Una justicia ciega

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Publicado en Excélsior, 7 de octubre de 2009;

Una justicia realmente ciega
Decir que nuestro sistema de justicia no funciona es caer en el lugar común. Pero algo está sucediendo que, al mismo tiempo que las reformas aprobadas para instaurar los juicios orales no avanzan en prácticamente ningún estado del país, la justicia, en sí, quizá de la mano con nuestro sistema político, se está deteriorando cada día más y cada vez son más notables las decisiones por consigna en torno a ella.
Varios ejemplos de los últimos días. Ramsés Villarreal está acusado de haber colocado siete bombas en el Distrito Federal durante el mes de septiembre: existen fotos, videos, estudios antropométricos y de relaciones con otros grupos violentos. Es detenido y presentado ante el juez: éste decide dejarlo en libertad porque argumenta que el Ministerio Público federal, al momento de detenerlo, no contaba con orden de aprehensión y no lo arrestó en flagrancia. Quedó en libertad. Días después vuelven a presentar la solicitud para su detención y el juez considera que no se puede acreditar el delito de terrorismo. No pasa nada. Como tampoco sucede nada con los detenidos en la marcha del 2 de octubre. Cualquiera que haya visto las imágenes de ese día, podrá comprobar el cúmulo de delitos que se cometieron, pero sólo hubo 23 detenidos, de los que quedaron recluidos sólo cuatro. En otras palabras, si se marcha por la causa que sea por las calles de la ciudad, usted puede asaltar, golpear, agredir y ni la policía puede intervenir para impedirlo ni usted será castigado por ello.
Unos días antes se despliega un gran operativo de seguridad de marinos fuertemente armados en pleno Polanco, un sábado al mediodía, en la entrada de un centro comercial junto al que están las oficinas de la empresa Peñoles. El operativo dura algunas horas, aunque los marinos no pueden ingresar a las oficinas de la empresa porque no cuentan con orden de cateo. Esperan que ésta llegue, pero parece que ningún juez la libra. Estaban allí, explican, porque en un contenedor de la empresa había sido encontrada una cantidad millonaria en dólares. Nunca supimos qué pasó, si había alguna responsabilidad de alguien, si la empresa, los marinos o el juez se equivocaron. El caso murió.
Un empresario vino a México e inmediatamente la Procuraduría capitalina anuncia que será detenido porque debe 200 millones de pesos de una obra presuntamente no llevada a cabo. Un juez se apresura a librar una orden de aprehensión. Carlos Ahumada afirma que el caso ya está cerrado desde tiempo atrás y no debe absolutamente nada. Pero se lanza la persecución. Hace un par de días, otro juez, sin ir siquiera al fondo del caso, aceptó el amparo pedido por Ahumada y ratificó que el asunto estaba cerrado y no había nada que perseguir. ¿Alguien puede dudar que se tratara de una persecución política?
El 3 de julio pasado, a dos días de las elecciones, se intenta un rescate de un caso de secuestro, con resultados desastrosos en el DF. Dos grupos de la Policía Judicial capitalina intentan rescatar a Yolanda Cevallos Coppel, pero en la acción mueren la secuestrada, el jefe de la banda, apodado El Iván, y dos de los mandos de la unidad antisecuestros. Días después se sabe que el operativo fue un caos operacional, que los policías fueron asesinados por otros agentes y existe la sospecha de que la misma suerte habría corrido la señora Cevallos. Pero también se sabe que quien ordenó ese operativo, Erasmo de la Rosa, jefe antisecuestros del DF, y uno de sus agentes, Rodolfo Servín, sabían desde varios días antes que se realizaría el secuestro, porque mantenían relación con una integrante de la banda, que incluso les había dado la llave de la casa de seguridad donde retenían a la víctima. No impidieron el secuestro, no se sabe qué relación tuvieron con la banda y con las muertes de la mujer secuestrada, de los agentes y del secuestrador. Crece la versión de que en la casa se guardaban dos millones de pesos que desaparecieron en el operativo. Y De la Rosa y Servín finalmente son detenidos. Pero se les finca una acusación sólo por “ejercicio indebido del servicio público”, un delito no grave, por el que salen en libertad bajo fianza. Y, una vez más, no sucede nada, como no ha ocurrido con el caso New’s Divine o el de la guardería ABC. ¿Cuánto más se seguirá deteriorando el sistema de justicia sin que pase nada?