El Frente Amplio Progresista propuso ante la Comisión Permanente que se solicite a la cancillería un informe preciso sobre “la abrupta salida” del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra.En la sesión de este miércles 14 de mayo el diputado perredista Cuauhtémoc Sandoval advirtió que hay sospechas de que desde la cancillería se presionó para que el funcionario de Naciones Unidas dejara su cargo y saliera el país, sobre todo por haber manifestado dudas sobre el resultado de la elección federal de 2006.
“Se dice que este gobierno pidió su cambio porque respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que criticó las violaciones a las garantías básicas cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y, en una palabra, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno”, sostuvo Sandoval, al presentar el punto de acuerdo que se turnó a comisiones.
“Se dice que este gobierno pidió su cambio porque respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que criticó las violaciones a las garantías básicas cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y, en una palabra, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno”, sostuvo Sandoval, al presentar el punto de acuerdo que se turnó a comisiones.
Versión estenográfica:
EL C. SENADOR PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Cuauhtémoc Sandoval, a nombre de los diputados Alliet Bautista, Valentina Batres, Sonia Ibarra y Humberto Zazueta, del PRD, para presentar Punto de Acuerdo relativo a la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
-EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC SANDOVAL RAMIREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
En los últimos días, en las últimas semanas, se han publicado tanto en la prensa nacional como en la prensa europea como en la prensa neoyorkina, un hecho que amerita que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita una opinión, se trata de que el Gobierno de Felipe Calderón le solicitó a la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para derechos Humanos que recientemente visitó nuestro país y que recorrió algunos estados de la República, la frontera, el Estado de Guerrero, estuvo en la región de la Montaña de Guerrero, el gobierno solicitó, el Gobierno Federal solicitó el retiro del representante en México de la oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el señor Amerigo Incalcaterra.
Este hecho revela un retroceso en materia de derechos humanos, hubo ligeros avances al permitir que se estableciera un convenio entre el Gobierno Federal y la oficina de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, también se estableció convenio con la Cruz Roja Internacional, a fin de que su oficina pudiera funcionar en México, y ahora en una falta de tacto político inmenso, los representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa, han solicitado la salida del país del señor Amerigo Incalcaterra, hecho que tiene muchas lecturas, según la versión que se ha publicado en distintos diarios mexicanos, en distintos diarios europeos y americanos, se expresa que ha habido varios motivos que han llevado al gobierno de Calderón a solicitar la salida de este representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se plantea que expresó el señor Incalcaterra dudas fundadas sobre las elecciones del 2006, se plantea que respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se plantea que criticó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y en una palabra que se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno.
Se plantea que el gobierno de Calderón no admite que esta petición fue hecha, sin embargo todos los informes apuntan a que durante la visita del señor, de la señora Louise Arbour, la Alta Comisionada para Derechos Humanos que tiene su sede en Ginebra, esta solicitud fue hecha.
Por tales motivos, nosotros no compartimos la idea de que el señor Amerigo Incalcaterra sea una simple rotación de los funcionarios de Naciones Unidas y tenemos serias y fundadas razones para creer que fue una solicitud expresa del Gobierno de Felipe Calderón, incluso así lo publica hoy en el periódico Reforma, un destacada panista exintegrante del Gobierno de Vicente Fox, el señor Jorge G. Castañeda, quien asegura que así ocurrió, de acuerdo a fuentes de Los Pinos.
Compañeras y compañeros legisladores:
En los últimos días, en las últimas semanas, se han publicado tanto en la prensa nacional como en la prensa europea como en la prensa neoyorkina, un hecho que amerita que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita una opinión, se trata de que el Gobierno de Felipe Calderón le solicitó a la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para derechos Humanos que recientemente visitó nuestro país y que recorrió algunos estados de la República, la frontera, el Estado de Guerrero, estuvo en la región de la Montaña de Guerrero, el gobierno solicitó, el Gobierno Federal solicitó el retiro del representante en México de la oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el señor Amerigo Incalcaterra.
