Derechos humanos: Tibia defensa/
Reportaje. Ombudsman de papel. Las comisiones estatales, salvo excepciones, no son un contrapeso para evitar abusos de autoridad y violaciones graves y cotidianas a las garantías individuales
Enfoque de Reforma, 11 diciembre 2011).- El sistema de defensa y promoción de los derechos humanos en el país está en crisis: ombudsman locales cuestionados, procesos de elección desaseados en la mayoría de los casos y un trabajo que no impacta de manera sustancial el comportamiento de las autoridades locales, son las características que sobresalen a más de 20 años de su creación.
Reportaje. Ombudsman de papel. Las comisiones estatales, salvo excepciones, no son un contrapeso para evitar abusos de autoridad y violaciones graves y cotidianas a las garantías individuales
Enfoque de Reforma, 11 diciembre 2011).- El sistema de defensa y promoción de los derechos humanos en el país está en crisis: ombudsman locales cuestionados, procesos de elección desaseados en la mayoría de los casos y un trabajo que no impacta de manera sustancial el comportamiento de las autoridades locales, son las características que sobresalen a más de 20 años de su creación.
Con 32 comisiones y procuradurías estatales y un presupuesto que equivale a más de la mitad de los recursos destinados a la Organización de Estados Americanos, el Sistema Ombudsman Mexicano es considerado el más grande y caro de América Latina; sin embargo, no se encuentra entre los más eficientes.
Para 2011, los organismos locales ejercerán más de mil 188 millones de pesos, monto superior a los mil 101 millones asignados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los organismos con los presupuestos más altos son el del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo; en conjunto suman cerca del 48 por ciento de los recursos.
Un análisis realizado por Enfoque indica que más de la mitad de las comisiones se encuentran dirigidas por personajes cercanos al gobierno en turno debido a que en muchos estados siguen siendo el Congreso y el gobernador las autoridades encargadas de designar al ombudsman.
La mayoría no han logrado modificar las prácticas de las dependencias que ellos mismos identifican como las principales violadoras de las garantías individuales.
Cuestionados
Los currículum de los ombudsman estatales muestran que 20 de los 32 que existen en el país son ex funcionarios gubernamentales, ex autoridades electorales, ex dirigentes de partidos políticos y personas que han sido acusadas públicamente de abusos tales como el uso irregular de los recursos públicos, agresiones físicas e incluso hostigamiento sexual.
Un ejemplo es el ombudsman de Quintana Roo, Enrique Norberto Mora Castillo, quien fue propuesto por el PRI como candidato para el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral Estatal, puesto para el que fue rechazado; nueve meses después fue propuesto por el mismo partido como ombudsman local. En abril de 2009 tomó protesta y permanecerá en esa función hasta 2014.
Otro caso es el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, José Ángel Morán Portales. En marzo pasado diversas organizaciones civiles pidieron su renuncia luego de que se diera a conocer una denuncia por hostigamiento sexual interpuesta por Laura Ocón Bailón, ex delegada de la PGR en el estado, en su contra. Hasta el momento se desconoce si se le instauró algún procedimiento.
Algunos ombudsman dan de qué hablar una vez que asumen el cargo. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se incrementó el sueldo de 85 mil a 124 mil pesos mensuales.
Dicho aumento lo coloca como el defensor con el segundo sueldo más alto, sólo por debajo del titular de la CNDH, quien tiene una percepción de más de 133 mil pesos al mes.
Para la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, la ineficiencia de las comisiones y procuradurías de derechos humanos está estrechamente ligada al perfil de sus titulares, pues a 20 años de la creación del Sistema Ombudsman en México -la CNDH se creó en 1992-, no han logrado consolidarse como instituciones legítimas y confiables.
"Probablemente se han fortalecido desde el punto de vista legal, pero la confianza ante la sociedad civil es cuestionable... Podemos decir que en la mayoría de los casos el ombudsman es una figura solo decorativa, sí una figura que se acomoda al poder político en turno", sostiene.
Ramírez, quien desde hace 11 años dirige un proyecto de monitoreo ciudadano de los organismos públicos de derechos humanos, advierte que los perfiles de los titulares guardan sorpresas e irregularidades que limitan el impacto de dichas instituciones.
