Una historia de lucha, violencia y muerte
Ezequiel Flores Contreras
Proceso # 1883, 18 de diciembre de 2011
El asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa el pasado lunes 12 en la Autopista del Sol confirmó el talante autoritario y represor del gobierno guerrerense, el mismo que en su afán de exculparse de los homicidios hizo una tibia purga en el gabinete. No fue suficiente. Videos, testimonios y peritajes no dejan lugar a dudas y el mandatario Ángel Aguirre Rivero deberá asumir los costos de la barbarie, que podrían incluir un juicio político. Por lo demás, ya son muchas las ocasiones en que ha ignorado las demandas de los normalistas, cuya tradición de lucha es tan grande como las carencias de las escuelas normales del país.
CHILPANCINGO, GRO.- Como lo hacen cada año, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, entregaron un documento a las autoridades estatales para pedir que se garantice la permanencia de este plantel como modelo de oferta educativa y generación de empleo. Y como cada año, el gobierno de Guerrero los ignoró.
Las autoridades educativas guerrerenses cancelaron varias veces las reuniones pactadas con los estudiantes de Ayotzinapa. Así sucedió, por ejemplo, con la del 4 de octubre y la del 9 de noviembre, por lo que los jóvenes pidieron audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los colaboradores de éste les aseguraron que serían recibidos el lunes 5 de diciembre, pero nuevamente se suspendió el encuentro.
Incluso el 26 de noviembre el gobernador había visitado la Normal de Ayotzinapa donde entregó un autobús y material deportivo a los estudiantes, quienes aprovecharon la oportunidad para darle su pliego petitorio y solicitar una reunión para discutirlo.
Eduardo Meza Gómez, integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa –ubicada en la cabecera del municipio de Tixtla–, dice a Proceso que las demandas se habían entregado por escrito desde el 9 de septiembre a la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Silvia Romero Suárez.
En el pliego planteaban el incremento de la matrícula escolar para alumnos de nuevo ingreso de 140 espacios a 170, autorizar un promedio mínimo de 7 para acceder a la escuela y plazas automáticas para los egresados.
Reiteradamente ignorados, los estudiantes acordaron una serie de acciones de protesta a fin de concretar la reunión con Aguirre. Su preocupación básica es que “se advierte la intención del gobierno estatal de desaparecer” la Normal de Ayotzinapa, afirma Meza.
El jueves 8 tomaron por más de una hora la caseta de cobro de la Autopista del Sol, a la altura del poblado de Palo Blanco. Luego de otras acciones, como la toma de estaciones de radio en Chilpancingo para transmitir su mensaje y demandar públicamente la reunión con el Ejecutivo, decidieron hacerse más visibles bloqueando los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués.
Las autoridades educativas guerrerenses cancelaron varias veces las reuniones pactadas con los estudiantes de Ayotzinapa. Así sucedió, por ejemplo, con la del 4 de octubre y la del 9 de noviembre, por lo que los jóvenes pidieron audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los colaboradores de éste les aseguraron que serían recibidos el lunes 5 de diciembre, pero nuevamente se suspendió el encuentro.
Incluso el 26 de noviembre el gobernador había visitado la Normal de Ayotzinapa donde entregó un autobús y material deportivo a los estudiantes, quienes aprovecharon la oportunidad para darle su pliego petitorio y solicitar una reunión para discutirlo.
Eduardo Meza Gómez, integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa –ubicada en la cabecera del municipio de Tixtla–, dice a Proceso que las demandas se habían entregado por escrito desde el 9 de septiembre a la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Silvia Romero Suárez.
En el pliego planteaban el incremento de la matrícula escolar para alumnos de nuevo ingreso de 140 espacios a 170, autorizar un promedio mínimo de 7 para acceder a la escuela y plazas automáticas para los egresados.
Reiteradamente ignorados, los estudiantes acordaron una serie de acciones de protesta a fin de concretar la reunión con Aguirre. Su preocupación básica es que “se advierte la intención del gobierno estatal de desaparecer” la Normal de Ayotzinapa, afirma Meza.
El jueves 8 tomaron por más de una hora la caseta de cobro de la Autopista del Sol, a la altura del poblado de Palo Blanco. Luego de otras acciones, como la toma de estaciones de radio en Chilpancingo para transmitir su mensaje y demandar públicamente la reunión con el Ejecutivo, decidieron hacerse más visibles bloqueando los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués.
