Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Publicado en El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/), 3 de septiembre de 2008;
Campa y Santiago: se hacen bolas
Por decreto del 20 de agosto, el primero llegó muerto al acuerdo de seguridad
Ninguna reforma faculta a Calderón para nombrar al ‘zar contra el crimen’
Está claro que toda renuncia a un cargo público relevante se presta a toda clase de sospechas. Pero en rigor nadie debiera llamarse a sorpresa frente a la dimisión de Roberto Campa Cifrián como secretario ejecutivo del SNSP. ¿Por qué?
En los hechos fue una renuncia no sólo anunciada, sino procesada a los ojos de todos. Es más, se acordó en Los Pinos, la mañana del 18 de agosto, donde el propio Felipe Calderón instruyó a Campa para conducir la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad —el 24 de agosto—, en donde Alejandro Martí pronunció el memorable: “Si no pueden, renuncien”.
Al llegar y al salir de ese acto, Campa no sólo sabía que en horas o días dejaría el cargo, sino que por decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de agosto —cuatro días antes de la firma del Acuerdo Nacional, y dos después de su encuentro con el Presidente—, su cargo prácticamente había desaparecido. Más aún, el papel relevante que tuvo en la firma del Acuerdo Nacional, en realidad fue una “salida elegante” del gobierno de Calderón, para no lastimar a su aliada, la profesora Gordillo.
Así lo expusimos en el Itinerario Político del 21 de agosto pasado. “Desde ayer vimos que se decretó la puntilla al poderoso secretariado ejecutivo del SNSP, entregado por el calderonismo al grupo político de la profesora Elba Esther Gordillo, en la persona de su delfín, Roberto Campa. En su edición de ayer (20 de agosto), el Diario Oficial dio cuenta del decreto —que hoy entra en vigor— por el cual el presidente Calderón reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento del secretariado ejecutivo del SNSP. ¿Y eso que…?
“Casi nada, que el hasta hoy poderoso secretario ejecutivo del SNSP, Roberto Campa, no lo será más, ya que el artículo 1 del reglamento de ese secretariado fue reformado por decreto presidencial, y se le quita el carácter fundamental de ‘órgano administrativo desconcentrado… con autonomía técnica y administrativa’, además de que se deroga el artículo 18, que regulaba el manejo presupuestal. Es decir, y para efectos prácticos, que desaparece el secretariado ejecutivo, como lo creó el gobierno de Fox, y que fue muy criticado por toda la oposición, ya que además de ser el centro de reparto presupuestal federal, era centro de poder político”. Así, cuando Campa llegó como figura central al Acuerdo Nacional, ya no era más que una figura decorativa, pues su cargo había sido desfondado.
La pregunta que sigue es de sentido común: ¿pero por qué razón se dejó caer a Campa? Todos saben que el pasado 18 de junio el Presidente firmó la reforma penal constitucional que semanas antes aprobó el Congreso. Bien, pues el artículo 19 transitorio de esa reforma dice que —como lo recordamos en el Itinerario Político del 19 y 21 de agosto— dos meses después de la entrada en vigor del decreto —19 de agosto— “se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten”.
Bueno, todo el galimatías anterior y la designación del responsable de la ‘secretaría técnica’ confrontaron al presidente Calderón con los grupos de Beltrones, Gordillo y César Camacho, este último, padre de la reforma penal. La profesora Gordillo reclamó la desaparición del cargo de secretario ejecutivo del SNSP que ostentaba Campa, pero pedía que Campa fuera promovido como ‘secretario técnico’ del nuevo organismo. Pero todos, incluso el gabinete presidencial se opuso a la promoción de Campa, por eso la “salida decorosa” a Campa.
Pero también Camacho quería para sí, para el poderoso grupo del estado de México la ‘secretaría técnica’. Al cabo el mexiquense reclama la paternidad del chamaco, pero tampoco logró su objetivo. El gran ganón —luego de una campaña de golpeteo contra Calderón en los días previos— fue nada menos que Beltrones, a través de José Luis Santiago Vasconcelos, quien fue designado por el presidente Calderón ‘secretario técnico’ del órgano, ¿pero qué creen?
En otro de los lances de genialidad de los diputados y senadores de todos los partidos, en la reforma penal no se dice quién será el responsable de nombrar al ‘secretario técnico’. Es decir, el nombramiento de Santiago Vasconcelos puede ser impugnado, porque la Constitución no faculta al presidente Calderón para nombrarlo. Además de que el nombramiento fue a destiempo, según el mismo transitorio. ¡Y así quieren combatir el crimen!
