17 feb 2008

El nuevo país europeo


Declaración de dependencia/ANDRÉS ORTEGA
Publicado en El País, 18/02/2008;
Algunos países necesitan, para caminar hacia su independencia, de muletas que les proporcionan sus protectores, como ha ocurrido, por ejemplo, con Timor Leste, y aún así, renquean. Es el caso de Kosovo. Más que de una declaración de independencia, hay que partir en Kosovo de una constatación de dependencia. Éste no parece un país preparado ni viable. Pese a la independencia declarada de forma unilateral, necesitará de ayuda internacional en todos los sentidos -económico, militar, policial y administrativo- para subsistir y transformarse en Estado digno de esta definición.
Pristina no ha elegido la fecha más constructiva, cuando tomaba posesión el nuevo presidente, se supone que moderado y europeísta, de Serbia, Boris Tadic. Pero ya es tarde para lamentarse. De hecho, Kosovo era ya prácticamente independiente de Serbia desde la guerra de 1999. Y desde ayer la independencia de Kosovo, aunque sea "supervisada internacionalmente", según el Plan Ahtisaari, que sobre el papel resulta aceptable, pero sobre el terreno probablemente inaplicable, ha dado un paso definitivo. Esta independencia es un fracaso europeo; el penúltimo, pues aún quedan algunas cuestiones sin resolver en esta larga y cruenta desmembración de Yugoslavia, cuyos trozos, paradójicamente, quieren, en un futuro de interdependencia, rejuntarse en una Unión Europea que se va llenando de Estados pequeños étnicamente homogéneos.
Militarmente, los 16.000 soldados de la OTAN (iban para un año; se han quedado ocho), incluidos los españoles, no están nada deseosos de verse implicados en labores de gendarmería. La UE va a mandar una Misión de Seguridad y Defensa, formada por policías, pero también jueces, abogados y otros funcionarios para poner en pie un Estado. Hay que sumar los fondos que llegarán del exterior para impulsar la economía, un sostén que se puede alargar mucho en el tiempo si Serbia decide interrumpir sus suministros de electricidad y alimentos -aunque el Gobierno serbio ha afirmado que no lo hará-, o cortar la navegación por el Danubio o por carretera. Serbia, sin embargo, no tiene la capacidad para instaurar un bloqueo. Pero está por ver si los albanokosovares pueden luchar para preservar la unidad de Kosovo si los 120.000 serbiokosovares en Mitrovica y al norte deciden separarse y seguir unidos a Serbia. Sin duda, la OTAN no querrá meterse en otro lío.
La base legal de este despliegue militar de la OTAN seguirá siendo la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU. No es probable que pueda lograrse una nueva, dada la oposición de Rusia. El reconocimiento de Kosovo por otros Estados será paulatino y dividirá a la UE, aunque no cabe esperar que España se alinee con los más opuestos a esta independencia, como Chipre, Grecia o Rumania. Pero tampoco seguirá a Washington, Londres, Berlín o París en su prisa controlada por reconocer a Kosovo (la Administración de Bush quería despejar esta cuestión antes de su última cumbre de la OTAN en abril). España intentará capear el temporal y es previsible que sus soldados permanezcan en Kosovo un tiempo, pero que se vayan retirando, aunque no con la precipitación con la que lo hicieron de Irak.
Es una independencia por etapas. El Plan Ahtisaari contempla no sólo que se elabore una constitución, sino que Kosovo pueda ingresar en las organizaciones internacionales. No lo tendrá nada fácil. Rusia, con su derecho de veto, tiene la llave para el ingreso de Kosovo en la ONU. Y tampoco es fácil que entre rápidamente en el Consejo de Europa o en la OSCE. Previsiblemente, durante tiempo va a mantener un dudoso status internacional.
Sin duda, Kosovo plantea un precedente. Para empezar, esta independencia sin acuerdo de las partes (cosa que ha ocurrido en otros casos en Yugoslavia) va en contra del espíritu y la letra del Acta de Helsinki que considera "inviolables" (pero no inmutables) las fronteras existentes. Tampoco cabe excluir que Kosovo acabe uniéndose con la vecina Albania, y de ahí salga un Estado más viable. Pero no cabe ignorar que Kosovo, donde imperan las mafias, puede degenerar en un agujero negro en el corazón de Europa, con el ingrediente añadido de movimientos islamistas radicales.
En cuanto a precedentes, lo más peligroso es que los serbios de la Republika Sprska rompan Bosnia-Herzegovina, otro Estado independiente que en realidad es otro protectorado internacional, que subsiste en equilibrio inestable. Y luego están los fundados temores rusos o georgianos, ante Chechenia, Abjazia, Osetia del Sur u otros territorios, aunque no esté claro a qué se refería el viceprimer ministro ruso, Serguéi Ivanov, cuando habló en la Conferencia de Múnich de un "efecto dominó".
Sea como sea, en Europa ha nacido un nuevo Estado dependiente. No es para felicitarnos. www.elboomeran.com

