Inseguridad social, inseguridad pública

Columna  PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa

Inseguridad social, inseguridad pública

Reforma, 7 Nov. 10;

Ese panorama nos aproxima a la inseguridad social, es decir, a la incapacidad estatal de ofrecer a la población formalmente asalariada las prestaciones sociales que la Constitución y las leyes establecen

Una acumulación de factores, azarosos algunos, inexorables otros, frutos de la incapacidad y aun del dolo para administrar los más, han puesto en jaque a la seguridad social en México. Estamos llegando al extremo opuesto, la inseguridad social, la imposibilidad financiera y material de ofrecer a los trabajadores asalariados derechos por lo que pagan y que forman parte de un régimen laboral que debe tener en el centro a las personas. La crisis del IMSS y del ISSSTE, la inseguridad social en que nos adentramos es potencialmente explosiva, tan peligrosa para la convivencia como la inseguridad pública que es ya una marca de la sociedad mexicana del siglo XXI.

El 23 de agosto pasado, el senador Francisco Labastida hizo notar, tomando información oficial no suficientemente explorada, que la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social es tan acusada que en 2012 le sería imposible enfrentar las obligaciones del régimen de pensiones de sus trabajadores (no obstante, digo yo, que hace dos años el mecanismo fue modificado en perjuicio de esos derechohabientes). El director del IMSS, Daniel Karam, y el propio presidente Calderón negaron que así fuera, y atribuyeron la declaración de Labastida a mala información, no obstante que el senador sinaloense había puntualizado su fuente, documentos oficiales producidos por el propio gobierno.

Un mes más tarde, Karam reconoció, sin admitirlo expresamente, que Labastida tenía razón. En una asamblea interamericana de seguridad social, el 21 de septiembre empleó por primera vez la expresión con que el miércoles pasado él mismo y Calderón describieron la situación del instituto: "muy delicada". Karam fue más allá al prever que no sólo habrá problemas para pagar pensiones, sino aun para sufragar el costo de los servicios médicos, que es la médula de esa institución. El modo de salir al paso de este problema, así sea sólo en el corto plazo, consiste en transferir recursos de los fondos superavitarios (el de invalidez y el de riesgos de trabajo) a los que están en déficit (los de maternidad y enfermedad). Ya se validó esa decisión en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso. Pero ésta tiene vigencia sólo en 2011, por lo que se requiere una solución de fondo que impida la quiebra del instituto.

Hasta 1997 el equilibrio entre los diversos seguros contaba con un ingrediente básico: los recursos del fondo de retiro. Pero ese año se arrancó tal prestación del ámbito de la seguridad social, para establecer un negocio de particulares muy productivo, el de las Afores, que ganan mucho dinero con el poco que los trabajadores depositan para asegurarse la jubilación. Ese abandono de una responsabilidad pública y su reemplazo por el aprovechamiento privado de recursos sociales fue una artera puñalada a la seguridad social.

Factores sociales y económicos ajenos al IMSS se han sumado para agravar su crisis. El envejecimiento de la población asegurada, que padece durante largo tiempo enfermedades crónico-degenerativas, exige un gasto creciente en su atención. Y cada vez hay menos recursos con qué enfrentarlas: el estancamiento de la economía significa una disminución severa de las cuotas obrero patronales, que integran dos tercios del financiamiento de la institución. Los salarios no crecen, y sí lo hace el desempleo o la conversión de unidades productivas legales en parte de la economía informal. Por añadidura, la administración del instituto se ha encargado a directores por entero ajenos a la seguridad social, como Juan Molinar Horcasitas, o como Karam, conocedores sólo de su porción financiera, criterio que cuando es único no sirve para enfrentar crisis porque es cierto, conforme a la fórmula clásica, que quien sólo sabe economía sabe poca economía.