Este hecho revela un retroceso en materia de derechos humanos, hubo ligeros avances al permitir que se estableciera un convenio entre el Gobierno Federal y la oficina de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, también se estableció convenio con la Cruz Roja Internacional, a fin de que su oficina pudiera funcionar en México, y ahora en una falta de tacto político inmenso, los representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa, han solicitado la salida del país del señor Amerigo Incalcaterra, hecho que tiene muchas lecturas, según la versión que se ha publicado en distintos diarios mexicanos, en distintos diarios europeos y americanos, se expresa que ha habido varios motivos que han llevado al gobierno de Calderón a solicitar la salida de este representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se plantea que expresó el señor Incalcaterra dudas fundadas sobre las elecciones del 2006, se plantea que respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se plantea que criticó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y en una palabra que se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno.
Se plantea que el gobierno de Calderón no admite que esta petición fue hecha, sin embargo todos los informes apuntan a que durante la visita del señor, de la señora Louise Arbour, la Alta Comisionada para Derechos Humanos que tiene su sede en Ginebra, esta solicitud fue hecha.
Por tales motivos, nosotros no compartimos la idea de que el señor Amerigo Incalcaterra sea una simple rotación de los funcionarios de Naciones Unidas y tenemos serias y fundadas razones para creer que fue una solicitud expresa del Gobierno de Felipe Calderón, incluso así lo publica hoy en el periódico Reforma, un destacada panista exintegrante del Gobierno de Vicente Fox, el señor Jorge G. Castañeda, quien asegura que así ocurrió, de acuerdo a fuentes de Los Pinos.
Por lo tanto, nos permitimos presentar a nombre de los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista el siguiente Punto de Acuerdo.Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión agradece al señor Amerigo Incalcaterra sus buenos oficios durante su encargo como titular de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y le deseamos éxitos en su próxima labor, esperando que su próxima misión sea fructífera y satisfactoria en beneficio de los derechos humanos, se habla de que el señor Amerigo fue trasladado, algunos hablan a Guatemala, otros hablan a Sudáfrica.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe por escrito a esta soberanía acerca de las gestiones que hizo el Ejecutivo Federal para pedir la remoción del señor Incalcaterra como representante de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, firman la presente solicitud la diputada Alliet Bautista Bravo, la diputada Valentina Batres Guadarrama, la Diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez, el diputado Humberto Zazueta, el de la voz y también el diputado Joaquín Vela, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Alejandro Chanona del Grupo Parlamentario de Convergencia. Según estoy viendo también nuestro senador Dante Delgado también, del grupo Parlamentario de Convergencia, se une a este punto de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Segunda Comisión para su análisis y dictamen.
Muchas gracias, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Segunda Comisión para su análisis y dictamen.
La opinión de Jorge Castañeda
Jorge G. Castañeda / Un acierto y un gran error
Reforma, 14-May-2008;
Una vez no es costumbre pero en esta ocasión, al menos en parte, debo manifestar mi total acuerdo por la postura del gobierno del presidente Calderón, con relación a las negociaciones entre América Móvil y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa sobre la renovación de la concesión al consorcio de Carlos Slim en Ecuador. Según el propio Correa, fue gracias a una llamada telefónica de Calderón que recibió al director de América Móvil, Daniel Hajj, quien salvó la negociación del fracaso al cuarto para las doce. La empresa española Telefónica ya había llegado a un acuerdo previo con Ecuador, renovando su concesión hasta 2023 por un costo de 220 millones de dólares, monto derivado del 26 por ciento del mercado móvil que detenta en ese país; AM ofreció 307 millones de dólares por sus tres cuartas partes del mercado, oferta que fue rechazada con indignación por el propio Correa. Correa insistió en que Slim debía pagar 480 millones de dólares, es decir la cantidad correspondiente exactamente a la de Telefónica, tomando en cuenta el market share de la empresa española. Después de la intervención de Calderón y de las negociaciones de Hajj, AM pagó 480 millones de dólares, es decir exactamente la cifra que Correa había exigido al inicio. Por tanto no estoy muy convencido de la eficacia de la intervención calderonista.