KOSOVO, HORA CERO

EDITORIAL, EL PAIS, 18/o2/2008;
Kosovo, hora cero
La independencia de la antigua provincia serbia supone un reto formidable para Europa
Kosovo, cuya independencia unilateral se proclamó ayer eufóricamente en Pristina, tardará años en ser un Estado viable, pero la tarea inmediata de sus mentores consiste en impedir que se convierta en poco tiempo en uno fallido. Lo que no es imposible si se considera que en sus escasos 11.000 kilómetros cuadrados está casi todo por hacer. En el empeño resultará crucial la vasta misión montada por la Unión Europea para apuntalar los primeros tiempos de la nueva nación, que sustituirá paulatinamente a la que mantiene la ONU desde hace casi nueve años.
No es moneda frecuente la aparición de un nuevo Estado en Europa, aunque en lo que fuera Yugoslavia lo haya propiciado el catastrófico designio panserbio de Slobodan Milosevic. Y quizá Kosovo no sea el último en ver la luz en los Balcanes. En cualquier caso, su independencia estuvo sellada desde que Serbia, tras suprimir la autonomía de su provincia de mayoría étnica albanesa, entrase después en ella a sangre y fuego en un nuevo intento para aplastar a una minoría étnica. Los bombardeos de la OTAN en 1999 para detener el genocidio y el odio ya acumulado cancelaron cualquier posibilidad de convivencia bajo la soberanía de Belgrado.
Una vez más, la Unión Europea, que tutelará la independencia del nuevo Estado y cuyos ministros de Exteriores valorarán hoy el acontecimiento, acude a la cita dividida. Sus Gobiernos más importantes, junto con Estados Unidos, están a favor. Unos pocos, España entre ellos, son opuestos por el momento al reconocimiento de Kosovo. Pero eso no ha impedido la aprobación conjunta de la más importante misión de la UE hasta la fecha. Con lo que tiene de experimento, el reto es formidable. Esa fuerza de choque de dos mil personas debe empujar a Kosovo inicialmente por los terrenos de la ley y el orden, lo que no será fácil en un territorio donde son rampantes la corrupción y la delincuencia organizada. Por añadidura, el nuevo Estado, del tamaño de Asturias y con la mayor tasa de nacimientos de Europa, no podrá valerse por sí mismo durante años. El paro supera el 50% y sus únicos recursos económicos son los minerales. Kosovo vivirá de la ayuda internacional y las remesas de sus emigrantes. Los 16.000 soldados de la OTAN desplegados en lo que hasta ayer fuera provincia serbia serán columna vertebral de su seguridad y estabilidad.
Serbia intentará dificultar la vida de los kosovares. Lo intentará con el apoyo de Vladímir Putin, que juega ahora a defensor de la legalidad internacional y cuyo burdo oportunismo ha transformado Kosovo en un punto de fricción más entre Occidente y el Kremlin. Pero es poco lo que Belgrado puede hacer ya, aparte de seguir financiando los servicios públicos paralelos en la franja norte del territorio, hogar de unos 50.000 serbios, excluida del control de la ONU. Para Belgrado, la secesión de Kosovo es una experiencia traumática más de su atormentada existencia en los últimos 20 años. La Europa democrática deberá esforzarse por convencer a Serbia, donde la vigencia del ultranacionalismo es muy acusada, de que su horizonte radica en su paulatino acercamiento al modelo de valores y progreso que la UE representa.
El desafío definitivo, sin embargo, lo tienen los propios kosovares, esos casi dos millones de personas que soñaban desde hace mucho con el momento finalmente llegado. Pristina tiene la responsabilidad final de edificar un país multiétnico y democrático, bajo el imperio de la ley y donde los derechos de la minoría serbia y su patrimonio cultural y religioso gocen de idéntica protección que los albanokosovares. Los próximos meses comenzarán a dar la medida de hasta qué punto Kosovo sabe hacer buena la oportunidad que la historia le ha deparado.