"No deja de haber ombudsman comprometidos, pero prácticamente los contamos con la mano. Existen situaciones que están al límite, ya no sólo de la ética sino de la legalidad, y ahí es sorprendente que los Congresos de los estados avalen (los nombramientos)", indica.
Viejos vicios
Las leyes que regulan la elección de los titulares de las comisiones y procuradurías de derechos humanos propician que las designaciones de éstos sean opacas y a discreción del gobernador en turno o del partido dominante en el Congreso.
Según la legislación en la materia, sólo en 11 estados se establece como requisito para ser electo ombudsman el conocimiento y la experiencia previa en la defensa y promoción de derechos humanos. El resto prioriza el hecho de que los candidatos tengan un título que los acredite como abogados.
Más aún, en 20 estados se asigna al Congreso y al gobernador la facultad de elegir al ombudsman. En algunos casos se establece la obligación de tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil; sin embargo, no se señalan mecanismos para asegurar que así sea.
Destacan Guerrero, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, en donde el ombudsman es nombrado por el gobernador y ratificado por el Congreso.
En Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Sonora y Veracruz el Congreso elige de manera directa.
Únicamente 10 entidades contemplan la convocatoria pública como mecanismo para elegir a los ombudsman: Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
No obstante, la auscultación de la sociedad civil no garantiza una elección transparente. La ley que regula la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Sinaloa, por ejemplo, señala que la terna será elaborada tras una amplia consulta pública. Pero esta prerrogativa no impidió que el actual ombudsman fuera designado el mismo día que el Congreso local aprobó su renuncia al cargo de consejero del Consejo Estatal Electoral.
La consulta a la sociedad civil tampoco impidió que Roberto Chapula de la Mora fuera electo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, el mismo año que compitió por una diputación federal por el PRI.
Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman del Distrito Federal, señala que las instituciones que conforman el sistema de defensa y promoción de los derechos humanos no han tenido la capacidad para deslindarse de viejos vicios y prácticas que minan su credibilidad y confianza.
"Son instituciones que tienen poco tiempo y que no han tenido la capacidad para deslindarse de los modelos administrativos anteriores. Reprodujeron pautas y vicios de viejas instituciones -los salarios, las prestaciones, los privilegios-. No han tenido capacidad para verse en el espejo de la congruencia", sostiene.
Para Álvarez Icaza, salvo algunas excepciones, los organismos públicos de derechos humanos no han marcado la diferencia en la manera de ejercer la función pública y acompañar y proteger a las víctimas.
"El sistema político creó un modelo de entidad para defender a las víctimas y enfrentar el abuso de poder. Sí, pero es un sistema político fundado en cuotas, en la destrucción de la ciudadanía, en la certeza del gobernante de que tiene alguien que lo cuida y no que cuida a las víctimas", precisa.
Trabajo endeble
Enfoque analizó los informes de labores dados a conocer entre 2008 y 2010 por 18 organismos públicos de derechos humanos -el resto no pudo ser comparado debido a que los informes no están disponibles o no proporcionan información equiparable-.
Se trata de las comisiones de Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
El resultado indica que al menos 14 de ellas no han logrado modificar los abusos que las autoridades locales cometen en contra de la ciudadanía.
Dos ejemplos: el Informe de Labores de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca señala que las violaciones más frecuentes en 2008 fueron los abusos de autoridad y las detenciones arbitrarias. Para 2010, las prácticas con más quejas fueron las mismas.
Los informes detallan que las dependencias con más denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales en 2008 y 2010 fueron la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública locales.
Otro ejemplo es el de Sonora. En 2008 las agresiones más recurrentes fueron los abusos en contra de personas privadas de su libertad, el abuso de autoridad, el incumplimiento del deber público y la detención arbitraria. Para 2010 las quejas más frecuentes fueron las mismas.
Según el análisis realizado, las autoridades relacionadas con la salvaguarda de la seguridad pública, la atención de las personas reclusas y las responsables de brindar servicios de salud y educación son las que más quejas reciben a nivel local; mientras que las detenciones arbitrarias, las retenciones ilegales, la negación del servicio público y los abusos de autoridad son las agresiones que las autoridades cometen con mayor frecuencia.
