El "Quinazo"; retrospectiva

El “Quinazo”, una venganza políticaDaniel Lizárraga.

Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), No. 1658, 10 de agosto de 2008;La organización The National Security Archive consiguió que el gobierno de Estados Unidos desclasificara un informe de 1989 en el cual el entonces líder de la CTM, Fidel Velázquez, admite ante el personal de la embajada en México que las razones del presidente Carlos Salinas para encarcelar a Joaquín Hernández Galicia fueron políticas. Y aunque La Quina era su “amigo”, Velázquez no dudó en denostarlo y apoyar a Sebastián Guzmán Cabrera, el hombre de Salinas, para sucederlo en el cargo.
El gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe basado en el testimonio directo de Fidel Velázquez, en el cual éste reveló que el encarcelamiento del dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, obedeció a motivos políticos, ya que no guardó lealtad al PRI y desafió al gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo al sucesor, Carlos Salinas de Gortari.
El 25 de enero de 1989, cuando La Quina, Salvador Barragán Camacho y alrededor de 20 personas más llevaban dos semanas en prisión, la embajada de Estados Unidos buscó a Fidel Velázquez para elaborar un informe al respecto. Se rumoreaba que habría desabasto de gasolina en el país y los petroleros sindicalizados amenazaban con realizar paros.

La entrevista con el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) estuvo clasificada como confidencial durante 18 años. El pasado 3 de enero el gobierno estadunidense liberó 72 archivos –de los cuales 26 aún mantienen reservas– porque The National Security Archive, organismo vinculado a The George Washington University, lo solicitó para documentar aspectos inéditos sobre la actuación pública de Hernández Galicia.
El inédito testimonio de Fidel Velázquez fue desclasificado por completo. Una de las máximas del régimen priista fue la siguiente: don Fidel sólo rinde cuentas al presidente. Este apotegma permaneció en boga entre sus herederos aun después de su muerte, en 1997. Ahora se comprueba que no siempre fue así.
Tras la aprehensión de La Quina, Velázquez explicó que el régimen no perdería el control del país. El presidente de Estados Unidos era George Bush, padre del actual mandatario. Según este documento de 10 cuartillas, el líder obrero habló por teléfono con el agregado laboral estadunidense, cuyo nombre no se cita.
El dirigente de la CTM no habló del arsenal decomisado ni del homicidio de un Ministerio Público Federal que supuestamente cometieron pistoleros de La Quina al ser detenidos. Velázquez refirió que La Quina y sus aliados habían “hecho cosas terribles”, pero su testimonio es sobre todo político:
Cuando en años recientes La Quina y sus colegas se volvieron tan arrogantes que atacaron abiertamente al gobierno y a los líderes del PRI, partido al cual pertenecen, haciendo votar a sus diputados sindicales en la Cámara junto con la oposición y en contra de los intereses y las posiciones del PRI, desafiando públicamente la autoridad del partido y mandando su disciplina por la borda, era obvio que el sindicato petrolero había ido demasiado lejos, que las cosas se habían salido de control y que el gobierno se vería obligado a actuar.
Casi 20 años después de la aprehensión de Hernández Galicia, puede leerse en el mencionado archivo que Fidel Velázquez intentó cambiar la posición de los petroleros. Continúa el informe:
Velázquez dijo que él y el resto de los líderes de la CTM se dieron cuenta de que los líderes del STPRM (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) habían sobrepasado los límites de la decencia y habían mostrado una flagrante deslealtad hacia el partido (PRI). Velázquez aseguró que él le había advertido a La Quina y a Barragán que se estaban pasando de la raya y que habían ido demasiado lejos, pero dijo que La Quina y sus colegas se negaron a escucharlo y continuaron con sus ataques frontales contra el gobernador del Estado de México, Mario Ramón Beteta, el gobierno y (más indirectamente) el expresidente Miguel de la Madrid y el nuevo presidente, Salinas.
Esta declaración confidencial se contrapone a la versión ofrecida por Carlos Salinas. En su libro México, un paso difícil a la modernidad, publicado en el año 2000, Salinas atribuye el encarcelamiento del líder petroleto al presunto tráfico de armas y al homicidio. Según su versión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había enviado desde el 22 de enero de 1988 –durante el gobierno de Miguel de la Madrid– un oficio a Hernández Galicia para advertirle que sus guardias portaban armas ilegalmente.