Kosovo declara su idependencia


Kosovo declara su independencia
Kosovo ha seguido el camino que ya recorrieron desde 1991 Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia y Montenegro. El Parlamento de Kosovo ha proclamado la independencia de forma unilateral de la República Democrática de Kosovo.
"Sabemos que Kosovo es un caso especial y que no sienta ningun precedente, ya que sufrió años de conflicto y violencia, que tocó la conciencia de los paises civilizados", expuso Hashim Thaci a los representantes de los albanokosovares, pues los serbios no acudieron a la votación.
El primer ministro ha anunciado que Kosovo será "una república democrática, multiétnica y no discriminatoria", un país que garantizará los derechos de todas las comunidades, como impuso el plan de Martti Ahtisaari, mediador de la ONU en las conversaciones sobre el estatus de Kosovo.
"Nuestra independencia es el final de la descomposición del antigua Yugoslavia", ha declarado, aunque ha reiterado su voluntad de mantener "buena relación con la República serbia, con quien tenemos relaciones económicas, que deseamos seguir teniendo en el futuro".
"Es un momento histórico para todos los ciudadanos, independientemente de sus comunidades". Thaci ha augurado que la futura Constitución defenderá claramente a las minorías y que las propiedades de todos, como las viviendas, serán respetadas por el estado kosovar.
En tanto, el primer ministro serbio, Vojislav Kostunica, ha calificado la separación kosovar como la "proclamación de un Estado falso" que viola el derecho internacional. Una opinión que comparte su gran aliada, Rusia.
Y en tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de llegar a una posición común sobre la declaración de independencia de Kosovo.
¡Los 15 países miembros del Consejo están divididos!
"Lamentamos que el Consejo de Seguridad no haya llegado a un acuerdo", ha dicho el embajador belga Johan Verbeke en un comunicado emitido esta medianoche y suscrito también por Francia, Italia, Reino Unido, Croacia, Alemania y EE UU, todos ellos países favorables a la independencia de la antigua provincia serbia de mayoría albanesa.
Entretanto, Rusia pide que la declaración de Independencia de Kosovo sea declarada ilegal.
"Lamentamos la incapacidad para adoptar una solución de mutuo acuerdo, pero la situación es verdaderamente imposible y un proceso coordinado y estable, con el apoyo internacional, es mejor que una inestabilidad prolongada", dijo en nombre de ese grupo el embajador Verbeke.
"Los eventos de hoy (...) representan la conclusión de un proceso de estatus que ha agotado todas las vías en busca de una solución negociada", agregó tras una reunión del cuerpo de 15 miembros convocada por Rusia.
"Las diferencias de opinión conocidas siguen siendo las mismas", señaló el presidente de turno del Consejo, el embajador de Panamá, Ricardo Alberto Arias, al término de una reunión cuyo inicio se pospuso por un par de horas por falta de intérpretes.
Para Rusia la declaración de Pristina supone una "quiebra descarada de la ley internacional", y deberá ser declarada, al igual que ha dicho Serbia, nula e inválida.
Moscú ya ha expresado su temor a que tras la decisión de hoy se produzcan graves amenazas a la seguridad de la población local y que se desencadenen situaciones semejantes en otros lugares del mundo donde existen tensiones nacionalistas, animados por la actuación de Pristina.
Falta de acuerdo sobre la resolución 1,244
El desacuerdo entre los miembros del Consejo se basa en la interpretación legal de una de sus resoluciones, la 1,244, adoptada en 1999, que recoge el plan de paz internacional para Kosovo y garantiza a Serbia la soberanía y la integridad territorial.
"No hay base legal para la declaración independiente unilateral" realizada por Kosovo, afirmó el embajador Ruso, Vitaly Churkin, que señaló que la 1,244 no deja espacio para esa interpretación.
En velada acusación a EE UU y a algunos miembros de la Unión Europea, Churkin aseguró que Moscú "no comparte la idea de que la ley internacional se puede manipular". Agregó que el anuncio de Pristina "debería ser desestimado" y considerar esa declaración como "nula e inválida".
Tadic, ante el Consejo este lunes
Para defender esa posición intervendrá este lunes ante el Consejo, el presidente de Serbia, Boris Tadic, quien ha solicitado ser escuchado por el máximo órgano de decisiones de Naciones Unidas.
Para Serbia, la declarada independencia de Kosovo representa una secesión unilateral y forzada de una parte de su territorio, sin efectos legales para ese estado ni para la ley internacional.
Los países europeos que se sientan en el Consejo de Seguridad, que son Francia y Reino Unido como permanentes, y Bélgica e Italia, no permanentes, más Croacia, Alemania y Estados Unidos, realizaron una declaración, en la que aseguran que la 1,244 proporciona "el marco para una transición hacia una estabilidad duradera en Kosovo".
Señaló que "este callejón sin salida dura ya varios meses. No va a cambiar", al tiempo que subrayó que estaban a la espera de las decisiones que adopte en Bruselas el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
División también en la UE
Entre los Veintisiete también hay profundas divisiones sobre la situación de Kosovo, pues mientras Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica e Italia apoyan esa independencia unilateral, otros países como España, Grecia o Chipre, entre otros, la rechazan.
"Nadie ha apoyado las propuestas de Rusia para que la declaración unilateral de independencia sea nula e inválida", dijo por su parte el embajador del Reino Unido, John Sawers, que añadió que "la máxima autoridad (en Kosovo) es Naciones Unidas".
El embajador adjunto de EE UU, Alejandro Wolff, reiteró la posición de Washington de que lo ocurrido con Kosovo "es una situación única. No existe otra situación como esa en el mundo, en la que la ONU tenga la administración de un territorio.
Fuente: Reuters, y El Mundo

