Columna Razones

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Publcado en Excélsior, 29 de mayo
Contra el narcotráfico, cortesía y corrección
Habría que recordarle a varios de nuestros actores políticos de qué estamos hablando cuando nos referimos al narcotráfico y en particular de lo que sucede en Michoacán: recordar, por ejemplo, aquellos días de 2006, pasada la elección presidencial, cuando en una pista de baile de Uruapan arrojaron las cabezas de cinco personas; cuando se generalizaron los enfrentamientos que dejaron centenares de muertos; cuando, producto de lo que fue la ruptura de La Familia con Los Zetas, la entidad se cubrió de sangre; recordar, me tocó verlo, las narcofosas y los cuartos de tortura, también en Uruapan, en un taller mecánico ubicado en plena ciudad; o recordar también cuando al gobernador Lázaro Cárdenas Batel le asesinaron a uno de sus mejores amigos y colaboradores, su secretario de Seguridad, al mediodía, en un restaurante de la capital, sin que pasara nada. Habrá que recordar, por ejemplo, cómo y por qué se implementó el primer operativo contra la delincuencia organizada en este sexenio, precisamente en Michoacán, cuando resultaba evidente que había amplias zonas que no estaban bajo el control de la entidad sino del crimen organizado. Podríamos irnos más atrás en el tiempo, cuando los ahora casi desaparecidos hermanos Valencia no sólo controlaban la producción de mariguana sino el gobierno municipal de Aguililla y a distintos presidentes municipales del entonces naciente PRD. O quedarnos en la época del gobernador Tinoco Rubí cuando, preocupado por su sucesión, llevaba a las autoridades federales los expedientes de algunos precandidatos de su propio partido, el PRI, ligados al narcotráfico.
Habría muchas historias para contar y recordar sobre la presencia del narcotráfico en Michoacán y de la forma en la cual las autoridades lo ignoraron en muchos de los casos, se comprometieron con él en otros y en unos pocos decidieron hacerle frente. Pero si la historia es la lucha de la memoria contra el olvido, diría Milan Kundera, estos hechos deben recordarse, sobre todo ahora, ante la falta de un mínimo de decoro y sentido común en las declaraciones de muchos protagonistas de estas mismas historias.
¿Cómo puede la Comisión Nacional de Derechos Humanos (con su presidente José Luis Soberanes pensando que así se puede ganar una posición en la Suprema Corte) decir que se debió avisar al gobernador Leonel Godoy de los operativos “por cortesía”? Estamos hablando de crimen organizado, de un operativo en el que participan y se arriesgan cientos de elementos y en donde los inculpados eran de los más cercanos colaboradores del gobernador en el terreno de la seguridad. Llevemos al terreno de la realidad las medidas del Manual de Carreño que propone aplicar la CNDH: ¿habría que haberle pedido al gobernador, por cortesía, que sus fuerzas de seguridad colaboraran con la detención de los mandos de esas mismas fuerzas de seguridad?, ¿habría colaborado con ello Leonel Godoy cuando, ante la advertencia de que debían ser investigados algunos de sus colaboradores más cercanos, siempre había respondido que él los respaldaba y los mantuvo en las áreas de responsabilidad? La CNDH olvida que estamos hablando del crimen organizado, de grupos criminales que han segado la vida de miles de personas en los últimos años, que han secuestrado y extorsionado, de la complicidad de funcionarios públicos en la protección de los mismos. ¿De qué cortesía estamos hablando? Porque, además, si de eso se trata, se corrió con Godoy el mismo trámite que con cualquier otro gobernador cuando se realiza un operativo federal contra la delincuencia organizada en su estado: se les informa del mismo cuando ya está en curso. Las filtraciones son y han sido demasiadas como para actuar de otra forma.
En la misma línea, el PRD y el propio Godoy, en lugar de ofrecer disculpas a la ciudadanía y de aceptar la plena colaboración con las fuerzas de seguridad, están indignados porque el operativo, como lo dijo Godoy, “fue legal pero políticamente incorrecto”. ¿Cómo se imagina usted un operativo contra la narcopolítica que sea “políticamente correcto”?, ¿le tendrían que hablar de usted a los detenidos?, ¿enviarles una comunicación por escrito antes de realizarlo?, ¿quién le dijo a los dirigentes perredistas que se debe ser “políticamente correcto” en una lucha que ha causado miles de muertos? El punto es que el operativo fue legal, se cumplieron los objetivos, se detuvo a todos estos funcionarios sin disparar un solo tiro y sin un solo hecho de violencia. En todo caso, lo políticamente correcto sería que las autoridades locales y los partidos involucrados se disculparan con la gente, con la sociedad, por haberles fallado de una forma tan evidente.
Se ha dicho que, si la investigación comenzó hace seis meses, por qué se tardó tanto en obtener resultados. Ello para tratar de demostrar que se trata de un montaje electoral. Habría que recordar que, en diciembre, aquí lo analizamos, se rediseñó la estrategia de seguridad y desde enero ésta comenzó a aplicarse, fue anunciada públicamente, en varios estados, entre ellos Michoacán: así se reestructuró el operativo en ese estado, en Tamaulipas, en Tijuana, en Chihuahua y, sobre todo, en Juárez. Y el objetivo era fortalecer las tareas de inteligencia para romper redes de operación y protección. Si alguien cree que eso puede obtenerse en algunas semanas o cuando plazca, no tiene idea de lo que está hablando.
Y se ha dicho también que el operativo busca golpear electoralmente al PRD. Lamentablemente, en términos electorales eso no es necesario. La encuesta más optimista coloca al PRD con 18% de los votos, las más pesimista por debajo de diez y el PRD no figura en ninguna de las seis elecciones estatales de este 5 de julio. ¿Realmente alguien cree que ese sería un objetivo electoral suculento como para invertir tanto capital político?