9 nov 2010

Columna Razones de hoy

La entrevista de Felipe y el poder
Al ex Presidente español, en su momento, le plantearon volar a la ETA con explosivos y descabezar de un solo golpe a la organización.
Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 9 de noviembre de 2010;
En la magnífica entrevista que le ofrece el ex presidente del gobierno español, Felipe González al escritor Juan José Millás en El País del domingo, Felipe devela una información desconocida hasta ahora de la lucha del gobierno español contra el terrorismo, pero también plantea uno de los dilemas políticos (no moral, porque como él mismo dice, eso no es verdad) más importantes al que se debe enfrentar un mandatario en una lucha de estas características.
Cuenta Felipe González, que a principios de los 90, antes de las Olimpiadas de Barcelona en 1992, tuvo información de que ETA quería hacer atentados espectaculares en ese evento y que, poco antes de ello, luego de una larga labor de inteligencia supieron que toda la dirigencia de ETA se reuniría en un lugar en el sur de Francia. En aquellos años, el gobierno francés aún daba protección a la ETA y aunque les brindaran información de ese encuentro, dice González, los franceses no los detendrían. Le plantearon entonces la posibilidad de literalmente volar con explosivos el lugar del encuentro y descabezar de un solo golpe a toda la organización. Aquello se debía decidir de inmediato: "La decisión, cuenta el ex Presidente, era sí o no. Lo simplifico: dije no. Y añado esto: Todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando —le dice a Millás— el problema de que yo no lo haría por razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años. Esa es la literatura, el resultado es que dije que no".
Ese es el dilema al que se deben enfrentar los hombres de Estado en una lucha de esas características. Más aún en conflictos de enfrentamientos contra el crimen organizado como los que estamos viviendo en países como México. Felipe González no voló a la dirigencia de ETA en aquella reunión y no sabe si hizo bien, si su decisión fue la correcta. No la voló por otro tipo de consideraciones alejadas de la moral. No lo dice, pero lo da a entender, que no lo hizo por los conflictos que ello implicaría con el gobierno francés, que entonces encabezaba François Mitterrand, un socialdemócrata como él, con el que no podía tener una ruptura diplomática en un momento clave de la historia europea como lo era el de la caída del muro de Berlín. Ante una opción similar el presidente colombiano, Álvaro Uribe, decidió atacar el campamento de las FARC donde operaba Raúl Reyes, el responsable político de esa organización terrorista, aunque ello le significó un conflicto diplomático con Ecuador, ya que el objetivo estaba en la frontera entre ambos países, en territorio ecuatoriano.
En nuestro caso, pareciera que buena parte de nuestros principales actores políticos no son concientes de lo que está en juego en el combate contra la delincuencia organizada. Desde los que plantean un diálogo y hasta una Cocopa con los delincuentes hasta los que intentan establecer políticas y legislaciones alejadas de nuestra realidad, en muchas ocasiones no parecen comprender el tipo de desafío que se debe asumir y el enemigo, que no adversario, que se enfrenta. ¿Alguien puede pensar en un diálogo con un grupo criminal como el que mantiene un enfrentamiento de más de seis horas utilizando todo tipo de armamento como el que se suscitó con Los Escorpiones que defendían a Tony Tormenta? ¿Alguien puede pensar en dialogar con los que enterraron vivos, en las afueras de Acapulco, a los michoacanos que habían secuestrado semanas atrás?
En el Congreso aún no comienzan a analizar seriamente la iniciativa de ley sobre fuero militar que envió el presidente Calderón, pero los hay que están planteando, desde ya, enviar al fuero civil todo tipo de delitos (proponen trasladar a ese fuero 24 delitos en lugar de los tres propuestos por el Ejecutivo), inclusive quienes consideran que esa iniciativa es simplemente un instrumento para engañar instituciones humanitarias. Como aquí hemos dicho, cuando existan delitos que se aparten del contexto de cualquier misión encomendada a las fuerzas militares (y los delitos propuestos en la iniciativa presidencial: violación, desaparición forzada y tortura, lo son) deben ser juzgados y castigados en tribunales civiles. Pero lo que no se puede hacer es desmantelar la estructura de justicia de una institución como la militar en pleno combate por la supervivencia del Estado en muchos rincones del país. Los legisladores tienen una enorme responsabilidad en el tema, no pueden volver a equivocarse como lo hicieron con la Ley de Seguridad Nacional.
Deberían, por lo menos, leer la entrevista de Felipe González antes de tomar decisiones sobre el tema.

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