Pero la intención fue la correcta: siempre he pensado que el gobierno mexicano debe apoyar a sus "campeones nacionales" afuera y fomentar la competencia dentro, incluso a costa de dichos campeones. La coincidencia en el tiempo de la llamada de Calderón y del ukase de la SCT a Telmex de interconectar a GSM (filial de Telefónica) corresponde a este esquema, señalado aquí desde hace varios meses. Enhorabuena.
Lástima que junto con este acierto el gobierno haya incurrido hace un par de semanas en un error muy grave, también en el frente externo. Se trata de la solicitud de retiro dirigida a Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, del jefe de su oficina en México, Amerigo Incalcaterra. Tanto el diario español El País, como varios diarios mexicanos y neoyorquinos informaron en los últimos días que las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, junto con el presidente de la CNDH, habían solicitado la salida de Incalcaterra debido a uno o varios de los siguientes factores: haber expresado dudas sobre las elecciones del 2006, haber respaldado el informe de Human Rights Watch sobre la CNDH, haber criticado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en una palabra, haberse vuelto "a pain in the ass". El hecho es que Incalcaterra se va, según algunos, a Guatemala; según otros, a Sudáfrica; según otros más, a Ginebra, pero con la cola entre las patas.
Ahora bien, el error del gobierno de Calderón no consiste en haberlo expulsado (puede haber motivos fundados para ello), ni siquiera en haber cambiado de política frente al UNHCHR inaugurada el 1o. de diciembre de 2000 con la firma en Oaxaca de un convenio de apertura de sede entre Mary Robinson y Vicente Fox; el error es no avisar del cambio de política. Como se recordará, dicho convenio así como la apertura de la oficina, la realización de un diagnóstico por la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México, la invitación a varias decenas de relatores para que visitaran nuestro país durante la administración Fox, la realización de un programa de trabajo de derechos humanos e incluso la renovación del mismo hace apenas un mes, formaron parte de un diseño muy claro: se trataba de anclar lo más posible en el exterior, y en particular en la mirada externa y los instrumentos legales internacionales, la protección de los derechos humanos en México.
A cada quien le corresponde juzgar si fue una buena idea, si resultó o si fue un gesto meramente cosmético de Fox, huelga decir que como autor de la idea considero que fue atinada. La idea se inscribía en la trayectoria iniciada por Felipe González en España entre 82 y 85 buscando anclar la democracia española en la permanencia dentro de la OTAN y el ingreso a la CEE, y en la lucha fallida por incluir cláusulas de derechos humanos y de democracia en el TLC con Estados Unidos y Canadá en 1992-93, así como en la inclusión de esas cláusulas en el TLC con la Unión Europea en 1999.
Calderón no tiene por qué seguir con esta inspiración, no es suya. Obviamente considera que otros temas (soberanía, no intervención, cercanía con Cuba, deslinde con Fox) son más importantes que el anclaje de los derechos humanos en México. Para eso son la alternancia y la democracia: para que los gobiernos cambien de política. Pero Incalcaterra y sus jefes en Ginebra no tenían cómo adivinar que el propósito de su presencia en México había cambiado: ya no se trataba de que ejercieran mirada y presión externas sobre las autoridades mexicanas, sino que ahora calladitos se veían más bonitos. Hubiera bastado con un mensaje claro, explícito y público, sobre dicho cambio, para dar aviso, en lugar de enviar señales encriptadas, sibilinas, y al final de cuentas incomprensibles.
Quedan dos preguntas para nuestros gobernantes y colegas comentócratas. Primero: ¿siguen creyendo que el alineamiento con Cuba y el despido de Incalcaterra son dos asuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro? ¿O ya empiezan a convencerse que ni la paja ni la viga son ajenas? Segundo: ¿cómo reaccionarán las ONG internas y externas ante tal decisión calderonista cuando llegue el momento de poner o quitar candados de derechos humanos al Plan Mérida en Washington y de luchar contra las ejecuciones de mexicanos en Texas, que por desgracia y aparentemente se reanudarán el 5 de agosto?