A la cúpula sindical nunca se le investigó por corrupción. La Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo siempre, en boletines y en la presentación de los detenidos, que los pistoleros de La Quina recibieron a balazos a la policía, por lo que tuvo que intervenir el Ejército.
Según esta versión oficial, en la casa del líder había cuatro rifles R-15, tres escopetas calibre .12, un rifle M1, tres metralletas calibre .22, una pistola calibre .45, cinco silenciadores para las metralletas, una pistola 357 Magnum, dos más de calibre .38, otra de 9 milímetros y más de un millar de cartuchos. En el tiroteo murió Antonio Zamora Arrioja, agente del Ministerio Público.Aún en el sexenio de Carlos Salinas, Joaquín Hernández Galicia fue condenado a 35 años de cárcel. En 1995, un tribunal le retiró la condena por acopio de armas. El equipo de abogados defensores probó que las metralletas fueron compradas por el Ejército y que fueron importadas a través de la frontera, por Chihuahua. Para entonces Salinas de Gortari ya no era presidente y vivía en Irlanda.
El operativoEl rostro demacrado de Joaquín Hernández Galicia ocupó la portada de Proceso el 16 de enero de 1989 (edición número 637). En uno de los reportajes, los reporteros Francisco Ortiz Pinchetti y Rodrigo Vera reconstruyeron el asalto de un centenar de militares a la casa-despacho del líder petrolero. Los vecinos aseguraron que los soldados disparaban al aire.
Hernández Galicia salió de su habitación en paños menores. Dos soldados lo tomaron de los brazos y lo sacaron del lugar. Sus pantuflas quedaron ahí.
Con La Quina a bordo de un vehículo militar, los soldados introdujeron en su casa el arsenal con el que el gobierno federal sustentó el cargo de tráfico de armas. Las únicas fotografías publicadas en los medios corresponden al momento en que la PGR presentó al líder sindical junto a las armas.
En esas fotos se ve que otros detenidos miran atónitos las ametralladoras perfectamente ordenadas. Uno de ellos, José Sosa, secretario general del sindicato, no despega la mirada de los rifles a pesar de las decenas de flashes que le estallan en la cara. Las armas brillan de limpias.
Sin embargo, los abogados defensores no pudieron convencer a los jueces de que Hernández Galicia era inocente de la muerte del agente del Ministerio Público. Según las pruebas que presentaron, Antonio Zamora murió antes del operativo. No obstante, los litigantes no lograron la liberación completa de su cliente, que no salió de prisión hasta 1998.
El martes 12, el exlíder del STPRM cumplirá 83 años.
Velázquez, su jefe político durante décadas, a quien La Quina alabó y entregó millones de pesos durante el régimen priista, confesó que hubo razones políticas para mantenerlo bajo la sombra.
Velázquez aseguró que él y la CTM inicialmente recibieron los arrestos con enojo y protestaron enérgicamente por la detención de La Quina. Dijo que a él y a la CTM les molestó en particular el método utilizado por el gobierno para arrestarlos; es decir, el uso del Ejército, cuando la legislación mexicana prohíbe su intervención para estos asuntos y otorga el poder para arrestar civiles exclusivamente a las autoridades civiles y a la policía.
Pero este enojo le duró poco:
Velázquez también dijo que la CTM abandonó las protestas cuando se percató de que el arresto estuvo justificado y que, en realidad, el gobierno pudo hacerlo sin provocar un intercambio de fuego mucho más sangriento del que en los hechos tuvo lugar.
“Unclassified” (desclasificado), puede leerse al iniciar el archivo. Quien revisó el contenido de este archivo y decidió liberarlo por completo fue Oscar J. Olson.
No se sabe si Charles J. Pilliod Jr., que fue el embajador estadunidense en México de 1986 a 1989, le informó a Fidel Velázquez que no podía destruir el informe elaborado con base en su testimonio y que tampoco podía garantizarle que se mantendría en secreto. La ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) está vigente desde 1966, y con base en ella el documento fue abierto el pasado 3 de enero.
En 1989, la información con el testimonio de Velázquez se envió con carácter “prioritario” desde la embajada en México al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, así como a los consulados de Estados Unidos en Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Nuevo Laredo y Tijuana.
