel fue la carta bajo la manga que mostró Uribe en el último momento para enfrentarse a todo el despliegue de Chávez, a la promesa hecha por las FARC y hasta a la comisión internacional y Uribe ganó. Las FARC finalmente entregaron a las otras dos secuestradas sin que esto les representara ganancia política alguna (la poca que podían ganar la desperdiciaron con el incidente del niño). Las cosas pues quedaron en tablas: Chávez fue intermediario como lo soñó, pero sin llevarse las palmas y Uribe dio permiso para negociar, pero sin perder de nuevo su papel político. El resultado fue que las FARC liberaron a las secuestradas como lo prometieron, sin recuperar su creciente desprestigio.
Hay una cosa que queda clara: todos los pretextos de las FARC, así como los ‘inamovibles’ de Uribe para no facilitar la liberación de personas detenidas son sólo falacias: la FARC renunciaron al ‘despeje’, el Gobierno renunció incluso a continuar con las operaciones militares temporalmente y la comisión internacional de acompañamiento se organizó en cuestión de horas. El problema no era de formas, sino de voluntad política.
Pero hay, por lo menos, tres elementos pendientes: el primero, el resto de los secuestrados y su liberación; dudosamente las FARC van a hacer lo mismo sin pedir nada a cambio (especialmente con relación a Ingrid Betancourt, quien sería en este proceso la última en ser liberada).
Segundo elemento: ¿qué pasa con el resto de víctimas del conflicto armado colombiano? En Colombia cada cinco días asesinan un trabajador sindicalizado (2.245 homicidios en 21 años), cada día se registra la desaparición forzada de dos individuos y un millar de personas son desplazadas (para un total de casi cuatro millones de desplazados en la actualidad). Es muy loable que se haya logrado la liberación de dos civiles secuestrados, pero eso no resuelve ni debería aplazar una respuesta seria a la crisis de derechos humanos que tiene Colombia.
Tercer elemento: las respuestas humanitarias sirven a las víctimas pero no resuelven la agenda política. A pesar de lo que se diga (y al margen de las críticas a la guerrilla), el conflicto colombiano tiene unas causas que trascienden el secuestro, el narcotráfico y la violencia en general. Reducir la guerra en Colombia al narcotráfico es no tener ni idea de la realidad colombiana. Cosas centrales como la reforma agraria siguen siendo asignaturas pendientes. Lo humanitario hace lo suyo, pero no resuelve la exclusión política ni la injusticia social que alimenta el conflicto mucho más que el narcotráfico.
Todo parece apuntar a que la agenda del conflicto colombiano se reducirá a la agenda humanitaria, y ésta a la liberación de los secuestrados por las FARC. En este contexto juega un papel importante la comunidad internacional, pero ésta, que parecía atrapada en la dinámica marcada por Chávez, está ahora seriamente herida por las mentiras de las FARC y por la negativa de Uribe a permitir otra liberación tipo Hollywood. Sarkozy difícilmente lo haría mejor que Chávez, quien, en todo caso, podría ser garante de una segunda liberación.
Uribe pasa por malos momentos: más de 50 parlamentarios (todos ellos seguidores de Uribe) se enfrentan a cargos judiciales por sus vínculos con el paramilitarismo en el marco del escándalo de la ‘para-política’. Hasta Hillary Clinton sugirió que Estados Unidos no debería firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, debido a la violencia sistemática contra el movimiento sindical. Recientemente otro escándalo, por vínculos familiares entre el principal asesor de Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar, generó la renuncia del embajador en Londres y del zar anti-corrupción. Por eso, para Uribe, la entrega de secuestrados (recuperando su puesto de presidente) es un alivio en medio de tanta tormenta política.
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