EPR, la opinión de Jorge Fernández

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Publicado en Excelsior, 01/05/2008;

La negociación y la geografía del EPR
¿Tiene sentido establecer un mecanismo de negociación con el EPR? ¿Qué, para qué y con quiénes se podrá negociar? Esas son las preguntas que, de inicio, debemos hacernos cuando hablamos de la respuesta que otorgó el martes el gobierno federal al comunicado del EPR sobre una posible negociación. En realidad, todo el proceso sorprende: a lo largo de su historia, el EPR como tal, aunque sí lo habían hecho algunos de sus epígonos y desprendimientos, se negó sistemáticamente a cualquier negociación con el gobierno. Incluso fue crítico del EZLN cuando éste entabló en los años 90 su proceso de negociación.
¿Qué ha sucedido entonces que tanto el gobierno como el EPR parecen haber cambiado de opinión? En realidad, desde los bombazos contra ductos de Pemex, en septiembre pasado, en el gobierno federal se reactivaron muchas de las investigaciones que habían sido abandonadas durante la administración de Fox (incluso luego de la amnistía ordenada en Oaxaca por José Murat, que dejó en libertad a la mayor parte de la estructura del EPR entonces detenida). Hoy el gobierno federal parece tener un diseño bastante aproximado de qué es el EPR, cómo trabaja, quiénes son sus dirigentes y cómo está posicionado en el país. Y en ese escenario las pugnas y las diferencias internas en el grupo son clave.
Por una parte, su líder histórico, Tiburcio Cruz Sánchez, y la esposa, Elodia Canseco Ruiz, no sólo están enfermos y con dificultades originadas en una larga historia de clandestinidad, acrecentada por la detención de los hijos, los hermanos Cerezo Contreras (en la clandestinidad, el nombre de Tiburcio era Francisco Cerezo y, el de Elodia, Emilia Contreras), hace ya algunos años, sino también por la desaparición del hermano Gabriel Alberto Cruz Salinas, hace un año en Oaxaca. Para el grupo histórico del EPR que encabeza Tiburcio, la posibilidad entonces, de un diálogo, aunque sea acotado con el gobierno, puede ser de su interés. Un dato es importante: Tiburcio, siendo líder de la organización, participó personalmente en los atentados a los ductos de Pemex en Veracruz, lo que confirmaría que son pocos los cuadros capacitados del grupo para realizar una acción así.
Por otra parte, esa rama histórica mantiene diferencias con otros agrupaciones internas: en particular, las de Oaxaca, formadas por los amnistiados de años atrás pero, sobre todo, por grupos más jóvenes que surgieron de la movilización de la APPO y quieren mantener una línea más radical. Al mismo tiempo, en Oaxaca se conformó un ala disidente que puede haber tenido alguna relación con sectores o funcionarios de áreas de seguridad, que podría haber estado relacionada con o detrás de los secuestros de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez. Los comunicados del EPR se han ido modificando con el paso de los meses al abordar este tema y han pasado desde la acusación directa a mandos militares, al Estado Mayor Presidencial o al gobierno federal, a una exigencia de investigación de los hechos. En este sentido, vuelve a confirmarse que varios de los secuestros que se produjeron en Oaxaca en el pasado, incluido el de uno de los hermanos del narcotraficante Díaz Parada, podría tener relación con este mismo grupo y la desaparición de los dos integrantes de éste.
En ese contexto se dan la propuesta de negociación del EPR y la respuesta gubernamental. En principio, ambas parecen aventuradas: ¿realmente puede creer el EPR que el gobierno federal se sentará a negociar sólo el caso de los dos desaparecidos, sin agenda concreta y con un grupo de mediadores que, con algunos personajes muy respetables y otros casi impresentables, no cabe duda de que son de la confianza de esa organización? Ya con la respuesta gubernamental, ¿alguien puede creer que el EPR aceptará las cuatro condiciones impuestas, incluida la suspensión de las acciones armadas y la posibilidad, inminente, de que el gobierno federal pueda proseguir con las investigaciones sobre los dos desparecidos, pero también de los responsables de los atentados cometidos por esa organización? Ninguna de las dos posibilidades parece real. A ello se sumará que el EPR tendrá que unificar sus posiciones internas, hoy divididas sobre éste y otros temas, al mismo tiempo que el gobierno deberá tener alguna prueba de que sus interlocutores posean, por lo menos, representatividad suficiente dentro de su organización, como para serlo.
En realidad, el que tiene que dar una respuesta es el EPR y hacerlo en una situación compleja: si acepta las condiciones impuestas por el gobierno ello implicará, en los hechos y como ocurrió en su momento con el EZLN, una aceptación de que deberá abandonar los actos armados y también delincuenciales, como los secuestros. Además, establecer algún tipo de control interno sobre las distintas facciones que lo conforman. Y definir qué sucederá con los grupos que se desprendieron de él en el pasado y tienen profundas diferencias con el EPR, por ejemplo, el ERPI, que sí está realizando acciones delincuenciales, sobre todo robos y secuestros, en Guerrero, además de trabajo político en distintas comunidades. Por cierto, es el ERPI el que tendría mayor relación con la célula de las Milicias Flores Magón que están a su vez involucradas con las FARC y a la que pertenecían la mayoría de los jóvenes muertos en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Para el gobierno tampoco es sencillo: ¿qué sucedería si, por ejemplo, el EPR acepta las condiciones pero no las cumple? La respuesta podría estar en la capacidad del gobierno, ahora sí, de poder contemplar acciones firmes contra estos grupos, acciones que, paradójicamente, también tendría que cumplir el gobierno, con sus propias condiciones, incluida la detención de quienes realizaron los atentados en Pemex. ¿Vale la pena tanto esfuerzo, entonces? Si se garantizaría que estos grupos abandonaran la violencia, sin duda. ¿Es posible?