AR-15 contra piedras
Testimonios, fotografías y videograbaciones realizadas por periodistas y por el sistema de vigilancia del gobierno estatal muestran que, el mediodía del lunes 12, decenas de policías federales y estatales armados con fusiles dispararon contra los manifestantes.
Las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil captaron los sucesos en dos videos: uno de 74 minutos –grabado entre las 11:40 y las 12:54 horas– y otro de 69 minutos –de las 11:29 a las 12:38–. En ellos se aprecia la crudeza de la represión y el injustificado uso de las armas.
Se ve, por ejemplo, cómo queda tendido boca abajo en un carril de la dirección sur-norte de la autopista el cuerpo de Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 años, alumno de segundo año en la Normal de Ayotzinapa. Este joven es quien también aparece en la dramática secuencia fotográfica publicada en la primera plana del diario Reforma el martes 13.
En la primera imagen Echeverría de Jesús aparece de espaldas al fotógrafo, corriendo hacia el grupo de federales y con una piedra en la mano derecha. En la segunda ya está tirado en la cinta asfáltica, las manos en el pecho y los pies cruzados.
Alexis Herrera es el otro estudiante asesinado.
El peritaje de la procuraduría local, incluido en el expediente BRA/SC/2743/2011, indica que la boca del cañón estaba “de lado izquierdo al occiso”, en el caso de Echeverría. En la acción policiaca del lunes 12, el flanco izquierdo estaba cubierto por ministeriales y estatales quienes, según testigos, dispararon a los manifestantes al igual que los federales.
Las actas de defunción 110251863 y 110251862 corroboran que los dos normalistas murieron instantáneamente. La de Gabriel Echeverría señala como causa del fallecimiento un “choque hipoglucémico por hemorragia externa, consecutivo a una herida por proyectil de arma de fuego, entrándole y saliéndole a la altura del cuello”.
La de Alexis Herrera dice que murió por “traumatismo cráneo-encefálico severo” ocasionado por una “herida de proyectil penetrante y saliente del cráneo”.
El martes 13 el gobierno de Aguirre quiso culpar a los policías federales: presentó en Acapulco el fragmento de un video donde aparecen algunos de ellos golpeando a manifestantes ya sometidos y disparando sus armas. En respuesta, José Ramón Salinas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública federal, señaló que los peritajes de trayectoria balística indican que fueron ministeriales estatales quienes les dispararon a los normalistas.
Las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil captaron los sucesos en dos videos: uno de 74 minutos –grabado entre las 11:40 y las 12:54 horas– y otro de 69 minutos –de las 11:29 a las 12:38–. En ellos se aprecia la crudeza de la represión y el injustificado uso de las armas.
Se ve, por ejemplo, cómo queda tendido boca abajo en un carril de la dirección sur-norte de la autopista el cuerpo de Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 años, alumno de segundo año en la Normal de Ayotzinapa. Este joven es quien también aparece en la dramática secuencia fotográfica publicada en la primera plana del diario Reforma el martes 13.
En la primera imagen Echeverría de Jesús aparece de espaldas al fotógrafo, corriendo hacia el grupo de federales y con una piedra en la mano derecha. En la segunda ya está tirado en la cinta asfáltica, las manos en el pecho y los pies cruzados.
Alexis Herrera es el otro estudiante asesinado.
El peritaje de la procuraduría local, incluido en el expediente BRA/SC/2743/2011, indica que la boca del cañón estaba “de lado izquierdo al occiso”, en el caso de Echeverría. En la acción policiaca del lunes 12, el flanco izquierdo estaba cubierto por ministeriales y estatales quienes, según testigos, dispararon a los manifestantes al igual que los federales.
Las actas de defunción 110251863 y 110251862 corroboran que los dos normalistas murieron instantáneamente. La de Gabriel Echeverría señala como causa del fallecimiento un “choque hipoglucémico por hemorragia externa, consecutivo a una herida por proyectil de arma de fuego, entrándole y saliéndole a la altura del cuello”.
La de Alexis Herrera dice que murió por “traumatismo cráneo-encefálico severo” ocasionado por una “herida de proyectil penetrante y saliente del cráneo”.
El martes 13 el gobierno de Aguirre quiso culpar a los policías federales: presentó en Acapulco el fragmento de un video donde aparecen algunos de ellos golpeando a manifestantes ya sometidos y disparando sus armas. En respuesta, José Ramón Salinas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública federal, señaló que los peritajes de trayectoria balística indican que fueron ministeriales estatales quienes les dispararon a los normalistas.
