Miguel Ángel Mancera, procurador del DF recibió un espaldarazo público del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por los resultados que ha logrado en contra el crimen organizado y recientemente por la detención de los integrantes de la banda de "La Flor".
"Porque tiene valor y tiene resolución, y porque está dando resultados. Adelante Miguel, cuentas con nuestro apoyo", le dijo Ebrard.
Filtraciones, opiniones de Jorge Fernández, Pablo Hiriart, Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva.
Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Publicado en Excelsior (http://www.exonline.com.mx/), 12 de septiembre de 2008;
La canija sospecha
No tenemos elementos para desmentir la información de la Procuraduría capitalina en torno a las investigaciones sobre el secuestro y el asesinato de Fernando Martí. Pero, hasta ahora, no tenemos tampoco un solo dato duro que confirme sus informaciones. El manejo entre oculto y público, la mezcla entre la secrecía de la investigación y la filtración periodística sirve para ocupar a los medios y la opinión pública unos días, quizás hasta para distraerlos de las verdaderas investigaciones, pero no sirven para que, finalmente, la gente tenga confianza en las autoridades. Y éstas parecen empeñadas en actuar de manera que resulte imposible generar esa confianza.
Lo que está sucediendo en el caso Martí es una demostración de ello. Un día después de que apareciera el cuerpo del joven asesinado, en una conferencia de prensa fueron presentados dos agentes policiales capitalinos como parte fundamental de la llamada banda de La Flor: se trataba del comandante José Luis Romero Ángel y de Fernando Hernández Santoyo. El primero acababa de ser promovido por el propio jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y era el responsable de la seguridad de toda el área aledaña al aeropuerto capitalino. Se les vinculó con el secuestro y asesinato porque estuvieron tratando de indagar la situación del custodia de Fernando Martí que había sido dejado por muerto por los secuestradores. Pero con ellos, se dijo, se comenzaban a jalar los hilos para el desmantelamiento de la banda.
Casi simultáneamente, el mismo día de la firma de los acuerdos por la justicia y la seguridad en Palacio Nacional, era baleado, en el sur de la Ciudad de México, Sergio Ortiz, un agente de la después desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas, que no sabemos cómo se ha mantenido económicamente en todos estos años. El hombre recibió varios disparos y fue internado con un tiro en la columna y en grave estado en un hospital del IMSS. No se ha explicado cómo y por qué la Procuraduría capitalina llegó a la conclusión de que era el jefe de la banda de La Flor y que el atentado había sido cometido por otra fracción de esa organización como consecuencia de diferencias internas. Se filtró que había sido identificado gracias a una denuncia ciudadana por la que incluso ya se había pagado una recompensa. Puede ser, pero nadie nos ha explicado por qué, después de tener más de un mes a este personaje en el hospital, repentinamente se supo que era el secuestrador más buscado del país. Para colmo, el hombre está en terapia intensiva, no puede hablar y por lo tanto no se cuenta siquiera con su declaración preparatoria. Su familia, en estos días, ha negado terminantemente que Sergio Ortiz tuviera algo que ver con estos hechos y argumenta que es un chivo expiatorio. Fuera de esas declaraciones, la familia no ha mostrado, tampoco, prueba alguna que exonere a este hombre de las acusaciones. El problema es que asumir que Ortiz es el jefe de la banda de La Flor se convierte casi en un acto de fe hacia las autoridades porque éstas no han proporcionado información que permita sustentar esa acusación. Es verdad, la investigación está en curso pero, entonces, ¿por qué divulgar datos a los que no se les puede dar seguimiento?, ¿para qué añadir “información”, que tampoco ha sido comprobada, que va desde la posesión de lujosos carros hasta de fotos o videos de secuestrados y actos de zoofilia?, ¿la información dura de la investigación no es suficiente para sustentar la acusación y necesita ser aderezada con “detalles” morbosos para los medios?
Lo mismo sucede con una mujer que fue clave en el operativo, según la PGJDF, Lorena González Hernández, de la cual durante dos largos días, las mismas autoridades federales estuvieron echándose la bolita de si era agente de la AFI o de la Policía Federal. Lo cierto es que estaba en tránsito de una a la otra, que permaneció durante años en esa corporación policial y que tenía un nivel de mando medio y un salario considerable, más de 40 mil pesos. Su familia también dice que es un chivo expiatorio e incluso argumentan que en los días del secuestro estaba en Cancún. No lo han podido comprobar: las autoridades dicen que fue identificada por el custodio que sobrevivió al secuestro. Pero a partir de eso se han filtrado informaciones que hablan de que era “el muro” de la organización, la “estratega”, la que “vejaba a las víctimas”. Puede ser, pero, ¿qué sentido tiene toda esa información si no se puede comprobar más allá de un acto de fe en los dichos de la autoridad?