Por decreto del 20 de agosto, el primero llegó muerto al acuerdo de seguridad
Ninguna reforma faculta a Calderón para nombrar al ‘zar contra el crimen’
Está claro que toda renuncia a un cargo público relevante se presta a toda clase de sospechas. Pero en rigor nadie debiera llamarse a sorpresa frente a la dimisión de Roberto Campa Cifrián como secretario ejecutivo del SNSP. ¿Por qué?
En los hechos fue una renuncia no sólo anunciada, sino procesada a los ojos de todos. Es más, se acordó en Los Pinos, la mañana del 18 de agosto, donde el propio Felipe Calderón instruyó a Campa para conducir la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad —el 24 de agosto—, en donde Alejandro Martí pronunció el memorable: “Si no pueden, renuncien”.
Al llegar y al salir de ese acto, Campa no sólo sabía que en horas o días dejaría el cargo, sino que por decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de agosto —cuatro días antes de la firma del Acuerdo Nacional, y dos después de su encuentro con el Presidente—, su cargo prácticamente había desaparecido. Más aún, el papel relevante que tuvo en la firma del Acuerdo Nacional, en realidad fue una “salida elegante” del gobierno de Calderón, para no lastimar a su aliada, la profesora Gordillo.
Así lo expusimos en el Itinerario Político del 21 de agosto pasado. “Desde ayer vimos que se decretó la puntilla al poderoso secretariado ejecutivo del SNSP, entregado por el calderonismo al grupo político de la profesora Elba Esther Gordillo, en la persona de su delfín, Roberto Campa. En su edición de ayer (20 de agosto), el Diario Oficial dio cuenta del decreto —que hoy entra en vigor— por el cual el presidente Calderón reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento del secretariado ejecutivo del SNSP. ¿Y eso que…?
“Casi nada, que el hasta hoy poderoso secretario ejecutivo del SNSP, Roberto Campa, no lo será más, ya que el artículo 1 del reglamento de ese secretariado fue reformado por decreto presidencial, y se le quita el carácter fundamental de ‘órgano administrativo desconcentrado… con autonomía técnica y administrativa’, además de que se deroga el artículo 18, que regulaba el manejo presupuestal. Es decir, y para efectos prácticos, que desaparece el secretariado ejecutivo, como lo creó el gobierno de Fox, y que fue muy criticado por toda la oposición, ya que además de ser el centro de reparto presupuestal federal, era centro de poder político”. Así, cuando Campa llegó como figura central al Acuerdo Nacional, ya no era más que una figura decorativa, pues su cargo había sido desfondado.
La pregunta que sigue es de sentido común: ¿pero por qué razón se dejó caer a Campa? Todos saben que el pasado 18 de junio el Presidente firmó la reforma penal constitucional que semanas antes aprobó el Congreso. Bien, pues el artículo 19 transitorio de esa reforma dice que —como lo recordamos en el Itinerario Político del 19 y 21 de agosto— dos meses después de la entrada en vigor del decreto —19 de agosto— “se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten”.
Bueno, todo el galimatías anterior y la designación del responsable de la ‘secretaría técnica’ confrontaron al presidente Calderón con los grupos de Beltrones, Gordillo y César Camacho, este último, padre de la reforma penal. La profesora Gordillo reclamó la desaparición del cargo de secretario ejecutivo del SNSP que ostentaba Campa, pero pedía que Campa fuera promovido como ‘secretario técnico’ del nuevo organismo. Pero todos, incluso el gabinete presidencial se opuso a la promoción de Campa, por eso la “salida decorosa” a Campa.
Pero también Camacho quería para sí, para el poderoso grupo del estado de México la ‘secretaría técnica’. Al cabo el mexiquense reclama la paternidad del chamaco, pero tampoco logró su objetivo. El gran ganón —luego de una campaña de golpeteo contra Calderón en los días previos— fue nada menos que Beltrones, a través de José Luis Santiago Vasconcelos, quien fue designado por el presidente Calderón ‘secretario técnico’ del órgano, ¿pero qué creen?
En otro de los lances de genialidad de los diputados y senadores de todos los partidos, en la reforma penal no se dice quién será el responsable de nombrar al ‘secretario técnico’. Es decir, el nombramiento de Santiago Vasconcelos puede ser impugnado, porque la Constitución no faculta al presidente Calderón para nombrarlo. Además de que el nombramiento fue a destiempo, según el mismo transitorio. ¡Y así quieren combatir el crimen!
