El vocero Carstens

Carstens corrige a Calderón: "La mayoría de las empresas pagan sus impuestos"
Nota de CARLOS ACOSTA CóRDOVA
MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro, agencia).-Por segunda ocasión, en siete días, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, tuvo que hacerla de apagafuegos. El jueves 22 debió calmar –junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont-- el berrinche del priismo luego de que el presidente del PAN, César Nava, le imputó la aprobación de un paquete fiscal "incompleto e insuficiente".

Este jueves, tuvo que salir a calmar a los airados empresarios, a quienes el presidente Felipe Calderón acusó en dos ocasiones de no pagar impuestos, o de que rara vez lo hacen y con pagos ínfimos al fisco.

El personal de Comunicación Social de Hacienda tuvo que movilizarse para citar, con carácter de urgente, a los medios informativos, pues el secretario haría un "pronunciamiento" público en torno del paquete fiscal.

Casi una hora después de la cita pactada, el secretario apareció, en un salón de Nacional Financiera, para matizar lo dicho por el presidente y calmar a los muy enojados empresarios:

"La mayoría de las empresas mexicanas, de todos los tamaños, incluidas las grandes empresas, pagan sus impuestos y los pagan bien", fue lo primero que dijo.

Las empresas mexicanas, añadió, "contribuyen de forma importante a sufragar el gasto público". En particular, los grandes contribuyentes, sin considerar a Pemex, "aportaron en 2008 más del 35% del total de la recaudación nacional neta".

Dejó en claro que el problema de lo dicho por el presidente es haber generalizado, pues agregó:

"Empero, como en todo universo de contribuyentes, hay quienes por desgracia eluden dicho compromiso aprovechando espacios de la ley para disminuir al máximo posible sus contribuciones y en contra del espíritu de las mismas leyes. En esto consiste la llamada elusión fiscal."

Y aunque ésta no es en sí misma un delito, dijo, "sí es una práctica que lesiona el interés de la sociedad y de la nación".

Todo esto se da en el contexto de la discusión en el Congreso en torno de la llamada consolidación fiscal, un esquema preferencial dentro del Impuesto sobre la Renta, del que han abusado muchas empresas para diferir impuestos, que en la práctica ha sido un no pago de esos tributos.

El tema ha sido un de los más conflictivos en las negociaciones entre los grupos parlamentarios en el Senado, al grado de que ya casi terminado este día jueves, no había acuerdo entre los partidos en esa cámara legislativa.

El secretario de Hacienda defendió la propuesta del Ejecutivo sobre este tema, que fue avalado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Primero explicó que la consolidación es un buen esquema fiscal, pues estimula el crecimiento de las empresas, ya que permite la aplicación inmediata de pérdidas fiscales de una o varias empresas del grupo contra utilidades fiscales de una o varias empresas del mismo grupo.

Gracias a ese esquema –siguió con su explicación--, las empresas pueden diferir el pago del ISR de un ejercicio y también el pago de ese impuesto generado por los dividendos contables. Es decir, permite el libre flujo de dividendos dentro del grupo.

El uso de ese régimen preferencial permitió a las grandes empresas pagar, durante 2007 y 2008, un impuesto de 1.8% respecto de sus ingresos acumulables. Pero ese no es el problema, dio a entender, pues el régimen de consolidación existe en casi todo el mundo. De hecho en Estados Unidos, una "muestra muy amplia" de grandes contribuyentes pagaron en promedio una tasa efectiva de impuesto de 3.4% respecto de sus ingresos acumulables.

El problema –aunque aquí ya no fue explícito, pero lo ha dicho en sus diversas comparecencias en las cámaras-- es que muchas empresas abusan, pues difieren al infinito el pago de impuestos. Nunca pagan, o rara vez pagan, como dijo el presidente Calderón.

Por eso, abundó, la propuesta del Ejecutivo es que el "diferimiento" (sic) no sea mayor de cinco años, con lo que se obliga a las empresas a pagar el ISR diferido, es decir los impuestos que ya se deben.

Por eso hizo un nuevo llamado a los legisladores a que aprueben la propuesta, porque con ella "se estaría cerrando una avenida de elusión fiscal por parte de grandes contribuyentes. Y además se avanzaría sustancialmente en el perfeccionamiento de nuestro marco tributario con vistas a una mayor equidad y proporcionalidad".

Con los cambios que se proponen a la consolidación fiscal, argumentó, no se cancelan los beneficios inherentes a ese régimen. Además, dichos cambios no son retroactivos, pues la propuesta "lo único que hace es precisar el momento de pago del impuesto que fue diferido y no afecta a las empresas en el periodo en que están obligadas a permanecer en el régimen de consolidación".

Lo que se busca, Dijo Carstens, "es dar certeza respecto al diferimiento (sic) excesivo del impuesto a pagar, determinando tiempos concretos de pago, sin generar cargas administrativas adicionales a los contribuyentes".

Y, al igual que el presidente Calderón, dijo que por los graves momentos que atraviesa el país, se exige de todos una aportación proporcional a sus capacidades.

"El gobierno de México de ninguna manera busca vulnerar la solvencia financiera de las empresas", insistió.

Hasta ahí terminó su mensaje, que leyó. Pero agregó, como para evitar interpretaciones: "Este mensaje ratifica lo que dijo el señor presidente de la República."

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DECLARACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGUSTÍN CARSTENS, ACERCA DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL.

