-Con referencia al desplegado publicado el 18 de junio de 2009 en diversos medios de comunicación por el Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, la Secretaría de Gobernación hace las siguientes precisiones.
1. El Gobierno Federal coincide con la afirmación sostenida por el Gobernador del Estado en el sentido de que la delincuencia organizada representa una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación, las cuales son necesarias para poder lograr desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud en nuestro país.
2. Precisamente por ello, durante esta administración el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, golpeando sus estructuras logísticas, operativas y financieras, así como las redes de protección institucional que permitían su propagación en territorio nacional.
Los principios que caracterizan a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal son la integralidad y la coordinación; los valores que la sustentan, son el sentido del deber y la responsabilidad social. Sobre éstos se fundamentan una serie de acciones de cooperación a nivel regional, nacional, e internacional.
3. En el marco de estas acciones, se han implementado operativos conjuntos en diversos puntos del país con la determinación de poner un alto al proceso degenerativo ocasionado por el crimen organizado. La presencia de fuerzas federales está orientada a reconstruir y fortalecer la autoridad del Estado en todos los niveles.
En todo momento el Gobierno Federal ha impulsado una política de cooperación solidaria y subsidiaria con todas las autoridades locales del país, sin distingo alguno de filiación partidista. Aquellas autoridades locales comprometidas con la lucha contra la delincuencia organizada, cuentan con el apoyo del Gobierno Federal.
4. Como consecuencia de la creciente violencia registrada en el Estado de Michoacán, en diciembre de 2006 se acordó con el gobierno local el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, primero de dichos operativos a nivel nacional, e inicio de un proceso de corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales, a fin de fortalecer la presencia de la autoridad en el Estado y minar las estructuras humanas y financieras de los grupos criminales que operan en dicha entidad. Cabe señalar que el propio Gobernador Godoy Rangel en múltiples ocasiones ha reconocido las bondades de dicho operativo.
5. Dados los recientes acontecimientos en dicha entidad, y ante la agresión perpetrada contra las fuerzas y las instalaciones federales de seguridad, el Gobierno Federal tomó la decisión de incrementar su presencia y reforzar su operación, con el fin de fortalecer a los miembros de dichas fuerzas en el marco del Operativo Conjunto. La gravedad de los hechos requería de una respuesta inmediata, frontal y decidida para proteger a los policías, soldados y marinos quienes venían siendo blanco de tales agresiones.
6. En este contexto, de ninguna forma puede aseverarse que el Gobierno Federal actúe de manera unilateral, que no busque la cooperación y la corresponsabilidad como estrategias primarias de esta lucha, cuando fundamentalmente se centra en fortalecer la presencia de las fuerzas federales, con el fin de repeler aquellas agresiones de las que han sido sujetas. Por ello no podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades. Asimismo, tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias, toda vez que como lo señala el artículo 43 de nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Michoacán es parte de la Federación.
7. El Estado Mexicano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a todos los mexicanos. Con pleno respeto al Pacto Federal, el esfuerzo nacional por procurar seguridad y justicia, requiere de la confianza y cooperación de de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Federación, requiere también del reconocimiento de la capacidad y atribuciones de cada una de las partes. La lucha por la seguridad no es una competencia por reconocimiento individual, y no debe ser entendida así; el único reconocimiento válido será la recuperación de la tranquilidad en la vida diaria.
8. Sólo la decisión impostergable e ineludible del Estado Mexicano de enfrentar a la delincuencia organizada, con toda la fuerza de la ley, abatirá la violencia generada por los grupos criminales en el estado de Michoacán y en el resto del país.
9. El Gobierno Federal reitera su compromiso de cerrar espacios a la delincuencia mediante la coordinación de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de recuperar la fortaleza de nuestras instituciones.
1. El Gobierno Federal coincide con la afirmación sostenida por el Gobernador del Estado en el sentido de que la delincuencia organizada representa una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación, las cuales son necesarias para poder lograr desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud en nuestro país.
2. Precisamente por ello, durante esta administración el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, golpeando sus estructuras logísticas, operativas y financieras, así como las redes de protección institucional que permitían su propagación en territorio nacional.
Los principios que caracterizan a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal son la integralidad y la coordinación; los valores que la sustentan, son el sentido del deber y la responsabilidad social. Sobre éstos se fundamentan una serie de acciones de cooperación a nivel regional, nacional, e internacional.
3. En el marco de estas acciones, se han implementado operativos conjuntos en diversos puntos del país con la determinación de poner un alto al proceso degenerativo ocasionado por el crimen organizado. La presencia de fuerzas federales está orientada a reconstruir y fortalecer la autoridad del Estado en todos los niveles.
En todo momento el Gobierno Federal ha impulsado una política de cooperación solidaria y subsidiaria con todas las autoridades locales del país, sin distingo alguno de filiación partidista. Aquellas autoridades locales comprometidas con la lucha contra la delincuencia organizada, cuentan con el apoyo del Gobierno Federal.
4. Como consecuencia de la creciente violencia registrada en el Estado de Michoacán, en diciembre de 2006 se acordó con el gobierno local el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, primero de dichos operativos a nivel nacional, e inicio de un proceso de corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales, a fin de fortalecer la presencia de la autoridad en el Estado y minar las estructuras humanas y financieras de los grupos criminales que operan en dicha entidad. Cabe señalar que el propio Gobernador Godoy Rangel en múltiples ocasiones ha reconocido las bondades de dicho operativo.
5. Dados los recientes acontecimientos en dicha entidad, y ante la agresión perpetrada contra las fuerzas y las instalaciones federales de seguridad, el Gobierno Federal tomó la decisión de incrementar su presencia y reforzar su operación, con el fin de fortalecer a los miembros de dichas fuerzas en el marco del Operativo Conjunto. La gravedad de los hechos requería de una respuesta inmediata, frontal y decidida para proteger a los policías, soldados y marinos quienes venían siendo blanco de tales agresiones.
6. En este contexto, de ninguna forma puede aseverarse que el Gobierno Federal actúe de manera unilateral, que no busque la cooperación y la corresponsabilidad como estrategias primarias de esta lucha, cuando fundamentalmente se centra en fortalecer la presencia de las fuerzas federales, con el fin de repeler aquellas agresiones de las que han sido sujetas. Por ello no podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades. Asimismo, tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias, toda vez que como lo señala el artículo 43 de nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Michoacán es parte de la Federación.
7. El Estado Mexicano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a todos los mexicanos. Con pleno respeto al Pacto Federal, el esfuerzo nacional por procurar seguridad y justicia, requiere de la confianza y cooperación de de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Federación, requiere también del reconocimiento de la capacidad y atribuciones de cada una de las partes. La lucha por la seguridad no es una competencia por reconocimiento individual, y no debe ser entendida así; el único reconocimiento válido será la recuperación de la tranquilidad en la vida diaria.
8. Sólo la decisión impostergable e ineludible del Estado Mexicano de enfrentar a la delincuencia organizada, con toda la fuerza de la ley, abatirá la violencia generada por los grupos criminales en el estado de Michoacán y en el resto del país.
9. El Gobierno Federal reitera su compromiso de cerrar espacios a la delincuencia mediante la coordinación de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de recuperar la fortaleza de nuestras instituciones.
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