Publicado en Letras Libres (www.letraslibres.com), JULIO DE 2008;
La multinacional FARC/ Bertrand de la Grange, periodista.
La multinacional FARC/ Bertrand de la Grange, periodista.
Luego del contundente ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC apostado en suelo ecuatoriano, una pregunta terminó por imponerse: ¿qué información ocultan las computadoras encontradas en el sitio? Bertrand de la Grange tuvo acceso a las célebres laptops y refiere, en exclusiva para Letras Libres, sus hallazgos.
Había más agitación que de costumbre en el campamento guerrillero. Raúl Reyes, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ejercía con evidente placer el papel de anfitrión ante sus invitados, chilenos y mexicanos que habían llegado hasta ese apartado rincón de la selva ecuatoriana para rendirle pleitesía. Acababan de asistir al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, celebrado en Quito a finales del pasado febrero. Después de una sobredosis teórica de socialismo del siglo XXI, nada mejor que unas jornadas de emociones fuertes y fraternal esparcimiento revolucionario. Arrobados, los militantes urbanos de apoyo a las FARC se vistieron con uniformes de camuflaje y se hicieron fotos con Reyes, que se colgó para la ocasión el fusil al hombro. “Era como sacarse una foto con el Che”, comentó el chileno Manuel Olate.
Los visitantes habían viajado en autobús desde Quito hacia el norte de Ecuador, hasta un punto donde los esperaba un “enlace”. Luego, habían recorrido en lancha un corto tramo del Putumayo, cuyos meandros rojizos marcan la frontera con Colombia. El campamento de Raúl Reyes estaba a 1.8 kilómetros del río en suelo ecuatoriano, pero el grupo dio un gran rodeo por la selva, con el objetivo de desorientar a los invitados y sortear los campos de minas quiebrapatas que la guerrilla siembra con fruición en los territorios donde tiene presencia.
El campamento estaba muy bien organizado. Varias carpas acogían la cocina con su refrigerador, el comedor, una aula y los dormitorios. Unos caminos de troncos impedían que las permanentes lluvias tropicales transformaran el lugar en un lodazal imposible. Los guerrilleros veían televisión por satélite gracias a una antena parabólica. Una radio les traía los ritmos envolventes del vallenato.
Más allá de su papel de relaciones públicas, Reyes, de 59 años, era el conductor ejecutivo de las FARC. De baja estatura, barba canosa y gruesas gafas, sus modales afables escondían a uno de los dirigentes más duros. Por sus métodos brutales, incluidas las matanzas de población civil y los secuestros, la guerrilla más antigua de América Latina, que llevaba 44 años intentando tomar el poder por la vía armada, había terminado por engrosar las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Reyes se sentía tranquilo en suelo ecuatoriano. No en vano se había reunido con el mismísimo ministro del interior, Gustavo Larrea, que mostraba la mejor disposición para colaborar.
Esa noche del 29 de febrero los guerrilleros y los cinco mexicanos que quedaban en el campamento cenaron arroz, frijoles, plátanos fritos, jugo de panela y café. Tras charlar un rato, se acostaron muy temprano. Raúl Reyes se quedó revisando sus correos electrónicos. La fiel Eliana le había descifrado y copiado en una memoria USB los últimos mensajes recibidos de la central de comunicaciones de la guerrilla, ubicada en Caracas. El canciller de las FARC mantenía una intensa actividad epistolar. El día anterior había enviado un balance de dos cuartillas a sus seis “camaradas del Secretariado”, el máximo órgano de dirección de la guerrilla. En él celebraba el “éxito [de] la liberación unilateral” de seis de los rehenes en poder de las FARC y se quejaba de la actitud “grosera y provocadora” de otra secuestrada, Ingrid Betancourt. Hacía también una síntesis de la reunión mantenida con un “emisario” del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con el que había hablado de organizar un encuentro en Quito para estrechar las relaciones.
A esa misma hora, en Bogotá, las luces seguían encendidas en el Ministerio de Defensa. La Junta de Operaciones Especiales, que coordina las actividades secretas de la policía y el Ejército, llevaba atrincherada todo el día. El general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, y el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, contenían los nervios. El presidente Álvaro Uribe, de viaje en Medellín, no se separaba del celular. La información era muy precisa; las condiciones climatológicas, propicias. No podían perder la oportunidad. A medianoche, cinco aviones Super Tucano despegaron de su base de Villavicencio, al sur de Bogotá. La Operación Fénix estaba en marcha.
Todo el mundo duerme en el campamento, salvo la guardia. El ataque llega de donde nadie lo espera, desde el cielo, y en forma de bombas de gran precisión. En unos segundos, el lugar se transforma en un infierno. Veintiséis guerrilleros e invitados caen muertos. De los mexicanos, sólo una mujer sobrevive. Cuatro helicópteros Black Hawk llegan con tropa de élite y policías judiciales colombianos, que se abren paso hasta el campamento con visores nocturnos y una cámara de video. Entre los escombros encuentran el cadáver de un hombre con barba y gruesa barriga. Viste calzones y una camiseta con el retrato de Tirofijo, el máximo líder de las FARC. Objetivo logrado.
Los comandos colombianos filman el registro. En medio de la oscuridad, la cámara enfoca unos maletines metálicos debajo de una mesa. Al abrirlos descubren tres ordenadores portátiles Toshiba Satellite intactos. Hay además dos discos duros externos y tres memorias USB. Con la luz del día, los helicópteros despegan rumbo al norte con el cadáver de Reyes y ese botín inesperado, en el que el número dos de las FARC guardaba todos los secretos de su organización.
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Euforia en Colombia, pese a la crisis diplomática que se avecina por la violación flagrante de la soberanía ecuatoriana. La Operación Fénix es el golpe más devastador que han recibido las FARC en sus cuatro décadas de existencia, no sólo por la muerte de su número dos sino porque ha puesto en manos del enemigo una verdadera mina de información sobre su funcionamiento interno, sus códigos secretos, sus estructuras internacionales y sus negocios de armas y drogas. Es, también, el preámbulo de un marzo negro para la guerrilla.
A los cinco días del ataque, otro miembro de la cúpula, Iván Ríos, es asesinado por su propia escolta a cambio de una jugosa recompensa del gobierno. El 26 de marzo muere Pedro Antonio Marín, más conocido como “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, a la edad de 78 años. La guerrilla intenta ocultarlo, pero al cabo de dos meses el gobierno destapa la noticia. Las FARC aseguran entonces que su líder ha fallecido “de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal”. El ministro de defensa insiste en que Marulanda ha sucumbido a las heridas causadas por un bombardeo del Ejército. Es una manera de hacer saber a la guerrillerada que la fuerza pública puede golpearla en cualquier parte del territorio nacional. La advertencia puede tomarse como un incentivo para que se desmovilicen, como ya lo han hecho diez mil de los casi veinte mil combatientes que tuvieron las FARC en su apogeo, en 2002.
En menos de un mes, la guerrilla más poderosa de todos los tiempos en América Latina ha perdido a su jefe máximo y a dos de sus principales dirigentes, casi la mitad de su Secretariado de siete miembros. A esos golpes hay que agregar la captura o rendición de varios mandos medios, como la temible “Karina”, la única mujer que encabezaba un frente militar. Desmoralizados, unos doscientos guerrilleros se acogen cada mes a los programas de reinserción.
El presidente Uribe atribuye esos éxitos a su política de “seguridad democrática”, puesta en marcha al inicio de su primer mandato, en 2002. Entonces, la guerrilla tenía en jaque a la sociedad colombiana y rodeaba Bogotá. Uribe prometió que el Estado recuperaría el control territorial con un despliegue masivo del Ejército y programas sociales. En seis años las autoridades han logrado arrinconar a los rebeldes en las esquinas del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La mejora de la seguridad ha tenido efectos contundentes en el campo económico. Pese a la tragedia de los millones de desplazados por el conflicto, que viven en la miseria, hoy Colombia encabeza las estadísticas de crecimiento de América Latina (7.4% en 2007, dos puntos por encima de la media continental) y la popularidad del presidente roza el 84 por ciento.
En medio del optimismo, los archivos de las FARC traen consigo sombras de preocupación. Porque esos documentos revelan que la guerrilla no parece estar en sus últimos estertores, “en el fin del fin”, como le gusta decir al jefe del Ejército colombiano, el general Padilla. Pese a sus métodos criminales y a su etiqueta de organización terrorista, las FARC cuentan con una red de complicidades internacionales de dimensiones insospechadas. Colombia estaba ganando las batallas internas contra las FARC pero estaba perdiendo, sin saberlo, la guerra internacional.
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En la Dirección de Inteligencia de la Policía colombiana (Dipol), doce expertos del gabinete forense y cincuenta analistas trabajan a destajo. Las computadoras de Raúl Reyes son el sueño de cualquier servicio secreto. No es la primera vez que las autoridades colombianas se incautan de material informático valioso, tanto de las FARC como de las organizaciones paramilitares y los cárteles de la droga. Sin embargo, nunca se había dado un hallazgo de tal trascendencia. Por su ubicación estratégica en el sistema de comunicaciones y, también, por su carácter metódico y su personalidad un tanto exhibicionista (hay docenas de fotos donde posa con las visitas), Raúl Reyes centralizaba toda la información del Secretariado.
Los casi 17,000 ficheros y más de 37,000 documentos almacenados constituyen un catálogo detallado de las actividades clandestinas de la guerrilla, desde las actas de sus debates ideológicos y sus contactos políticos hasta los pormenores de sus ventas de cocaína, compra de armas y nombres reales de sus cuadros infiltrados en Colombia y otros países.
A petición del presidente Uribe, Interpol hizo un análisis forense del material informático encontrado. Después de una revisión exhaustiva de los discos duros, que tomó más de dos meses y fue realizada fuera de Colombia, los expertos internacionales llegaron a la conclusión de que los documentos electrónicos no habían sido alterados. El informe señala que los policías colombianos habían dejado huellas en los “archivos del sistema” sólo por el hecho de encender los ordenadores, pero que “los archivos del usuario jamás se modificaron y eso indica que nada fue introducido o borrado entre el día del ataque hasta la entrega a Interpol”. No sólo eso: el organismo internacional asegura que se preservó en todo momento la cadena de custodia, lo que da a esos documentos validez como prueba en un eventual proceso judicial.