Recomendaciones exiguas
Los reportes de las 18 comisiones indican que entre 2008 y 2010 las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos pasaron de más de 33 mil a más de 35 mil. Es decir, un incremento anual de mil denuncias.
La información indica que a pesar del aumento de las quejas, las recomendaciones no se incrementaron de manera significativa, pues el número pasó de mil 167 a mil 261.
Además, en algunos organismos la cantidad de estos instrumentos es insignificante con respecto a las quejas que reciben; mientras que en otros casos el número ha ido a la baja.
Entre éstos se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. De acuerdo con su Informe de Labores, en 2010 recibió más de 12 mil quejas y emitieron sólo 36 recomendaciones.
Las cifras contrastan con las presentadas por Guanajuato, que por 979 quejas en el mismo año, emitió un total de 487 recomendaciones.
Entre los estados que en 2010 emitieron menos recomendaciones que en 2008 se encuentra San Luis Potosí, cuyo número descendió de 31 a 19.
En noviembre pasado, Human Rights Watch dio a conocer el informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México; en él reconoce que las comisiones locales tienen la capacidad para desempeñar un rol central en la prevención de los abusos, su investigación y su juzgamiento.
No obstante, advierte que a pesar de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo investigaciones serias y exhaustivas, frecuentemente optan por no utilizar sus recursos, evitan hacer uso de medidas básicas para investigar denuncias y concluyen de forma prematura las quejas.
"Con demasiada frecuencia las comisiones no ponen en práctica esta capacidad de investigación. En varios casos, Human Rights Watch comprobó que funcionarios de las comisiones no adoptaban medidas básicas para investigar las denuncias, no iniciaban investigaciones cuando existían amplias pruebas de abuso, o las concluían de forma prematura", indica el documento.
En ello coincide el estudio Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México. Nuevas instituciones, viejas prácticas, elaborado por investigadores de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
"Tenemos un sistema de protección pública de los derechos humanos poco eficaz y con resultados insatisfactorios, en el sentido de que no ha logrado contrarrestar la tendencia del Estado mexicano a violar derechos humanos e implementar políticas públicas antidemocráticas que favorecen un clima de autoritarismo y violaciones sistemáticas", precisa el estudio.
En junio pasado fue aprobada por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual amplía las facultades de los organismos públicos para solicitar a las legislaturas locales la comparecencia de las autoridades que se nieguen a aceptar sus recomendaciones a fin de que expliquen las razones de su rechazo.
Obliga a los Congresos estatales a garantizar en la ley la autonomía de las comisiones y procuradurías, y a establecer la consulta pública como mecanismo generalizado para la elección de sus titulares y de sus consejos consultivos. Además, las autoriza para conocer quejas en materia laboral y otorga a la CNDH la facultad investigadora que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gloria Ramírez señala que si bien estas modificaciones plantean un nuevo escenario para la efectiva defensa y promoción de los derechos humanos en el país, llama la atención que hoy en día no se tengan noticias que permitan asegurar que la reforma avanza de manera contundente en los estados.
"La reforma constitucional de junio de este año otorga muchas más herramientas a las comisiones estatales, pero hasta ahorita no se han traducido en resultados. Desde junio no hemos podido constatar, por ejemplo, cuántos servidores públicos que no aceptan las recomendaciones han pasado al Congreso", sostiene.
Los ombudsman en los estados
Las comisiones estatales manejan presupuestos millonarios, reciben miles de quejas y emiten unas cuantas recomendaciones a los gobiernos, con los que en muchos casos tienen una vinculación demasiado estrecha.
Para 2011, los organismos locales ejercerán más de mil 188 millones de pesos, monto superior a los mil 101 millones asignados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los organismos con los presupuestos más altos son el del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo; en conjunto suman cerca del 48 por ciento de los recursos.
Un análisis realizado por Enfoque indica que más de la mitad de las comisiones se encuentran dirigidas por personajes cercanos al gobierno en turno debido a que en muchos estados siguen siendo el Congreso y el gobernador las autoridades encargadas de designar al ombudsman.
La mayoría no han logrado modificar las prácticas de las dependencias que ellos mismos identifican como las principales violadoras de las garantías individuales.