Proderecho ¿padre? de la Reforma Judicial

Reforma judicial con sello gringo
Reportaje de Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz
Publicado en la Revista Proceso, 1633, 17/02/2008;
Esta semana en la Cámara de Diputados se discutirá la aprobación de la reforma judicial, cuya iniciativa incorpora planteamientos disímbolos: puntos de vista del Ejecutivo Federal, así como de legisladores de todos los partidos políticos y de organismos defensores de los derechos humanos.
El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”.Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados.
La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como “el corazón de la reforma”, fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.
El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado, desempeñó un papel importante como promotora de los cambios que modificarán 10 artículos de la Constitución.
Por medio de las empresas consultoras Management Systems International (MSI) y Management Sciences for Development (MSD), la USAID canalizó recursos para promover la reforma entre académicos y legisladores mexicanos. Uno de sus primeros resultados fue la creación del Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México (Proderecho), principal “asesor” de los legisladores para el nuevo sistema judicial. A fin de extender sus alcances, esta entidad promovió la creación de la red nacional a favor de un sistema de juicios orales y debido proceso legal.
En el sitio internet de Proderecho se dice que esa red está integrada por 65 organizaciones, entre ellas Coparmex, Renace, Grupo Reforma, Grupo Azteca, México Práctico y el Instituto Mexicano para la Justicia (Imej).
Renace es una asociación surgida en Monterrey para la defensa de imputados inocentes de escasos recursos; México Práctico promovió el voto para Felipe Calderón en 2006, y el Imej fue fundado, entre otros, por el recién fallecido articulista del Grupo Reforma Enrique Canales.
Entre los patrocinadores de Renace destacan la propia red nacional de juicios orales, Open Society –fundación del magnate George Soros–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).A partir de 2004, la USAID empezó a cabildear la reforma como parte de su proyecto “Gobierno Transparente y Procuración de Justicia”. En su página web se indica que este programa consiste en “dar asistencia técnica a los esfuerzos de México para poner en práctica sistemas de justicia civil y penal más efectivos”. La agencia también busca crear centros de mediación patrocinados por los juzgados, cambiar los planes de estudios y elevar los estándares de la práctica de la abogacía.
De acuerdo con los reportes de la consultora MSI, en tan sólo tres años se dieron los primeros pasos de lo que será la transformación del sistema judicial y penal en el país, mediante el diseño y la aprobación de las reformas penales en Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Además, la empresa asesoró a legislaturas de otras entidades, capacitó a jueces penales en Chihuahua, colaboró para el establecimiento de un laboratorio forense en Ciudad Juárez y apoyó la creación de dos centros de mediación en Oaxaca.Avances A partir de enero pasado MSD se encarga del proyecto que de 2004 a 2007 fue administrado por MSI. Esta consultora afirma que durante ese período logró “mejorar la transparencia y justicia de los juicios penales, incrementó la confianza en la procuración de justicia y elevó el respeto al debido proceso, además de la protección de los derechos ciudadanos”.
Esas acciones, agrega, contribuyeron a la transición en México de un sistema inquisitorial, cerrado, escrito e ineficiente a uno acusatorio más eficiente, confiable y oral. Al final, dice, el resultado será “un sistema de justicia penal más responsable con menos violaciones al debido proceso y acceso a la justicia por parte de los sectores socioeconómicos más marginados”.
Para lograr su cometido, la USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una “iniciativa financiada” por esa agencia “y operada por MSD”. En esta nueva etapa del plan estadunidense, la consultora se concentrará en la puesta en práctica de temas como justicia restaurativa, justicia alternativa y reforma de códigos de procedimientos civiles y penales.Proderecho se presenta como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en “dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas”.