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En una nota de Abel Barajas de Reforma (http://www.reforma.com/), de ayer, 2 de septiembre, el Dip. César Camacho presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aseguró que desde el punto de vista jurídico José Luis Santiago Vasconcelos no es el Secretario Técnico de la comisión que implementará la reforma de seguridad y justicia penal.
El legislador dijo en entrevista que la reforma que entró en vigor el 19 de junio pasado, nunca menciona que el Presidente Felipe Calderón sea la autoridad responsable de hacer dicha designación. "No puede ser secretario Técnico de una instancia donde nadie le da al Presidente la facultad de nombrarlo; ahora, eso no significa que no pueda hacerlo, pero en todo caso tendrá que buscar el respaldo de otros poderes, del Legislativo y Judicial.
"No dice en ninguna parte de la reforma, que la instancia de coordinación dependa del Presidente, si no depende del Presidente, el Presidente no lo puede nombrar", expuso el mexiquense.
"No dice en ninguna parte de la reforma, que la instancia de coordinación dependa del Presidente, si no depende del Presidente, el Presidente no lo puede nombrar", expuso el mexiquense.
Camacho señaló que el mal entendido del nombramiento deriva del boletín que emitió la Presidencia de la República el 26 de agosto pasado, donde textualmente se afirma que el Ejecutivo federal designó a Santiago como responsable de la Secretaría Técnica.
Manifestó que, en el mejor de los casos, en este momento el ex Subprocurador en Delincuencia Organizada puede ser considerado sólo como un representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión que implementará la reforma, la cual, por cierto, dijo que tampoco ha sido creada. "Me parece que es absolutamente frágil (el nombramiento), jurídicamente hablando; el propio boletín, ya no en la cabeza, en el texto, tiene esa confusión. En el último párrafo (dice que Santiago) es 'la persona idónea para desempeñar las funciones de coadyuvancia y apoyo a la instancia de coordinación'.
"Insisto, esto no significa que lo veamos mal, porque demuestra el interés del presidente y recae la designación del representante del Ejecutivo en una persona con suficiente solvencia profesional y jurídica, pero de lo uno a lo otro hay un abismo", dijo.
Cuestionado respecto al estatus que se le ha otorgado a la Secretaría Técnica, de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y con rango de subsecretaría de Estado, Camacho también dijo que la reforma tampoco dice que esa instancia dependa del Ejecutivo.
"Es una instancia sui géneris, porque aquí no dice de quién depende o si depende de los tres poderes específicamente. Yo coincido que esto puede generar un reto de interpretación, pero lo que sí de plano es absolutamente descartable es que lo nombre el Presidente.
"Ojalá esto detone el cumplimiento de una obligación en la que estamos remisos", añadió.
Manifestó que, en el mejor de los casos, en este momento el ex Subprocurador en Delincuencia Organizada puede ser considerado sólo como un representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión que implementará la reforma, la cual, por cierto, dijo que tampoco ha sido creada. "Me parece que es absolutamente frágil (el nombramiento), jurídicamente hablando; el propio boletín, ya no en la cabeza, en el texto, tiene esa confusión. En el último párrafo (dice que Santiago) es 'la persona idónea para desempeñar las funciones de coadyuvancia y apoyo a la instancia de coordinación'.
"Insisto, esto no significa que lo veamos mal, porque demuestra el interés del presidente y recae la designación del representante del Ejecutivo en una persona con suficiente solvencia profesional y jurídica, pero de lo uno a lo otro hay un abismo", dijo.
Cuestionado respecto al estatus que se le ha otorgado a la Secretaría Técnica, de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y con rango de subsecretaría de Estado, Camacho también dijo que la reforma tampoco dice que esa instancia dependa del Ejecutivo.
"Es una instancia sui géneris, porque aquí no dice de quién depende o si depende de los tres poderes específicamente. Yo coincido que esto puede generar un reto de interpretación, pero lo que sí de plano es absolutamente descartable es que lo nombre el Presidente.
"Ojalá esto detone el cumplimiento de una obligación en la que estamos remisos", añadió.
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Perfilan al tutor de reforma penal/Por Abel Barajas
Nota del 26 de agosto de 2008/Reforma (www.reforma.com)
Nota del 26 de agosto de 2008/Reforma (www.reforma.com)
Especialistas en materia jurídica propusieron que el secretario técnico de la Comisión de implementación de la reforma de justicia penal tenga probada experiencia en el servicio público y alta capacidad de negociación política.