La sospecha, aunque sea infundada, se alimenta de otros datos: el mismo día que se arraigaba a los nuevos detenidos, el propio procurador capitalino, Miguel Mancera, anunciaba que los primeros inculpados, el comandante José Luis Romero Ángel y Fernando Hernández Santoyo, en realidad no tienen nada que ver con la banda de La Flor y no hay datos que muestren que hayan intervenido en el secuestro del joven Martí. Pero, agregó, ambos permanecen detenidos porque se estima que no participaron en ése, pero sí en otros secuestros.
Entonces lo que tenemos es una investigación en la cual los primeros detenidos, presentados con bombo y platillos, resulta que por lo menos con ese caso no tenían nada que ver; en la cual un custodio dado por muerto por los secuestradores, resultó que estaba vivo y se convirtió así en un testigo clave; que el jefe de la banda está moribundo en un hospital desde semanas antes de que la autoridad lo identificara y no sabemos cómo llegaron a él ni él puede hacer declaraciones, y que otra de las principales acusadas no terminamos de saber bien a bien en qué corporación policial trabaja. Insisto: no tenemos elementos para desmentir a las autoridades, pero éstas tampoco aportan datos duros que permitan darle certidumbre a sus propios dichos. La sospecha siempre es canija.
No tenemos elementos para desmentir la información de la Procuraduría capitalina en torno a las investigaciones sobre el secuestro y el asesinato de Fernando Martí. Pero, hasta ahora, no tenemos tampoco un solo dato duro que confirme sus informaciones. El manejo entre oculto y público, la mezcla entre la secrecía de la investigación y la filtración periodística sirve para ocupar a los medios y la opinión pública unos días, quizás hasta para distraerlos de las verdaderas investigaciones, pero no sirven para que, finalmente, la gente tenga confianza en las autoridades. Y éstas parecen empeñadas en actuar de manera que resulte imposible generar esa confianza.
Lo que está sucediendo en el caso Martí es una demostración de ello. Un día después de que apareciera el cuerpo del joven asesinado, en una conferencia de prensa fueron presentados dos agentes policiales capitalinos como parte fundamental de la llamada banda de La Flor: se trataba del comandante José Luis Romero Ángel y de Fernando Hernández Santoyo. El primero acababa de ser promovido por el propio jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y era el responsable de la seguridad de toda el área aledaña al aeropuerto capitalino. Se les vinculó con el secuestro y asesinato porque estuvieron tratando de indagar la situación del custodia de Fernando Martí que había sido dejado por muerto por los secuestradores. Pero con ellos, se dijo, se comenzaban a jalar los hilos para el desmantelamiento de la banda.
Casi simultáneamente, el mismo día de la firma de los acuerdos por la justicia y la seguridad en Palacio Nacional, era baleado, en el sur de la Ciudad de México, Sergio Ortiz, un agente de la después desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas, que no sabemos cómo se ha mantenido económicamente en todos estos años. El hombre recibió varios disparos y fue internado con un tiro en la columna y en grave estado en un hospital del IMSS. No se ha explicado cómo y por qué la Procuraduría capitalina llegó a la conclusión de que era el jefe de la banda de La Flor y que el atentado había sido cometido por otra fracción de esa organización como consecuencia de diferencias internas. Se filtró que había sido identificado gracias a una denuncia ciudadana por la que incluso ya se había pagado una recompensa. Puede ser, pero nadie nos ha explicado por qué, después de tener más de un mes a este personaje en el hospital, repentinamente se supo que era el secuestrador más buscado del país. Para colmo, el hombre está en terapia intensiva, no puede hablar y por lo tanto no se cuenta siquiera con su declaración preparatoria. Su familia, en estos días, ha negado terminantemente que Sergio Ortiz tuviera algo que ver con estos hechos y argumenta que es un chivo expiatorio. Fuera de esas declaraciones, la familia no ha mostrado, tampoco, prueba alguna que exonere a este hombre de las acusaciones. El problema es que asumir que Ortiz es el jefe de la banda de La Flor se convierte casi en un acto de fe hacia las autoridades porque éstas no han proporcionado información que permita sustentar esa acusación. Es verdad, la investigación está en curso pero, entonces, ¿por qué divulgar datos a los que no se les puede dar seguimiento?, ¿para qué añadir “información”, que tampoco ha sido comprobada, que va desde la posesión de lujosos carros hasta de fotos o videos de secuestrados y actos de zoofilia?, ¿la información dura de la investigación no es suficiente para sustentar la acusación y necesita ser aderezada con “detalles” morbosos para los medios?
