Respuestas del gobierno a la COMED

Respuestas del Gobierno Federal a los planteamientos de la Comisión de Mediación para la reunión programada el 24 de Abril
México, D. F., a 24 de abril de 2009 Discurso
I. Antecedentes
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez miembros de la organización autodenominada PDPR/EPR desaparecieron de acuerdo a sus familiares el 24 de mayo del año 2007, lo que hicieron del conocimiento de las autoridades el 13 de junio de ese año; sin embargo, a partir del 2 de junio la organización emitió 13 comunicados exigiendo su presentación. Posteriormente, ese mismo mes la organización reconoció haber realizado ataques contra instalaciones de PEMEX y responsabilizó por sus propios medios y al margen de toda resolución e indagatoria judicial a las instituciones del Estado mexicano.
El 24 de abril del año 2008 la organización antes citada solicitó a un grupo de ciudadanos y al llamado Frente Nacional Contra la Represión integrar una Comisión de Mediación para lograr la presentación con vida de sus supuestos integrantes, lo cual fue aceptado por los ciudadanos el 25 de abril de 2008.
El día 9 de mayo de 2008, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó mediante un comunicado de prensa, su aceptación a entablar un diálogo con la Comisión, sin renunciar a su obligación constitucional y legal, de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, y como medio para contribuir a establecer principios de entendimiento con esa organización, así como para la construcción de soluciones a las diferencias por la vía de las instituciones.
Como parte del proceso de diálogo, cuyo objetivo puntual, descrito así por la propia Comisión, fue realizar gestiones que contribuyan a localizar a los presuntos desaparecidos, se verificaron seis reuniones de trabajo entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión, diversas comunicaciones e intercambios de metodologías de trabajo para atender cada petición de la Comisión, en particular, la relativa a ampliar el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El 5 de febrero de 2009, se sostuvo una reunión entre la Comisión y la SEGOB en la que el Gobierno Federal aceptó ampliar el diálogo con otras dependencias, como quedó asentado en un comunicado oficial fechado ese mismo día. El Gobierno Federal, en su momento, propuso a la Comisión dos fechas para realizar este encuentro: 17 y 24 de abril.
Asimismo, ante el señalamiento de que algunos de sus miembros no podrían estar presentes en estas fechas, se invitó a la Comisión a proponer fechas alternativas a la brevedad posible. Por su parte, la Comisión solicitó que le fueran entregadas por escrito, previo al encuentro, respuestas a una serie de planteamientos que a su juicio contribuirán a esclarecer el caso de los dos presuntos desaparecidos. El Gobierno Federal comunicó a la Comisión su aceptación a esta propuesta el lunes 20 de abril.
El 21 de abril, la SEGOB fue informada por la Comisión sobre su decisión de poner fin a su misión. Por tal motivo y atendiéndose a que cada una de las peticiones de la Comisión tuvieron respuesta positiva o bien se inscriben en diferentes procesos jurisdiccionales y a vistas de estar programada la reunión de trabajo para el viernes 24 de abril, el Gobierno Federal, mediante el comunicado oficial de ese mismo día, reiteró su llamado a un diálogo constructivo y pacífico, y solicitó a los integrantes de la Comisión reconsiderar su decisión, convocándoles a la reunión programada para el viernes 24 de abril a las 12:30 PM en las instalaciones de la SEGOB.
En virtud de tratarse de un tema de interés público, y en cumplimiento al compromiso del Gobierno Federal en el sentido de dar a conocer respuestas puntuales a las peticiones de la Comisión, que servirían de materia para el encuentro programado para el viernes 24 de abril, la Secretaría de Gobernación somete al escrutinio público los planteamientos que la Comisión hizo llegar a esta dependencia y ante las cuales se establecen las siguientes respuestas.