Cuestionados
Los currículum de los ombudsman estatales muestran que 20 de los 32 que existen en el país son ex funcionarios gubernamentales, ex autoridades electorales, ex dirigentes de partidos políticos y personas que han sido acusadas públicamente de abusos tales como el uso irregular de los recursos públicos, agresiones físicas e incluso hostigamiento sexual.
Un ejemplo es el ombudsman de Quintana Roo, Enrique Norberto Mora Castillo, quien fue propuesto por el PRI como candidato para el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral Estatal, puesto para el que fue rechazado; nueve meses después fue propuesto por el mismo partido como ombudsman local. En abril de 2009 tomó protesta y permanecerá en esa función hasta 2014.
Otro caso es el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, José Ángel Morán Portales. En marzo pasado diversas organizaciones civiles pidieron su renuncia luego de que se diera a conocer una denuncia por hostigamiento sexual interpuesta por Laura Ocón Bailón, ex delegada de la PGR en el estado, en su contra. Hasta el momento se desconoce si se le instauró algún procedimiento.
Algunos ombudsman dan de qué hablar una vez que asumen el cargo. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se incrementó el sueldo de 85 mil a 124 mil pesos mensuales.
Dicho aumento lo coloca como el defensor con el segundo sueldo más alto, sólo por debajo del titular de la CNDH, quien tiene una percepción de más de 133 mil pesos al mes.
Para la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, la ineficiencia de las comisiones y procuradurías de derechos humanos está estrechamente ligada al perfil de sus titulares, pues a 20 años de la creación del Sistema Ombudsman en México -la CNDH se creó en 1992-, no han logrado consolidarse como instituciones legítimas y confiables.
"Probablemente se han fortalecido desde el punto de vista legal, pero la confianza ante la sociedad civil es cuestionable... Podemos decir que en la mayoría de los casos el ombudsman es una figura solo decorativa, sí una figura que se acomoda al poder político en turno", sostiene.
Ramírez, quien desde hace 11 años dirige un proyecto de monitoreo ciudadano de los organismos públicos de derechos humanos, advierte que los perfiles de los titulares guardan sorpresas e irregularidades que limitan el impacto de dichas instituciones.
"No deja de haber ombudsman comprometidos, pero prácticamente los contamos con la mano. Existen situaciones que están al límite, ya no sólo de la ética sino de la legalidad, y ahí es sorprendente que los Congresos de los estados avalen (los nombramientos)", indica.
Viejos vicios
Las leyes que regulan la elección de los titulares de las comisiones y procuradurías de derechos humanos propician que las designaciones de éstos sean opacas y a discreción del gobernador en turno o del partido dominante en el Congreso.
Según la legislación en la materia, sólo en 11 estados se establece como requisito para ser electo ombudsman el conocimiento y la experiencia previa en la defensa y promoción de derechos humanos. El resto prioriza el hecho de que los candidatos tengan un título que los acredite como abogados.
Más aún, en 20 estados se asigna al Congreso y al gobernador la facultad de elegir al ombudsman. En algunos casos se establece la obligación de tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil; sin embargo, no se señalan mecanismos para asegurar que así sea.
Destacan Guerrero, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, en donde el ombudsman es nombrado por el gobernador y ratificado por el Congreso.
En Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Sonora y Veracruz el Congreso elige de manera directa.
Únicamente 10 entidades contemplan la convocatoria pública como mecanismo para elegir a los ombudsman: Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
No obstante, la auscultación de la sociedad civil no garantiza una elección transparente. La ley que regula la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Sinaloa, por ejemplo, señala que la terna será elaborada tras una amplia consulta pública. Pero esta prerrogativa no impidió que el actual ombudsman fuera designado el mismo día que el Congreso local aprobó su renuncia al cargo de consejero del Consejo Estatal Electoral.
La consulta a la sociedad civil tampoco impidió que Roberto Chapula de la Mora fuera electo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, el mismo año que compitió por una diputación federal por el PRI.
Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman del Distrito Federal, señala que las instituciones que conforman el sistema de defensa y promoción de los derechos humanos no han tenido la capacidad para deslindarse de viejos vicios y prácticas que minan su credibilidad y confianza.