México, D.F., 29 de octubre de 2009

Buenas noches:

La mayoría de las empresas mexicanas, de todos los tamaños, incluidas las grandes empresas, pagan sus impuestos y los pagan bien. Contribuyen de forma importante a sufragar el gasto público del país cumpliendo con la obligación que señala el artículo 31 de la Constitución.

Por ejemplo, los grandes contribuyentes en México, sin considerar a PEMEX, aportaron en 2008 más del 35 por ciento del total de la recaudación nacional neta.

Empero, como en todo universo de contribuyentes, hay también consorcios y empresas de gran tamaño que por desgracia eluden dicho compromiso aprovechando espacios de la ley para disminuir al máximo posible sus contribuciones y en contra del espíritu de las mismas leyes. En esto consiste la llamada elusión fiscal. La elusión sin constituir por sí misma un delito sí es una práctica que lesiona el interés de la sociedad y de la Nación. En esa medida, las autoridades tributarias tienen la obligación de revisar constantemente el

marco normativo para detectar los espacios de los cuales se están aprovechando algunos contribuyentes para escatimarle a la sociedad y a la Nación las aportaciones que deberían hacer conforme al espíritu de la

Constitución. Nadie puede reprochar a las autoridades fiscales su esfuerzo para que las leyes cumplan el fin para el que fueron establecidas. Eso es lo que está proponiendo la reforma al régimen de consolidación fiscal que se está discutiendo en la H. Cámara de Senadores: Reforzar la aplicación de la ley para que su cumplimiento se acerque más al espíritu y a la letra de la Constitución que señala la obligación de todos de contribuir equitativa y proporcionalmente.

Es un defecto de diseño de la ley lo que está permitiendo el bajo pago de impuestos. Por eso es el diseño de la ley el que se busca cambiar. No es un problema de que las empresas estén mal auditadas o no cumplan con la ley.

No confundamos el debate.

La consolidación fiscal es, en principio y en su origen, un buen esquema fiscal pensado para estimular el crecimiento de las empresas. Mediante este régimen un grupo de empresas con intereses societarios y económicos comunes tributan como si fuesen una sola unidad económica.

Es muy importante advertir que la consolidación fiscal es un régimen optativo.

Permite la aplicación inmediata de pérdidas fiscales de una o varias empresas del grupo contra utilidades fiscales de una o varias empresas del mismo grupo; esto es: diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta de un ejercicio; también permite diferir el pago del ISR generado por los dividendos contables, esto es:

permite el libre flujo de dividendos dentro del grupo.

Son fáciles de detectar las consecuencias que ha permitido el esquema vigente. Basta señalar que los grandes contribuyentes en México pagaron en  promedio durante 2007 y 2008 una tasa efectiva de impuesto de 1.8 por ciento respecto de sus ingresos acumulables. Una muestra muy amplia de empresas de Estados Unidos, por ejemplo, de grandes contribuyentes, nos indica que pagan una tasa efectiva de impuesto de 3.4 por ciento respecto de sus ingresos acumulables.

Hoy en día el régimen de consolidación fiscal contempla cuatro circunstancias o supuestos bajo los cuales el impuesto diferido se entera al Fisco Federal.

Esos supuestos son: La desincorporación de la empresa; la desconsolidación; la disminución de la participación accionaria y cuando a nivel individual se  extinga el derecho de amortizar pérdidas fiscales.

Fundamentalmente, la modificación que propone el Presidente Felipe Calderón al régimen de consolidación fiscal consiste en añadir una nueva circunstancia por la cual se estará obligado a pagar el ISR diferido, es decir: los impuestos  ue ya se deben. Ese nuevo supuesto establece que los impuestos causados no se podrán diferir más de cinco años, en comparación con la situación actual en la cual esto no está precisado.

De aprobarse esta modificación se estaría cerrando una avenida de elusión fiscal por parte de grandes contribuyentes. Y además, se avanzaría sustancialmente en el perfeccionamiento de nuestro marco tributario con vistas a una mayor equidad y proporcionalidad.

La modificación al régimen de consolidación fiscal no cancela los beneficios inherentes a este régimen. Los grupos y sus empresas pueden seguir tributando como una sola unidad económica, recuperando sus pérdidas y  reinvirtiendo sus utilidades dentro de un periodo razonable, lo que les permitirá  mantener competitividad en el mercado nacional y en el mercado internacional.

Los cambios a dicho régimen no son retroactivos, debido a que la propuesta lo único que hace es precisar el momento de pago del impuesto que fue diferido y  no afecta a las empresas en el periodo en que están obligadas a permanecer en el régimen de consolidación.

En adición a lo anterior se destaca que la reforma al régimen de consolidación es acorde con decisiones ya tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha emitido como criterio reiterado que el legislador constitucionalmente tiene reconocida la facultad de modificar la forma de  tributar.

Más aún lo que se busca es dar certeza respecto al diferimiento excesivo del impuesto a pagar, determinando tiempos concretos de pago, sin generar cargas administrativas adicionales a los contribuyentes y conciliando el régimen opcional y de estímulo que representa la consolidación fiscal.

El momento por el que atraviesa el país exige de todos una aportación proporcional a sus capacidades. El gobierno de México de ninguna manera  busca vulnerar la solvencia financiera de las empresas.

Y de hecho, quisiera añadir, que este mensaje ratifica lo que dijo el señor Presidente de la República.

Muchas gracias.