A nadie se le ocurre poner en duda un dictamen técnico de la mayor organización de policía del mundo cuando se pronuncia sobre los casos criminales en los que interviene, siempre a petición de uno de los 186 estados miembros. Sin embargo, los sectores afines al chavismo y al movimiento bolivariano, en América y Europa, han cerrado filas en su intento de descalificar el contenido de los ordenadores o, incluso, de negar su existencia. Ninguna computadora habría resistido un bombardeo de esa intensidad, reiteran en internet. Hablan del Toshiba “mágico” o “milagroso” y denuncian la “patraña” montada por la CIA y los servicios secretos colombianos. No es inusual que un portátil sobreviva a un bombardeo. En todo caso olvidan, convenientemente, que los ordenadores estaban protegidos en maletas metálicas Pelikan, a prueba de golpes e incendios, y que la onda expansiva no arrasó con todo. En los videos de la policía, unas gallinas corretean junto a un refrigerador y una antena parabólica intactos, de la misma forma que varios guerrilleros resultaron ilesos.
La mejor prueba de que los ordenadores estaban ahí, sin embargo, la han facilitado los propios huéspedes de Raúl Reyes. “Nosotros descargamos las fotos que hicimos en un computador que se nos facilitó, el cual no podíamos sospechar que después iba a ser incautado tras un bombardeo”, reconoció el chileno Manuel Olate. Son las mismas fotos que el gobierno colombiano sacó a la luz en cuanto tuvo acceso a los aparatos, cuyos números de serie, por cierto, fueron filmados cuidadosamente por la policía colombiana en el momento de su hallazgo.
“No quiero dejarnos en mal lugar pero, con base en lo que he leído, he concluido que la inteligencia en poder del Estado respecto a las FARC era del 20%. El 80% es nuevo para nosotros”, explica el general Óscar Naranjo, director general de la Policía.
“Las FARC hablan constantemente del ‘Plan Estratégico’, que es la hoja de ruta para tomar el poder”, añade. “Ellos no conciben la toma abrupta del poder central, sino desde abajo hacia arriba. Buscan generar vacíos de poder a nivel local, en una guerra de posiciones, y ejercer un control territorial progresivo en los municipios. Es muy curioso: no les importa nada la opinión pública ni la política, pero tienen mucho instinto político.”
Sin embargo, lo más desconcertante es la “gran capacidad de operación internacional que esa guerrilla, a pesar de su origen campesino, ha desarrollado”, precisa un jefe de los analistas de inteligencia, rodeado de docenas de gruesas carpetas blancas con anillas donde se van archivando por temas los documentos extraídos de los ordenadores de Raúl Reyes. En lugar de enfrentarse a la poderosa maquinaria militar del Estado, que recibe apoyo financiero y tecnológico de Washington, las FARC eluden el combate en el terreno y han “desarrollado una ‘diplomacia paralela’ para generar campañas internacionales de desprestigio contra el gobierno y obligarlo así a desistir de su firmeza”.
Las computadoras han destapado un fascinante –y preocupante– “quién es quién” de complicidades y confirman que esta organización es una mezcla de internacional revolucionaria y de cártel mafioso, que cuenta con el apoyo no sólo de organizaciones políticas, sindicales o estudiantiles de la izquierda radical, sino de gobiernos vecinos.
“Eso les ha dado mucho oxígeno”, agrega el experto de los servicios secretos. “Una guerrilla totalmente desprestigiada en su país recibe a los dirigentes de los partidos comunistas latinoamericanos, pero también a emisarios de los presidentes de Ecuador, Nicaragua, Venezuela, con los que establecen ‘relaciones oficiales político-diplomáticas’. Antes de tener los ordenadores sabíamos que había una convergencia ideológica entre las FARC y Hugo Chávez. Ahora descubrimos que también hay una alianza operativa monstruosa.”
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De la lectura de los cientos de páginas que hemos consultado, se deduce que las FARC han construido una red transnacional de poder, con sus “ministerios” y sus “embajadas” esparcidos en varios países de América Latina y Europa. Esa red tiene cinco anillos. El “gobierno” central y su ejército están en las montañas de Colombia, bajo el mando de Manuel Marulanda (ahora Alfonso Cano, el ideólogo) y del “ministro” de la guerra Jorge Briceño, más conocido como “Mono Jojoy”. Ambos manejan el “negocio” de los secuestrados “políticos”. En Colombia está también el “ministerio” de hacienda, que cobra el impuesto “revolucionario” sobre una gran parte de la producción nacional de pasta de coca y de amapola, su principal fuente de ingreso junto a los secuestros y las “vacunas” (extorsiones a los ganaderos y comerciantes).
El segundo y tercer anillos se encuentran en Venezuela y Ecuador, donde la guerrilla dispone de una infraestructura muy desarrollada. Están en Caracas la central de comunicaciones y el “ministro” de cooperación y comercio exterior, Iván Márquez, que tiene contacto directo con Hugo Chávez y su entorno. El cuarto anillo de esa red se reparte en el resto del continente. El grado de penetración depende de la complicidad de las autoridades locales: alta con los gobiernos de Nicaragua, Bolivia y Cuba; conflictiva con un sector del partido en el poder en Brasil; e inexistente en países como México, donde las FARC tienen sus franquicias en las organizaciones de la izquierda radical. Y el quinto anillo lo constituye la Comisión Internacional, la Cominter, conformada por “embajadores” de la guerrilla en quince países de América Latina y Europa, algunos clandestinos y otros con un estatus casi diplomático.
En las comunicaciones internas, los siete miembros del Secretariado usan siempre sus nombres de guerra: Marulanda (o JE, por jefe), Reyes, Cano, Jorge Briceño (Mono Jojoy), Márquez, Timochenko y Ríos.
Dejemos ahora que hablen los archivos de Raúl Reyes.
1. El primer anillo: Colombia
Los textos firmados por el fundador y entonces líder máximo de las FARC, Manuel Marulanda, rezuman un cinismo que contrasta con la imagen del campesino astuto que lo acompañó toda la vida. En un correo del 22 de junio de 2007, JE propone a sus “camaradas del Secretariado” un plan para negar la responsabilidad del asesinato de once diputados, cometido cuatro días antes por una columna de las FARC al mando de Alfonso Cano, que los había mantenido secuestrados durante más de cinco años. “Los hechos son los hechos, [pero busquemos] una salida más comprensible para el público y familiares”, escribe Marulanda, que sugiere sostener “la versión de una fuerza desconocida que asaltó el campamento. [Así] saldremos bien librados”. Y eso fue efectivamente lo que pasó.
No era la primera vez que las FARC actuaban de esa manera. Un correo del 13 de febrero de 2003 describe una estrategia similar en el caso del atentado con coche bomba que provocó, una semana antes, la muerte de 36 personas en el exclusivo club El Nogal en Bogotá. Escribe Raúl Reyes a sus colegas del Secretariado. “Va mi saludo comunista. [...] Considero pertinente estudiar de nuestra parte la conveniencia política de negar responsabilidades en la formidable acción sobre El Nogal, para crearles al Estado, al gobierno y a los gringos mayores contradicciones internas aprovechando que los servicios de inteligencia no han sido capaces de detener a nadie ni poseen otras pruebas contra las FARC.”
Mono Jojoy, protegido de Marulanda y “ministro de la guerra”, no era finalmente el más despiadado de los altos mandos de las FARC. El más tosco, sí. “Hemos hecho en un mes 18 concejos de guerra [sic] a personal que resultó infiltrado dentro de las unidades. [...] Todos salieron fusilados”, escribe el 21 de agosto de 2007. Entre masacres de civiles y ejecuciones de traidores, los mandos de las FARC encuentran tiempo para barajar nombres para un gobierno provisional y, también, para hablar de sus problemas de salud. “Cada vez estoy más limitado físicamente por irresponsable con la comida, en los últimos meses he estado bajo control permanente de un diabético y mis horas de trabajo son menos, los medicamentos son hacer conciencia de los males que tengo, meter voluntad y someterme a las putas dietas alimenticias”, cuenta Mono Jojoy pocas líneas después de anunciar los fusilamientos.
2. El segundo anillo: Venezuela
Iván Márquez es el encargado de los contactos políticos con Venezuela, pero también de la exportación de la cocaína y la importación de armas a través de los puertos de ese país. Dirige el Bloque Caribe, la más golpeada de las siete regiones militares de la guerrilla en Colombia. Algunos de sus campamentos y una escuela de entrenamiento están en territorio venezolano.
La relación de las FARC con el país vecino –2,200 kilómetros de frontera en común– siempre ha existido, pero nunca con la cordialidad y complicidad que tomó a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. “Nuestra relación política con usted y buena parte del actual Gobierno de Venezuela cuenta ya con 8 años de vida y cada vez se hacen más evidentes las coincidencias”, le escribe Raúl Reyes el 16 de marzo de 2000.
Un documento no firmado, del 2 de noviembre de 2000, dirigido a los “camaradas del Secretariado”, describe el primer encuentro entre Chávez y un alto mando de las FARC. Ocurrió en la cumbre de la OPEP en Caracas, a finales de octubre de 2000. “Realizamos dos largas conversaciones con el Presidente, persona muy amigable, admirador de las FARC y en particular de Marulanda. [...] Al plantearle el tipo de armas que necesitamos y los dólares para comprarlas expresa que se pone al frente de la obra [...] y una vez estemos en el gobierno se habla del pago. Tiene buena relación con Putin, el presidente ruso, dice que por esa vía busca alguna opción.”
Las armas tardaron en llegar pero llegaron, como lo confirman dos correos de enero de 2007 en los que Iván Márquez cuenta sus entrevistas con el general Hugo Carvajal (jefe de la Inteligencia Militar venezolana). “Los aparatos que hemos recibido son cohetes antitanque de 85mm, 2 tubos y 21 cargas. [...] Nos dice que tienen más de 1000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos. [...] De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a FARC.” Asediadas por la aviación colombiana, las FARC necesitan misiles antiaéreos. “Dicen que es muy complicado conseguirlos en el mercado, por los controles que existen.