Lo mismo sucede con una mujer que fue clave en el operativo, según la PGJDF, Lorena González Hernández, de la cual durante dos largos días, las mismas autoridades federales estuvieron echándose la bolita de si era agente de la AFI o de la Policía Federal. Lo cierto es que estaba en tránsito de una a la otra, que permaneció durante años en esa corporación policial y que tenía un nivel de mando medio y un salario considerable, más de 40 mil pesos. Su familia también dice que es un chivo expiatorio e incluso argumentan que en los días del secuestro estaba en Cancún. No lo han podido comprobar: las autoridades dicen que fue identificada por el custodio que sobrevivió al secuestro. Pero a partir de eso se han filtrado informaciones que hablan de que era “el muro” de la organización, la “estratega”, la que “vejaba a las víctimas”. Puede ser, pero, ¿qué sentido tiene toda esa información si no se puede comprobar más allá de un acto de fe en los dichos de la autoridad?
La sospecha, aunque sea infundada, se alimenta de otros datos: el mismo día que se arraigaba a los nuevos detenidos, el propio procurador capitalino, Miguel Mancera, anunciaba que los primeros inculpados, el comandante José Luis Romero Ángel y Fernando Hernández Santoyo, en realidad no tienen nada que ver con la banda de La Flor y no hay datos que muestren que hayan intervenido en el secuestro del joven Martí. Pero, agregó, ambos permanecen detenidos porque se estima que no participaron en ése, pero sí en otros secuestros.
Entonces lo que tenemos es una investigación en la cual los primeros detenidos, presentados con bombo y platillos, resulta que por lo menos con ese caso no tenían nada que ver; en la cual un custodio dado por muerto por los secuestradores, resultó que estaba vivo y se convirtió así en un testigo clave; que el jefe de la banda está moribundo en un hospital desde semanas antes de que la autoridad lo identificara y no sabemos cómo llegaron a él ni él puede hacer declaraciones, y que otra de las principales acusadas no terminamos de saber bien a bien en qué corporación policial trabaja. Insisto: no tenemos elementos para desmentir a las autoridades, pero éstas tampoco aportan datos duros que permitan darle certidumbre a sus propios dichos. La sospecha siempre es canija.
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Columna Vida nacional/Pablo Hiriart
Pruebas, pruebas, pruebas
Cuando se dijo que Sergio Ortiz era el líder de la banda de La Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí y a Jorge Palma Lemus, desde alguna oficina del Gobierno del Distrito Federal salió una andanada de filtraciones para ganar en los medios lo que debe probarse ante un juez.
Todos queremos que se resuelvan esos indignantes crímenes, pero no se puede aceptar la fabricación de culpables para tranquilizar a la sociedad y que las autoridades salven la cara.
Pruebas, pruebas y más pruebas serán las que validen o desvanezcan las presunciones.
Hace años, un subprocurador desquiciado, inventó la “tesis” de un segundo tirador en el caso Colosio.
Se dedicó a filtrar falsedades en los medios de comunicación que, como hoy, muchos asumieron esas filtraciones como verdades porque el escándalo vendía periódicos, aumentaba las audiencias o agradaba al gobierno en turno.
El desdichado al que acusaron, pasó dos años en Almoloya, le reventaron el tímpano en las torturas, y al final lo soltaron porque no tenía nada que ver en lo que el subprocurador Chapa Bezanilla le imputaba.
Ese mismo fiscal sembró un cadáver en el jardín de su inculpado, en el caso Ruiz Massieu, para impresionar a la sociedad con su eficacia, y después de las periciales en Estados Unidos resultó que todo fue un montaje.
Ahí se acabó de hundir el sistema de procuración de justicia en el país.
Se perdió toda credibilidad y el autor principal de esos montajes fue protegido y ahora es abogado de presuntos narcotraficantes.
Los medios de comunicación, no todos, evidentemente, tuvieron gran parte de responsabilidad en la descomposición de la procuración de justicia.
Muchos medios y comunicadores fueron responsables de la pérdida de credibilidad en la justicia.
