Roberto Zamarripa en Reforma entrevista a Samuel González, extitular de UEDO y hoy consultor en seguridad.
Fiscal contra el crimen organizado hace una década, Samuel González lamenta la pugna policial entre funcionarios federales que afecta el combate al secuestro.
Samuel González fue responsable de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) hace una década, cuando México tuvo un fuerte repunte del secuestro. Durante su actuación fueron detenidos secuestradores como Daniel Arizmendi y surgieron propuestas para reformas legales en materia de crimen organizado.
Antes, recuerda, se decomisaba dinero a las víctimas de secuestro y se regresaba a sus víctimas. Ahora no.
Samuel González fue responsable de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) hace una década, cuando México tuvo un fuerte repunte del secuestro. Durante su actuación fueron detenidos secuestradores como Daniel Arizmendi y surgieron propuestas para reformas legales en materia de crimen organizado.
Antes, recuerda, se decomisaba dinero a las víctimas de secuestro y se regresaba a sus víctimas. Ahora no.
"La PGR regresó el dinero en efectivo a quien pudo demostrar que había pagado el rescate. Ese dinero se regresó materialmente, como parte de la reparación del daño a las víctimas de secuestro.
"Es la única ocasión que ha pasado, la pregunta es por qué. ¿Qué acaso ahora no hay botines? ¿Dónde está el dinero, cuánto dinero han regresado? Eso pasó en el año 98. Diez años después de eso y no han regresado un centavo más".
El ex funcionario es abiertamente crítico de las políticas actuales en materia de seguridad.
"Podemos decirlo claramente: las políticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal en la materia son equivocadas. A mí no me interesa saber si lograron reducir el monto de los secuestros, a mí lo que me interesa es que no haya secuestros. Y para que no haya secuestros necesito tener una política agresiva que ataque a todas las ramas.
-¿Cuáles deben ser los criterios eficaces para combatir el secuestro?
-El primero: detener a los secuestradores. Eso quiere decir, no solamente lo que antes entendía la policía, que es simplemente presentarlos al juez, sino tener el material probatorio suficiente para que ese señor sea condenado y sentenciado.
Si la AFI se queda con material probatorio que no le entrega al Ministerio Público, de nada sirve el material probatorio. La prueba que recaudó, si no es incorporada al expediente que va al juicio, pues van a salir los secuestradores.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada exige que haya una unidad conjunta donde haya Ministerio Públicos y policías, porque ahí está garantizada la coordinación.
Hoy (el gobierno) define como criterio de éxito simplemente el rescate de la persona y la reducción del monto del secuestro. ¡Ese no es el criterio de éxito!
Pregunte a la Secretaría de Seguridad Pública y a la AFI cuántos casos de secuestro tienen sin resolver. ¿Quiere que diga cuántos? ¡Miles!
El ex fiscal señala que el trabajo de hace una década ha sido desarticulado. Los cambios operados en la PGR, con la salida de Noé Ramírez y José Luis Santiago Vasconcelos, no sólo son "ilegales", sino que inciden en la descoordinación entre policías investigadores y Ministerio Público.
"La pugna policial a nivel federal es por determinar si el Ministerio Público se vuelve un simple amanuense de lo que hace la policía.
"Quienes están peleando no entienden siquiera que el modelo procesal penal acusatorio al cual vamos, conforme la reforma judicial, obliga a que el Ministerio Público tenga el control jurídico y el control operativo de la investigación.
"La línea que te marca la Constitución es que el Ministerio Público va a seguir siendo el que dirige la investigación y ese control es jurídico, él va a determinar si hay o no delito. La policía no puede determinar cómo se presenta una acusación ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país del mundo", explica.
González lamenta que la pugna policial se traslade a las investigaciones de casos como el de Fernando Martí.
"La autoridad y también los empresarios que reclaman, saben por ejemplo, que el miércoles 4 de junio, a las 7:10 horas, se cometió el secuestro de Fernando Martí Haik.
Saben que la denuncia oficial, con número FSPIT3150508-06, fue levantada al día siguiente, y la autoridad fue notificada de manera inmediata en la Procuraduría del Distrito.