Están dispuestos a ayudarnos para conseguir todas las piezas para construirlos.” Varios correos señalan otros contactos realizados a través de Venezuela para comprar esos cohetes a unos traficantes australianos y a los servicios secretos de Bielorrusia.
Mientras las FARC buscan sus misiles, Chávez derrocha más de cuatro mil millones de dólares entre 2005 y 2007 en la compra de armamento a su amigo Putin: aviones, helicópteros y cien mil rifles Kalashnikov. ¿Para qué necesita Venezuela tantos fusiles, precisamente de los que usan las FARC, el AK de calibre 7.62? Manuel Marulanda ofrece una respuesta en un correo del 11 de enero de 2007: “Se trata de crear un gran ejército revolucionario con el apoyo de masas para poder derrocar el capitalismo e instalar el socialismo.”
La alianza con las FARC tiene dos ventajas para el proyecto geopolítico de Chávez: la guerrilla es un referente ideológico para afianzar su liderazgo en el continente y, además, actúa como una quinta columna para debilitar al Estado colombiano. Incluso las FARC y Caracas tienen una candidata común, la senadora Piedad Córdoba, para las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia: “Es la candidata de Chávez y podría serlo de nosotros”, escribe Iván Márquez al Secretariado el 12 de noviembre de 2007. A cambio, Chávez pone la plata, que le sobra a raíz de la brutal subida del precio del petróleo. El asunto del dinero toma mucha fuerza en los correos a partir de enero de 2007. Las FARC solicitan a Chávez un “préstamo de 250 millones de dólares” para comprar armamento. El 6 de octubre Iván Márquez da una buena noticia a sus camaradas: el ministro del interior, Rodríguez Chacín, le ha dicho que “lo que se viene no es préstamo, sino solidaridad”.
El 12 de noviembre Iván resume dos reuniones que acaba de tener con Chávez. Está eufórico. El presidente “aprobó totalmente y sin pestañear la solicitud” de apoyo financiero. Chávez pide, a cambio, que las FARC le ayuden con las “pruebas de supervivencia” de Ingrid Betancourt y de los otros secuestrados antes de salir rumbo a Francia, donde se reunirá con el presidente Nicolas Sarkozy. “Nos necesitamos mutuamente”, escribe Iván; esas pruebas “impactarán positivamente en el crucial referendo previsto para el 2 de diciembre en Venezuela”. Chávez pide también una entrevista con Marulanda para buscar una solución al problema de los rehenes. “Quiere una foto con Marulanda”, agrega Iván. “El encuentro le dará a Chávez y a las FARC una proyección continental y mundial.” La empatía es total. “Tenemos amistad por lo menos con 5 generales”, se entusiasma el camarada Iván. Y termina con esta bravuconada del presidente: “Chávez dio a entender que ayudarían sin importar que se diera una situación de confrontación.”
3. El tercer anillo: Ecuador
Con la anuencia de Quito, Raúl Reyes tenía su despacho de “canciller” en uno de los numerosos campamentos de las FARC pegados a la frontera con Colombia. Ahí Reyes recibía a un sinfín de emisarios de todo el mundo. Además, en suelo ecuatoriano las FARC tenían, y siguen teniendo, “cocinas” y “cristalizaderos” para fabricar la pasta base y la cocaína a partir de las hojas cosechadas en la zona fronteriza.
Una carta del 21 de noviembre de 2006 desglosa los aportes de los siete bloques regionales de las FARC a la campaña electoral de Rafael Correa, que ganaría la presidencia cinco días después. “De los 100 mil dólares aportados a la campaña de Correa, el Bloque Oriental donó 50 mil y el Sur 20 mil. Quedan 30 mil para los restantes cinco Bloques.” En otros correos el Secretariado había justificado esa ayuda a Correa por su buena disposición a reconocer a las FARC “como fuerza beligerante”.
Diez días antes de la toma de posesión de Correa (15 de enero de 2007), Raúl Reyes anuncia a Marulanda una “nueva entrevista con el Coronel Brito, emisario de Rafael Correa. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos de colaboración”. De paso, Reyes informa que “se capturó una infiltrada del Ejército [...] que tenía dos microchips, uno debajo de un seno y el otro debajo de la calza de una muela. [...] Ayer la echaron al hueco luego de [...] efectuarle el consejo de guerra”.
En un informe de doce páginas, del 2 de septiembre de 2003, el “canciller” de la guerrilla da cuenta de su actividad frenética. Ha recibido a un ex candidato conservador a la presidencia de Colombia (Álvaro Leyva), a un parlamentario brasileño, a dos delegados de Hugo Chávez, a un representante del Vaticano, a un funcionario de la ONU y al general ecuatoriano René Vargas, a quien el presidente Correa nombraría más adelante embajador en Venezuela. Llegó también el diputado Felipe Quispe en nombre de los indígenas de Bolivia: “solicita cursos militares de tres a seis meses para 10 o 20 compañeros”.
A los dos parlamentarios del FMLN salvadoreño, “los compañeros Héctor y Román”, que lo visitan para pedirle una ayuda financiera para la campaña electoral en su país, Reyes les propone montar un secuestro en común en Panamá “sobre un objetivo económico de 10 o 20 millones de dólares [...] y partir las utilidades en partes iguales”. Más adelante, en el mismo informe el “canciller” escribe que los paraguayos del partido Patria Libre tienen a disposición de las FARC “300.000 dólares [...] de un rescate en trabajo conjunto”.
Entre dos visitas queda tiempo para la venta de droga y la compra de armas. “Seguimos conversando con emisarios de los interesados en la maracachafa [cocaína]”, escribe Reyes el 13 de febrero de 2007 a Marulanda. Como lo indica un correo firmado por uno de sus subordinados, llegan a un acuerdo: “Tengo que entregar 700 kilos de cristal [y] recibir la plata en Quito, es un millón y medio de dólares. [...] También cuadré para recibir unos fusiles.”
4. El cuarto anillo: México y los demás
En Nicaragua el propio presidente Daniel Ortega apoya abiertamente la guerrilla colombiana y, en secreto, le envía armas (“unas caucheras viejitas que tenía guardadas por ahí”, según un correo del 9 de febrero de 2008). En Brasil, el sector más radical del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) protege las delegaciones clandestinas de las FARC, pero el presidente Lula da Silva quiere sacarlas del Foro de São Paulo, la gran alianza de la izquierda latinoamericana. En Bolivia las FARC simpatizan con el gobierno de Evo Morales y han dado asesoría militar a varias organizaciones radicales. Con Cuba las relaciones son complicadas y agridulces, porque La Habana protege a otra guerrilla colombiana, la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las FARC tienen en la isla una estructura “diplomática” y disfrutan de la solidaridad internacionalista, que incluye la hospitalización de los guerrilleros heridos o enfermos, las becas para los hijos o el suministro de “documentación alterna” (papeles falsos). No hay un solo país del continente donde las FARC no tengan gente, ya sea para los contactos políticos o para sus actividades criminales.
México siempre fue estratégico para todas las guerrillas del continente. Los sandinistas nicaragüenses, el FMLN salvadoreño, los guatemaltecos de la URNG, los chilenos, los argentinos, todos estaban en México en los años ochenta y noventa. Y, claro, las FARC también tenían una oficina de representación y el visto bueno del PRI. El 2 de noviembre de 2000 Raúl Reyes recibió un correo sin firma que buscaba tranquilizarlo a raíz de la derrota electoral del PRI. Nada cambiaría con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, “porque es política de Estado mantener puertas abiertas a las fuerzas políticas extranjeras, mientras internamente dan garrote a sus conciudadanos”.
Pero las puertas se le cierran a las FARC en 2002, cuando la Unión Europea y Estados Unidos las incluyen en la lista de organizaciones terroristas. Reyes diseña la contraofensiva, cuyo eje son dos células clandestinas: la Ricardo Flores Magón, a cuyo frente está el voluntarioso Fermín, y la Lucio Cabañas, dirigida por la más dispersa Aleida.
Las células utilizan cuatro organizaciones “legales” que les facilitan la recaudación y la propaganda: el Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano, la Coordinadora Continental Bolivariana y el Centro de Documentación y Difusión Libertador Simón Bolívar. Este último está definido como un “proyecto político académico” con el que se pretende lograr “el reconocimiento institucional de la UNAM u otras instituciones, con la principal finalidad de hacernos de una buena cobertura y mantener los espacios ganados en la Facultad de Filosofía y Letras”.
A indicación de Reyes, acuden a cuanto acto se celebra en el ámbito de la izquierda radical, desde los foros contra el ALCA y el Plan Puebla Panamá hasta el Movimiento de Solidaridad con Cuba y los seminarios del Partido del Trabajo (PT). Y cuentan con el apoyo fervoroso de la Juventud Comunista y del Partido de los Comunistas de México, que han visitado el campamento de Reyes en Ecuador en varias ocasiones.
La inteligencia colombiana sabía que uno de los objetivos de las FARC y sus patrocinadores venezolanos era la formación o consolidación de movimientos armados en Latinoamérica, bien como grupos de choque de gobiernos “alternativos”, bien para desestabilizar a gobiernos “enemigos”. El estallido de violencia protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra gasoductos en México, el año pasado, hicieron saltar todas las alarmas. Las sospechas han quedado confirmadas con la presencia de miembros de las células de las FARC en Oaxaca. Y en los documentos de Raúl Reyes hay constancia de talleres y pagos a grupos de choque como el Frente Popular Francisco Villa y Los Panteras.
En los correos del 8 y 15 de diciembre de 2007 Fermín le hace saber a Reyes que preparan el viaje al Congreso de la Continental Bolivariana en Quito y la “posterior visita a sus campamentos”, y le pide ayuda económica para el viaje. Van cuatro miembros de las células, dos del núcleo de apoyo y Arturo, del Partido de los Comunistas. Allí acudieron, y allí les sorprendió el bombardeo de la aviación colombiana.