Se prestaron a publicar y difundir cuanta filtración se les enviaba, sin investigar ni checar datos.
¿Vamos a volver a esos tiempos?
¿No es eso, precisamente, lo que se busca dejar atrás?
No a la impunidad. Y no a la fabricación de culpables.
Hasta ahora no sabemos si Sergio Ortiz es el cabecilla de la banda de La Flor.
Si lo es, o tuvo participación en secuestros y asesinatos, que lo refundan en Almoloya o en Puente Grande, pero que sea con pruebas sustentadas ante un juez, y no con filtraciones a los medios que después no se pueden sostener.
¿Por qué soltaron lo del Maserati que poseía uno de sus hijos, si es mentira?
¿Por qué filtraron que había un video en que aparecía Ortiz en la negociación con un secuestrado, si es mentira?
¿Por qué filtraron datos de que habían encontrado un álbum con fotos de secuestrados y hasta del Presidente, en poder de Ortiz, si es mentira?
¿Por qué filtraron el dato de la enorme riqueza de Ortiz y su familia, si es mentira?
¿Por qué filtraron la foto de Ortiz con su esposa e hijos, si contra estos últimos no hay acusación alguna y el menor de ellos ya perdió el empleo?
Marcelo Ebrard dijo que el movimiento del dinero, en el caso de esta persona Sergio Ortiz, es “una trama financiera muy interesante”.
¿Cuál es esa trama? ¿Se vale anunciarlo a la opinión pública y no decir por qué?
A los pocos días del fatídico desenlace del caso del joven Martí, se capturó a un comandante en jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, como presunto autor del secuestro y asesinato del joven Fernando y su chofer, Jorge Palma Lemus.
Así se manejó en los medios y, en lo personal, no recuerdo un desmentido del gobierno capitalino sobre el caso.
Ahora se nos dice que Romero Ángel no está involucrado en el secuestro del que antes se le señalaba como autor intelectual.
Todo flota en un mar de dudas.
¿Se está protegiendo a Romero Ángel, como se protegió a los altos mandos involucrados en el crimen de nueve jóvenes y adolescentes en el caso News Divine?
Si se formulan preguntas como la anterior, no es con el ánimo de confundir, sino de aclarar un tema extremadamente delicado.
Ya son muchos años que en torno a asesinatos y secuestros se teje una nebulosa gris por donde se escapa la verdad.
En lo personal, creo en la honestidad de Marcelo Ebrard y del procurador Mancera en estos menesteres.
Pero nada garantiza que no estén rodeados de mafias que anidan ahí desde hace años y se protegen entre ellas.
Por esa razón es muy posible que el gobierno federal se haya precipitado en felicitar a la administración capitalina por el “hallazgo” del líder de la banda de La Flor.
Debió esperarse a las pruebas.
***
Cuando se dijo que Sergio Ortiz era el líder de la banda de La Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí y a Jorge Palma Lemus, desde alguna oficina del Gobierno del Distrito Federal salió una andanada de filtraciones para ganar en los medios lo que debe probarse ante un juez.
Todos queremos que se resuelvan esos indignantes crímenes, pero no se puede aceptar la fabricación de culpables para tranquilizar a la sociedad y que las autoridades salven la cara.
Pruebas, pruebas y más pruebas serán las que validen o desvanezcan las presunciones.
Hace años, un subprocurador desquiciado, inventó la “tesis” de un segundo tirador en el caso Colosio.
Se dedicó a filtrar falsedades en los medios de comunicación que, como hoy, muchos asumieron esas filtraciones como verdades porque el escándalo vendía periódicos, aumentaba las audiencias o agradaba al gobierno en turno.
El desdichado al que acusaron, pasó dos años en Almoloya, le reventaron el tímpano en las torturas, y al final lo soltaron porque no tenía nada que ver en lo que el subprocurador Chapa Bezanilla le imputaba.
Ese mismo fiscal sembró un cadáver en el jardín de su inculpado, en el caso Ruiz Massieu, para impresionar a la sociedad con su eficacia, y después de las periciales en Estados Unidos resultó que todo fue un montaje.
Ahí se acabó de hundir el sistema de procuración de justicia en el país.
Se perdió toda credibilidad y el autor principal de esos montajes fue protegido y ahora es abogado de presuntos narcotraficantes.
Los medios de comunicación, no todos, evidentemente, tuvieron gran parte de responsabilidad en la descomposición de la procuración de justicia.