"Pero saben también, que consta en el expediente, que el día siguiente la autoridad federal fue notificada. Hay oficios que comunican formalmente a la autoridad federal el secuestro del señor Fernando Martí Haik desde la Procuraduría de Justicia del DF a la autoridad federal. Y la autoridad federal lo niega.
"¡Qué confianza puede tener una gente que conoce toda esta información, si salen a decir públicamente cosas que son falsas!".
El ex funcionario y ahora consultor en temas de seguridad, dice que en 2003, auspiciado por un grupo de empresarios, se trabajó un seminario con expertos de Naciones Unidas y con el apoyo de la Cancillería mexicana.
"Un grupo de empresarios muy importantes nos pidieron opinión en aquel momento y construimos un proyecto de lucha contra el secuestro. Se determinaron una cantidad muy importante de millones de dólares de apoyo. En las conversaciones hubo quien dijo (del gobierno mexicano) que el problema se resolvía comprando más computadoras.
"El problema no se arregla con computadoras. El problema es la falta de garantía para los policías que están investigando el secuestro, de salarios dignos para ellos y sus familias, para que cuando son asesinados no dejen a su familia abandonada.
"Es un problema de seguros, es un problema de carrera, es un problema de profesionalización, de un Estado incapaz de garantizar a sus policías la vida", dice.
La reunión fue de expertos de 15 países y se realizó en un hotel de la Ciudad de México.
"Ahí discutieron todas las técnicas de lucha contra el secuestro en países como Francia, España, Italia, Estados Unidos, Francia, entre otros, y a partir de eso se elaboró un proyecto. El elemento central es la coordinación y la fijación de políticas. Las conclusiones se entregaron al Gobierno federal, soportado por los empresarios mexicanos. En aquel momento hubo un bloqueo de ese proyecto, fundamentalmente porque el director de la AFI en aquel momento, Genaro García Luna, no quiso tomar el proyecto de los empresarios".
Recuerda González: "Le dije a Facundo Rosas (funcionario participante en aquel seminario y hoy responsable de las tareas antisecuestros en la SSP federal bajo el mando de García Luna): 'Facundo, dentro de cinco años, cuando no logres terminar el fenómeno o cuando se te incremente te voy a venir a decir que le vas a tener que pedir perdón a las víctimas por no haber hecho lo que te sugerí, por no haber implementado esas medidas'".
En su opinión, el equipo de García Luna ignoró las sugerencias del seminario "porque el secuestro para aquel que lo resuelve le da mucha fama pública. Si yo voy y lo resuelvo pues me pongo una medalla, resolví este, resolví aquel. Tiene un poder y genera una dependencia con la persona que libera".
Añade: "cuando la política es institucional, cuando se mete en un programa, cuando se fijan claramente las metas, evidentemente que no hay espacio para ello. El mérito es de la institución".
González pregunta: "si tu gente participó en esos seminarios, si han sido capacitados, ¿por qué no das resultados?".
-¿Es necesario ajustar la ley?
-No creo, sinceramente. Tienen el 80 por ciento de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en las leyes mexicanas. Tienen los poderes más grandes para un Ministerio Público, tienen los equipos para poder dar resultados.
-¿Las penas son las adecuadas?
-¡Hombre, Arizmendi tiene mil años de cárcel! ¡Para qué quiero la pena de muerte! Tiene mil años de cárcel, no va a salir nunca en su vida del reclusorio de Almoloya. O sea, más que eso no se puede hacer.
El problema no está ahí, el problema está en el seguimiento de las averiguaciones previas. El problema está en que la sociedad tiene que estar vigilante. El Gobierno es el que tiene la responsabilidad de dar resultados, pero la sociedad civil, si no construye una organización, unos grupos de presión al Estado, para que verdaderamente ataquen las políticas que ya todos sabemos cuáles son. Los funcionarios públicos tendrían que pedir, todos. Perdón, porque aquí hay suficientes datos para demostrar que otra vez todos se equivocaron.
-¿Qué opina que la fiscal antisecuestros oculte su rostro?