5. El quinto anillo: la Comisión Internacional
Los delegados de la Comisión Internacional, o Cominter, destacados en unos quince países de América Latina y Europa, dependían directamente de Raúl Reyes. En el Viejo Continente se dedican a buscar apoyo entre grupos afines y medios de comunicación para que presionen a los gobiernos de la Unión Europea y quiten a las FARC el estigma de organización terrorista. Los más activos están en Suiza, donde gozan de un estatus casi diplomático por ser los interlocutores del gobierno en su mediación para la liberación de los secuestrados. A través de testaferros, la Cominter ha logrado tener presencia en los países nórdicos, donde ha creado varios medios electrónicos y una agencia de prensa, Anncol. En los ordenadores de Reyes hay un balance exhaustivo de esas actividades y un “plan de trabajo” para “mostrar que [son] una fuerza con opción de poder real”.
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Gracias a los ordenadores de Raúl Reyes, sabemos ahora que las FARC no son sólo una fuerza de liberación nacional o sólo una organización terrorista. Son parte de una internacional política que financia su proyecto con actividades criminales, como el narcotráfico y el secuestro de civiles, pero también con la ayuda material y logística de por lo menos tres gobiernos de América Latina. Cuba sigue siendo el “gran ejemplo”, pero Venezuela es ahora el “norte” de esa internacional, escribe uno de sus dirigentes. La Habana da el contenido ideológico mientras Caracas se encarga de la intendencia, como lo hacía Moscú en los tiempos de la guerra fría. Y las FARC, con una arrogancia asombrosa, se atribuyen el papel de vanguardia de ese movimiento. Hugo Chávez y su abultada chequera son meros instrumentos de un proyecto totalitario que mezcla marxismoleninismo y bolivarianismo.
Hubo una época, a finales de los noventa, en que las FARC creyeron que estaban a punto de tomar el poder en Colombia. Con casi veinte mil combatientes y muchos más milicianos, la guerrilla tenía presencia en todo el país e, incluso, amenazaba la capital. Los bogotanos no se atrevían a tomar el coche para ir al campo los fines de semana. Las FARC ponían retenes en las carreteras y realizaban secuestros masivos, las llamadas “pescas milagrosas”. La peor parte, sin embargo, se la llevaban las zonas menos pobladas del país, donde la guerrilla campaba por sus respetos. Así ocurría en los departamentos amazónicos del sur y del oriente, donde el Estado brillaba por su ausencia y las FARC habían creado su propia administración. El Guaviare, a unos 350 kilómetros al sur de Bogotá, era quizá el lugar más emblemático de esa conquista del poder local por una organización armada. Hoy las autoridades han retomado el control de San José, la capital, y de las cuatro cabeceras municipales, pero el resto del departamento sigue en manos de las FARC. La guerrilla tiene ahí una buena parte de su producción de coca y a la casi totalidad de los 39 secuestrados “políticos” que quiere canjear por 500 guerrilleros presos y a cambio de su exclusión de la lista de las organizaciones terroristas.
“Aquí era territorio FARC hasta que llegó Uribe en 2002”, comenta un comerciante de San José del Guaviare, agobiado por el ruido de un corrido en honor a Tirofijo. La música sale de El Crespo Loco, un billar con mesas en la acera y un montón de cascos de cerveza alineados entre los pocos clientes. A pesar de la presencia abrumadora del Ejército, de la policía y de los cuerpos antidroga, incluida la DEA estadounidense, el Cartel de los corridos prohibidos, en versión pirata, es uno de los CD más populares en los bares de San José. Mucho habrá cambiado en los últimos años, pero el narcotráfico sigue siendo el sustento de la economía local, como lo confirman las diez mil hectáreas dedicadas a la coca en el departamento, según cifras oficiales.
Los problemas empiezan más allá de San José, en la única carretera –setenta kilómetros sin asfaltar– construida en ese territorio selvático y despoblado, de 55,000 kilómetros cuadrados. Hasta hace poco, el Frente Primero de las FARC y un grupo paramilitar, los Centauros, se peleaban por el control de la coca en los municipios de El Retorno y Calamar. Después de muchos muertos entre la población campesina, ambos grupos se han retirado de la zona. En lugar de coca, ahora hay ganado del tipo cebú, con su joroba característica.
Más allá de Calamar, donde termina la carretera, empieza la tierra de nadie o, mejor dicho, el territorio de “César”, el jefe del Frente Primero. Con unos cuatrocientos hombres armados y miles de milicianos bajo su mando, Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, de 45 años, reina sobre la inmensa zona amazónica que se extiende hasta la frontera con Brasil, al sur, y con Venezuela, al oriente. Es una selva intrincada, surcada por ríos caudalosos, que son la única vía de comunicación para los que se atreven a viajar por esos pagos. “La guerrilla tiene ahí sus pequeñas fincas ganaderas para su propia alimentación”, asegura un coronel. “Las manejan campesinos de las FARC, pero no llevan armas y no podemos hacer nada contra ellos. La coca la tienen más escondida, en pequeñas chacras. Ahí mismo fabrican la pasta base. En cualquier caso, nuestros helicópteros no tienen autonomía para llegar hasta esos lugares. Y, por tierra, nunca habrá suficientes tropas para recorrer una zona tan extensa y de muy difícil acceso.”
El principal obstáculo, sin embargo, es otro. “César” tiene en su poder a los rehenes más cotizados de la guerrilla, empezando por Ingrid Betancourt y tres estadounidenses (habría, además, 700 secuestrados “económicos”, repartidos en el resto del país). Los seis políticos colombianos que fueron liberados a principios de 2008 estaban también bajo su custodia. La cúpula de las FARC debe de haber considerado que esa región era la más adecuada para instalar su gulag tropical, donde mantiene en condiciones inhumanas a la mayoría de sus 39 “presos políticos” (18 policías, 14 militares y 7 civiles). Algunos están privados de libertad desde hace once años y los últimos en llegar a ese infierno verde fueron tres contratistas del gobierno estadounidense, cuyo avión fue derribado hace cinco años. Bajo una espesa cobertura vegetal que no les permite ver el sol, los secuestrados viven encerrados y amarrados con cadenas, menos cuando los desplazan de un campamento a otro, para evitar su localización.
Además de ser un as en la manga para una eventual negociación política con el gobierno, Ingrid Betancourt (la “joya colombo-francesa” se la llama en los correos encontrados) y sus compañeros de infortunio han sido convertidos en verdaderos escudos humanos. Los servicios secretos los tienen más o menos ubicados, pero han recibido la orden tajante de no intentar un rescate, que terminaría inevitablemente con la muerte de los secuestrados. Los rehenes son un seguro de vida para “César”, siempre y cuando sus hombres no lo traicionen, como está ocurriendo cada vez más en otros frentes de la guerrilla, donde las autoridades han comprado a varios mandos intermedios a golpe de recompensas millonarias.
“César es un caballero y aquí ha dejado buenos recuerdos”, sostiene José, un comerciante de Calamar, que prefiere no usar su nombre verdadero. “La guerrilla administró el pueblo durante ocho años, de 1995 a 2003, y aquí había orden. La droga es el único negocio que hay aquí, y los guerrilleros eran los mejores clientes de las tiendas porque tenían mucho dinero.”
Desde que el Ejército retomó el pueblo a sangre y fuego en 2003, y lo transformó en una verdadera fortaleza, la economía ya no es tan boyante. “Los campesinos siguen trayendo la pasta base por el río Vaupés y el Unilla hasta Calamar”, explica José, “pero ya no en grandes cantidades. Es que las FARC compran una buena parte de la producción para fabricar la cocaína en los laboratorios que tienen escondidos en la selva. Luego se la llevan a Brasil, porque por ahí no hay Ejército. De aquí en adelante, la guerrilla tiene retenes en los ríos y cobra un impuesto sobre toda la mercancía que circula. La pasta de coca paga por peso; el combustible, por tambor; las gaseosas, la cerveza y los cigarros, por caja. Y te dan un vale para que no te cobren de nuevo en el retén siguiente.”
José piensa que las FARC cometieron un grave error al involucrarse directamente en el negocio de la cocaína, en lugar de limitarse a cobrar impuestos a los productores. “Esto atrajo al Gobierno, al Ejército, a los paracos (paramilitares), y mire cómo estamos ahora, peor que nunca. Los aviones fumigan los campos de coca, pero seguimos produciendo tanto como antes. No se puede arreglar el problema así y va a ser imposible sacar a la guerrilla de ahí.” Quizás, pero el objetivo de Bogotá era precisamente ese: encerrarla en la selva, cortarle los suministros procedentes de los países vecinos y quitarle toda relevancia política.
Y eso lo logró el 1º de marzo de 2008, cuando la aviación colombiana se apuntó un doble éxito: mató a un dirigente guerrillero de primera línea y dio un golpe mortal al proyecto político de las FARC y de Chávez. Todo el andamiaje se ha venido abajo por el solo hecho de haber sido puesto al descubierto. Los que actuaban al amparo de la clandestinidad para socavar las instituciones democráticas de Colombia y del continente se han quedado paralizados, al grado de que Chávez y Correa llaman ahora a las FARC a desarmarse y a entregar sus rehenes sin condiciones. Un cambio tan repentino suena a repliegue táctico. Ambos presidentes tienen elecciones dentro de poco –un referéndum constitucional en Ecuador y unos comicios locales claves en Venezuela– y temen perderlas si se empecinan en apoyar a una guerrilla tan impopular. Si les va bien en las votaciones, esperarán a que pase la tormenta y no dudarán, Chávez por lo menos, en retomar su proyecto continental.
Quito y Caracas quieren que Bogotá “se olvide de las computadoras”. La respuesta ha llegado a través de un texto atribuido a un asesor del gobierno colombiano: “Lo que nos interesa es que ellos dejen de suministrarle a la guerrilla el oxígeno para prolongar su agonía. Lo importante es que Colombia les deje muy en claro de que, ante la primera evidencia de que esos apoyos continúan, estaríamos dispuestos a utilizar las pruebas de los ordenadores para denunciarlos ante el mundo e iniciar querellas en su contra ante los organismos internacionales pertinentes.” ¿Será esto suficiente para disuadir a Chávez?