Crisis política
El asesinato de los dos normalistas provocó una crisis en el gobierno de Aguirre Rivero, que llegó al poder por una alianza de partidos de izquierda.
Pese a la difusión de evidencias que muestran a policías federales y estatales golpeando y disparando, las autoridades encargadas de investigar el caso no han determinado quién asesinó a los normalistas, aunque los gobiernos federal y estatal se confrontaron para tratar de deslindar a sus corporaciones de haber abatido a Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, y herido de bala a otros cuatro normalistas, entre ellos a Édgar David Espíritu Olmedo, cuyo estado de salud es grave.
El lunes 12 por la noche, en la sede de la Policía Ministerial Estatal (PME), el entonces procurador guerrerense Alberto López Rosas aún sostenía que al menos un manifestante portaba un fusil AK-47 y granadas. Agregó que los ministeriales llegaron desarmados al lugar del conflicto y que los agentes con armas lo hicieron después, cuando los estudiantes “ya habían sido abatidos”.
Durante la semana creció la exigencia de los normalistas y de diversos sectores sociales para que este hecho se investigue y se sancione a los asesinos materiales, lo mismo que a las autoridades que ordenaron el desalojo. Incluso se pidió la destitución del gobernador y de su gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia.
La presión política provocó la renuncia de cuatro funcionarios estatales, dos de los cuales llegaron a la administración pública como cuota del PRD: los titulares de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas; del subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarra, y de Antonio Valenzuela Valdez, director de la PME.
Almonte Borja es un abogado laboralista radicado en Acapulco y fue diputado federal por el PRD. López Rosas, hijo del líder de precaristas de Acapulco Alfredo López Cisneros, El Rey Lopitos, también se desempeñó como diputado perredista y posteriormente como alcalde porteño de 2000 a 2005. Arriola Ibarra es un general retirado del Ejército que desde el sexenio de Zeferino Torreblanca tenía bajo su mando la Policía Preventiva Estatal (PPE).
Valenzuela Valdez es un teniente que se dio de baja del Ejército. Fungió como director de Seguridad Pública en Acapulco durante la presidencia municipal de López Rosas y había sido designado director de la PME en mayo pasado.
Esto no detuvo las críticas. La noche del martes 13 la procuraduría local dejó en libertad a 24 jóvenes detenidos durante el desalojo, entre ellos a Gerardo Torres Pérez, a quien López Rosas señaló públicamente como portador de un rifle AK-47 que fue disparado. Todos denunciaron que policías ministeriales y federales los torturaron.
Ahora la dependencia estatal pretende inculpar al estudiante Édgar David Espíritu, que convalece en el hospital del ISSSTE de esta capital por una herida de bala en el abdomen. Sus familiares afirman que está acusado de incendiar la bomba despachadora de la gasolinería cercana a la protesta, lo que lesionó de gravedad al empleado Gonzalo Rivas.
Antes de que la PGR atrajera la investigación, el miércoles 14 la Procuraduría de Guerrero arraigó a 10 policías estatales por su presunta responsabilidad en los asesinatos. Aguirre informó que cinco de éstos pertenecen a la PME y el resto son de la PPE asignados como escoltas de Arriola Ibarra, por lo que acudieron armados al desalojo.
Al día siguiente la PGJE puso a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de “homicidio y lo que resulte” a ese grupo de policías estatales y a un preventivo más. Los 11 rindieron declaración el mismo jueves en la delegación estatal de la PGR.
Proceso confirmó en documentos oficiales que uno de los agentes ministeriales inculpados aún es estudiante del Instituto de Formación de la PME. Se trata de Ismael Matadamas Salinas, hijo de la comandante de esta corporación, Araceli Salinas. En una fotografía ampliamente difundida por los medios Ismael aparece vestido con playera verde y pantalón de mezclilla, en posición de tiro con un rifle AR-15.
Otros dos son comandantes de la PME: Leticia Pinto Muñoz y Rey David Cortés Flores. El segundo llegó armado al desalojo, a pesar de que se encontraba franco, y aparece en fotos y en video con una playera rayada verde y blanca, también en posición de tiro.
Pese a la difusión de evidencias que muestran a policías federales y estatales golpeando y disparando, las autoridades encargadas de investigar el caso no han determinado quién asesinó a los normalistas, aunque los gobiernos federal y estatal se confrontaron para tratar de deslindar a sus corporaciones de haber abatido a Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, y herido de bala a otros cuatro normalistas, entre ellos a Édgar David Espíritu Olmedo, cuyo estado de salud es grave.