"Son instituciones que tienen poco tiempo y que no han tenido la capacidad para deslindarse de los modelos administrativos anteriores. Reprodujeron pautas y vicios de viejas instituciones -los salarios, las prestaciones, los privilegios-. No han tenido capacidad para verse en el espejo de la congruencia", sostiene.
Para Álvarez Icaza, salvo algunas excepciones, los organismos públicos de derechos humanos no han marcado la diferencia en la manera de ejercer la función pública y acompañar y proteger a las víctimas.
"El sistema político creó un modelo de entidad para defender a las víctimas y enfrentar el abuso de poder. Sí, pero es un sistema político fundado en cuotas, en la destrucción de la ciudadanía, en la certeza del gobernante de que tiene alguien que lo cuida y no que cuida a las víctimas", precisa.
Trabajo endeble
Enfoque analizó los informes de labores dados a conocer entre 2008 y 2010 por 18 organismos públicos de derechos humanos -el resto no pudo ser comparado debido a que los informes no están disponibles o no proporcionan información equiparable-.
Se trata de las comisiones de Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
El resultado indica que al menos 14 de ellas no han logrado modificar los abusos que las autoridades locales cometen en contra de la ciudadanía.
Dos ejemplos: el Informe de Labores de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca señala que las violaciones más frecuentes en 2008 fueron los abusos de autoridad y las detenciones arbitrarias. Para 2010, las prácticas con más quejas fueron las mismas.
Los informes detallan que las dependencias con más denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales en 2008 y 2010 fueron la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública locales.
Otro ejemplo es el de Sonora. En 2008 las agresiones más recurrentes fueron los abusos en contra de personas privadas de su libertad, el abuso de autoridad, el incumplimiento del deber público y la detención arbitraria. Para 2010 las quejas más frecuentes fueron las mismas.
Según el análisis realizado, las autoridades relacionadas con la salvaguarda de la seguridad pública, la atención de las personas reclusas y las responsables de brindar servicios de salud y educación son las que más quejas reciben a nivel local; mientras que las detenciones arbitrarias, las retenciones ilegales, la negación del servicio público y los abusos de autoridad son las agresiones que las autoridades cometen con mayor frecuencia.
Recomendaciones exiguas
Los reportes de las 18 comisiones indican que entre 2008 y 2010 las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos pasaron de más de 33 mil a más de 35 mil. Es decir, un incremento anual de mil denuncias.
La información indica que a pesar del aumento de las quejas, las recomendaciones no se incrementaron de manera significativa, pues el número pasó de mil 167 a mil 261.
Además, en algunos organismos la cantidad de estos instrumentos es insignificante con respecto a las quejas que reciben; mientras que en otros casos el número ha ido a la baja.
Entre éstos se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. De acuerdo con su Informe de Labores, en 2010 recibió más de 12 mil quejas y emitieron sólo 36 recomendaciones.
Las cifras contrastan con las presentadas por Guanajuato, que por 979 quejas en el mismo año, emitió un total de 487 recomendaciones.
Entre los estados que en 2010 emitieron menos recomendaciones que en 2008 se encuentra San Luis Potosí, cuyo número descendió de 31 a 19.
En noviembre pasado, Human Rights Watch dio a conocer el informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México; en él reconoce que las comisiones locales tienen la capacidad para desempeñar un rol central en la prevención de los abusos, su investigación y su juzgamiento.
No obstante, advierte que a pesar de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo investigaciones serias y exhaustivas, frecuentemente optan por no utilizar sus recursos, evitan hacer uso de medidas básicas para investigar denuncias y concluyen de forma prematura las quejas.
"Con demasiada frecuencia las comisiones no ponen en práctica esta capacidad de investigación. En varios casos, Human Rights Watch comprobó que funcionarios de las comisiones no adoptaban medidas básicas para investigar las denuncias, no iniciaban investigaciones cuando existían amplias pruebas de abuso, o las concluían de forma prematura", indica el documento.
