En la investigación, dados cargados

En la investigación, dados cargados

Luciano Campos Garza
REVISTA PROCESO # 1821, 26 DE SEPTEMBRE DE 2011

Edicion Mexico, Narcotráfico,

MONTERREY, NL.- Aunque el tema de las casas de apuestas amerita múltiples investigaciones, tan sólo los casos que han acaparado la atención recientemente –los correspondientes a los casinos Royale y Red– revelan una serie de irregularidades y relaciones que implican a exfuncionarios estatales, magistrados, jueces, a un familiar del alcalde regiomontano y a un hermano del actual procurador de Justicia de Nuevo León.
En ambos casos, que investigan las autoridades estatales bajo la dirección del procurador general de Justicia de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, un hermano de éste, Filiberto de la Garza Santos,

participa en un despacho de abogados, De la Garza Santos Abogados, que defiende a los casinos.
En la red de relaciones que comprometen la imparcialidad en las investigaciones sobre los casinos en la entidad aparece también un personaje que fue titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Coahuila, Pedro Arturo Cardona Calderón, quien amparó en 2008 al casino Royale y después se convirtió en representante de Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), firma que manejaba ese centro de apuestas.

Aunque es investigado por la PGR por su papel como representante de AEV y los amparos que concedió cuando era juez, Cardona está igualmente ligado al despacho De la Garza Santos.
Además, Gerardo Israel Gómez Méndez, relacionado con el mismo bufete del hermano del procurador, tiene una conexión directa con los videoescándalos en los que está implicado Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey que actualmente está arraigado mientras se le investiga por acusaciones de delincuencia organizada y cohecho.
En el video difundido por Apro y Reforma el 31 de agosto, este “hermano incómodo” recibe fajos de billetes en el casino Red, propiedad de Sergio Gil García, y la persona que entrega los billetes es justamente Gerardo Israel Gómez Méndez.
A diferencia de Jonás Larrazabal, Sergio Gil ha desatendido la solicitud de comparecencia que le envió la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y no ha sido apremiado por la autoridad. Desde el escándalo de los videos desapareció.
Igualmente ahora se sabe que la empresa Look Publicity, la cual maneja el casino Winland –actualmente cerrado por el ayuntamiento de Monterrey–, es defendida también por abogados que proporcionan como domicilio para recibir información el correspondiente al despacho De la Garza Santos Abogados.
Este reportero trató de entrevistar al respecto al procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, pero el funcionario no pudo ser localizado.

La ‘red de corrupción’

