Margarito Montes Parra

Columna PLAZA PÚBLICA/ MA Granados Chapa

¿Quién mató a Margarito Montes?

Miguel Ángel Granados Chapa

Publicado en Reforma 6 de Nov/09

Desde hace mucho tiempo Margarito Montes Parra andaba armado y con escolta. El estilo de acción agraria que practicaba -uno de esos estilos, en realidad- lo aproximaba a la violencia, dando o recibiéndola. Puede presumirse que se jugaba la vida, a conciencia, todos los días. Pero quizá no calculó que al perderla, su familia entera iba a ser también asesinada.

Cerca del lugar donde nació, en el sur de Sonora, acudió el viernes a una fiesta. Al término del jolgorio los dos vehículos, poderosas camionetas todo terreno ambas, en que viajaban él mismo, su esposa, Gabriela Orozco Robles, sus hijos y nietos -de nueve, cinco y cuatro años de edad-, así como colaboradores, amigos y guardias, fueron tiroteados con metralletas. Quince personas en total perdieron la vida en la balacera. Nadie vio a los atacantes. O nadie ha querido aparecer como testigo. No lejos de allí, el año ante pasado -marzo de 2007- había sido también ultimado Jorge Adrián Montes Vega, hijo del dirigente campesino. Fue muerto en un palenque clandestino. Aunque la investigación no sirvió para saber quiénes mataron al muchacho de 26 años, se presumió que habría sido víctima de la banda de los Beltrán Leyva, aunque no se precisó si el ataque había sido coyuntural, al calor del juego y de las copas, o conectado con el negocio de esa mafia. El padre de la víctima, baleado él mismo ahora, sugirió que la agresión provino de grupos delictuosos protegidos por el gobernador Eduardo Bours. No formalizó denuncia alguna, y no se alejó de esa zona, donde grupos de campesinos yaquis guardan de él mala memoria. Lo acusaron desde aquel momento de ser instrumento del presidente Carlos Salinas para quitarles su tierra. Movilizaciones recientes enfrentaron de nuevo a esos grupos con Montes Parra, que había iniciado ya negociaciones a su estilo con el gobernador panista Guillermo Padrés.

Nacido en 1953, se formó como ingeniero y sociólogo rural en la Universidad de Chapingo, donde fue profesor. Perteneció un tiempo al Partido Comunista pero luego se movió a la izquierda y se vinculó al trotskismo. Fue parte de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Cuarta Internacional. De esa época, fines de los setenta y principios de los ochenta, data su activismo. Era el típico agitador y organizador de la lucha social, tanto en la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente como en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Luego le ganó el realismo. Fundó en 1986 la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), y desde entonces buscó el cobijo gubernamental. Se asentó en el ejido Colorado, en Tierra Blanca, donde se estrecha la cintura nacional. Desde allí operaba recuperaciones o invasiones de tierras, así en Veracruz como en Oaxaca. Los terratenientes afectados le crearon la imagen de depredador, que actuaba con apoyo oficial, a veces de la Federación, a veces de los gobiernos estatales. Uno de sus lances principales ocurrió en enero de 1988: al frente de 4 mil campesinos sin tierra ocupó la enorme propiedad de Toribio Gallardo, un cacique al que se acusaba de haber matado a 40 personas. También contaron en el repertorio de Montes Parra haber recuperado, o invadido, tierras de familias pudientes, como los Bravo Ahuja -familia cuyo principal miembro, el ingeniero Víctor, gobernó a Oaxaca y fue secretario de Educación Pública de Echeverría- y los Garci Crespo. Aunque en apariencia o realmente la UGOCP infringía la ley, actuaba siempre de acuerdo con los gobiernos, que entregaban a los ocupantes las tierras afectadas, y a veces pagaban a los propietarios desplazados grandes indemnizaciones o predios comprados ex profeso. Era un juego en que todos ganaban.

La UGOCP se transformó de mero grupo de presión social en una oficina de servicios con cuya prestación incrementó su militancia. Aunque en esos casos no hay un padrón, ni estabilidad en la pertenencia, se presume que a la organización pertenecen unas 300 mil personas en 13 estados, principalmente Oaxaca y Veracruz. En paralelo con la organización de masas aptas para las movilizaciones funciona una asociación civil de la que derivan uniones de crédito. Cuenta con una oficina principal en la calle Augusto Rodin, de la colonia Nápoles. Era responsable de ella, como director técnico, Víctor Alanís, también asesinado hace una semana.