II. Respuestas del Gobierno Federal a los planteamientos de la Comisión
1. "En septiembre de 2007, el Gobierno Federal, a través del entonces Subsecretario de SEDENA, el general Tomás Ángeles Dauahare, y del Director de CISEN, Lic. Guillermo Valdés Castellanos, trató de establecer contacto con el EPR a fin de evitar más acciones violentas por parte de la organización armada. Buscó tal comunicación a través de familiares y de ex militantes del PROCUP-PDLP que actualmente participan en la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) y actúan dentro de la legalidad en forma pacífica. El papel de ambos funcionarios fue limitado en tiempo y materia y consistió en abrir canales formales o informales para que el EPR supiera que el gobierno no deseaba llegar a un derramamiento de sangre tanto por un tercer atentado como por enfrentamientos. Consideramos oportunos y válidos estos intentos de acercamiento”
Respuesta. El Gobierno Federal no dio instrucciones para establecer canales formales o informales con la organización que se hace llamar PDPR/EPR. Se buscó información relativa a los ataques a PEMEX y sobre los presuntos desaparecidos. En lo que corresponde a estas personas el Gobierno Federal se abocó a realizar las investigaciones pertinentes a través de las instancias de procuración de justicia. Debe señalarse que la autodenominada organización PDPR/EPR ha negado sistemáticamente cualquier contacto o diálogo con las instituciones del Estado.
2. "Durante ese período ocurrió una coincidencia importante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, aunque no al Comité Cerezo-México en su totalidad, pues fue agredido físicamente uno de sus miembros. En los acontecimientos relacionados con estos hermanos intervino después el CISEN. La relevancia de presionar y buscar contactos con el EPR a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR, y de Florencia Canseco Ruiz. A partir de esta presunción, parece lógico que se les considerara canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación. Es decir, las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras pudieron interpretarse como un posible mecanismo de presión al ERP y una forma de enviar mensajes a la organización armada para disuadirla de efectuar más atentados. Sin embargo, tales amenazas no fueron útiles como disuasión para frenar precisamente el segundo atentado y, como lo decimos más adelante, tampoco para frenar un posible tercer atentado, pues esto se logró mediante la actuación de la Comisión de Mediación.”
“Empero, es posible que los numerosos intentos del gobierno por establecer contactos formales o informales con el EPR a través de gestiones como las del Subsecretario de SEDENA y del Director del CISEN, o de las presiones violentas o negociables con los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras, o de la búsqueda de canales con ex militantes del PROCUP-PDLP, hayan dificultado al Gobierno Federal entender el papel de la Comisión de Mediación en el proceso de diálogo. Ante algunas versiones difundidas en los medios informativos acerca de acuerdos secretos entre el EPR y el Gobierno Federal, solicitamos a la SEDENA nos informe sobre la valoración que da ahora a esos intentos de establecer contacto directo o indirecto con el EPR y nos aclare si el ejército “cree” en el origen de la tregua del EPR. La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así”
Respuesta. El Gobierno Federal rechaza categóricamente haber realizado cualquier acto de hostigamiento contra persona alguna y reitera que se conduce en estricto apego al mandato constitucional en todos sus actos. El Gobierno Federal ha saludado el desempeño de la Comisión como un esfuerzo desde la sociedad civil orientado puntualmente a colaborar en localizar y presentar a dos personas, tal y como fue señalado expresamente por la propia Comisión.
3. "Solicitamos tal valoración porque es también razonable creer, por todo lo anterior, que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de la propuesta hecha a esa organización por la Comisión misma; por tanto, que la tregua no es una aportación al proceso de diálogo a través de la Comisión de Mediación y que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.”
Respuesta. El Gobierno Federal reitera que el caso de las dos personas presuntamente desaparecidas es competencia de las instituciones de procuración de justicia. La voluntad política del gobierno federal se ha expresado en dialogar con un grupo de ciudadanos como un esfuerzo válido y útil para coadyuvar a su localización, combatiendo todo acto de impunidad y violación de los derechos humanos. Sin embargo, en lo que se refiere a los atentados a instalaciones que son propiedad de la nación las investigaciones continúan.