Pero la intención fue la correcta: siempre he pensado que el gobierno mexicano debe apoyar a sus "campeones nacionales" afuera y fomentar la competencia dentro, incluso a costa de dichos campeones. La coincidencia en el tiempo de la llamada de Calderón y del ukase de la SCT a Telmex de interconectar a GSM (filial de Telefónica) corresponde a este esquema, señalado aquí desde hace varios meses. Enhorabuena.
Lástima que junto con este acierto el gobierno haya incurrido hace un par de semanas en un error muy grave, también en el frente externo. Se trata de la solicitud de retiro dirigida a Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, del jefe de su oficina en México, Amerigo Incalcaterra. Tanto el diario español El País, como varios diarios mexicanos y neoyorquinos informaron en los últimos días que las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, junto con el presidente de la CNDH, habían solicitado la salida de Incalcaterra debido a uno o varios de los siguientes factores: haber expresado dudas sobre las elecciones del 2006, haber respaldado el informe de Human Rights Watch sobre la CNDH, haber criticado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en una palabra, haberse vuelto "a pain in the ass". El hecho es que Incalcaterra se va, según algunos, a Guatemala; según otros, a Sudáfrica; según otros más, a Ginebra, pero con la cola entre las patas.
Ahora bien, el error del gobierno de Calderón no consiste en haberlo expulsado (puede haber motivos fundados para ello), ni siquiera en haber cambiado de política frente al UNHCHR inaugurada el 1o. de diciembre de 2000 con la firma en Oaxaca de un convenio de apertura de sede entre Mary Robinson y Vicente Fox; el error es no avisar del cambio de política. Como se recordará, dicho convenio así como la apertura de la oficina, la realización de un diagnóstico por la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México, la invitación a varias decenas de relatores para que visitaran nuestro país durante la administración Fox, la realización de un programa de trabajo de derechos humanos e incluso la renovación del mismo hace apenas un mes, formaron parte de un diseño muy claro: se trataba de anclar lo más posible en el exterior, y en particular en la mirada externa y los instrumentos legales internacionales, la protección de los derechos humanos en México.
A cada quien le corresponde juzgar si fue una buena idea, si resultó o si fue un gesto meramente cosmético de Fox, huelga decir que como autor de la idea considero que fue atinada. La idea se inscribía en la trayectoria iniciada por Felipe González en España entre 82 y 85 buscando anclar la democracia española en la permanencia dentro de la OTAN y el ingreso a la CEE, y en la lucha fallida por incluir cláusulas de derechos humanos y de democracia en el TLC con Estados Unidos y Canadá en 1992-93, así como en la inclusión de esas cláusulas en el TLC con la Unión Europea en 1999.
Calderón no tiene por qué seguir con esta inspiración, no es suya. Obviamente considera que otros temas (soberanía, no intervención, cercanía con Cuba, deslinde con Fox) son más importantes que el anclaje de los derechos humanos en México. Para eso son la alternancia y la democracia: para que los gobiernos cambien de política. Pero Incalcaterra y sus jefes en Ginebra no tenían cómo adivinar que el propósito de su presencia en México había cambiado: ya no se trataba de que ejercieran mirada y presión externas sobre las autoridades mexicanas, sino que ahora calladitos se veían más bonitos. Hubiera bastado con un mensaje claro, explícito y público, sobre dicho cambio, para dar aviso, en lugar de enviar señales encriptadas, sibilinas, y al final de cuentas incomprensibles.
Quedan dos preguntas para nuestros gobernantes y colegas comentócratas. Primero: ¿siguen creyendo que el alineamiento con Cuba y el despido de Incalcaterra son dos asuntos que no tienen nada que ver el uno con el otro? ¿O ya empiezan a convencerse que ni la paja ni la viga son ajenas? Segundo: ¿cómo reaccionarán las ONG internas y externas ante tal decisión calderonista cuando llegue el momento de poner o quitar candados de derechos humanos al Plan Mérida en Washington y de luchar contra las ejecuciones de mexicanos en Texas, que por desgracia y aparentemente se reanudarán el 5 de agosto?
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