Almaraz Maldonado

Columna Plaza Pública/Miguel Ángel Granados Chapa
Almaraz Maldonado.
Reforma, 3 Abr. 09

Aunque no debe descartarse un uso político de la indagación ministerial, conforme a ejemplos ya vistos, tampoco debe soslayarse la enorme gravedad de que haya delincuencia entre perredistas

Miguel Ángel Almaraz Maldonado, que fue miembro de la dirección del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas, su candidato a la alcaldía de Río Bravo hace dos años y en 2008 encabezó en esa entidad la campaña de Jesús Ortega a la presidencia perredista, fue detenido el martes, acusado de robar a Pemex materia prima que vendía en Estados Unidos para su refinación. Siendo como era precandidato a una diputación, bien sea por un distrito tamaulipeco o por la vía plurinominal, es imposible no detenerse un momento a suponer si se trata de una añagaza en que la Procuraduría General de la República es usada como instrumento político: acaba de quedar libre el alcalde de Ixtapaluca, candidato a una diputación, acusado de secuestro, sometido a arraigo y luego dejado en libertad porque no había fundamento para denunciarlo. Y antes, en Jalisco, el candidato priista derrotado en 2007 por Emilio González Márquez fue también objeto de un señalamiento por la PGR en vísperas de la jornada electoral. Conseguido el efecto desprestigiante que la acusación tenía, la Procuraduría federal se desdijo, como si nada hubiera pasado.

Imposible descartar esa posibilidad en este caso. Pero hay evidencias de que en efecto ese miembro del PRD, que en la campaña presidencial de 2006 fue un activista en pro de Andrés Manuel López Obrador, se ha dedicado al saqueo de productos a medio procesar procedentes de la Cuenca de Burgos. Las autoridades que lo detuvieron se hicieron de 15 pipas llenas de ese material, listas para ser llevadas más allá de la frontera como se ha hecho repetidamente, según reportes de la aduana norteamericana. Al cabo de una investigación que duró un año, fueron también descubiertas 148 cuentas bancarias manejadas por Almaraz Maldonado y las personas que fueron capturadas al mismo tiempo que él. Se trata de ocho presuntos delincuentes, entre los cuales se cuenta otro activista del PRD, José Raúl Zertuche González, dirigente estatal de Nueva Izquierda.

Los señalamientos públicos sobre la actividad delictuosa de Almaraz Maldonado son antiguos. Los más precisos fueron emitidos por Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ex alcalde de Río Bravo, diputado federal por el distrito correspondiente, que fue asesinado en noviembre de 2007, luego de una fragorosa campaña en que fue postulado por el Partido del Trabajo y contendió con Almaraz Maldonado. En el curso de la campaña, Guajardo Anzaldúa se refirió específicamente al robo de combustibles a Pemex, y recordó que en una bodega propiedad de su antiguo compañero de partido y entonces rival se habían encontrado 45 mil litros del petróleo que se utiliza para la refinación y producción de gasolina. En ese lance fue detenido un pariente de Almaraz Maldonado, pero no se siguió acción ministerial ni judicial posterior. La misma impunidad ha protegido a los asesinos de Guajardo Anzaldúa, pese a que en el ataque en que perdió la vida cayeron también dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, comisionados para escoltarlo a causa de precisas amenazas de muerte de las que no quiso desentenderse pero cuya consumación no pudo evitar.

La práctica delictuosa de Almaraz Maldonado ha contado con toda suerte de apoyos. Al presentar el resultado de su investigación, la subprocuradora Marisela Morales, responsable de la lucha contra la delincuencia organizada, y el comisionado Rodrigo Esparza, de la Policía Federal Preventiva, mencionaron a Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, que al parecer protegía el contrabando del combustible. Pero también contaba, con el mismo propósito, con asistencia de miembros del Ejército. Un agente del Ministerio Público reveló al diario Reforma que los militares recibían mil 500 dólares por cada vehículo que era enviado a las refinerías norteamericanas (que deben ser también objeto de investigación, ya que no podían ignorar que sólo Pemex, directamente, comercializa su producción). Igualmente se informó extraoficialmente que es investigada una veintena de trabajadores de la empresa paraestatal, principalmente del servicio de vigilancia, y nueve funcionarios aduanales, sin cuyo concurso la actividad presuntamente encabezada por Almaraz Maldonado hubiera sido imposible.

La filiación política y el activismo electoral de esa persona (y de Zertuche González) plantean un problema que va más allá de la indagación ministerial y del probable proceso judicial aunque los supongan. Se trata de la penetración de la delincuencia organizada en los partidos políticos, una posibilidad que ha preocupado a esas organizaciones y a la autoridad electoral y que llevó a la definición de reglas, internas y legales, para evitarla. Los líderes del PRD, Jesús Ortega y el senador Carlos Navarrete se han llamado a sorpresa porque ignoraban la actividad de Almaraz Maldonado. Es grave que no hubieran reparado, que no conocieran las acusaciones públicas de Guajardo Anzaldúa sobre su correligionario, al que Ortega hizo coordinador de su campaña en pos de la presidencia perredista. Por elemental prudencia política los líderes del PRD en Tamaulipas debieron poner al tanto a los líderes del partido y de Nueva Izquierda de los señalamientos de Guajardo Anzaldúa y de la violenta manera en que fue asesinado. De no ser porque perdió la elección interna, a esta hora Almaraz Maldonado sería candidato a diputado (y aun podría serlo si se le postula por la vía plurinominal) y sería uno de probablemente no pocos legisladores surgidos de la delincuencia.