Desde antes de que ocurriera la tragedia en el Royale, el alcalde Larrazabal se quejaba de la proliferación de casinos y giros negros que operaban en complicidad con magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de Nuevo León y jueces federales que otorgaban amparos para su funcionamiento.
Desde el pasado 22 de julio –cuando organizó una rueda de prensa– se refería a actos de deshonestidad por parte de impartidores de justicia. “No puedo tener la evidencia de si hubo aquí acto de corrupción, pero si huele a perro y ladra como perro, pues es un perro”.
Luego de que el 25 de agosto se produjo la tragedia del Royale comenzó a revelarse el entramado de relaciones, que incluyen vínculos entre las partes en litigio y el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos.
Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), de Juan José Rojas Cardona, es la empresa que recibió el permiso de Gobernación a través de la cual operaba el casino Royale.
En el deslinde de culpas luego de la tragedia, el alcalde regiomontano denunció el 27 de agosto que Pedro Arturo Cardona Calderón era juez cuarto de Distrito en Torreón cuando amparó al casino Royale contra la clausura que ordenó el ayuntamiento en 2008.
El edil dijo que el 7 de enero de 2009 el entonces juzgador entregó amparos a 10 casinos de AEV, entre ellos el Royale, y posteriormente se hizo representante legal de la misma casa de apuestas, situación que evidencia el favoritismo con el que actuó.
“Es muy difícil para el municipio tener la posibilidad de ganar juicios con toda esa red de corrupción que se encuentra atrás de esos establecimientos”, lamentó el edil ante los medios.
En su edición del jueves 1, La Jornada citó a fuentes ministeriales según las cuales Cardona Calderón es investigado por la PGR junto con jueces de Distrito y magistrados de Circuito “por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros por generar conflicto de intereses al conceder amparos en casas de apuestas”.
El 19 de noviembre de 2010, Look Publicity, empresa que opera el casino Winland, presentó una demanda contra el ayuntamiento de Monterrey ante la sala uno del TCA. Fue abierto el expediente 884/2010.
La abogada Doris Rodríguez Azamar, representante legal de Look Publicity, indicó al final de la demanda que “en los términos previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado”, se tengan autorizados a los licenciados en derecho Jaime Homero de la Garza Dávila, Édgar Iván Murga Hernández, Edmundo Balderas García y al exjuez Pedro Arturo Cardona Calderón, para oír y recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y alegar audiencia respectiva.
Para recibir notificaciones autoriza también a Gerardo Israel Gómez Méndez, Cynthia Pintor Romero y Ernesto Rafael Pérez Guerra.
El juicio fue recibido el 24 de noviembre de 2010 por el juez primero del tribunal, José Alfonso Solís Navarro, quien tras el incendio del Royale y los videoescándalos del Red, fue destituido por señalamientos de parcialidad.
Los representantes legales del Winland dan como domicilio para oír y recibir notificaciones Río Guadalquivir 329 Oriente, esquina con Río Rosas, colonia del Valle, en San Pedro. Es el mismo domicilio en el que se encuentra registrado en anuncios públicos el despacho De la Garza Santos, constituido el 14 de abril de 1994 por los litigantes Filiberto Javier de la Garza Santos y Jaime Homero de la Garza Dávila.
Como comisario aparece Héctor Santos Saucedo, quien en el gobierno de Natividad González Parás era director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León y fue también director de la Policía Investigadora de Coahuila.
Winland está clausurado desde el 30 de agosto por carecer de licencia de Desarrollo Urbano de Monterrey.
El hermano del procurador está igualmente implicado en la defensa del casino Red, propiedad de Sergio Gil, quien fue director de Comercio de Monterrey en la administración del priista Ricardo Canavati. De esa dependencia se le despidió acusado de malversar 41 millones de pesos de un finiquito destinado a comerciantes desalojados.
En el casino Red fueron tomadas las fotos y grabaciones que implican a Jonás Larrazabal en el escándalo de los videos que tiene a su hermano, el alcalde, al borde de la expulsión del PAN.

Los quesos de Jonás

El jueves 1, al comparecer ante los medios, Jonás leyó un texto en el que dijo que al momento de ser grabado había acudido al casino para recibir el pago de productos de Oaxaca, entre los que había quesos que proveyó a esa casa de apuestas.
Y ahí incriminó a Gerardo Gómez: “Reitero que las tres veces que acudí al casino Red fue por indicaciones de Sergio Gil García, para que me pagaran ahí los productos que vendí, pagos que me fueron hechos por el contador Gerardo Gómez”. Esa tarde, tras comparecer en el Palacio de Justicia, Jonás fue arraigado 30 días.
Urban Publicity, empresa que maneja el casino Red, ha sido representada por Gerardo Israel Gómez Méndez. La firma fue formada en 2006 por Gil García y el periodista Omar Elí, quien posteriormente, años antes de los escándalos de video, se retiró de la sociedad.
En la demanda que presentó ante la Sala Primera del TCA, el 9 de junio de 2010 (expediente 411/2010), contra el ayuntamiento para que le permitiera abrir el establecimiento, Gómez Méndez, en representación de Gil García, dio como dirección para recibir notificaciones Río Guadalquivir 329, donde radica el mismo despacho de Filiberto de la Garza.
Fueron enlistados como representantes legales Jaime Homero de la Garza Dávila, Doris Rodríguez Azamar, Édgar Iván Murga Hernández y Edmundo Balderas García.
Para oír y recibir notificaciones fueron inscritos Ernesto Rafael Pérez Guerra, Horacio Martínez Alemán y Francisco Sergio Jiménez Escobar. En este pleito fue excluido Cardona Calderón.l