En ello coincide el estudio Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México. Nuevas instituciones, viejas prácticas, elaborado por investigadores de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
"Tenemos un sistema de protección pública de los derechos humanos poco eficaz y con resultados insatisfactorios, en el sentido de que no ha logrado contrarrestar la tendencia del Estado mexicano a violar derechos humanos e implementar políticas públicas antidemocráticas que favorecen un clima de autoritarismo y violaciones sistemáticas", precisa el estudio.
En junio pasado fue aprobada por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual amplía las facultades de los organismos públicos para solicitar a las legislaturas locales la comparecencia de las autoridades que se nieguen a aceptar sus recomendaciones a fin de que expliquen las razones de su rechazo.
Obliga a los Congresos estatales a garantizar en la ley la autonomía de las comisiones y procuradurías, y a establecer la consulta pública como mecanismo generalizado para la elección de sus titulares y de sus consejos consultivos. Además, las autoriza para conocer quejas en materia laboral y otorga a la CNDH la facultad investigadora que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gloria Ramírez señala que si bien estas modificaciones plantean un nuevo escenario para la efectiva defensa y promoción de los derechos humanos en el país, llama la atención que hoy en día no se tengan noticias que permitan asegurar que la reforma avanza de manera contundente en los estados.
"La reforma constitucional de junio de este año otorga muchas más herramientas a las comisiones estatales, pero hasta ahorita no se han traducido en resultados. Desde junio no hemos podido constatar, por ejemplo, cuántos servidores públicos que no aceptan las recomendaciones han pasado al Congreso", sostiene.
Los ombudsman en los estados
Las comisiones estatales manejan presupuestos millonarios, reciben miles de quejas y emiten unas cuantas recomendaciones a los gobiernos, con los que en muchos casos tienen una vinculación demasiado estrecha.
Estado
|
Ombudsman
|
Señalamientos y/o acusaciones
|
Mecanismo de elección
|
Salario
|
Presupuesto 2011
|
Quejas*
|
Recomendaciones *
|
Aguascalientes
|
Omar Williams López
|
Fue acusado de mal uso de recursos públicos. En lo que va de su administración ha enfrentado tres demandas laborales.
|
2
|
$71,535 (Neto)
|
$14,204,000
|
343
|
28
|
Baja California
|
Heriberto García
|
2
|
ND
|
32,224,702
|
ND
|
ND
| |
Baja California Sur
|
Ramón Meza
|
1
|
ND
|
ND
|
ND
| ||
Campeche
|
Ana Patricia Lara
|
Ex procuradora general de justicia del estado.
|
3
|
Mín. 57,000 Máx. 65,100
|
18,123,301
|
ND
|
ND
|
Coahuila
|
Miguel Arizpe
|
Ex alcalde del ayuntamiento de Saltillo, ex diputado federal y ex presidente estatal del PRI.
|
3
|
61,086 (Neto)
|
23,163,000
|
930
|
52
|
Colima
|
Roberto Chapula
|
Ex diputado local por el PRI, ex regidor del ayuntamiento de Colima. Fue designado el mismo año que compitió por una diputación federal.
|
1
|
61,560
|
6,359,264
|
ND
|
ND
|
Chiapas
|
Lorenzo López
|
3
|
Mín. 23,780 Máx. 110,199
|
29,507,703
|
ND
|
ND
| |
Chihuahua
|
José Luis Armendáriz
|
1
|
67,389
|
27,410,000
|
731
|
24
| |
Distrito Federal
|
Luis González Placencia
|
2
|
83,429
|
281,364,357
|
8,925
|
12
| |
Durango
|
Felipe de Jesús Martínez
|
Ha desempeñado varios cargos públicos en el municipio de Durango, entre ellos subsecretario y jefe del Departamento de Legislación y Estudios Municipales.
|
1
|
63,271 (Neto)
|
12,000,000
|
ND
|
ND
|
Estado de México
|
Marco Antonio Morales
|
Ex agente del Ministerio Público, ex asesor del gobernador César Camacho Solís, ex consejero del Instituto Electoral estatal.
|
2
|
96,845 (Neto)
|
98,584,000
|
5,416
|
9
|
Guanajuato
|
Gustavo Rodríguez
|
Fue designado luego de renunciar al cargo de director general de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR.