Había más agitación que de costumbre en el campamento guerrillero. Raúl Reyes, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ejercía con evidente placer el papel de anfitrión ante sus invitados, chilenos y mexicanos que habían llegado hasta ese apartado rincón de la selva ecuatoriana para rendirle pleitesía. Acababan de asistir al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, celebrado en Quito a finales del pasado febrero. Después de una sobredosis teórica de socialismo del siglo XXI, nada mejor que unas jornadas de emociones fuertes y fraternal esparcimiento revolucionario. Arrobados, los militantes urbanos de apoyo a las FARC se vistieron con uniformes de camuflaje y se hicieron fotos con Reyes, que se colgó para la ocasión el fusil al hombro. “Era como sacarse una foto con el Che”, comentó el chileno Manuel Olate.
Los visitantes habían viajado en autobús desde Quito hacia el norte de Ecuador, hasta un punto donde los esperaba un “enlace”. Luego, habían recorrido en lancha un corto tramo del Putumayo, cuyos meandros rojizos marcan la frontera con Colombia. El campamento de Raúl Reyes estaba a 1.8 kilómetros del río en suelo ecuatoriano, pero el grupo dio un gran rodeo por la selva, con el objetivo de desorientar a los invitados y sortear los campos de minas quiebrapatas que la guerrilla siembra con fruición en los territorios donde tiene presencia.
El campamento estaba muy bien organizado. Varias carpas acogían la cocina con su refrigerador, el comedor, una aula y los dormitorios. Unos caminos de troncos impedían que las permanentes lluvias tropicales transformaran el lugar en un lodazal imposible. Los guerrilleros veían televisión por satélite gracias a una antena parabólica. Una radio les traía los ritmos envolventes del vallenato.
Más allá de su papel de relaciones públicas, Reyes, de 59 años, era el conductor ejecutivo de las FARC. De baja estatura, barba canosa y gruesas gafas, sus modales afables escondían a uno de los dirigentes más duros. Por sus métodos brutales, incluidas las matanzas de población civil y los secuestros, la guerrilla más antigua de América Latina, que llevaba 44 años intentando tomar el poder por la vía armada, había terminado por engrosar las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Reyes se sentía tranquilo en suelo ecuatoriano. No en vano se había reunido con el mismísimo ministro del interior, Gustavo Larrea, que mostraba la mejor disposición para colaborar.
Esa noche del 29 de febrero los guerrilleros y los cinco mexicanos que quedaban en el campamento cenaron arroz, frijoles, plátanos fritos, jugo de panela y café. Tras charlar un rato, se acostaron muy temprano. Raúl Reyes se quedó revisando sus correos electrónicos. La fiel Eliana le había descifrado y copiado en una memoria USB los últimos mensajes recibidos de la central de comunicaciones de la guerrilla, ubicada en Caracas. El canciller de las FARC mantenía una intensa actividad epistolar. El día anterior había enviado un balance de dos cuartillas a sus seis “camaradas del Secretariado”, el máximo órgano de dirección de la guerrilla. En él celebraba el “éxito [de] la liberación unilateral” de seis de los rehenes en poder de las FARC y se quejaba de la actitud “grosera y provocadora” de otra secuestrada, Ingrid Betancourt. Hacía también una síntesis de la reunión mantenida con un “emisario” del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con el que había hablado de organizar un encuentro en Quito para estrechar las relaciones.
A esa misma hora, en Bogotá, las luces seguían encendidas en el Ministerio de Defensa. La Junta de Operaciones Especiales, que coordina las actividades secretas de la policía y el Ejército, llevaba atrincherada todo el día. El general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, y el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, contenían los nervios. El presidente Álvaro Uribe, de viaje en Medellín, no se separaba del celular. La información era muy precisa; las condiciones climatológicas, propicias. No podían perder la oportunidad. A medianoche, cinco aviones Super Tucano despegaron de su base de Villavicencio, al sur de Bogotá. La Operación Fénix estaba en marcha.
Todo el mundo duerme en el campamento, salvo la guardia. El ataque llega de donde nadie lo espera, desde el cielo, y en forma de bombas de gran precisión. En unos segundos, el lugar se transforma en un infierno. Veintiséis guerrilleros e invitados caen muertos. De los mexicanos, sólo una mujer sobrevive. Cuatro helicópteros Black Hawk llegan con tropa de élite y policías judiciales colombianos, que se abren paso hasta el campamento con visores nocturnos y una cámara de video. Entre los escombros encuentran el cadáver de un hombre con barba y gruesa barriga. Viste calzones y una camiseta con el retrato de Tirofijo, el máximo líder de las FARC. Objetivo logrado.
Los comandos colombianos filman el registro. En medio de la oscuridad, la cámara enfoca unos maletines metálicos debajo de una mesa. Al abrirlos descubren tres ordenadores portátiles Toshiba Satellite intactos. Hay además dos discos duros externos y tres memorias USB. Con la luz del día, los helicópteros despegan rumbo al norte con el cadáver de Reyes y ese botín inesperado, en el que el número dos de las FARC guardaba todos los secretos de su organización.
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Euforia en Colombia, pese a la crisis diplomática que se avecina por la violación flagrante de la soberanía ecuatoriana. La Operación Fénix es el golpe más devastador que han recibido las FARC en sus cuatro décadas de existencia, no sólo por la muerte de su número dos sino porque ha puesto en manos del enemigo una verdadera mina de información sobre su funcionamiento interno, sus códigos secretos, sus estructuras internacionales y sus negocios de armas y drogas. Es, también, el preámbulo de un marzo negro para la guerrilla.
A los cinco días del ataque, otro miembro de la cúpula, Iván Ríos, es asesinado por su propia escolta a cambio de una jugosa recompensa del gobierno. El 26 de marzo muere Pedro Antonio Marín, más conocido como “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, a la edad de 78 años. La guerrilla intenta ocultarlo, pero al cabo de dos meses el gobierno destapa la noticia. Las FARC aseguran entonces que su líder ha fallecido “de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal”. El ministro de defensa insiste en que Marulanda ha sucumbido a las heridas causadas por un bombardeo del Ejército. Es una manera de hacer saber a la guerrillerada que la fuerza pública puede golpearla en cualquier parte del territorio nacional. La advertencia puede tomarse como un incentivo para que se desmovilicen, como ya lo han hecho diez mil de los casi veinte mil combatientes que tuvieron las FARC en su apogeo, en 2002.
En menos de un mes, la guerrilla más poderosa de todos los tiempos en América Latina ha perdido a su jefe máximo y a dos de sus principales dirigentes, casi la mitad de su Secretariado de siete miembros. A esos golpes hay que agregar la captura o rendición de varios mandos medios, como la temible “Karina”, la única mujer que encabezaba un frente militar. Desmoralizados, unos doscientos guerrilleros se acogen cada mes a los programas de reinserción.
El presidente Uribe atribuye esos éxitos a su política de “seguridad democrática”, puesta en marcha al inicio de su primer mandato, en 2002. Entonces, la guerrilla tenía en jaque a la sociedad colombiana y rodeaba Bogotá. Uribe prometió que el Estado recuperaría el control territorial con un despliegue masivo del Ejército y programas sociales. En seis años las autoridades han logrado arrinconar a los rebeldes en las esquinas del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La mejora de la seguridad ha tenido efectos contundentes en el campo económico. Pese a la tragedia de los millones de desplazados por el conflicto, que viven en la miseria, hoy Colombia encabeza las estadísticas de crecimiento de América Latina (7.4% en 2007, dos puntos por encima de la media continental) y la popularidad del presidente roza el 84 por ciento.
En medio del optimismo, los archivos de las FARC traen consigo sombras de preocupación. Porque esos documentos revelan que la guerrilla no parece estar en sus últimos estertores, “en el fin del fin”, como le gusta decir al jefe del Ejército colombiano, el general Padilla. Pese a sus métodos criminales y a su etiqueta de organización terrorista, las FARC cuentan con una red de complicidades internacionales de dimensiones insospechadas. Colombia estaba ganando las batallas internas contra las FARC pero estaba perdiendo, sin saberlo, la guerra internacional.
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En la Dirección de Inteligencia de la Policía colombiana (Dipol), doce expertos del gabinete forense y cincuenta analistas trabajan a destajo. Las computadoras de Raúl Reyes son el sueño de cualquier servicio secreto. No es la primera vez que las autoridades colombianas se incautan de material informático valioso, tanto de las FARC como de las organizaciones paramilitares y los cárteles de la droga. Sin embargo, nunca se había dado un hallazgo de tal trascendencia. Por su ubicación estratégica en el sistema de comunicaciones y, también, por su carácter metódico y su personalidad un tanto exhibicionista (hay docenas de fotos donde posa con las visitas), Raúl Reyes centralizaba toda la información del Secretariado.
Los casi 17,000 ficheros y más de 37,000 documentos almacenados constituyen un catálogo detallado de las actividades clandestinas de la guerrilla, desde las actas de sus debates ideológicos y sus contactos políticos hasta los pormenores de sus ventas de cocaína, compra de armas y nombres reales de sus cuadros infiltrados en Colombia y otros países.
A petición del presidente Uribe, Interpol hizo un análisis forense del material informático encontrado. Después de una revisión exhaustiva de los discos duros, que tomó más de dos meses y fue realizada fuera de Colombia, los expertos internacionales llegaron a la conclusión de que los documentos electrónicos no habían sido alterados. El informe señala que los policías colombianos habían dejado huellas en los “archivos del sistema” sólo por el hecho de encender los ordenadores, pero que “los archivos del usuario jamás se modificaron y eso indica que nada fue introducido o borrado entre el día del ataque hasta la entrega a Interpol”. No sólo eso: el organismo internacional asegura que se preservó en todo momento la cadena de custodia, lo que da a esos documentos validez como prueba en un eventual proceso judicial.