-El funcionario público tiene que dar la cara. Yo doy la cara, aquí me tiene. Yo di la cara. Tenemos noticias de investigaciones sobre secuestro cortadas en la AFI porque los secuestradores amenazaron a los de la AFI y determinaron no investigar más. Pues claro, si están matando a todas las gentes cercanas al señor Secretario de Seguridad Pública, pues la gente tiene miedo.
Para Samuel González es necesaria la cooperación de todas las instancias, locales y federales.
"Lo único que espero es que no empiecen aparecer los resultados contra el secuestro después de la aprobación de la Ley de Policía que impulsan en el Congreso para los próximos días. Porque si eso es así significa que hicieron una administración de la investigación de los secuestros, que será terrible conocerla para todo el País".
"Es la única ocasión que ha pasado, la pregunta es por qué. ¿Qué acaso ahora no hay botines? ¿Dónde está el dinero, cuánto dinero han regresado? Eso pasó en el año 98. Diez años después de eso y no han regresado un centavo más".
El ex funcionario es abiertamente crítico de las políticas actuales en materia de seguridad.
"Podemos decirlo claramente: las políticas de la Secretaría de Seguridad Pública federal en la materia son equivocadas. A mí no me interesa saber si lograron reducir el monto de los secuestros, a mí lo que me interesa es que no haya secuestros. Y para que no haya secuestros necesito tener una política agresiva que ataque a todas las ramas.
-¿Cuáles deben ser los criterios eficaces para combatir el secuestro?
-El primero: detener a los secuestradores. Eso quiere decir, no solamente lo que antes entendía la policía, que es simplemente presentarlos al juez, sino tener el material probatorio suficiente para que ese señor sea condenado y sentenciado.
Si la AFI se queda con material probatorio que no le entrega al Ministerio Público, de nada sirve el material probatorio. La prueba que recaudó, si no es incorporada al expediente que va al juicio, pues van a salir los secuestradores.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada exige que haya una unidad conjunta donde haya Ministerio Públicos y policías, porque ahí está garantizada la coordinación.
Hoy (el gobierno) define como criterio de éxito simplemente el rescate de la persona y la reducción del monto del secuestro. ¡Ese no es el criterio de éxito!
Pregunte a la Secretaría de Seguridad Pública y a la AFI cuántos casos de secuestro tienen sin resolver. ¿Quiere que diga cuántos? ¡Miles!
El ex fiscal señala que el trabajo de hace una década ha sido desarticulado. Los cambios operados en la PGR, con la salida de Noé Ramírez y José Luis Santiago Vasconcelos, no sólo son "ilegales", sino que inciden en la descoordinación entre policías investigadores y Ministerio Público.
"La pugna policial a nivel federal es por determinar si el Ministerio Público se vuelve un simple amanuense de lo que hace la policía.
"Quienes están peleando no entienden siquiera que el modelo procesal penal acusatorio al cual vamos, conforme la reforma judicial, obliga a que el Ministerio Público tenga el control jurídico y el control operativo de la investigación.
"La línea que te marca la Constitución es que el Ministerio Público va a seguir siendo el que dirige la investigación y ese control es jurídico, él va a determinar si hay o no delito. La policía no puede determinar cómo se presenta una acusación ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país del mundo", explica.
González lamenta que la pugna policial se traslade a las investigaciones de casos como el de Fernando Martí.
"La autoridad y también los empresarios que reclaman, saben por ejemplo, que el miércoles 4 de junio, a las 7:10 horas, se cometió el secuestro de Fernando Martí Haik.
Saben que la denuncia oficial, con número FSPIT3150508-06, fue levantada al día siguiente, y la autoridad fue notificada de manera inmediata en la Procuraduría del Distrito.
"Pero saben también, que consta en el expediente, que el día siguiente la autoridad federal fue notificada. Hay oficios que comunican formalmente a la autoridad federal el secuestro del señor Fernando Martí Haik desde la Procuraduría de Justicia del DF a la autoridad federal. Y la autoridad federal lo niega.
"¡Qué confianza puede tener una gente que conoce toda esta información, si salen a decir públicamente cosas que son falsas!".
El ex funcionario y ahora consultor en temas de seguridad, dice que en 2003, auspiciado por un grupo de empresarios, se trabajó un seminario con expertos de Naciones Unidas y con el apoyo de la Cancillería mexicana.