El lunes 12 por la noche, en la sede de la Policía Ministerial Estatal (PME), el entonces procurador guerrerense Alberto López Rosas aún sostenía que al menos un manifestante portaba un fusil AK-47 y granadas. Agregó que los ministeriales llegaron desarmados al lugar del conflicto y que los agentes con armas lo hicieron después, cuando los estudiantes “ya habían sido abatidos”.
Durante la semana creció la exigencia de los normalistas y de diversos sectores sociales para que este hecho se investigue y se sancione a los asesinos materiales, lo mismo que a las autoridades que ordenaron el desalojo. Incluso se pidió la destitución del gobernador y de su gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia.
La presión política provocó la renuncia de cuatro funcionarios estatales, dos de los cuales llegaron a la administración pública como cuota del PRD: los titulares de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas; del subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarra, y de Antonio Valenzuela Valdez, director de la PME.
Almonte Borja es un abogado laboralista radicado en Acapulco y fue diputado federal por el PRD. López Rosas, hijo del líder de precaristas de Acapulco Alfredo López Cisneros, El Rey Lopitos, también se desempeñó como diputado perredista y posteriormente como alcalde porteño de 2000 a 2005. Arriola Ibarra es un general retirado del Ejército que desde el sexenio de Zeferino Torreblanca tenía bajo su mando la Policía Preventiva Estatal (PPE).
Valenzuela Valdez es un teniente que se dio de baja del Ejército. Fungió como director de Seguridad Pública en Acapulco durante la presidencia municipal de López Rosas y había sido designado director de la PME en mayo pasado.
Esto no detuvo las críticas. La noche del martes 13 la procuraduría local dejó en libertad a 24 jóvenes detenidos durante el desalojo, entre ellos a Gerardo Torres Pérez, a quien López Rosas señaló públicamente como portador de un rifle AK-47 que fue disparado. Todos denunciaron que policías ministeriales y federales los torturaron.
Ahora la dependencia estatal pretende inculpar al estudiante Édgar David Espíritu, que convalece en el hospital del ISSSTE de esta capital por una herida de bala en el abdomen. Sus familiares afirman que está acusado de incendiar la bomba despachadora de la gasolinería cercana a la protesta, lo que lesionó de gravedad al empleado Gonzalo Rivas.
Antes de que la PGR atrajera la investigación, el miércoles 14 la Procuraduría de Guerrero arraigó a 10 policías estatales por su presunta responsabilidad en los asesinatos. Aguirre informó que cinco de éstos pertenecen a la PME y el resto son de la PPE asignados como escoltas de Arriola Ibarra, por lo que acudieron armados al desalojo.
Al día siguiente la PGJE puso a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de “homicidio y lo que resulte” a ese grupo de policías estatales y a un preventivo más. Los 11 rindieron declaración el mismo jueves en la delegación estatal de la PGR.
Proceso confirmó en documentos oficiales que uno de los agentes ministeriales inculpados aún es estudiante del Instituto de Formación de la PME. Se trata de Ismael Matadamas Salinas, hijo de la comandante de esta corporación, Araceli Salinas. En una fotografía ampliamente difundida por los medios Ismael aparece vestido con playera verde y pantalón de mezclilla, en posición de tiro con un rifle AR-15.
Otros dos son comandantes de la PME: Leticia Pinto Muñoz y Rey David Cortés Flores. El segundo llegó armado al desalojo, a pesar de que se encontraba franco, y aparece en fotos y en video con una playera rayada verde y blanca, también en posición de tiro.
Normal con historia
Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa están marcados por la imagen del extinto guerrillero Lucio Cabañas, quien egresó de esa institución, y por los actos de represión de la autoridad ante sus protestas y manifestaciones.
Durante los últimos tres sexenios los normalistas de Ayotzinapa han protagonizado decenas de protestas en esta capital: toma de edificios públicos, secuestro de autobuses, marchas y bloqueos de avenidas y carreteras, todo en demanda de beneficios para la subsistencia del plantel, sus estudiantes y egresados. En todos los casos la respuesta de la autoridad ha sido el desalojo brutal.
Entre los actos más violentos está la represión a la protesta que los normalistas realizaron en el centro de Chilpancingo el 11 de febrero de 1998, durante el gobierno interino de Aguirre Rivero.
