Privilegiados
Da la Corte pensión de lujo a ex ministros, Pp
Reportaje e Editorial
Carlos Avilés, reportero
El Universal (www.eluniversal.com.mx), 11 de agosto de 2008;
Cada uno de los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) goza de una pensión anual neta cercana a los 2 millones de pesos.
Además, tienen a su disposición un chofer y un auxiliar vitalicio, un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores y hasta el pago de comidas en restaurantes, con cargo a la Corte.
Entre los 35 ministros que reciben pensión destacan al menos siete abogados que no ejercieron ni dos años el puesto, como el ex procurador Diego Valadés y el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes.
También se cuentan Victoria Adato Green, quien desde hace ochos años ocupa diversos cargos en la CNDH, y el ex diputado Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura, también fue pensionado.
La Corte desclasificó esta información que tenía como confidencial hace cinco años, al resolver favorablemente un recurso de reconsideración promovido por este diario.
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Además, tienen a su disposición un chofer y un auxiliar vitalicio, un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores y hasta el pago de comidas en restaurantes, con cargo a la Corte.
Entre los 35 ministros que reciben pensión destacan al menos siete abogados que no ejercieron ni dos años el puesto, como el ex procurador Diego Valadés y el ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes.
También se cuentan Victoria Adato Green, quien desde hace ochos años ocupa diversos cargos en la CNDH, y el ex diputado Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura, también fue pensionado.
La Corte desclasificó esta información que tenía como confidencial hace cinco años, al resolver favorablemente un recurso de reconsideración promovido por este diario.
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La jugosa pensión de ministros
CARLOS AVILÉS, reportero
CARLOS AVILÉS, reportero
Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos
Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos.
Todos los ministros en retiro o jubilados gozan además de un chofer y de un auxilar vitalicio, con cargo a la SCJN, además de un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores e, incluso, el pago de comidas en restaurantes.
El máximo tribunal del país desclasificó una información que tenía como confidencial hace cinco años y dio a conocer la lista de los 35 ministros jubilados que reciben pensión.
Durante el tiempo en que la Corte mantuvo en secreto los nombres de los ministros jubilados, su pensión, por instrucciones del propio tribunal, pasó de 65 mil pesos a alrededor de 160 mil pesos mensuales netos.
En la lista de quienes gozan de la pensión y del resto de beneficios están al menos siete abogados que no tenían ni dos años como ministros, entre los que destacan el ex procurador general de la República Diego Valadés, y el ex fiscal del caso Colosio Miguel Montes.
También sobresale el caso de Victoria Adato Green, quien desde hace ocho años ocupa diversos cargos en la CNDH, en donde se desempeña y cobra como coordinadora del Programa de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia.
Y el del ex diputado federal del PRD Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura también recibió su pensión de ministro en retiro.
La Corte decidió revelar los nombres de los ministros en retiro y pensionados, al resolver favorablemente un recurso de reconsidaración que promovió este diario. En 2003, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia, se solicitó el nombre de los ministros retirados junto con todos los beneficios que recibían, pero la información fue clasificada como confidencial, ese mismo año, primero por el Comité y después por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte.
En ese momento, el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, y los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, decidieron ocultar la información bajo el argumento de que eran datos personales y de que los ministros pensionados ya no eran funcionarios públicos ni existía algún vínculo laboral con ellos.
Después de cinco años, de la reforma al artículo 6 de la Constitución, y con nuevos ministros al frente de la Comisión para la Transparencia de la Corte, se solicitó la reconsideración de la clasificación de los nombres de ministros en retiro y la decisión fue favorable. Los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel, de manera unánime, decidieron revocar la anterior sentencia.
Silva, Cordero y Góngora concluyeron que si bien el nombre es un dato personal, en este caso se trata de información con valor público en tanto que interesa a la sociedad conocer el nombre de las personas que se desempeñaron en el cargo de ministros de la SCJN, y que reciben recursos del erario.
Los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciben, cada uno, una pensión anual neta cercana a 2 millones de pesos.
Todos los ministros en retiro o jubilados gozan además de un chofer y de un auxilar vitalicio, con cargo a la SCJN, además de un aguinaldo de 40 días, un seguro de gastos médicos mayores e, incluso, el pago de comidas en restaurantes.
El máximo tribunal del país desclasificó una información que tenía como confidencial hace cinco años y dio a conocer la lista de los 35 ministros jubilados que reciben pensión.
Durante el tiempo en que la Corte mantuvo en secreto los nombres de los ministros jubilados, su pensión, por instrucciones del propio tribunal, pasó de 65 mil pesos a alrededor de 160 mil pesos mensuales netos.