Muchos medios y comunicadores fueron responsables de la pérdida de credibilidad en la justicia.
Se prestaron a publicar y difundir cuanta filtración se les enviaba, sin investigar ni checar datos.
¿Vamos a volver a esos tiempos?
¿No es eso, precisamente, lo que se busca dejar atrás?
No a la impunidad. Y no a la fabricación de culpables.
Hasta ahora no sabemos si Sergio Ortiz es el cabecilla de la banda de La Flor.
Si lo es, o tuvo participación en secuestros y asesinatos, que lo refundan en Almoloya o en Puente Grande, pero que sea con pruebas sustentadas ante un juez, y no con filtraciones a los medios que después no se pueden sostener.
¿Por qué soltaron lo del Maserati que poseía uno de sus hijos, si es mentira?
¿Por qué filtraron que había un video en que aparecía Ortiz en la negociación con un secuestrado, si es mentira?
¿Por qué filtraron datos de que habían encontrado un álbum con fotos de secuestrados y hasta del Presidente, en poder de Ortiz, si es mentira?
¿Por qué filtraron el dato de la enorme riqueza de Ortiz y su familia, si es mentira?
¿Por qué filtraron la foto de Ortiz con su esposa e hijos, si contra estos últimos no hay acusación alguna y el menor de ellos ya perdió el empleo?
Marcelo Ebrard dijo que el movimiento del dinero, en el caso de esta persona Sergio Ortiz, es “una trama financiera muy interesante”.
¿Cuál es esa trama? ¿Se vale anunciarlo a la opinión pública y no decir por qué?
A los pocos días del fatídico desenlace del caso del joven Martí, se capturó a un comandante en jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, como presunto autor del secuestro y asesinato del joven Fernando y su chofer, Jorge Palma Lemus.
Así se manejó en los medios y, en lo personal, no recuerdo un desmentido del gobierno capitalino sobre el caso.
Ahora se nos dice que Romero Ángel no está involucrado en el secuestro del que antes se le señalaba como autor intelectual.
Todo flota en un mar de dudas.
¿Se está protegiendo a Romero Ángel, como se protegió a los altos mandos involucrados en el crimen de nueve jóvenes y adolescentes en el caso News Divine?
Si se formulan preguntas como la anterior, no es con el ánimo de confundir, sino de aclarar un tema extremadamente delicado.
Ya son muchos años que en torno a asesinatos y secuestros se teje una nebulosa gris por donde se escapa la verdad.
En lo personal, creo en la honestidad de Marcelo Ebrard y del procurador Mancera en estos menesteres.
Pero nada garantiza que no estén rodeados de mafias que anidan ahí desde hace años y se protegen entre ellas.
Por esa razón es muy posible que el gobierno federal se haya precipitado en felicitar a la administración capitalina por el “hallazgo” del líder de la banda de La Flor.
Debió esperarse a las pruebas.
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Columna El Asalto a la Razón/Carlos Marín
Milenio, 12 de septiembre de 2008;
En quién confiar
Ayer se planteó aquí lo creíble de la versión de inocencia de la esposa y los hijos del hombre señalado como cabecilla de la banda de secuestradores y asesinos del niño Fernando Martí.
Del otro lado de la moneda, surgió ayer el dato de que el señor y la mujer a quien se le atribuye haber montado el retén para cometer el plagio también estaban siendo investigados por policías federales como probables compinches en otros crímenes de idéntica naturaleza.
Que subordinados del Presidente panista y del jefe perredista de Gobierno (que ni se saludan) conspiren para fabricar un chivo expiatorio se antoja tan imposible como impensable.
Los más obligados a saber juran y perjuran que la sospechosa está videograbada cuando sus cómplices le entregan una bolsa de dinero, y que a los pocos minutos de recibirlo llamó por teléfono a su presunto jefe.
Dicen también que la denuncia por “asalto” de que hablaron los familiares del “capo” fue levantada más de un mes antes del atentado que lo dejó parapléjico y enmudecido…
cmarin@milenio.com
Ayer se planteó aquí lo creíble de la versión de inocencia de la esposa y los hijos del hombre señalado como cabecilla de la banda de secuestradores y asesinos del niño Fernando Martí.
Del otro lado de la moneda, surgió ayer el dato de que el señor y la mujer a quien se le atribuye haber montado el retén para cometer el plagio también estaban siendo investigados por policías federales como probables compinches en otros crímenes de idéntica naturaleza.