Aunque formalmente no pertenecía a ningún partido, luego de que se marchó del PRT, a la postre fuera de la escena electoral, Montes Parra hacía política cercana al aparato priista. El año pasado celebró el séptimo congreso de la UGOCP en Cosamaloapan, con la inevitablemente rumbosa presencia del gobernador Fidel Herrera. El sábado, al día siguiente del asesinato del dirigente, su gobierno hizo publicar una esquela donde lo llamó "gran aliado del impulso a la modernización y el desarrollo del campo veracruzano, en especial de la Cuenca del Papaloapan".

La Procuraduría de Justicia de Sonora, a cargo todavía de Abel Murrieta, designado por Bours y ratificado por Padrés, de tan pobre desempeño en el crimen de la guardería ABC -del que ayer se cumplieron 5 meses- inició la averiguación previa que ahora está en manos de la General de la República. No hay a cuál ir, como lo muestra el caso de los 49 niños asesinados. La muerte de los 15 de Cajeme seguirá la misma deplorable suerte. Nadie sabe nada, porque quizá se sabe mucho, paradoja que también recuerda la desaparición del reportero Alfredo Jiménez.

miguelangel@granadoschapa.com

***

Propuesta de

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTArá EL SENADOR HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ PARA DEMANDAR A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, HAGAN UNA INVESTIGACIÓN A FONDO PARA EL CABAL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE MARGARITO MONTES PARRA.

Honorable Asamblea:

Una ola de violencia azota a nuestro desdichado país. La corrupción y la impunidad alimentan esta grave enfermedad social. No sólo se matan entre sí los delincuentes en defensa de sus plazas para el crimen; hay víctima también por robos y secuestros y, cada vez con más intensidad, las persecuciones y atentados contra luchadores sociales.

El 30 de noviembre, en su estado natal, Sonora, fue acribillado el dirigente campesino Margarito Montes Parra, junto con 14 personas incluyendo a su esposa, hijos y nietos.

No sólo vengo a informar a esta honorable asamblea de este grave acontecimiento, cuya noticia ha sido ampliamente desplegada en diversos medios de información. Vengo, sobre todo, a llamar la atención sobre los atentados con fatales consecuencias que en los últimos meses han sufrido numerosos líderes sociales. Desde el asesinato de Armando Villarreal Martha en Chihuahua, que defendía a usuarios de energía eléctrica; el atentado contra Maximiano Barbosa, fundador de el Barzón en Jalisco, el encarcelamiento de dirigentes campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata en Chiapas, hasta las decenas de luchadores sociales perseguidos por acciones reivindicatorias de pueblos pobres.

Es indudable que la violencia social, política, del crimen organizado, de los secuestros y por robo a las personas, que se multiplica en el país, alimentan las fuentes inagotables de la desestabilización de nuestra sociedad. Pone en evidencia que algo anda mal en la conducción del poder. El crimen es el síntoma; el indicador de un sótano donde se fragua una conspiración permanente y de la más variada índole. El asesinato es la rama sin vida de raíces secas y descompuestas.

Sin embargo, es importante tener claridad; saber distinguir la violencia social y política, de las acciones por venganzas y ajustes del crimen organizado o los delincuentes sin escrúpulos que roban, secuestran o extorsionan. La violencia es la fiebre de una sociedad enferma y no se puede curar sólo con procedimientos o leyes penales; no es un asunto nada más de eficiencia policial, sino de seguridad nacional. Desde luego, el narcotráfico y la violencia van de la mano y los crímenes deben perseguirse y penalizarse a los culpables.

Pero el activismo social o político no puede ser enfrentado con la represión o con la modernización de los aparatos represivos. Sobre todo la lucha por las causas sociales, donde están los perseguidos por sus ideas reivindicatorias, no se solucionan a partir de la fuerza policíaca, pues su encauzamiento está en los grandes cambios que requiere y demanda nuestra sociedad.

Margarito Montes Parra, fue un luchador social. Su trabajo organizativo, su sustento ideológico sus objetivos sociales siempre fueron contra las injusticias y contra los acaparadores de la tierra y los cacicazgos regionales. Formó varias organizaciones campesinas para la producción y se vinculó a programas gubernamentales como en el caso de Veracruz, para comercializar en mejores condiciones los productos campesinos.

Su muerte se suma a la de muchos otros luchadores campesinos que en los últimos años –cuando algunos dan por muerta la causa agraria de nuestra patria-, dieron sus vidas para mostrarnos que estamos cada vez más lejos de los ideales y valores del agrarismo mexicano.

Por eso, como a todos los luchadores sociales que han dado sus vidas por justicia, equidad y desarrollo en el campo de nuestra patria, y al margen de cualquier discrepancia ideológica y política, vengo hoy a proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Demandar a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora y a la Procuraduría General de la República, hagan una investigación a fondo para el cabal esclarecimiento del asesinato de Margarito Montes Parra.