Su actual directora es Lucy Mery Tacher Epelstein, quien entre 2003 y 2004 estuvo al frente de MSI México. De 1999 a 2001 se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller. Ésta es una de las principales empresas de cabildeo en el mundo y promovió la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el gobierno de Vicente Fox, Tacher estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública).
Entre los expertos de Proderecho se encuentra el costarricense Daniel González, quien es el coordinador técnico de la organización. Desde 2005 está al frente de la asesoría para las modificaciones de la justicia penal en México. Durante 14 años estuvo a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica.
Otro de los integrantes de Proderecho es Carlos Ríos Espinosa, quien se desempeña como consultor y enlace con los legisladores, sobre todo con Camacho Quiroz, del PRI. Antes de sumarse a este proyecto Ríos se dedicó al tema de los derechos humanos. Fue visitador adjunto de la CNDH y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También se desempeñó como director de estudios sobre Seguridad Pública, Sistemas de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del PAN, y secretario de investigación del Instituto de la Judicatura Federal.
Proderecho desarrolló coordinaciones regionales. Por su perfil ligado a los empresarios de Monterrey sobresale Alejandro Ponce de León Gómez, consultor de la Presidencia de la República en materia de proceso penal en el gobierno de Fox. Durante nueve años fue director de Renace.
Sin extranjeros
Quien hizo posible las propuestas de Proderecho en el Congreso fue el exgobernador del Estado de México César Camacho. De acuerdo con Carlos Ríos, a finales de febrero de 2007 Camacho hizo suya la propuesta que Proderecho había presentado inicialmente como “una iniciativa ciudadana” en el Senado en noviembre de 2006.A pesar del financiamiento del USAID, Camacho niega cualquier intervención del Departamento de Estado. “Siendo uno de los que trabajaron el tema durante meses, confieso que nunca sostuvimos intercambio de impresiones con Estados Unidos. “Hubo una sola institución de corte extranjero que se acercó a ofrecer material y experiencias: el British Council. Ellos invitaron a los diputados a una simulación de juicio en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México”.
En la Cámara de Diputados otra de las impulsoras fue la legisladora de Convergencia Layda Sansores, cuya hija Layda Negrete Sansores, investigadora del CIDE, es asesora del Imej e integrante de la Red Nacional para los juicios orales. Otra investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, participó de forma activa en las discusiones públicas de la reforma. Hubo investigadores de otras instituciones como Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que elaboraron documentos para sacar adelante el dictamen de la reforma en el Congreso.
Destaca también Enrique Ochoa Reza, miembro de la red por los juicios orales y de México Práctico. Además, fue asesor en la Secretaría de Energía para “la apertura al sector privado del sector eléctrico”. Actualmente es el secretario particular de María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conocida cercanía con Calderón.
El senador del PRD Tomás Torres asegura que la iniciativa presentada por Calderón el 9 de marzo de 2007 al Senado detonó la construcción de la reforma; sin embargo, dice que el PRI operó para que no se le atribuyera de forma exclusiva a la Presidencia de la República un hecho de tal relevancia, no sólo porque ya había distintas iniciativas –incluida la de Proderecho–, sino porque el planteamiento del Ejecutivo Federal se concentraba en el fortalecimiento del sistema inquisitorial y represivo. “Venció la propuesta de sacar la iniciativa de Calderón (del Senado) y llevarla a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (Cenca). Así pasó a la Cámara de Diputados, pero el objetivo era realmente prestigiar la mesa de la reforma del Estado”, precisa Torres.