Que subordinados del Presidente panista y del jefe perredista de Gobierno (que ni se saludan) conspiren para fabricar un chivo expiatorio se antoja tan imposible como impensable.
Los más obligados a saber juran y perjuran que la sospechosa está videograbada cuando sus cómplices le entregan una bolsa de dinero, y que a los pocos minutos de recibirlo llamó por teléfono a su presunto jefe.
Dicen también que la denuncia por “asalto” de que hablaron los familiares del “capo” fue levantada más de un mes antes del atentado que lo dejó parapléjico y enmudecido…
cmarin@milenio.com
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Columna La Historia en Breve/ Ciro Gómez Leyva
Milenio, 12 de septiembre de 2008;
El Diamante de Marcelo
El 30 de marzo de 1994, justo una semana después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el fiscal del caso, Miguel Montes, se encerró en una habitación del hotel Lucerna de Tijuana con Emilio Islas, director de Interpol-México, a quien Montes le pidió que se hiciera cargo de la investigación policiaca.
Islas había pasado la noche en vela diagnosticando tres videocasetes. “Ya los vi muchas veces, no hay duda: están en diamante”, le dijo mientras dibujaba un rombo imaginario en la pantalla.
Según el Diamante de Islas, uno de los responsables de hacer valla en el mitin de Lomas Taurinas había bloqueado al general Domiro García, jefe de seguridad de Colosio. Pero Islas tenía más. Un hombre de unos 60 años le abría paso a un joven que se tiraba un clavado frente a Colosio para evitar que siguiera caminando. “Llamémoslo, por lo pronto, El Clavadista”, propuso. Y siguió. Descubrió a otro cómplice: “Llamémoslo El Lentes”. Y siguió. Era un complot. Cinco personas, por lo menos, habían ayudado a Mario Aburto.
Montes convocó a conferencia de prensa el 4 de abril para dar a conocer la sensacional noticia de la “acción concertada”. Pero las evidencias se empezaron a desmoronar, no eran lo que parecían. El 14 de julio, Montes concluía que Colosio había sido víctima de un asesino solitario. Nadie nunca volvió a creer nada en esta historia.
El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, me reconfirmó ayer que el caso de la captura de la banda de La Flor es sólido. Y que incluso la PGR lo está investigando también: “Coincidimos con ellos en varios nombres y en la temática del secuestro”.
Ojalá que lo presentado como un triunfo sensacional no termine siendo el Diamante de Marcelo.
“No lo será”, concluye Mancera. “Vamos a dar un resultado positivo. Aquí no hay chivos expiatorios”.
gomezleyva@milenio.com
El 30 de marzo de 1994, justo una semana después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el fiscal del caso, Miguel Montes, se encerró en una habitación del hotel Lucerna de Tijuana con Emilio Islas, director de Interpol-México, a quien Montes le pidió que se hiciera cargo de la investigación policiaca.
Islas había pasado la noche en vela diagnosticando tres videocasetes. “Ya los vi muchas veces, no hay duda: están en diamante”, le dijo mientras dibujaba un rombo imaginario en la pantalla.
Según el Diamante de Islas, uno de los responsables de hacer valla en el mitin de Lomas Taurinas había bloqueado al general Domiro García, jefe de seguridad de Colosio. Pero Islas tenía más. Un hombre de unos 60 años le abría paso a un joven que se tiraba un clavado frente a Colosio para evitar que siguiera caminando. “Llamémoslo, por lo pronto, El Clavadista”, propuso. Y siguió. Descubrió a otro cómplice: “Llamémoslo El Lentes”. Y siguió. Era un complot. Cinco personas, por lo menos, habían ayudado a Mario Aburto.
Montes convocó a conferencia de prensa el 4 de abril para dar a conocer la sensacional noticia de la “acción concertada”. Pero las evidencias se empezaron a desmoronar, no eran lo que parecían. El 14 de julio, Montes concluía que Colosio había sido víctima de un asesino solitario. Nadie nunca volvió a creer nada en esta historia.
El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, me reconfirmó ayer que el caso de la captura de la banda de La Flor es sólido. Y que incluso la PGR lo está investigando también: “Coincidimos con ellos en varios nombres y en la temática del secuestro”.
Ojalá que lo presentado como un triunfo sensacional no termine siendo el Diamante de Marcelo.
“No lo será”, concluye Mancera. “Vamos a dar un resultado positivo. Aquí no hay chivos expiatorios”.
gomezleyva@milenio.com
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