La norteña cruzada “anticasinos”

La norteña cruzada “anticasinos”

Arturo Rodríguez García

Revista Proceso, 10 de julio de 2011;

En San Pedro Garza García –municipio nuevoleonés que tiene el mayor ingreso per cápita en el país– hay dos casinos: Alegre y Sportzone. El 12 de marzo de 2010, empleados y funcionarios municipales clausuraron Sportzone con el argumento de que operaba como casino pero su permiso era de restaurante.

El 13 de julio siguiente los representantes de las empresas Entretenimiento de México y Producciones Móviles, que operan dicho sitio en sociedad, promovieron un juicio de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, a cargo de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, contra el municipio de San Pedro y otras autoridades.

Los quejosos presentaron como prueba el documento Permiso para la Instalación, Apertura y Operación de un Centro de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, con clave DGAJS/SCEVF/P-06/2006, otorgado por la Secretaría de Gobernación.

Ante las pruebas aportadas por las partes, el 21 de julio de 2010 se otorgó el amparo 519/2010, que ordenó revertir la clausura y prohibió el aseguramiento de bienes.

El amparo establece que: “Se abstengan las (autoridades) responsables de ejecutar cualquier acto que paralice el normal funcionamiento de los negocios de la quejosa, ni se ejecuten medidas de apremio consistentes en cateo, fuerza pública, rompimiento de cerraduras, desalojo y arresto de personal que labora para la quejosa”.

El pasado 22 de febrero, el cabildo encabezado por el alcalde panista Mauricio Fernández Garza, en su sesión ordinaria número 46, aprobó la clausura y “ordenó” a los jueces de amparo que se abstuvieran de oponerse a la voluntad municipal. Y el 18 de marzo empleados municipales clausuraron de nuevo el casino y detuvieron a dos empleados del local.

Ese mismo día los afectados solicitaron al juez Barbosa que ordenara cumplir el amparo 519/2010; éste ordenó al municipio de San Pedro Garza García que retirara los sellos y liberara a los detenidos.

El municipio respondió mediante oficio de su secretario de Finanzas, Encarnación Porfirio Ramones Saldaña, en el que expuso que no había incumplimiento pues se había tratado de una “clausura preventiva” pues el casino no había pagado impuestos y carecía de permiso para operar.

Linchamiento

El 22 de marzo, Barbosa ordenó la remoción de sellos y dio vista al Ministerio Público Federal. Para entonces Fernández Garza había desatado la ofensiva mediática contra el juez y el 30 de marzo presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el otorgamiento del amparo. La queja presentada por el alcalde fue admitida a trámite con el número 345/2011, pero se sobreseyó porque no cumplía con los requisitos legales.

Pero la desobediencia del ayuntamiento motivó la instrucción de un procedimiento de violación al amparo, aunque el presidente municipal insistió en negarse a cumplir la orden del juzgado constitucional. El 18 de abril, tras desestimar de nuevo los argumentos de Mauricio Fernández Garza, un actuario removió los sellos de clausura.

El alcalde puso tres quejas más contra Barbosa los días 12 de abril y 3 y 4 de mayo, todas por los mismos motivos, e interpuso al menos dos denuncias ante un Ministerio Público Federal.

En los medios Fernández Garza aseguró que, al no respetar la clausura, el juez Barbosa tenía una evidente intención delictiva, lo descalificó con insultos y cabildeó para que lo sancionaran. “Es un corrupto y por no impartir justicia es peor que cualquiera de los criminales”, dijo de él en una conferencia de prensa el 31 de marzo.

Lo mismo hizo contra el magistrado de lo Contencioso Administrativo José Alfonso Solís Navarro, quien también falló contra otra clausura, la del casino Alegre: “Es un corrupto o un retrasado mental”, dijo en conferencia de prensa el 12 de abril, para luego acudir al Congreso estatal a pedir la destitución de los magistrados.

Ante el rechazo de su primera queja contra Barbosa en el CJF, Fernández Garza arreció su campaña mediática, especialmente a partir del 12 de mayo, cuando el juez se inscribió para concursar por una plaza de magistrado.

El 17 de mayo, la Comisión de Disciplina del CJF ordenó la práctica de una visita extraordinaria al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y Penal, además de ordenar la integración de un expediente con los escritos de queja. Para entonces Fernández Garza había convocado a los ciudadanos a quejarse contra el juez por corrupción, aunque en el expediente 345/2011 no hay ninguna prueba contra Barbosa Alanís en ese sentido.

El 18 de mayo, el pleno del CJF, doblegado por Fernández Garza, revirtió las dos negativas de queja previas y decretó la suspensión del juez Barbosa, sin aportar pruebas en su expediente ni establecer si los dichos del alcalde eran ciertos o falsos y omitiendo el informe del inculpado.

A partir del 1 de junio, Ricardo Hiram Barbosa Alanís está suspendido y se practica una auditoría a los últimos cuatro años de su labor jurisdiccional.