Ley General del Secuestro, iniciativa

El pasado miércoles 4 de noviembre el diputado  Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley General del Secuestro, Reglamentaria del Artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se adhirieron a la iniciativa la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: "con el mismo objeto, señor presidente, porque la asignatura pendiente en este país es la reforma penal", dijo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: a todas aquellas compañeras y compañeros que deseen adherirse a esta iniciativa, favor de pasar a la Secretaría para suscribirla.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Diputado Pérez Cuevas propone la creación de un cuerpo especializado contra este delito y una policía que realice actividades de inteligencia, investigación, persecución y detención de los plagiarios.

El proyecto de decreto señala la competencia de la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal para conocer del delito de secuestro y la imposición de prisión vitalicia cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, no tenga capacidad para comprender del significado del hecho, ni capacidad para resistirlo o persona mayor de 70 años de edad.

La presentación:

Carlos Alberto Pérez Cuevas: Ya basta. Si no pueden, renuncien. Ni un secuestro más. Ésa ha sido la voz de la sociedad que así de fuerte como retumba en este salón, han hecho a los Poderes del Estado. Gracias, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El fenómeno del secuestro ha causado que la sociedad sea una víctima potencial y por ende, lo considere como uno de los problemas más graves, pues este tipo de ilicitud trasciende a niveles personales, familiares y del propio Estado, pues afecta de manera directa la paz y tranquilidad social. En otras palabras, el secuestro es un delito deleznable y peligroso con altos costos sociales.

Este flagelo es uno de los retos que nuestro país debe atender con urgencia y, si bien sabemos que la lucha contra el secuestro es una tarea compleja, las acciones emprendidas por parte del Ejecutivo federal, en materia de combate al secuestro, han sido importantes.

Muestra de ellos son los datos aportados en el Tercer Informe de Gobierno con la detención de más de mil 400 secuestradores. La desarticulación de más de 200 bandas dedicadas al secuestro y la liberación de más de mil víctimas.

Además, con el apoyo del gobierno federal 23 entidades federativas cuentan actualmente con unidades antisecuestro. Si bien es cierto estos esfuerzos son plausibles, se requiere de mayor participación, coordinación y empeño de todos los órganos y Poderes de la Unión, de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en conjunto para obtener resultados más favorables.

Es indudable que Acción Nacional ha apoyado desde el inicio la batalla del Ejecutivo federal contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto social. Pese a la competencia local, con la finalidad de recuperar la tranquilidad de la sociedad, con el firme propósito de evitar que el país se encuentre en un estado de inseguridad a consecuencia de la delincuencia, procurando la seguridad social y el orden pública para la protección adecuada de los bienes jurídicos más esenciales en toda sociedad. Logrando así que el ilícito de secuestro sea de competencia de los diferentes niveles de gobierno.

Por ende, la necesidad de fijar con claridad el ámbito de actuación de los estados y la federación, y las facultades y las obligaciones para el combate, investigación y persecución del secuestro.

Esta obligación constitucional que se le impone al Congreso no puede esperar más. Necesitamos un orden legal que permita la labor compartida de todos los actores. Necesitamos herramientas para proteger a nuestra sociedad. Por ello, acudo ante este pleno para presentar el proyecto de la Ley General del Secuestro en la cual señala, entre otras cosas.

Uno. La competencia de la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal para conocer del delito de secuestro.

Dos. La imposición de prisión vitalicia cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, no tenga capacidad para comprender del significado del hecho, capacidad para resistirlo o persona mayor de 70 años de edad.

Si durante el secuestro se ocasiona a la víctima una mutilación, trato cruel o alguna lesión. Cuando la víctima fallezca durante el secuestro o el autor sea, haya sido o se ostente sin serlo, como integrante de alguna institución de seguridad pública o privada de procuración o administración de justicia o de las Fuerzas Armadas de México.

Propone contar con un cuerpo especializado contra el secuestro, policía especializada que realice actividades de inteligencia, investigación, persecución y detención de los secuestradores, de la cual deberá contar con los recursos humanos y tecnológicos adecuados.

Dicho cuerpo especializado deberá brindar la atención adecuada a la víctima y sus familiares. Se integrará con personal que apruebe los controles de confianza que el Consejo Nacional estime necesarios y con un perfil de policías investigadores.

Se protege a los periodistas como victimas altamente vulnerables a este delito y se sanciona a los funcionarios bancarios que den un mal manejo a la información, a la que por su trabajo tienen acceso, y que por ello se haya secuestrado a la víctima.

Se alienta al desistimiento o arrepentimiento de la realización del delito de secuestro proponiendo reducir la sanción cuando un sentenciado o vinculado a proceso por delito de secuestro, por posesión de información eficaz que lleve a la liberación de la víctima o captura de los responsables.

Los sujetos procesados o sentenciados por secuestro no gozarán de ninguno de los beneficios que otorga la Ley Penal. Se propone la creación de un Banco de Información Nacional que contemple datos criminológicos que permitan con mayor facilidad la captura de los secuestradores.

Regula la solicitud de información a las empresas titulares de concesiones en materia de telecomunicaciones a efecto de realizar las investigaciones.

Dispone de una línea telefónica de llamadas de emergencia que trabajaría las 24 horas a lo largo de República Mexicana; se regula la posibilidad de intervenir comunicaciones. Se plantean una serie de medidas para protección de la víctima y testigos del secuestro debido a que el daño causado por la privación de la libertad son cuestiones psicológicas de graves consecuencias, pero es obvio que la afectación, también recae sobre aspectos económicos.

Por ello se establecen disposiciones para suspender los plazos de las obligaciones contraídas por el secuestrado antes de la privación de la libertad y que se incumplen con motivo del secuestro.

Todas estas reformas se plantean con la plena convicción de recobrar la seguridad y tranquilidad de la sociedad mexicana y de cumplir con nuestra labor y compromiso ante nuestro país.

Señores legisladores, no olvidemos que México requiere del compromiso de todos nosotros. México necesita leyes que le permitan sentirse seguro. México requiere una reforma de fondo por lo que les pido que trabajemos con un fin común y apoyemos la aprobación de la presente reforma.

La sociedad mexicana no puede esperar. Ya basta. Si no pueden; renuncien. Y, ni un secuestro más. Hoy tenemos que darle respuesta de solución. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra la diputada Sandra Ugalde. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Para solicitar la posibilidad de adherirme a la iniciativa del compañero, antes comentada.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: También el diputado Humberto Benítez, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Con el mismo objeto, señor presidente, porque la asignatura pendiente en este país es la reforma penal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pregunto al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas si está de acuerdo en la adhesión de los compañeros diputados y compañeras diputadas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta el diputado Pérez Cuevas que está de acuerdo y acepta esta participación. Por tanto, a todas aquellas compañeras y compañeros que deseen adherirse a esta iniciativa, favor de pasar a la Secretaría para suscribirla.