Además, plantea que en la mesa negociadora quienes influyeron en el diseño de la reforma fueron los diputados César Camacho, del PRI, y Andrés Lozano, del PRD, excolaborador del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas. El interés del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, era asegurar la inclusión de la figura de extinción de dominio, como quedó asentada en la modificación al artículo 22 de la Constitución. En ese tema fue más allá incluso de la propuesta de Calderón, pues logró que se puedan confiscar bienes aun cuando no haya sentencia de por medio. Fue por ello que el PRD se dividió: 44 de sus 127 diputados votaron a favor de la reforma judicial. Entre ellos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, el coordinador perredista, Javier González Garza, e integrantes de todas las corrientes del partido, incluidos diputados cercanos a Andrés Manuel López Obrador.
En el Senado participaron por el PAN Alejandro González Alcocer, Ulises Ramírez –actual consejero de la Presidencia de la República– y Alejandro Zapata Perogordo. Del PRI estuvieron Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y exgobernador de Hidalgo, así como Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo. Tomás Torres representó al PRD.
En las discusiones también intervinieron el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el entonces asesor jurídico de la Presidencia y actual subsecretario de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Incluso estuvo presente el gobierno del Distrito Federal por medio de Joel Ortega.
Las ONG
Los diferentes intereses derivaron en lo que organizaciones de derechos humanos definen como “un rompecabezas de excepciones a los derechos constitucionales”, además de que “abren la puerta a la arbitrariedad”.
Desde diciembre pasado, las organizaciones no gubernamentales Democracia, Derechos Humanos y Seguridad; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Red de Organismos Todos los Derechos para Todos y Todas, y Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos fijaron su postura ante la Cámara de Diputados.
Reconocieron que hay avances en el sistema acusatorio, pero alertaron sobre la vulnerabilidad en que quedarán distintas garantías individuales. En un informe publicado el jueves y que se titula Hacia el 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, el Centro Pro considera beneficiosas las modificaciones para un sistema acusatorio y oral, regido por la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación. También estima que son positivos la creación de jueces de control que se encargarán de revisar los actos del Ministerio Público durante la investigación, el fortalecimiento de la defensoría pública y la introducción a la Constitución de algunas garantías como la presunción de inocencia, contar con una defensa adecuada y el derecho a guardar silencio.
Sin embargo, el informe asegura que hay otros aspectos “que se traducirán en graves retrocesos en materia de derechos humanos”. En primer lugar cuestiona los allanamientos sin orden judicial y la elevación a rango constitucional del arraigo hasta por 80 días. En este último caso, Carlos Ríos, promotor de la reforma, reconoce que “se deberá hacer un seguimiento de su efectividad para que no lesionen derechos fundamentales y en todo caso pensar en su modificación”.
El Centro Pro señala que estará en la Constitución “un dudoso” criterio de la Suprema Corte para que la policía pueda allanar un domicilio sin orden judicial “en casos de flagrancia o riesgo de vida y la integridad personal”.Asegura que habrá dos sistemas de justicia: uno para la delincuencia común y otro para la organizada. En el primero habrá un proceso oral y acusatorio, con respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso; mientras que el segundo se basará en un proceso desigual con menos garantías y nula presunción de inocencia, como la privación de la libertad hasta por dos años sin sentencia, y la reducción de garantías en las extradiciones.
El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador General de la República, Sergio García Ramírez, asegura que la reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente, sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático y con la intención de ponerlo en marcha sean cuáles sean las consecuencias”. l