Choque de intereses
La corrupción en el sindicato de Pemex no sólo puede verse en las notas de corresponsales como Alan Riding, quien trabajó para The New York Times. Durante sus 32 años de historia, Proceso ha documentado el derroche en Pemex. Pero ni por fuentes extranjeras ni por nacionales, los priistas consideraron castigar al sindicato. Ahora, mediante el testimonio desclasificado de Fidel Velázquez, consta que toleraron la corrupción.
Según el archivo desclasificado, el agregado laboral estadunidense en México destacó lo siguiente:
Velázquez dijo que La Quina, Salvador Barragán Camacho y otros de los líderes sindicales petroleros pertenecientes a la CTM están acusados legalmente de “cosas terribles”, por las que justamente merecen permanecer encarcelados durante 40 años, si no es que más. Agregó que en años recientes él y la CTM se habían sentido abochornados por el tipo de liderazgo que La Quina y sus colegas estaban ejerciendo sobre el sindicato petrolero; y, en particular, por la extravagante riqueza mal habida que los líderes del STPRM estaban derrochando ostensiblemente, en medio de la relativa pobreza de los trabajadores mexicanos. Añadió que, en meses recientes, la CTM había considerado tomar medidas por ella misma contra La Quina, pero que ahora se veía impedida de hacerlo por las acciones gubernamentales.
Pero el funcionario de la embajada estadunidense no estaba convencido del todo, y añadió en su informe:
Esta puede ser una conveniente invención de Fidel Velázquez tras los hechos consumados; pero no hay duda de que don Fidel desde hacía tiempo se sentía incomodado por los actos de La Quina, Barragán y sus colegas del sindicato petrolero, que a él personalmente le desagradaban, pero seguía tolerándolos.
El rompimiento entre el régimen y el sindicato petrolero se inició el 30 de enero de 1984, cuando el subsecretario de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Carlos Salinas, emitió un decreto para impedir que millones de dólares llegaran al sindicato cada vez que Pemex firmaba un contrato. Así, se estableció que en las “obras por administración directa” no podrían participar terceros.
Anteriormente, los petroleros ganaban 2% sobre cada contrato que firmaba Pemex. Según los cálculos de Alan Riding, entre 1970 y 1981 llegaron a las cuentas bancarias del STPRM 450 millones de dólares por este concepto. De acuerdo con el propio Salinas de Gortari en su libro México, un paso difícil a la modernidad, los dividendos superaban los 2 mil millones de dólares anuales. Pero Salvador Corro y José Reveles, en su investigación La Quina, el lado oscuro del poder, publicado en 1989, concluyeron que no había modo de distinguir entre el dinero de La Quina y el del sindicato.
Uno de sus negocios, la renta de buques, desató la ofensiva de los petroleros contra Mario Ramón Beteta, director de Pemex en el sexenio de Miguel de la Madrid. Desde 1977, Hernández Galicia y Salvador Barragán compraron 18 buques-tanque, cinco remolcadores y ocho chalanas que sólo hasta 1985 –cuatro años antes de su detención– les dieron ganancias por 7 mil millones de viejos pesos. El sindicato le rentaba su flota a Pemex para transportar productos y planeaba vendérselos años después.
Pero Beteta les dijo que no habría negocio y, en vez de favorecer al sindicato, Pemex firmó el contrato de transportación con la empresa Flota Pesquera Mexicana, propiedad de Isidoro Rodríguez, quien originalmente se dedicaba al autotransporte. La ganancia sería de medio millón de dólares anuales.
Corro y Reveles ofrecen un ejemplo del tono con que se enfrentaron Pemex y su sindicato: “Beteta le dijo un día a Barragán Camacho que Pemex no estaba para negocios con gremios corruptos y de intereses personalistas, y el líder de la Sección 34 del sindicato le respondió que no estaban dispuestos a que los manejara un banquero de cuarta categoría”.
Hernández Galicia y Barragán Camacho cobraron la factura a Beteta cuando ya era gobernador del Estado de México, en 1986: ordenaron que diputados bajo su control promovieran un juicio político contra el exdirector de Pemex, ya que al entregar el contrato para la transportación de productos a particulares, según ellos, había favorecido ilegalmente a Isidoro Rodríguez.
El juicio no prosperó en la Cámara de Diputados, pero despertó a la oposición y alertó a la prensa. Para entonces, Carlos Salinas ya estaba posicionado como aspirante a la Presidencia.