En esa ocasión los normalistas –apoyados por estudiantes de las 16 escuelas que forman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México– se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir la excarcelación de su exdirigente Macario Cruz Ventura, acusado de delitos considerados políticos: “motín, sedición y ataques a las vías de comunicación”. Luego de que cercaron el edificio gubernamental más de cinco horas, al menos 500 policías antimotines y ministeriales desalojaron a los manifestantes en medio de una batalla que dejó 10 normalistas heridos y 57 detenidos, según archivos periodísticos de esa fecha.
Otra manifestación reprimida con un nivel similar de violencia tuvo lugar en noviembre de 2007, durante la administración de Torreblanca. Los estudiantes habían tomado la sede del Congreso local en demanda de plazas para egresados y la permanencia de la licenciatura de primaria, que pretendía desaparecer la administración zeferinista. Luego de cuatro horas, cerca de 800 normalistas fueron desalojados por un millar de policías antimotines y ministeriales después de una confrontación que se prolongó cerca de dos horas y dejó un saldo de 250 jóvenes con lesiones provocadas por el gas lacrimógeno, 10 de ellos con heridas graves por los golpes.
No obstante, la represión a la protesta del lunes 12 no tiene precedente: dos estudiantes asesinados, una treintena lesionados –cuatro de ellos de bala, y de éstos, uno grave.
Durante los últimos tres sexenios los normalistas de Ayotzinapa han protagonizado decenas de protestas en esta capital: toma de edificios públicos, secuestro de autobuses, marchas y bloqueos de avenidas y carreteras, todo en demanda de beneficios para la subsistencia del plantel, sus estudiantes y egresados. En todos los casos la respuesta de la autoridad ha sido el desalojo brutal.
Entre los actos más violentos está la represión a la protesta que los normalistas realizaron en el centro de Chilpancingo el 11 de febrero de 1998, durante el gobierno interino de Aguirre Rivero.
En esa ocasión los normalistas –apoyados por estudiantes de las 16 escuelas que forman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México– se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir la excarcelación de su exdirigente Macario Cruz Ventura, acusado de delitos considerados políticos: “motín, sedición y ataques a las vías de comunicación”. Luego de que cercaron el edificio gubernamental más de cinco horas, al menos 500 policías antimotines y ministeriales desalojaron a los manifestantes en medio de una batalla que dejó 10 normalistas heridos y 57 detenidos, según archivos periodísticos de esa fecha.
Otra manifestación reprimida con un nivel similar de violencia tuvo lugar en noviembre de 2007, durante la administración de Torreblanca. Los estudiantes habían tomado la sede del Congreso local en demanda de plazas para egresados y la permanencia de la licenciatura de primaria, que pretendía desaparecer la administración zeferinista. Luego de cuatro horas, cerca de 800 normalistas fueron desalojados por un millar de policías antimotines y ministeriales después de una confrontación que se prolongó cerca de dos horas y dejó un saldo de 250 jóvenes con lesiones provocadas por el gas lacrimógeno, 10 de ellos con heridas graves por los golpes.
No obstante, la represión a la protesta del lunes 12 no tiene precedente: dos estudiantes asesinados, una treintena lesionados –cuatro de ellos de bala, y de éstos, uno grave.
Un autobús muy caro
Los normalistas calificaron estos hechos como un acto bárbaro del gobernador Aguirre, quien ahora deberá responder por el asesinato de dos normalistas, indicó Joel Martínez Arriaga, integrante de la dirigencia estudiantil.
En una multitudinaria marcha el viernes 16, los estudiantes de Ayotzinapa anunciaron que irán a la sede del Congreso de la Unión para interponer una demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre. Tras su marcha, los normalistas de Ayotzinapa acompañados por normalistas de otras entidades y miembros de organizaciones sociales, llegaron a la sede del Poder Ejecutivo donde dejaron el autobús que en septiembre les entregó Aguirre.
“Este autobús nos lo cobraron muy caro, con la vida de nuestros compañeros”, expresaron los manifestantes y enseguida se dirigieron al zócalo capitalino donde realizaron un mitin.
En una multitudinaria marcha el viernes 16, los estudiantes de Ayotzinapa anunciaron que irán a la sede del Congreso de la Unión para interponer una demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre. Tras su marcha, los normalistas de Ayotzinapa acompañados por normalistas de otras entidades y miembros de organizaciones sociales, llegaron a la sede del Poder Ejecutivo donde dejaron el autobús que en septiembre les entregó Aguirre.
“Este autobús nos lo cobraron muy caro, con la vida de nuestros compañeros”, expresaron los manifestantes y enseguida se dirigieron al zócalo capitalino donde realizaron un mitin.
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