"Un grupo de empresarios muy importantes nos pidieron opinión en aquel momento y construimos un proyecto de lucha contra el secuestro. Se determinaron una cantidad muy importante de millones de dólares de apoyo. En las conversaciones hubo quien dijo (del gobierno mexicano) que el problema se resolvía comprando más computadoras.
"El problema no se arregla con computadoras. El problema es la falta de garantía para los policías que están investigando el secuestro, de salarios dignos para ellos y sus familias, para que cuando son asesinados no dejen a su familia abandonada.
"Es un problema de seguros, es un problema de carrera, es un problema de profesionalización, de un Estado incapaz de garantizar a sus policías la vida", dice.
La reunión fue de expertos de 15 países y se realizó en un hotel de la Ciudad de México.
"Ahí discutieron todas las técnicas de lucha contra el secuestro en países como Francia, España, Italia, Estados Unidos, Francia, entre otros, y a partir de eso se elaboró un proyecto. El elemento central es la coordinación y la fijación de políticas. Las conclusiones se entregaron al Gobierno federal, soportado por los empresarios mexicanos. En aquel momento hubo un bloqueo de ese proyecto, fundamentalmente porque el director de la AFI en aquel momento, Genaro García Luna, no quiso tomar el proyecto de los empresarios".
Recuerda González: "Le dije a Facundo Rosas (funcionario participante en aquel seminario y hoy responsable de las tareas antisecuestros en la SSP federal bajo el mando de García Luna): 'Facundo, dentro de cinco años, cuando no logres terminar el fenómeno o cuando se te incremente te voy a venir a decir que le vas a tener que pedir perdón a las víctimas por no haber hecho lo que te sugerí, por no haber implementado esas medidas'".
En su opinión, el equipo de García Luna ignoró las sugerencias del seminario "porque el secuestro para aquel que lo resuelve le da mucha fama pública. Si yo voy y lo resuelvo pues me pongo una medalla, resolví este, resolví aquel. Tiene un poder y genera una dependencia con la persona que libera".
Añade: "cuando la política es institucional, cuando se mete en un programa, cuando se fijan claramente las metas, evidentemente que no hay espacio para ello. El mérito es de la institución".
González pregunta: "si tu gente participó en esos seminarios, si han sido capacitados, ¿por qué no das resultados?".
-¿Es necesario ajustar la ley?
-No creo, sinceramente. Tienen el 80 por ciento de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en las leyes mexicanas. Tienen los poderes más grandes para un Ministerio Público, tienen los equipos para poder dar resultados.
-¿Las penas son las adecuadas?
-¡Hombre, Arizmendi tiene mil años de cárcel! ¡Para qué quiero la pena de muerte! Tiene mil años de cárcel, no va a salir nunca en su vida del reclusorio de Almoloya. O sea, más que eso no se puede hacer.
El problema no está ahí, el problema está en el seguimiento de las averiguaciones previas. El problema está en que la sociedad tiene que estar vigilante. El Gobierno es el que tiene la responsabilidad de dar resultados, pero la sociedad civil, si no construye una organización, unos grupos de presión al Estado, para que verdaderamente ataquen las políticas que ya todos sabemos cuáles son. Los funcionarios públicos tendrían que pedir, todos. Perdón, porque aquí hay suficientes datos para demostrar que otra vez todos se equivocaron.
-¿Qué opina que la fiscal antisecuestros oculte su rostro?
-El funcionario público tiene que dar la cara. Yo doy la cara, aquí me tiene. Yo di la cara. Tenemos noticias de investigaciones sobre secuestro cortadas en la AFI porque los secuestradores amenazaron a los de la AFI y determinaron no investigar más. Pues claro, si están matando a todas las gentes cercanas al señor Secretario de Seguridad Pública, pues la gente tiene miedo.
Para Samuel González es necesaria la cooperación de todas las instancias, locales y federales.
"Lo único que espero es que no empiecen aparecer los resultados contra el secuestro después de la aprobación de la Ley de Policía que impulsan en el Congreso para los próximos días. Porque si eso es así significa que hicieron una administración de la investigación de los secuestros, que será terrible conocerla para todo el País".
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