La advertencia narcoterrorista

La advertencia narcoterrorista/Jorge Medina Viedas
Publicado en Milenio Diario, 17/02/3008;
Anadie le gusta lo que pasó. Y si el blanco de los hampones (¿habrá que llamarles narcoterroristas?) era, como parece evidente, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hay que poner las barbas del antiterrorismo a remojar. Y buscar explicaciones.Se puede aceptar que el frustrado atentado es, en efecto, una respuesta a las exitosas acciones de las policías local y federal contra los delincuentes, que han logrado detener a capos y sicarios, y arrebatarles, en una semana —se dice— cerca de 60 millones de dólares por concepto de decomisos de armas y drogas.

No es terrorismo, todavía...,


Varios colegas hablan ya, que la explosión del viernes 15 de febrero en la Ciudad de México, es una acción terrorista. 
¡Cuídado!
Nadie podemos negar el tamaño de una acción como la del pasado viernes, pero, con todo respeto, todavía -lo subrayo- en el DF no hay terrorismo, puede haber acciones que generen terror, pero no necesariamente terrorismo.Hasta este momento no tenemos más información que la que se ha generado la SSP del DF, el comunicado de Gobernación (que no dice nada, por cierto), el de la PGR, además de la información periodística con varias hipótesis: la del EPR, descartada; la del narcotráfico tomando fuerza -incluyendo el uso de explosivos militares como el C-4-, y la otra, que no hay que descartar, qué fue un acto deliberado, elaborado por funa mano perversa, para genera terror, aprovechando la situación que priva en la ciudad.

¿Narcoterror?

La violencia sacude al DF
Reportaje de Ricardo Ravelo
Revista Proceso, 1633, 17/02/2008;
La explosión del viernes 15 a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública local confirma que, pese a su numerosa policía, el Distrito Federal está inerme ante la escalada violenta con que la delincuencia organizada resuelve sus disputas y muestra su poder. Los sicarios ya están en el corazón del país, y no se ve una estrategia federal o capitalina que se interponga en sus planes.La violencia detonada por el narco volvió a meter en tensión a la Ciudad de México, considerada hasta hace poco un territorio pacífico frente al resto del país que día y noche sufre los embates del crimen organizado.
Igual que ocurre en Tijuana –asiento del cártel de la familia Arellano Félix– o en Tamaulipas –territorio del cártel del Golfo–, en la capital del país priva la inseguridad: lo mismo aparecen decapitados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que se perpetran balaceras en bares del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, en la periferia del Distrito Federal, o se decomisan arsenales en colonias céntricas de la ciudad.

Sobre la explosión; la opinión de Alemán

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Publicado en El Universal, 17 de febrero de 2008;
  • Que el ‘hombre bomba’ en realidad no era más que un mensajero
  • Venganza, cobro de facturas, lección; lo que sea, pero terrorista

Hasta la noche de ayer nadie había confirmado la participación del crimen organizado y el narcotráfico en el estallido del pasado viernes en avenida Chapultepec —que le costó la vida a un hombre—, a pesar de que son muchos los indicios de que, en efecto, se trató de una fallida reacción terrorista de alguno de los cárteles de la droga que operan en la capital del país, y que de manera esporádica han sido combatidos en la gestión de Marcelo Ebrard.
Pero en el fondo —y más allá de que en cualquier momento se confirme la mano del narcotráfico en lo que no puede ser llamado de otra manera que un acto terrorista—, el espectáculo que millones de capitalinos presenciaron estupefactos el pasado viernes —de un hombre despedazado por una bomba que presuntamente él mismo haría estallar cerca de donde ocurrió la tragedia—, no es más que la confirmación dolorosa, trágica, de una realidad que a lo largo de toda una década se han empeñado en negar los gobiernos amarillos del Distrito Federal: que la capital del país es un paraíso para los cárteles de la droga y el crimen organizado.