A nadie se le ocurre poner en duda un dictamen técnico de la mayor organización de policía del mundo cuando se pronuncia sobre los casos criminales en los que interviene, siempre a petición de uno de los 186 estados miembros. Sin embargo, los sectores afines al chavismo y al movimiento bolivariano, en América y Europa, han cerrado filas en su intento de descalificar el contenido de los ordenadores o, incluso, de negar su existencia. Ninguna computadora habría resistido un bombardeo de esa intensidad, reiteran en internet. Hablan del Toshiba “mágico” o “milagroso” y denuncian la “patraña” montada por la CIA y los servicios secretos colombianos. No es inusual que un portátil sobreviva a un bombardeo. En todo caso olvidan, convenientemente, que los ordenadores estaban protegidos en maletas metálicas Pelikan, a prueba de golpes e incendios, y que la onda expansiva no arrasó con todo. En los videos de la policía, unas gallinas corretean junto a un refrigerador y una antena parabólica intactos, de la misma forma que varios guerrilleros resultaron ilesos.
La mejor prueba de que los ordenadores estaban ahí, sin embargo, la han facilitado los propios huéspedes de Raúl Reyes. “Nosotros descargamos las fotos que hicimos en un computador que se nos facilitó, el cual no podíamos sospechar que después iba a ser incautado tras un bombardeo”, reconoció el chileno Manuel Olate. Son las mismas fotos que el gobierno colombiano sacó a la luz en cuanto tuvo acceso a los aparatos, cuyos números de serie, por cierto, fueron filmados cuidadosamente por la policía colombiana en el momento de su hallazgo.
“No quiero dejarnos en mal lugar pero, con base en lo que he leído, he concluido que la inteligencia en poder del Estado respecto a las FARC era del 20%. El 80% es nuevo para nosotros”, explica el general Óscar Naranjo, director general de la Policía.
“Las FARC hablan constantemente del ‘Plan Estratégico’, que es la hoja de ruta para tomar el poder”, añade. “Ellos no conciben la toma abrupta del poder central, sino desde abajo hacia arriba. Buscan generar vacíos de poder a nivel local, en una guerra de posiciones, y ejercer un control territorial progresivo en los municipios. Es muy curioso: no les importa nada la opinión pública ni la política, pero tienen mucho instinto político.”
Sin embargo, lo más desconcertante es la “gran capacidad de operación internacional que esa guerrilla, a pesar de su origen campesino, ha desarrollado”, precisa un jefe de los analistas de inteligencia, rodeado de docenas de gruesas carpetas blancas con anillas donde se van archivando por temas los documentos extraídos de los ordenadores de Raúl Reyes. En lugar de enfrentarse a la poderosa maquinaria militar del Estado, que recibe apoyo financiero y tecnológico de Washington, las FARC eluden el combate en el terreno y han “desarrollado una ‘diplomacia paralela’ para generar campañas internacionales de desprestigio contra el gobierno y obligarlo así a desistir de su firmeza”.
Las computadoras han destapado un fascinante –y preocupante– “quién es quién” de complicidades y confirman que esta organización es una mezcla de internacional revolucionaria y de cártel mafioso, que cuenta con el apoyo no sólo de organizaciones políticas, sindicales o estudiantiles de la izquierda radical, sino de gobiernos vecinos.
“Eso les ha dado mucho oxígeno”, agrega el experto de los servicios secretos. “Una guerrilla totalmente desprestigiada en su país recibe a los dirigentes de los partidos comunistas latinoamericanos, pero también a emisarios de los presidentes de Ecuador, Nicaragua, Venezuela, con los que establecen ‘relaciones oficiales político-diplomáticas’. Antes de tener los ordenadores sabíamos que había una convergencia ideológica entre las FARC y Hugo Chávez. Ahora descubrimos que también hay una alianza operativa monstruosa.”
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De la lectura de los cientos de páginas que hemos consultado, se deduce que las FARC han construido una red transnacional de poder, con sus “ministerios” y sus “embajadas” esparcidos en varios países de América Latina y Europa. Esa red tiene cinco anillos. El “gobierno” central y su ejército están en las montañas de Colombia, bajo el mando de Manuel Marulanda (ahora Alfonso Cano, el ideólogo) y del “ministro” de la guerra Jorge Briceño, más conocido como “Mono Jojoy”. Ambos manejan el “negocio” de los secuestrados “políticos”. En Colombia está también el “ministerio” de hacienda, que cobra el impuesto “revolucionario” sobre una gran parte de la producción nacional de pasta de coca y de amapola, su principal fuente de ingreso junto a los secuestros y las “vacunas” (extorsiones a los ganaderos y comerciantes).
El segundo y tercer anillos se encuentran en Venezuela y Ecuador, donde la guerrilla dispone de una infraestructura muy desarrollada. Están en Caracas la central de comunicaciones y el “ministro” de cooperación y comercio exterior, Iván Márquez, que tiene contacto directo con Hugo Chávez y su entorno. El cuarto anillo de esa red se reparte en el resto del continente. El grado de penetración depende de la complicidad de las autoridades locales: alta con los gobiernos de Nicaragua, Bolivia y Cuba; conflictiva con un sector del partido en el poder en Brasil; e inexistente en países como México, donde las FARC tienen sus franquicias en las organizaciones de la izquierda radical. Y el quinto anillo lo constituye la Comisión Internacional, la Cominter, conformada por “embajadores” de la guerrilla en quince países de América Latina y Europa, algunos clandestinos y otros con un estatus casi diplomático.
En las comunicaciones internas, los siete miembros del Secretariado usan siempre sus nombres de guerra: Marulanda (o JE, por jefe), Reyes, Cano, Jorge Briceño (Mono Jojoy), Márquez, Timochenko y Ríos.
Dejemos ahora que hablen los archivos de Raúl Reyes.
1. El primer anillo: Colombia
Los textos firmados por el fundador y entonces líder máximo de las FARC, Manuel Marulanda, rezuman un cinismo que contrasta con la imagen del campesino astuto que lo acompañó toda la vida. En un correo del 22 de junio de 2007, JE propone a sus “camaradas del Secretariado” un plan para negar la responsabilidad del asesinato de once diputados, cometido cuatro días antes por una columna de las FARC al mando de Alfonso Cano, que los había mantenido secuestrados durante más de cinco años. “Los hechos son los hechos, [pero busquemos] una salida más comprensible para el público y familiares”, escribe Marulanda, que sugiere sostener “la versión de una fuerza desconocida que asaltó el campamento. [Así] saldremos bien librados”. Y eso fue efectivamente lo que pasó.
No era la primera vez que las FARC actuaban de esa manera. Un correo del 13 de febrero de 2003 describe una estrategia similar en el caso del atentado con coche bomba que provocó, una semana antes, la muerte de 36 personas en el exclusivo club El Nogal en Bogotá. Escribe Raúl Reyes a sus colegas del Secretariado. “Va mi saludo comunista. [...] Considero pertinente estudiar de nuestra parte la conveniencia política de negar responsabilidades en la formidable acción sobre El Nogal, para crearles al Estado, al gobierno y a los gringos mayores contradicciones internas aprovechando que los servicios de inteligencia no han sido capaces de detener a nadie ni poseen otras pruebas contra las FARC.”
Mono Jojoy, protegido de Marulanda y “ministro de la guerra”, no era finalmente el más despiadado de los altos mandos de las FARC. El más tosco, sí. “Hemos hecho en un mes 18 concejos de guerra [sic] a personal que resultó infiltrado dentro de las unidades. [...] Todos salieron fusilados”, escribe el 21 de agosto de 2007. Entre masacres de civiles y ejecuciones de traidores, los mandos de las FARC encuentran tiempo para barajar nombres para un gobierno provisional y, también, para hablar de sus problemas de salud. “Cada vez estoy más limitado físicamente por irresponsable con la comida, en los últimos meses he estado bajo control permanente de un diabético y mis horas de trabajo son menos, los medicamentos son hacer conciencia de los males que tengo, meter voluntad y someterme a las putas dietas alimenticias”, cuenta Mono Jojoy pocas líneas después de anunciar los fusilamientos.
2. El segundo anillo: Venezuela
Iván Márquez es el encargado de los contactos políticos con Venezuela, pero también de la exportación de la cocaína y la importación de armas a través de los puertos de ese país. Dirige el Bloque Caribe, la más golpeada de las siete regiones militares de la guerrilla en Colombia. Algunos de sus campamentos y una escuela de entrenamiento están en territorio venezolano.
La relación de las FARC con el país vecino –2,200 kilómetros de frontera en común– siempre ha existido, pero nunca con la cordialidad y complicidad que tomó a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. “Nuestra relación política con usted y buena parte del actual Gobierno de Venezuela cuenta ya con 8 años de vida y cada vez se hacen más evidentes las coincidencias”, le escribe Raúl Reyes el 16 de marzo de 2000.
Un documento no firmado, del 2 de noviembre de 2000, dirigido a los “camaradas del Secretariado”, describe el primer encuentro entre Chávez y un alto mando de las FARC. Ocurrió en la cumbre de la OPEP en Caracas, a finales de octubre de 2000. “Realizamos dos largas conversaciones con el Presidente, persona muy amigable, admirador de las FARC y en particular de Marulanda. [...] Al plantearle el tipo de armas que necesitamos y los dólares para comprarlas expresa que se pone al frente de la obra [...] y una vez estemos en el gobierno se habla del pago. Tiene buena relación con Putin, el presidente ruso, dice que por esa vía busca alguna opción.”
Las armas tardaron en llegar pero llegaron, como lo confirman dos correos de enero de 2007 en los que Iván Márquez cuenta sus entrevistas con el general Hugo Carvajal (jefe de la Inteligencia Militar venezolana). “Los aparatos que hemos recibido son cohetes antitanque de 85mm, 2 tubos y 21 cargas. [...] Nos dice que tienen más de 1000 cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos. [...] De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a FARC.” Asediadas por la aviación colombiana, las FARC necesitan misiles antiaéreos. “Dicen que es muy complicado conseguirlos en el mercado, por los controles que existen.