El responsable de conducir la reforma de justicia más importante en casi un siglo, debió designarse el 19 de agosto pasado, conforme lo establece el Artículo noveno transitorio de la Constitución, incluido en la reforma.
Consultados por REFORMA, César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Cristian Riego, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidieron en que cuando sea designado, se garantice una figura con el más alto perfil, que combine lo técnico y lo político, aunque prefieren más lo segundo.
Y difieren en si debe ser apartidista, pues mientras Camacho y Riego dicen que no importa, Carbonell opina lo contrario y que incluso el designado no deba ser del PAN.
Quien sea electo secretario técnico coordinará en los próximos ocho años los trabajos para consolidar un nuevo sistema penal acusatorio.
En tanto, Carbonell y Camacho criticaron que se dejara pasar el plazo de su designación.
"Creo que es un mensaje muy malo de parte del equipo del Presidente Calderón, me parece que es una falta de respeto a la decisión que tomó el Poder reformador de la Constitución, que en el transitorio de la reforma estableció este plazo y hay que recordar que este es el primero de varios", dijo Carbonell.
"La lectura que tengo de esto es que se trata de una muy mala señal para la reforma en su conjunto, porque además la comisión que va a estar liderada por el secretario técnico, era un poco el órgano impulsor de la propia reforma", explicó.
Camacho Quiroz hizo también un llamado de atención a las autoridades, ya que desde su punto de vista la situación actual de violencia y criminalidad debe acelerar el proceso de reforma y no su retraso.
"Este retraso no es una cuestión menor, pero tampoco se cae el sistema por la ausencia de responsable, ojalá que sea un llamado para que las autoridades de los tres poderes de la Unión hagan lo que deban (...), es una llamada de atención oportuna para decirles a quienes están involucrados que no perdamos de vista las figuras jurídicas que nosotros creamos, que tienen que ver con el mediano y largo plazo", dijo.
César Camacho: Piden habilidad negociadora
"Yo no dividiría lo político y lo técnico, el secretario técnico debe tener las dos, pero sobre todo debe tener la capacidad para construir acuerdos porque finalmente la parte técnica puede ser salvada, cubierta con asesores que son especialistas en el tema. Pero la capacidad de negociación difícilmente se cubre con asesores externos", dijo César Camacho.
El legislador priista estimó que no es importante que el secretario sea o no cercano al Presidente Calderón. Lo que es relevante, dijo, es que sea alguien que tenga capacidad de interlocución y que logre el respeto de los actores con los que deberá tratar.
"Tiene que ser de alto perfil, un protagonista de la reforma, no debe ser alguien que sólo ayude o construya acuerdos con los operadores materiales del sistema, sino con los responsables políticos de la buena marcha de las policías, del Ministerio Público, jueces y magistrados".
Camacho indicó que los aspirantes pueden provenir del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero más bien recomendó evitar darle cabida a la improvisación y al empirismo y darle la oportunidad a personas cuya trayectoria haya estado sujeta a escrutinio público.
¿Debe ser apartidista?
"No necesariamente, mientras su compromiso con la implantación del sistema sea superior a su filiación partidaria, que primero vea por los intereses de México que por los de un partido político. Me parece que hoy difícilmente hallaremos servidores públicos políticamente neutros, a mí no me preocuparía la militancia partidaria, si se trata de alguien que sobradamente ha dado muestras de que primero ve por los intereses del país".
Cristian Riego: Proponen un perfil político
"En mi opinión el perfil debiera ser predominantemente político. Los aspectos más complejos del proceso no son técnicos sino políticos. Es decir, se trata de conseguir que tanto las instituciones del sector, que son bastante autónomas, como el gobierno federal y los gobiernos estatales se comprometan con el proceso y lo sostengan por periodos largos de tiempo", opinó Cristian Riego.
El director del CEJA expuso que, para que tenga éxito la reforma judicial, es necesario que el responsable de conducirla reciba un mandato muy fuerte de Presidente Felipe Calderón, sin importar si es cercano o no a la oficina de Los Pinos.
"Yo creo que es conveniente que tenga un perfil alto. La experiencia en América Latina ha sido que estas reformas han avanzado cuando han tenido patrocinadores políticos con poder que han visto en la reforma un modo de acrecentar su prestigio y se han comprometido con ellas.