Aunque se reformó el régimen de pensiones del personal público, también padece una crisis de desfinanciamiento el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, surgido hace 50 años cuando la burocracia era factor central para el mantenimiento del sistema de partido autoritario casi único, y había que mantenerla quieta pese a sus escasas remuneraciones. La deficiente administración del instituto ha estado marcada por el sesgo político con que se designa a sus responsables. La fase actual de la crisis del ISSSTE tiene su origen en la asignación de esa parcela a la porción elbista de la administración panista, que condujo al nombramiento de Miguel Ángel Yunes Linares como director del instituto, cargo al que podría volver ahora que concluyó en todas sus fases su pretensión de ser gobernador de Veracruz.

El ISSSTE gasta más de lo debido. "En septiembre...ya se había acabado el presupuesto para su gasto de operación programado para todo el año. En los primeros meses de 2010, gastó 103 mil 860 millones de pesos. Se la habían asignado 105 mil 134 millones para el año completo". Al dar cuenta de esa irregularidad, "la Secretaría de Hacienda señaló que tendrá que aportar al ISSSTE 37 mil 754 millones de pesos adicionales" (Reforma, 6 de noviembre).

Una de las causas de ese desfinancimiento fue un error de cálculo al establecerse el nuevo régimen de pensiones del personal público. En lo que va de este año el gasto respectivo se incrementó en más de 14 por ciento, pues miles de empleados de la Federación se han jubilado anticipadamente, para no caer en los supuestos de la reforma tan publicitada en su momento como el instrumento para la salvación de la seguridad social destinada a los trabajadores del Estado. Se ha mostrado en el breve lapso de su vigencia que únicamente lesionó derechos adquiridos sin lograr el desahogo financiero, más que previsto, prometido.

La insatisfacción de los derechohabientes con los servicios que pagan con sus cuotas se expresa cotidianamente (aunque al ser interrogados por encuestadores disimu- lan su descontento para ofrecer las respuestas socialmente aceptadas). Una de ellas concierne al desabasto de medicamentos, pues pocas deficiencias pueden ofender y aun dañar más a los usuarios que la falta de fármacos prescritos por los médicos de la propia institución. El problema, que es real, está siendo resuelto de una manera demagógica y significará un empeoramiento de las finanzas del IMSS. El Senado tiene en sus manos una reforma a la Ley del Seguro Social que impone la obligación de entregar vales para su surtido en farmacias particulares a los derechohabientes a los que la institución no cumpla ese servicio. La enmienda legal, aprobada ya en la Cámara de Diputados, resulta de una iniciativa del Partido Verde, propiedad de la familia González Torres, algunos de cuyos miembros operan grandes cadenas de farmacias que, sin necesidad de participar en licitaciones, serán proveedores de los vales mencionados.

Ese panorama nos aproxima a la inseguridad social, es decir, a la incapacidad estatal de ofrecer a la población formalmente asalariada las prestaciones sociales que la Constitución y las leyes establecen y son propias de una sociedad con mínimo desarrollo humano. El impacto de esa disminución de la capacidad gubernamental se añadirá a otros faltantes que son ya factores de la realidad, como la creciente criminalidad que acorta y angosta la seguridad pública de los mexicanos. Sólo en la semana que hoy concluye hemos tenido nuevas noticias de la virulenta acción delincuencial en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Esta vez, sin embargo, y de modo excepcional, hubo también muestras de la eficacia de la fuerza pública.

Si bien generó una violentísima reacción, que acaso no se limite a los bloqueos de calles y puentes internacionales en Matamoros, fue asestado allí un fuerte golpe al Cártel del Golfo. El hermano del mismísimo Osiel Cárdenas Guillén, Antonio Ezequiel, fue localizado y muerto en una refriega con la Marina y el Ejército. Y a su turno la Policía Federal capturó a miembros del Cártel del Sinaloa que el 21 de septiembre secuestraron a Mario González Rodríguez y lo asesinaron después. La detención de los homicidas comprueba lo que fue evidente desde el principio: que las acusaciones de la víctima contra su propia hermana, la ex procuradora de Chihuahua Patricia González, le fueron arrancadas bajo presión irresistible. Por eso mismo fue ultimado, para evitar que rescatado revelara las condiciones de su secuestro, que para la ex fiscal son conocidas por miembros del Ejército federal. 

miguelangel@granadoschapa.com