Están dispuestos a ayudarnos para conseguir todas las piezas para construirlos.” Varios correos señalan otros contactos realizados a través de Venezuela para comprar esos cohetes a unos traficantes australianos y a los servicios secretos de Bielorrusia.
Mientras las FARC buscan sus misiles, Chávez derrocha más de cuatro mil millones de dólares entre 2005 y 2007 en la compra de armamento a su amigo Putin: aviones, helicópteros y cien mil rifles Kalashnikov. ¿Para qué necesita Venezuela tantos fusiles, precisamente de los que usan las FARC, el AK de calibre 7.62? Manuel Marulanda ofrece una respuesta en un correo del 11 de enero de 2007: “Se trata de crear un gran ejército revolucionario con el apoyo de masas para poder derrocar el capitalismo e instalar el socialismo.”
La alianza con las FARC tiene dos ventajas para el proyecto geopolítico de Chávez: la guerrilla es un referente ideológico para afianzar su liderazgo en el continente y, además, actúa como una quinta columna para debilitar al Estado colombiano. Incluso las FARC y Caracas tienen una candidata común, la senadora Piedad Córdoba, para las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia: “Es la candidata de Chávez y podría serlo de nosotros”, escribe Iván Márquez al Secretariado el 12 de noviembre de 2007. A cambio, Chávez pone la plata, que le sobra a raíz de la brutal subida del precio del petróleo. El asunto del dinero toma mucha fuerza en los correos a partir de enero de 2007. Las FARC solicitan a Chávez un “préstamo de 250 millones de dólares” para comprar armamento. El 6 de octubre Iván Márquez da una buena noticia a sus camaradas: el ministro del interior, Rodríguez Chacín, le ha dicho que “lo que se viene no es préstamo, sino solidaridad”.
El 12 de noviembre Iván resume dos reuniones que acaba de tener con Chávez. Está eufórico. El presidente “aprobó totalmente y sin pestañear la solicitud” de apoyo financiero. Chávez pide, a cambio, que las FARC le ayuden con las “pruebas de supervivencia” de Ingrid Betancourt y de los otros secuestrados antes de salir rumbo a Francia, donde se reunirá con el presidente Nicolas Sarkozy. “Nos necesitamos mutuamente”, escribe Iván; esas pruebas “impactarán positivamente en el crucial referendo previsto para el 2 de diciembre en Venezuela”. Chávez pide también una entrevista con Marulanda para buscar una solución al problema de los rehenes. “Quiere una foto con Marulanda”, agrega Iván. “El encuentro le dará a Chávez y a las FARC una proyección continental y mundial.” La empatía es total. “Tenemos amistad por lo menos con 5 generales”, se entusiasma el camarada Iván. Y termina con esta bravuconada del presidente: “Chávez dio a entender que ayudarían sin importar que se diera una situación de confrontación.”
3. El tercer anillo: Ecuador
Con la anuencia de Quito, Raúl Reyes tenía su despacho de “canciller” en uno de los numerosos campamentos de las FARC pegados a la frontera con Colombia. Ahí Reyes recibía a un sinfín de emisarios de todo el mundo. Además, en suelo ecuatoriano las FARC tenían, y siguen teniendo, “cocinas” y “cristalizaderos” para fabricar la pasta base y la cocaína a partir de las hojas cosechadas en la zona fronteriza.
Una carta del 21 de noviembre de 2006 desglosa los aportes de los siete bloques regionales de las FARC a la campaña electoral de Rafael Correa, que ganaría la presidencia cinco días después. “De los 100 mil dólares aportados a la campaña de Correa, el Bloque Oriental donó 50 mil y el Sur 20 mil. Quedan 30 mil para los restantes cinco Bloques.” En otros correos el Secretariado había justificado esa ayuda a Correa por su buena disposición a reconocer a las FARC “como fuerza beligerante”.
Diez días antes de la toma de posesión de Correa (15 de enero de 2007), Raúl Reyes anuncia a Marulanda una “nueva entrevista con el Coronel Brito, emisario de Rafael Correa. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos de colaboración”. De paso, Reyes informa que “se capturó una infiltrada del Ejército [...] que tenía dos microchips, uno debajo de un seno y el otro debajo de la calza de una muela. [...] Ayer la echaron al hueco luego de [...] efectuarle el consejo de guerra”.
En un informe de doce páginas, del 2 de septiembre de 2003, el “canciller” de la guerrilla da cuenta de su actividad frenética. Ha recibido a un ex candidato conservador a la presidencia de Colombia (Álvaro Leyva), a un parlamentario brasileño, a dos delegados de Hugo Chávez, a un representante del Vaticano, a un funcionario de la ONU y al general ecuatoriano René Vargas, a quien el presidente Correa nombraría más adelante embajador en Venezuela. Llegó también el diputado Felipe Quispe en nombre de los indígenas de Bolivia: “solicita cursos militares de tres a seis meses para 10 o 20 compañeros”.
A los dos parlamentarios del FMLN salvadoreño, “los compañeros Héctor y Román”, que lo visitan para pedirle una ayuda financiera para la campaña electoral en su país, Reyes les propone montar un secuestro en común en Panamá “sobre un objetivo económico de 10 o 20 millones de dólares [...] y partir las utilidades en partes iguales”. Más adelante, en el mismo informe el “canciller” escribe que los paraguayos del partido Patria Libre tienen a disposición de las FARC “300.000 dólares [...] de un rescate en trabajo conjunto”.
Entre dos visitas queda tiempo para la venta de droga y la compra de armas. “Seguimos conversando con emisarios de los interesados en la maracachafa [cocaína]”, escribe Reyes el 13 de febrero de 2007 a Marulanda. Como lo indica un correo firmado por uno de sus subordinados, llegan a un acuerdo: “Tengo que entregar 700 kilos de cristal [y] recibir la plata en Quito, es un millón y medio de dólares. [...] También cuadré para recibir unos fusiles.”
4. El cuarto anillo: México y los demás
En Nicaragua el propio presidente Daniel Ortega apoya abiertamente la guerrilla colombiana y, en secreto, le envía armas (“unas caucheras viejitas que tenía guardadas por ahí”, según un correo del 9 de febrero de 2008). En Brasil, el sector más radical del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) protege las delegaciones clandestinas de las FARC, pero el presidente Lula da Silva quiere sacarlas del Foro de São Paulo, la gran alianza de la izquierda latinoamericana. En Bolivia las FARC simpatizan con el gobierno de Evo Morales y han dado asesoría militar a varias organizaciones radicales. Con Cuba las relaciones son complicadas y agridulces, porque La Habana protege a otra guerrilla colombiana, la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las FARC tienen en la isla una estructura “diplomática” y disfrutan de la solidaridad internacionalista, que incluye la hospitalización de los guerrilleros heridos o enfermos, las becas para los hijos o el suministro de “documentación alterna” (papeles falsos). No hay un solo país del continente donde las FARC no tengan gente, ya sea para los contactos políticos o para sus actividades criminales.
México siempre fue estratégico para todas las guerrillas del continente. Los sandinistas nicaragüenses, el FMLN salvadoreño, los guatemaltecos de la URNG, los chilenos, los argentinos, todos estaban en México en los años ochenta y noventa. Y, claro, las FARC también tenían una oficina de representación y el visto bueno del PRI. El 2 de noviembre de 2000 Raúl Reyes recibió un correo sin firma que buscaba tranquilizarlo a raíz de la derrota electoral del PRI. Nada cambiaría con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, “porque es política de Estado mantener puertas abiertas a las fuerzas políticas extranjeras, mientras internamente dan garrote a sus conciudadanos”.
Pero las puertas se le cierran a las FARC en 2002, cuando la Unión Europea y Estados Unidos las incluyen en la lista de organizaciones terroristas. Reyes diseña la contraofensiva, cuyo eje son dos células clandestinas: la Ricardo Flores Magón, a cuyo frente está el voluntarioso Fermín, y la Lucio Cabañas, dirigida por la más dispersa Aleida.
Las células utilizan cuatro organizaciones “legales” que les facilitan la recaudación y la propaganda: el Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano, la Coordinadora Continental Bolivariana y el Centro de Documentación y Difusión Libertador Simón Bolívar. Este último está definido como un “proyecto político académico” con el que se pretende lograr “el reconocimiento institucional de la UNAM u otras instituciones, con la principal finalidad de hacernos de una buena cobertura y mantener los espacios ganados en la Facultad de Filosofía y Letras”.
A indicación de Reyes, acuden a cuanto acto se celebra en el ámbito de la izquierda radical, desde los foros contra el ALCA y el Plan Puebla Panamá hasta el Movimiento de Solidaridad con Cuba y los seminarios del Partido del Trabajo (PT). Y cuentan con el apoyo fervoroso de la Juventud Comunista y del Partido de los Comunistas de México, que han visitado el campamento de Reyes en Ecuador en varias ocasiones.
La inteligencia colombiana sabía que uno de los objetivos de las FARC y sus patrocinadores venezolanos era la formación o consolidación de movimientos armados en Latinoamérica, bien como grupos de choque de gobiernos “alternativos”, bien para desestabilizar a gobiernos “enemigos”. El estallido de violencia protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra gasoductos en México, el año pasado, hicieron saltar todas las alarmas. Las sospechas han quedado confirmadas con la presencia de miembros de las células de las FARC en Oaxaca. Y en los documentos de Raúl Reyes hay constancia de talleres y pagos a grupos de choque como el Frente Popular Francisco Villa y Los Panteras.
En los correos del 8 y 15 de diciembre de 2007 Fermín le hace saber a Reyes que preparan el viaje al Congreso de la Continental Bolivariana en Quito y la “posterior visita a sus campamentos”, y le pide ayuda económica para el viaje. Van cuatro miembros de las células, dos del núcleo de apoyo y Arturo, del Partido de los Comunistas. Allí acudieron, y allí les sorprendió el bombardeo de la aviación colombiana.