4. “Al tiempo que Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y don Samuel Ruiz hacían pública su aceptación (un día antes de que el Frente Nacional Contra la Represión –FNCR– designara como sus representantes en la COMED a Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández) y pedían como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del ejército mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca sin mandato judicial y se apoderaron de los libros de gobierno. Solicitamos a SEDENA nos amplíe la información sobre la motivación y resultados de este operativo, del que supimos directamente por voz del Procurador del Estado de Oaxaca.”
Respuesta. El 25 de abril de 2008 la Policía Federal Preventiva (PFP) dio cumplimiento al mandamiento ministerial de localización y presentación del comandante de la Policía Ministerial del grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) del estado de Oaxaca y de un agente de la misma corporación, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Para este efecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) solicitó la colaboración de elementos de la SEDENA para dar seguridad al personal ministerial que dio seguimiento a las actuaciones correspondientes. Estas diligencias se dieron en el marco de las investigaciones ministeriales relativas al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Este mismo 25 de abril de 2008, personal ministerial de la PGR solicitó los registros de detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), localizando tres libros de registro de averiguaciones previas; un libro de registro de averiguaciones de la Mesa Especial Anti-secuestros; dos libros de ingreso de detenidos; tres legajos de copias simples de los dictámenes médicos emitidos durante los meses de abril, mayo y junio de 2007; y copia del rol de guardia de los peritos médicos, respecto a los cuales se practicó la diligencia de inspección ministerial, sin encontrarse evidencias para el caso de los presuntos desaparecidos. Los libros posteriormente fueron regresados a la PGJEO.
Habría de subrayarse que se dispone del registro documental y probatorio de todos y cada uno de los actos jurídicos antes señalados, a la par estos hechos han sido profusamente analizados en los autos ministeriales de la Procuraduría General de la República y a vistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5. “El 26 de abril de 2008, el mismo día que el EPR emitió el comunicado para informar que aceptaba la tregua propuesta por la Comisión de Mediación, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva participaron en otro peculiar operativo en la ciudad de Oaxaca: la captura de 9 elementos de la policía ministerial de ese estado presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los eperristas mencionados. Se trató de Pedro Hernández Hernández, Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación, apodado el Chicharrón y mencionado en el secuestro de Manuel Díaz Parada. Solicitamos a SEDENA nos informe si considera vinculados de alguna manera estos hechos y el motivo que llevó a la Policía Militar a participar en ese operativo”
Respuesta. El citado operativo no existió y por tanto no se registró participación de personal militar. El 26 de abril de 2008 el Director de Servicios Periciales, el Subdirector Técnico de la Policía y cinco médicos legistas, todos de la PGJEO, acudieron voluntariamente a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México a rendir declaración ante el ministerio público, en el marco de las investigaciones relativas a la presunta desaparición de las dos personas antes citadas.
6. “En la madrugada del 2 de agosto del 2007 se efectuó otra acción del Ejército Mexicano en la ciudad Nezahualcóyotl, estado de México. El periódico La Jornada del 3 de agosto del 2007 informó que “en busca de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejercito Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de diez departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después… Los militares portaban pasa montañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de por lo menos alguno de los desaparecidos, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantiene desaparecidas. Solicitamos a SEDENA nos abunde en la motivación y resultados de este operativo.”
Respuesta. El Gobierno Federal realiza frecuentemente operaciones conjuntas en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada en las que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este caso se trató de un operativo de combate al narcomenudeo, debidamente documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se aclara que la participación de elementos de la SEDENA se limitó a dar seguridad al personal ministerial que llevó a cabo la diligencia.