En la lista de quienes gozan de la pensión y del resto de beneficios están al menos siete abogados que no tenían ni dos años como ministros, entre los que destacan el ex procurador general de la República Diego Valadés, y el ex fiscal del caso Colosio Miguel Montes.
También sobresale el caso de Victoria Adato Green, quien desde hace ocho años ocupa diversos cargos en la CNDH, en donde se desempeña y cobra como coordinadora del Programa de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia.
Y el del ex diputado federal del PRD Miguel Ángel García Domínguez, quien mientras cobraba como tal en la anterior legislatura también recibió su pensión de ministro en retiro.
La Corte decidió revelar los nombres de los ministros en retiro y pensionados, al resolver favorablemente un recurso de reconsidaración que promovió este diario. En 2003, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia, se solicitó el nombre de los ministros retirados junto con todos los beneficios que recibían, pero la información fue clasificada como confidencial, ese mismo año, primero por el Comité y después por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte.
En ese momento, el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, y los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, decidieron ocultar la información bajo el argumento de que eran datos personales y de que los ministros pensionados ya no eran funcionarios públicos ni existía algún vínculo laboral con ellos.
Después de cinco años, de la reforma al artículo 6 de la Constitución, y con nuevos ministros al frente de la Comisión para la Transparencia de la Corte, se solicitó la reconsideración de la clasificación de los nombres de ministros en retiro y la decisión fue favorable. Los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel, de manera unánime, decidieron revocar la anterior sentencia.
Silva, Cordero y Góngora concluyeron que si bien el nombre es un dato personal, en este caso se trata de información con valor público en tanto que interesa a la sociedad conocer el nombre de las personas que se desempeñaron en el cargo de ministros de la SCJN, y que reciben recursos del erario.
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Garantizan acceso a la información pública
El Universal, Lunes 11 de agosto de 2008
Al revelar los nombres de los ministros jubilados o en retiro, los ministros de la Comisión de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia establecieron criterios que servirán, en el futuro, para garantizar el acceso a la información pública gubernamental.
En primer lugar, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel determinaron que en todos los casos en los que exista dinero proveniente del presupuesto del gobierno deberá privilegiarse el principio de máxima publicidad para que se conozca cuál es el destino final de los recursos públicos.
En segundo lugar, al interpretar por vez primera la reciente reforma al artículo 6 de la Constitución, en materia de información, resolvieron que siempre que exista duda sobre la clasificación a una información, debe privilegiarse la transparencia y hacer públicos los datos solicitados. Por último, establecieron que por datos personales debe considerarse “la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.
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El Universal, Lunes 11 de agosto de 2008
Al revelar los nombres de los ministros jubilados o en retiro, los ministros de la Comisión de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia establecieron criterios que servirán, en el futuro, para garantizar el acceso a la información pública gubernamental.
En primer lugar, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel determinaron que en todos los casos en los que exista dinero proveniente del presupuesto del gobierno deberá privilegiarse el principio de máxima publicidad para que se conozca cuál es el destino final de los recursos públicos.
En segundo lugar, al interpretar por vez primera la reciente reforma al artículo 6 de la Constitución, en materia de información, resolvieron que siempre que exista duda sobre la clasificación a una información, debe privilegiarse la transparencia y hacer públicos los datos solicitados. Por último, establecieron que por datos personales debe considerarse “la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.
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Dispendios de la Corte/Editorial
Cinco años después de que EL UNIVERSAL pidió a la Suprema Corte de Justicia el gasto en los ministros jubilados, la información fue autorizada. Hay un avance en materia de transparencia que deberá acompañarse en el futuro con un ajuste al dispendio que ahora conocemos todos: el pago vitalicio de más de dos millones de pesos por cada ex ministro.
Los ministros habían clasificado la lista como confidencial con la explicación de que eran datos personales y los ministros ya no eran funcionarios. Los datos, por supuesto, eran oficiales porque afectaban el presupuesto nacional de egresos, y los ministros son, precisamente, pensionados, es decir, beneficiarios del pago por su condición de ex servidores públicos.
El pago excede notablemente la justa recompensa por un desempeño profesional en el Poder Judicial de la Federación, pues se aplica en el mismo monto a todos los ministros, aun a los que estuvieron en el selecto cuerpo un año, o poco más, como Miguel Montes García y Diego Valadés Ríos.
Porque además de los más de 160 mil pesos al mes que los ministros perciben —más que el salario nominal del Presidente de la República— disfrutan de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes.
El dispendio es ofensivo en un país que aprieta el cinturón en todas lás áreas y tiene entre sus agravios principales la impunidad y la insuficiencia notoria de un verdadero sistema de impartición de justicia, urgido de mayor transparencia en todas sus areas.