"Me parece que sería muy negativo tener una reforma huérfana políticamente, eso suele conducir a su desfinanciamiento y a perder apoyos, lo cual a su vez conduce a mayores problemas y a una especie de profecía auto cumplida de fracaso", agregó.
Para el especialista, una segunda condición fundamental es contar con un equipo técnico ágil y creativo, porque los desafíos de un proceso como este son muchos y los riesgos de reproducción de las prácticas tradicionales son también muy fuertes.
"No me parece necesario (que sea apartidista). Lo que es indispensable es que tenga un compromiso muy creíble con el proyecto y con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, poniéndolo por delante de los intereses políticos de corto plazo que siempre existen y que en algún momento pueden obstaculizar el proceso o distorsionarlo", expresó.
Miguel Carbonell: Sugieren cercanía con FCH
"No tiene que ser alguien 100 por ciento político, porque entonces no le va a entender bien a la sustancia; pero no puede ser nada más un técnico que no sea capaz de tocar puertas y que se le abran y de poder influir en Hacienda para que le dé recursos; con PGR para alinear la capacitación de Ministerios Públicos. Yo creo que debe de ser una combinación", dijo Miguel Carbonell.
El académico de la UNAM comentó que el nuevo secretario técnico debe ser alguien que tenga una interlocución activa con Felipe Calderón, para darle un seguimiento a la reforma, pero sin que esto quiera decir que pertenezca al círculo inmediato del Mandatario.
"Tiene que ser el más alto perfil que se logre, lo alto o bajo va a depender del conjunto del reconocimiento político que le quiera dar el Presidente. Por ejemplo, si lo adscribe directamente a Presidencia o lo adscribe a Gobernación, o le da el rango de director general o de subsecretario.
Según Carbonell, gran parte del éxito de la reforma descansará en el oficio del secretario técnico para tratar con senadores, diputados, Gobernadores, con el presidente de la Suprema Corte, los ministros y demás interlocutores en el tema.
"En la medida en que el mensaje del Presidente Calderón sea respecto de un personaje no partidista, eso alentará un compromiso de más amplio tiempo.
"Sería un buen mensaje, en cuanto a la estabilidad en el cargo, que fuera alguien no vinculado a la política partidista o por lo menos al PAN ahora en el gobierno", apuntó.
El responsable de conducir la reforma de justicia más importante en casi un siglo, debió designarse el 19 de agosto pasado, conforme lo establece el Artículo noveno transitorio de la Constitución, incluido en la reforma.
Consultados por REFORMA, César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Cristian Riego, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidieron en que cuando sea designado, se garantice una figura con el más alto perfil, que combine lo técnico y lo político, aunque prefieren más lo segundo.
Y difieren en si debe ser apartidista, pues mientras Camacho y Riego dicen que no importa, Carbonell opina lo contrario y que incluso el designado no deba ser del PAN.
Quien sea electo secretario técnico coordinará en los próximos ocho años los trabajos para consolidar un nuevo sistema penal acusatorio.
En tanto, Carbonell y Camacho criticaron que se dejara pasar el plazo de su designación.
"Creo que es un mensaje muy malo de parte del equipo del Presidente Calderón, me parece que es una falta de respeto a la decisión que tomó el Poder reformador de la Constitución, que en el transitorio de la reforma estableció este plazo y hay que recordar que este es el primero de varios", dijo Carbonell.
"La lectura que tengo de esto es que se trata de una muy mala señal para la reforma en su conjunto, porque además la comisión que va a estar liderada por el secretario técnico, era un poco el órgano impulsor de la propia reforma", explicó.
Camacho Quiroz hizo también un llamado de atención a las autoridades, ya que desde su punto de vista la situación actual de violencia y criminalidad debe acelerar el proceso de reforma y no su retraso.
"Este retraso no es una cuestión menor, pero tampoco se cae el sistema por la ausencia de responsable, ojalá que sea un llamado para que las autoridades de los tres poderes de la Unión hagan lo que deban (...), es una llamada de atención oportuna para decirles a quienes están involucrados que no perdamos de vista las figuras jurídicas que nosotros creamos, que tienen que ver con el mediano y largo plazo", dijo.
César Camacho: Piden habilidad negociadora
"Yo no dividiría lo político y lo técnico, el secretario técnico debe tener las dos, pero sobre todo debe tener la capacidad para construir acuerdos porque finalmente la parte técnica puede ser salvada, cubierta con asesores que son especialistas en el tema. Pero la capacidad de negociación difícilmente se cubre con asesores externos", dijo César Camacho.