7. “Según publicó la revista Proceso el 18 de mayo de 2008, en su número 1646, el 9 de agosto del año 2007 “llegaron a las oficinas del IDP dos sujetos que se identificaron como militares y les informaron que habían presenciado el ingreso de los militantes eperristas en el Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México.” En entrevista con la revista Proceso, Felipe Canseco Ruiz afirmó que los hechos fueron denunciados ante las secretarías de la Defensa, de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “nosotros, como colectivo de ex –presos políticos, le dijimos en una reunión al subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, lo que nos revelaron dos militares en nuestra oficina. El general nos dijo que no tenía jurisdicción sobre esos asuntos. Nosotros entendimos que no estaba a su alcance confirmar la versión, ni podía intervenir en este asunto”. En efecto, hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del ejercito en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal. Deseamos saber qué piensa SEDENA sobre los motivos que llevaron a esos militares a dar tal información.”
Respuesta. La SEDENA, en el marco de las indagatorias realizadas por la CNDH, ha dado puntual respuesta a las solicitudes de información requeridas por ese organismo, lo que se evidencia en las entrevistas realizadas a personal militar, en las diligencias que practicaron en espacios militares y en los informes que recabaron de todas las unidades, dependencias e instalaciones de la SEDENA. Habría de señalarse que la información anterior fue solicitada por escrito a cada instancia. Los dos probables desaparecidos no han estado ni están en instalación militar alguna. Asimismo, el Gobierno Federal no tiene una política de “filtraciones” a los medios de comunicación.
8. “Es relevante destacar que ocho días después de que el entonces Subsecretario de SEDENA y el director del CISEN se habían entrevistado con los integrantes del IDP, Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Hermenegildo Torres Cruz, éste último fue detenido por elementos de la PGR. Esta comisión considera sumamente delicado que una de las personas con las que el Gobierno Federal se había acercado para buscar comunicación con el EPR hubiera sido arrestada, aunque liberada a la brevedad. Por ello, preguntamos quién ordenó, para qué y por qué dicha detención. Es razonable, además, suponer que las acciones de la PGR no estaban coordinadas con el ejército y que podrían resultar excluyentes. Deseamos confirmar y conocer las posibles razones de esta aparente falta de coordinación.”
Respuesta. El 15 de septiembre de 2007, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cumplimentaron una orden de localización y presentación para que Hermenegildo Torres rindiera su declaración como testigo ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO, en el marco de las investigaciones sobre los ataques a instalaciones de PEMEX. Al término de su declaración se le permitió que se retirara. El Ministerio Público ordena actuaciones con plena autonomía; por tanto, no existe la supuesta falta de coordinación.
9. “Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio del 2008, en la televisora del canal 13 de Oaxaca, la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, conocido en el medio policial oaxaqueño como “comandante Corro”, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como los “Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.”
“El EPR ha precisado que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dejados hacia las cinco de la tarde del 24 de mayo del 2007 en un punto cercano al hotel El Árbol (sin que se hubieran hospedado en ningún momento ahí), pues tendrían una reunión de trabajo a las 7 de la tarde. Fue la última vez que tuvieron contacto con ellos. Si fueron conducidos con el “comandante Corro” a las 00:00 hrs. del 25 de mayo, no pudieron provenir, pues, de los Loxicha.”
“Por otro lado, ese mismo día (o noche) estaban activos dos comandantes que pudieron haber concurrido en la aprehensión, conducción, entrega o desaparición de los dos eperristas: Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez. De estos comandantes, Jonás Gutiérrez Corro está desaparecido y los dos restantes han sido asesinados en la ciudad de Oaxaca. Deseamos saber si SEDENA ha considerado la eliminación de estos elementos vinculada de alguna forma con la desaparición de los eperristas. Esta pregunta la haremos también a la PGR y al CISEN.”
Respuesta. La investigación de los delitos que se citan es competencia del Ministerio Público y las policías del fuero común y, por tanto, los casos están al margen de las responsabilidades institucionales de la SEDENA. Como es de conocimiento público, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realiza las investigaciones relativas a los homicidios de Alfredo Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, así como por la presunta desaparición de Jonás Efigenio Gutiérrez Corro. Por lo que se refiere a la PGR que investiga lo competente a los dos desaparecidos, a la fecha no se encuentran elementos vinculantes entre ambos casos.