Era comprensible que la información se ocultara, hasta ahora, que se hace pública por la revocación acordada por los ministros Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
No se está en contra de una jubilación adecuada, sino en contra de la desproporción y desigualdad de las recompensas, desfasadas de las estrecheces de un país con crecientes responsabilidades, menguados ingresos y manejos discrecionales del tesoro público.
Además, algunos de los pensionados en el Poder Juidicial continúan en el desempeño de tareas públicas, académicas y particulares justamente remuneradas. Hay que ver la lista que hoy publicamos para comprobarlo.
En el escenario de violencia, inseguridad, enriquecimientos súbitos de funcionarios y sus parientes, tráfico de enervantes, armas y personas, secuestros, atropellos y despojos, la demanda generalizada es de justicia, no con penas nuevas, cuya sola discusión abre otro frente social y político, sino con las que ya están previstas.
Lo que hemos visto es que los pocos delincuentes que llegan a ser apresados son rápidamente liberados por diligentes servidores judiciales más celosos de la pureza de los procesos —siempre dotados de puertas de escape—, que del imperio de la justicia en la vida cotidiana.
Está bien que la Suprema Corte haya abierto otra rendija que deje atisbar sus interiores, pero todavía nos falta un largo trecho para que se haga la luz que permita verificar que a cada quien le da lo suyo, sin componendas ni oscuridades, con un verdadero espíritu de justicia en su desempeño, que todos, por presumir de respetable, pocas veces cuestionamos.
Lo mismo vale para el honorable Congreso de la Unión y para las 32 entidades federativas, incluído el Distrito Federal, que todavía no nos dice ni siquiera cuánto costaron los segundos pisos viales ni cómo se adjudicaron los contratos de obras.
La transparencia es uno de los requisitos de la vida democrática, y los muy togados señores ministros son, como todos en el Legislativo y el Ejecutivo, los servidores de la sociedad.
Los ministros habían clasificado la lista como confidencial con la explicación de que eran datos personales y los ministros ya no eran funcionarios. Los datos, por supuesto, eran oficiales porque afectaban el presupuesto nacional de egresos, y los ministros son, precisamente, pensionados, es decir, beneficiarios del pago por su condición de ex servidores públicos.
El pago excede notablemente la justa recompensa por un desempeño profesional en el Poder Judicial de la Federación, pues se aplica en el mismo monto a todos los ministros, aun a los que estuvieron en el selecto cuerpo un año, o poco más, como Miguel Montes García y Diego Valadés Ríos.
Porque además de los más de 160 mil pesos al mes que los ministros perciben —más que el salario nominal del Presidente de la República— disfrutan de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes.
El dispendio es ofensivo en un país que aprieta el cinturón en todas lás áreas y tiene entre sus agravios principales la impunidad y la insuficiencia notoria de un verdadero sistema de impartición de justicia, urgido de mayor transparencia en todas sus areas.
Era comprensible que la información se ocultara, hasta ahora, que se hace pública por la revocación acordada por los ministros Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
No se está en contra de una jubilación adecuada, sino en contra de la desproporción y desigualdad de las recompensas, desfasadas de las estrecheces de un país con crecientes responsabilidades, menguados ingresos y manejos discrecionales del tesoro público.
Además, algunos de los pensionados en el Poder Juidicial continúan en el desempeño de tareas públicas, académicas y particulares justamente remuneradas. Hay que ver la lista que hoy publicamos para comprobarlo.
En el escenario de violencia, inseguridad, enriquecimientos súbitos de funcionarios y sus parientes, tráfico de enervantes, armas y personas, secuestros, atropellos y despojos, la demanda generalizada es de justicia, no con penas nuevas, cuya sola discusión abre otro frente social y político, sino con las que ya están previstas.
Lo que hemos visto es que los pocos delincuentes que llegan a ser apresados son rápidamente liberados por diligentes servidores judiciales más celosos de la pureza de los procesos —siempre dotados de puertas de escape—, que del imperio de la justicia en la vida cotidiana.
Está bien que la Suprema Corte haya abierto otra rendija que deje atisbar sus interiores, pero todavía nos falta un largo trecho para que se haga la luz que permita verificar que a cada quien le da lo suyo, sin componendas ni oscuridades, con un verdadero espíritu de justicia en su desempeño, que todos, por presumir de respetable, pocas veces cuestionamos.
Lo mismo vale para el honorable Congreso de la Unión y para las 32 entidades federativas, incluído el Distrito Federal, que todavía no nos dice ni siquiera cuánto costaron los segundos pisos viales ni cómo se adjudicaron los contratos de obras.
La transparencia es uno de los requisitos de la vida democrática, y los muy togados señores ministros son, como todos en el Legislativo y el Ejecutivo, los servidores de la sociedad.
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