CLAUSURAN EL 1er. FORO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
PGR Boletín 335/09, 26 de mazro de 2009;
El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, resaltó hoy el acuerdo al que llegaron las distintas bancadas en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Extinción de Dominio –que se espera se apruebe en el Senado de la República en los próximos días– y destacó las aportaciones que los legisladores del PRI hicieron para enriquecer la iniciativa de ley que propuso el presidente Felipe Calderón, las cuales, dijo, son perfectamente consistentes con el espíritu que animó al Ejecutivo Federal a presentar este nuevo cuerpo normativo.
PGR Boletín 335/09, 26 de mazro de 2009;
El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, resaltó hoy el acuerdo al que llegaron las distintas bancadas en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Extinción de Dominio –que se espera se apruebe en el Senado de la República en los próximos días– y destacó las aportaciones que los legisladores del PRI hicieron para enriquecer la iniciativa de ley que propuso el presidente Felipe Calderón, las cuales, dijo, son perfectamente consistentes con el espíritu que animó al Ejecutivo Federal a presentar este nuevo cuerpo normativo.
Al clausurar el 1er. Foro de Justicia, Seguridad y Combate a la Delincuencia Organizada en Chihuahua, y ante el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza Terrazas, el abogado de la nación subrayó que la Ley de Extinción de Dominio es una poderosa herramienta que permitirá mermar la capacidad económica de la delincuencia organizada. “Con base en esa reforma constitucional, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley que propone un procedimiento novedoso para la declaración de la extinción de dominio que es jurisdiccional pero autónomo del proceso penal y permitirá aplicar al Estado bienes objeto, instrumento o producto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, trata de personas y robo de vehículos, incluso sin que haya una sentencia penal condenatoria”, aunque aclaró que el objeto de dicho procedimiento jurisdiccional son los bienes y no las personas.
Explicó que los objetivos de la ley son: reducir los recursos de la delincuencia y su capacidad operativa; combatir el uso de testaferros y la mezcla de bienes ilícitos y lícitos para ocultar el origen del producto de delitos (prácticas que, por cierto, son extraordinariamente comunes en la delincuencia organizada); y también apoyar a víctimas y ofendidos en la reparación del daño.
En otra parte de su intervención dijo que el Estado mexicano trabaja en el desarrollo de instrumentos modernos y eficaces de investigación como operaciones encubiertas, infiltración de agentes, entregas vigiladas, protección de personas, entrega de recompensas y colaboración de miembros de la delincuencia organizada en la persecución de otros integrantes de la misma. Destacó también el programa de recompensas que la Procuraduría General de la República lanzó recientemente, a través del cual “queremos aprovechar el gran poder que yace en la ciudadanía para desenmascarar a los delincuentes que se guarecen en el anonimato social, generando incentivos económicos y de seguridad y certidumbre, para que mediante una participación decidida y valiente, pero también anónima, nos sea aportada información relevante, veraz y útil para la localización y detención de los principales líderes y operadores de las organizaciones del narcotráfico”.
Sin duda, dijo, estas herramientas de investigación y combate a la delincuencia fortalecen a las instituciones, contribuyen a la generación y consolidación de la cultura de legalidad y robustecen la participación de la sociedad. Al referirse a la reforma penal, explicó que establece el principio de corresponsabilidad entre el Ministerio Público y las policías en la investigación de los delitos.
En el ejercicio de esta función, precisó, las policías actuarán siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sin perjuicio de sus facultades de investigación para la prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de nuestra Carta Magna Por otra parte, reconoció que las autoridades de los Estados Unidos han sido sensibles al hecho de que de este país fluye el dinero ilícito producto de los dólares que cada consumidor paga a su proveedor al menudeo, es decir, el efectivo producto de la venta de la droga que financia las operaciones de los grupos criminales de nuestro país y también en otras naciones del hemisferio. En ese contexto destacó la visita que realizará en abril el Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, “la próxima semana estarán aquí el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, la Secretaria de Seguridad Interior, y se han anunciado ya nuevas medidas de responsabilidad, de instrumentación de la nueva estrategia precisamente para delimitar e impedir el flujo ilícito de armas de los Estados Unidos hacia nuestro México”, dijo.
Finalmente, Eduardo Medina Mora destacó que el Estado Mexicano ha reorientado la estrategia en esta materia, sobre todo en Chihuahua, por lo que el Gobierno Federal dispuso el despliegue de siete mil elementos del Ejército Mexicano, de mil elementos de la Policía Federal y, a partir de esto, hemos encontrado resultados muy significativos. “El registro de la violencia, precisamente en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, desde que se anunció el inicio de este operativo hasta la fecha, ha reducido la violencia en alrededor de 70 por ciento. Estos resultados son precisamente el espejo de un despliegue que corresponde al compromiso que el Gobierno Federal tiene con los chihuahuenses, tiene con los juarenses, precisamente para restaurar el orden y la paz, para romper los vínculos de connivencia entre las autoridades policiales locales y la delincuencia”, concluyó.
Por su parte, César Horacio Duarte Jaques, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció y respaldó la capacidad de diálogo y negociación del Procurador General de la República por haber logrado establecer canales de comunicación con la nueva administración norteamericana. “Son extraordinarias noticias que se empiecen sobre todo a encontrar los acuerdos suficientes en los esfuerzos de las dos naciones para controlar el flujo de armas de los Estados Unidos hacia México”, dijo. Finalmente, el gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Terrazas pidió al abogado de la nación que sea el conducto para agradecer al Presidente Felipe Calderón, a nombre del pueblo y gobierno de la entidad, el decidido apoyo federal para reestablecer la paz social en el estado. De igual manera reconoció que la reforma penal es el parteaguas para recuperar los espacios perdidos y hacer que Chihuahua siga siendo una de las entidades más prósperas del país.
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Por cierto, este jueves se confirmó que un cuerpo localizado del otro lado de Ciudad Juárez es de Vincent Paul Bustamante agente del U.S. Marshall).
Para el vocero nacional de los Marshall en Washington, Jeff Carter, Bustamante fue colocado en fecha reciente bajo un estatus laboral modificado luego que el propietario de una tienda de empeño reportara que éste había empeñado una pistola propiedad del gobierno.
Como resultado de ello, sus funciones como agente fueron limitadas y se le requirió entregar su arma, su placa y sus credenciales, dijo.
Como resultado de ello, sus funciones como agente fueron limitadas y se le requirió entregar su arma, su placa y sus credenciales, dijo.
Desde el pasado 18 de marzo existía una orden de aprehensión en su contra por no comparecer ante la Corte para responder a la acusación de robo de propiedad pública.
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