El legislador priista estimó que no es importante que el secretario sea o no cercano al Presidente Calderón. Lo que es relevante, dijo, es que sea alguien que tenga capacidad de interlocución y que logre el respeto de los actores con los que deberá tratar.
"Tiene que ser de alto perfil, un protagonista de la reforma, no debe ser alguien que sólo ayude o construya acuerdos con los operadores materiales del sistema, sino con los responsables políticos de la buena marcha de las policías, del Ministerio Público, jueces y magistrados".
Camacho indicó que los aspirantes pueden provenir del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero más bien recomendó evitar darle cabida a la improvisación y al empirismo y darle la oportunidad a personas cuya trayectoria haya estado sujeta a escrutinio público.
¿Debe ser apartidista?
"No necesariamente, mientras su compromiso con la implantación del sistema sea superior a su filiación partidaria, que primero vea por los intereses de México que por los de un partido político. Me parece que hoy difícilmente hallaremos servidores públicos políticamente neutros, a mí no me preocuparía la militancia partidaria, si se trata de alguien que sobradamente ha dado muestras de que primero ve por los intereses del país".
Cristian Riego: Proponen un perfil político
"En mi opinión el perfil debiera ser predominantemente político. Los aspectos más complejos del proceso no son técnicos sino políticos. Es decir, se trata de conseguir que tanto las instituciones del sector, que son bastante autónomas, como el gobierno federal y los gobiernos estatales se comprometan con el proceso y lo sostengan por periodos largos de tiempo", opinó Cristian Riego.
El director del CEJA expuso que, para que tenga éxito la reforma judicial, es necesario que el responsable de conducirla reciba un mandato muy fuerte de Presidente Felipe Calderón, sin importar si es cercano o no a la oficina de Los Pinos.
"Yo creo que es conveniente que tenga un perfil alto. La experiencia en América Latina ha sido que estas reformas han avanzado cuando han tenido patrocinadores políticos con poder que han visto en la reforma un modo de acrecentar su prestigio y se han comprometido con ellas.
"Me parece que sería muy negativo tener una reforma huérfana políticamente, eso suele conducir a su desfinanciamiento y a perder apoyos, lo cual a su vez conduce a mayores problemas y a una especie de profecía auto cumplida de fracaso", agregó.
Para el especialista, una segunda condición fundamental es contar con un equipo técnico ágil y creativo, porque los desafíos de un proceso como este son muchos y los riesgos de reproducción de las prácticas tradicionales son también muy fuertes.
"No me parece necesario (que sea apartidista). Lo que es indispensable es que tenga un compromiso muy creíble con el proyecto y con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, poniéndolo por delante de los intereses políticos de corto plazo que siempre existen y que en algún momento pueden obstaculizar el proceso o distorsionarlo", expresó.
Miguel Carbonell: Sugieren cercanía con FCH
"No tiene que ser alguien 100 por ciento político, porque entonces no le va a entender bien a la sustancia; pero no puede ser nada más un técnico que no sea capaz de tocar puertas y que se le abran y de poder influir en Hacienda para que le dé recursos; con PGR para alinear la capacitación de Ministerios Públicos. Yo creo que debe de ser una combinación", dijo Miguel Carbonell.
El académico de la UNAM comentó que el nuevo secretario técnico debe ser alguien que tenga una interlocución activa con Felipe Calderón, para darle un seguimiento a la reforma, pero sin que esto quiera decir que pertenezca al círculo inmediato del Mandatario.
"Tiene que ser el más alto perfil que se logre, lo alto o bajo va a depender del conjunto del reconocimiento político que le quiera dar el Presidente. Por ejemplo, si lo adscribe directamente a Presidencia o lo adscribe a Gobernación, o le da el rango de director general o de subsecretario.
Según Carbonell, gran parte del éxito de la reforma descansará en el oficio del secretario técnico para tratar con senadores, diputados, Gobernadores, con el presidente de la Suprema Corte, los ministros y demás interlocutores en el tema.
"En la medida en que el mensaje del Presidente Calderón sea respecto de un personaje no partidista, eso alentará un compromiso de más amplio tiempo.
"Sería un buen mensaje, en cuanto a la estabilidad en el cargo, que fuera alguien no vinculado a la política partidista o por lo menos al PAN ahora en el gobierno", apuntó.
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