5. El quinto anillo: la Comisión Internacional
Los delegados de la Comisión Internacional, o Cominter, destacados en unos quince países de América Latina y Europa, dependían directamente de Raúl Reyes. En el Viejo Continente se dedican a buscar apoyo entre grupos afines y medios de comunicación para que presionen a los gobiernos de la Unión Europea y quiten a las FARC el estigma de organización terrorista. Los más activos están en Suiza, donde gozan de un estatus casi diplomático por ser los interlocutores del gobierno en su mediación para la liberación de los secuestrados. A través de testaferros, la Cominter ha logrado tener presencia en los países nórdicos, donde ha creado varios medios electrónicos y una agencia de prensa, Anncol. En los ordenadores de Reyes hay un balance exhaustivo de esas actividades y un “plan de trabajo” para “mostrar que [son] una fuerza con opción de poder real”.
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Gracias a los ordenadores de Raúl Reyes, sabemos ahora que las FARC no son sólo una fuerza de liberación nacional o sólo una organización terrorista. Son parte de una internacional política que financia su proyecto con actividades criminales, como el narcotráfico y el secuestro de civiles, pero también con la ayuda material y logística de por lo menos tres gobiernos de América Latina. Cuba sigue siendo el “gran ejemplo”, pero Venezuela es ahora el “norte” de esa internacional, escribe uno de sus dirigentes. La Habana da el contenido ideológico mientras Caracas se encarga de la intendencia, como lo hacía Moscú en los tiempos de la guerra fría. Y las FARC, con una arrogancia asombrosa, se atribuyen el papel de vanguardia de ese movimiento. Hugo Chávez y su abultada chequera son meros instrumentos de un proyecto totalitario que mezcla marxismoleninismo y bolivarianismo.
Hubo una época, a finales de los noventa, en que las FARC creyeron que estaban a punto de tomar el poder en Colombia. Con casi veinte mil combatientes y muchos más milicianos, la guerrilla tenía presencia en todo el país e, incluso, amenazaba la capital. Los bogotanos no se atrevían a tomar el coche para ir al campo los fines de semana. Las FARC ponían retenes en las carreteras y realizaban secuestros masivos, las llamadas “pescas milagrosas”. La peor parte, sin embargo, se la llevaban las zonas menos pobladas del país, donde la guerrilla campaba por sus respetos. Así ocurría en los departamentos amazónicos del sur y del oriente, donde el Estado brillaba por su ausencia y las FARC habían creado su propia administración. El Guaviare, a unos 350 kilómetros al sur de Bogotá, era quizá el lugar más emblemático de esa conquista del poder local por una organización armada. Hoy las autoridades han retomado el control de San José, la capital, y de las cuatro cabeceras municipales, pero el resto del departamento sigue en manos de las FARC. La guerrilla tiene ahí una buena parte de su producción de coca y a la casi totalidad de los 39 secuestrados “políticos” que quiere canjear por 500 guerrilleros presos y a cambio de su exclusión de la lista de las organizaciones terroristas.
“Aquí era territorio FARC hasta que llegó Uribe en 2002”, comenta un comerciante de San José del Guaviare, agobiado por el ruido de un corrido en honor a Tirofijo. La música sale de El Crespo Loco, un billar con mesas en la acera y un montón de cascos de cerveza alineados entre los pocos clientes. A pesar de la presencia abrumadora del Ejército, de la policía y de los cuerpos antidroga, incluida la DEA estadounidense, el Cartel de los corridos prohibidos, en versión pirata, es uno de los CD más populares en los bares de San José. Mucho habrá cambiado en los últimos años, pero el narcotráfico sigue siendo el sustento de la economía local, como lo confirman las diez mil hectáreas dedicadas a la coca en el departamento, según cifras oficiales.
Los problemas empiezan más allá de San José, en la única carretera –setenta kilómetros sin asfaltar– construida en ese territorio selvático y despoblado, de 55,000 kilómetros cuadrados. Hasta hace poco, el Frente Primero de las FARC y un grupo paramilitar, los Centauros, se peleaban por el control de la coca en los municipios de El Retorno y Calamar. Después de muchos muertos entre la población campesina, ambos grupos se han retirado de la zona. En lugar de coca, ahora hay ganado del tipo cebú, con su joroba característica.
Más allá de Calamar, donde termina la carretera, empieza la tierra de nadie o, mejor dicho, el territorio de “César”, el jefe del Frente Primero. Con unos cuatrocientos hombres armados y miles de milicianos bajo su mando, Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, de 45 años, reina sobre la inmensa zona amazónica que se extiende hasta la frontera con Brasil, al sur, y con Venezuela, al oriente. Es una selva intrincada, surcada por ríos caudalosos, que son la única vía de comunicación para los que se atreven a viajar por esos pagos. “La guerrilla tiene ahí sus pequeñas fincas ganaderas para su propia alimentación”, asegura un coronel. “Las manejan campesinos de las FARC, pero no llevan armas y no podemos hacer nada contra ellos. La coca la tienen más escondida, en pequeñas chacras. Ahí mismo fabrican la pasta base. En cualquier caso, nuestros helicópteros no tienen autonomía para llegar hasta esos lugares. Y, por tierra, nunca habrá suficientes tropas para recorrer una zona tan extensa y de muy difícil acceso.”
El principal obstáculo, sin embargo, es otro. “César” tiene en su poder a los rehenes más cotizados de la guerrilla, empezando por Ingrid Betancourt y tres estadounidenses (habría, además, 700 secuestrados “económicos”, repartidos en el resto del país). Los seis políticos colombianos que fueron liberados a principios de 2008 estaban también bajo su custodia. La cúpula de las FARC debe de haber considerado que esa región era la más adecuada para instalar su gulag tropical, donde mantiene en condiciones inhumanas a la mayoría de sus 39 “presos políticos” (18 policías, 14 militares y 7 civiles). Algunos están privados de libertad desde hace once años y los últimos en llegar a ese infierno verde fueron tres contratistas del gobierno estadounidense, cuyo avión fue derribado hace cinco años. Bajo una espesa cobertura vegetal que no les permite ver el sol, los secuestrados viven encerrados y amarrados con cadenas, menos cuando los desplazan de un campamento a otro, para evitar su localización.
Además de ser un as en la manga para una eventual negociación política con el gobierno, Ingrid Betancourt (la “joya colombo-francesa” se la llama en los correos encontrados) y sus compañeros de infortunio han sido convertidos en verdaderos escudos humanos. Los servicios secretos los tienen más o menos ubicados, pero han recibido la orden tajante de no intentar un rescate, que terminaría inevitablemente con la muerte de los secuestrados. Los rehenes son un seguro de vida para “César”, siempre y cuando sus hombres no lo traicionen, como está ocurriendo cada vez más en otros frentes de la guerrilla, donde las autoridades han comprado a varios mandos intermedios a golpe de recompensas millonarias.
“César es un caballero y aquí ha dejado buenos recuerdos”, sostiene José, un comerciante de Calamar, que prefiere no usar su nombre verdadero. “La guerrilla administró el pueblo durante ocho años, de 1995 a 2003, y aquí había orden. La droga es el único negocio que hay aquí, y los guerrilleros eran los mejores clientes de las tiendas porque tenían mucho dinero.”
Desde que el Ejército retomó el pueblo a sangre y fuego en 2003, y lo transformó en una verdadera fortaleza, la economía ya no es tan boyante. “Los campesinos siguen trayendo la pasta base por el río Vaupés y el Unilla hasta Calamar”, explica José, “pero ya no en grandes cantidades. Es que las FARC compran una buena parte de la producción para fabricar la cocaína en los laboratorios que tienen escondidos en la selva. Luego se la llevan a Brasil, porque por ahí no hay Ejército. De aquí en adelante, la guerrilla tiene retenes en los ríos y cobra un impuesto sobre toda la mercancía que circula. La pasta de coca paga por peso; el combustible, por tambor; las gaseosas, la cerveza y los cigarros, por caja. Y te dan un vale para que no te cobren de nuevo en el retén siguiente.”
José piensa que las FARC cometieron un grave error al involucrarse directamente en el negocio de la cocaína, en lugar de limitarse a cobrar impuestos a los productores. “Esto atrajo al Gobierno, al Ejército, a los paracos (paramilitares), y mire cómo estamos ahora, peor que nunca. Los aviones fumigan los campos de coca, pero seguimos produciendo tanto como antes. No se puede arreglar el problema así y va a ser imposible sacar a la guerrilla de ahí.” Quizás, pero el objetivo de Bogotá era precisamente ese: encerrarla en la selva, cortarle los suministros procedentes de los países vecinos y quitarle toda relevancia política.
Y eso lo logró el 1º de marzo de 2008, cuando la aviación colombiana se apuntó un doble éxito: mató a un dirigente guerrillero de primera línea y dio un golpe mortal al proyecto político de las FARC y de Chávez. Todo el andamiaje se ha venido abajo por el solo hecho de haber sido puesto al descubierto. Los que actuaban al amparo de la clandestinidad para socavar las instituciones democráticas de Colombia y del continente se han quedado paralizados, al grado de que Chávez y Correa llaman ahora a las FARC a desarmarse y a entregar sus rehenes sin condiciones. Un cambio tan repentino suena a repliegue táctico. Ambos presidentes tienen elecciones dentro de poco –un referéndum constitucional en Ecuador y unos comicios locales claves en Venezuela– y temen perderlas si se empecinan en apoyar a una guerrilla tan impopular. Si les va bien en las votaciones, esperarán a que pase la tormenta y no dudarán, Chávez por lo menos, en retomar su proyecto continental.
Quito y Caracas quieren que Bogotá “se olvide de las computadoras”. La respuesta ha llegado a través de un texto atribuido a un asesor del gobierno colombiano: “Lo que nos interesa es que ellos dejen de suministrarle a la guerrilla el oxígeno para prolongar su agonía. Lo importante es que Colombia les deje muy en claro de que, ante la primera evidencia de que esos apoyos continúan, estaríamos dispuestos a utilizar las pruebas de los ordenadores para denunciarlos ante el mundo e iniciar querellas en su contra ante los organismos internacionales pertinentes.” ¿Será esto suficiente para disuadir a Chávez?
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