Liderazgo y traición
Cuando llegó al poder, Salinas no gozaba de un ambiente político idóneo tras su controvertido triunfo en las urnas. El día de la votación –el 6 de julio de l988– el sistema de cómputo se vino abajo, lo que alimentó la percepción pública, sobre todo en la izquierda, de que se cometió un fraude para que ganara el candidato priista.
Hernández Galicia ayudó poco, casi nada, al candidato de su partido. El periódico El Norte del 6 de julio difundió que el líder petrolero dio instrucciones para que en sus 18 secciones no se votara por el PRI. Proceso, por su parte, documentó el 25 de julio (número 612) que en ocho regiones de arraigo petrolero Cárdenas obtuvo 218 mil votos, contra 216 mil de Salinas, resultado inédito en más de 50 años que llevaba el PRI en el poder.
Este año, como parte del paquete de documentos que el gobierno de Estados Unidos abrió para The National Security Archive, desclasificó también un informe –distinto al de Fidel Velázquez– en el que confirma la intervención de Hernández Galicia en favor de Cárdenas.
Al ser interrogado por el consejero laboral de la embajada sobre si el encarcelamiento de La Quina afectaría la relación de la poderosa CTM con el PRI y con el nuevo presidente, Fidel Velázquez contestó que no.
De manera elaborada, afirmó que su relación con Salinas es hoy más fuerte de lo que jamás había sido en el pasado, y que sinceramente creía que, en lo concerniente al movimiento sindical, el presidente Salinas sería uno de los mejores presidentes de los últimos sexenios.
La embajada puso especial atención al énfasis con que Fidel Velázquez rechazó cualquier ruptura. Al líder de la CTM sólo le preocupaba la mala imagen.
Velázquez dijo al consejero laboral de la embajada que, lamentablemente, todo ese episodio había tenido un impacto sustancialmente negativo sobre la CTM y el movimiento sindical. Dijo que era particularmente así respecto de la mala imagen del movimiento sindical que el liderazgo del sindicato petrolero, descarriado y sin principios, había sembrado en la opinión pública, a pesar de que la vasta mayoría de los líderes sindicales mexicanos eran personas honestas y respetuosas de la ley, que trabajan duro, sobre todo, en el bienestar de sus agremiados.
Hacia el final del documento se observa que uno de los líderes petroleros opositores a La Quina, Sebastián Guzmán Cabrera, era apoyado por el gobierno como nuevo dirigente del sindicato.
...Una visión que parece ser compartida por Fidel Velázquez. Pese a estas credenciales, empero, de acuerdo con la prensa, en el pasado Guzmán Cabrera también se llevó su tajada del pastel de la corrupción y, en los hechos, era el rico “cacique” del sindicato petrolero en el sur del estado de Veracruz, hasta que empezó a tener choques con La Quina y, éste, finalmente lo removió de su cargo y lo obligó a jubilarse. En consecuencia, Guzmán Cabrera no es un santo; pero lo que parece seguro es que jugará el juego con el PRI, el gobierno y Fidel Velázquez. Será un líder sindical disciplinado, seguirá sus instrucciones y no les causará ningún problema.
De hecho, Fidel Velázquez adelantó que Guzmán Cabrera sería el siguiente dirigente petrolero.
Guzmán Cabrera acaba de ser reinstalado como trabajador en el área de Minatitlán, Veracruz, y de acuerdo con Velázquez, se encuentra en buena forma para encabezar el sindicato. Don Fidel dijo que Guzmán Cabrera, sin embargo, podría enfrentar tiempos difíciles al dirigir al gremio, ya que como enemigo jurado de La Quina podría encontrar resistencias por parte de numerosos leales a La Quina que aún quedan en el sindicato. No obstante, Velázquez aseguró que él y la CTM darían su apoyo total a Guzmán Cabrera, asumiendo que éste fuera el elegido, o a quienquiera que ganara la elección.
Hernández Galicia y Fidel Velázquez fueron amigos durante 30 años. El jueves 12 de enero, el primero invocó esa estrecha relación al rendir su declaración preparatoria: “Le pido a don Fidel Velázquez que no nos deje, porque esta es una acción que quiere acabar con la poca autonomía que existe en los sindicatos”. La ayuda nunca llegó. Para entonces el líder cetemista ya había rendido testimonio ante el gobierno de Estados Unidos y avalado las razones políticas para detenerlo. (Traducción del documento: Lucía Luna).