|
3
|
77,807 (Neto)
|
60,444,993
|
979
|
487
|
Guerrero
|
Juan Alarcón Hernández
|
3
|
ND
|
44,038,100
|
906
|
153
| |
Hidalgo
|
Raúl Arroyo
|
Ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ex asesor de la Cámara de Diputados, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado.
|
3
|
69,600
|
24,939,785
|
871
|
16
|
Jalisco
|
Felipe de Jesús Álvarez de 124 mil pesos mensuales
|
Desde que asumió el cargo, en 2007, se aumentó el sueldo de 85 mil a más
|
2
|
127,308 (Neto)
|
91,575,420
|
12,118
|
36
|
Michoacán
|
Víctor Manuel Serrato
|
Ex funcionario de la Coordinación de Enlace Ciudadano del Gobierno estatal, ex director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
|
2
|
33,990 (Contempla únicamente sueldo base)
|
45,627,747
|
2,805
|
159
|
Morelos
|
Lucero Ivonne Benítez
|
1
|
61,956 (Total)
|
14,500,000
|
416
|
47
| |
Nayarit
|
Guillermo Huicot Rivas
|
Ex funcionario de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal.
|
4
|
70,614
|
14,000,000
|
589
|
34
|
Nuevo León
|
Minerva Martínez
|
3
|
116,160 (Nominal)
|
32,475,900
|
449
|
54
| |
Oaxaca
|
Heriberto García
|
2
|
68,535 (Neto)
|
26,042,190
|
2,296
|
50
| |
Puebla
|
Adolfo López
|
2
|
53,573
|
18,881,335
|
1,313
|
70
| |
Querétaro
|
José Adolfo Ortega
|
Ha tenido que enfrentar dos demandas laborales por despido injustificado, una como empresario y otra como ombudsman.
|
3
|
73,837
|
23,737,854
|
427
|
6
|
Quintana Roo
|
Enrique Norberto Mora
|
Fue propuesto por el PRI como candidato al cargo de consejero presidente del Instituto Electoral estatal; nueve meses después fue propuesto por el mismo partido para el cargo de ombudsman.
|
1
|
55,781
|
41,800,000
|
1,731
|
55
|
San Luis Potosí
|
José Angel Morán
|
Laura Ocón Bailón, ex delegada de la PGR en el estado, lo denunció por hostigamiento sexual.
|
2
|
76,820 (Total)
|
27,999,715
|
531
|
19
|
Sinaloa
|
Juan José Ríos
|
Fue designado horas después de que el Pleno del Congreso le aprobó su renuncia como consejero del Consejo Estatal Electoral.
|
2
|
71,603 (Bruto)
|
25,514,362
|
826
|
56
|
Sonora
|
Raúl Arturo Ramírez
|
Fue propuesto por el PAN. El dirigente estatal de ese partido, Enrique Reina Lizárraga, expresó públicamente su apoyo.
|
1
|
65,000
|
27,004,560
|
1,686
|
22
|
Tabasco
|
Jesús Manuel Argáez
|
Ex presidente del Instituto Electoral estatal. Fue electo con el voto del PRI; las bancadas del PRD y PAN se retiraron de la sesión en la que fue designado.
|
3
|
Mín. 34,129 Máx. 61,760
|
ND
|
1,559
|
23
|
Tamaulipas
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José Bruno del Río
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3
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35,000
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17,485,000
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825
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122
| |
Tlaxcala
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Francisco Mixcoatl Antonio
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Fue acusado de golpear a tres mujeres en Texantla, lugar en donde reside.
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4
|
ND
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18,064,809
|
ND
|
ND
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Veracruz
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Luis Fernando Perera
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Ex agente del Ministerio Público y ex funcionario de la Procuraduría de Justicia estatal, de la Secretaría de Gobierno y del INM. Diversas organizaciones lo acusaron de formar parte del grupo de abogados que defendió a un sacerdote involucrado en un caso de pornografía infantil.
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1
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59,531
|
39,600,000
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146
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131
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Yucatán
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Jorge Alfonso Victoria
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Tras asumir el cargo renunciaron tres de sus cuatro consejeros en protesta por irregularidades en su desempeño. A pesar de ello fue ratificado en el cargo.
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2
|
91,026 (Total)
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26,600,000
|
451
|
27
|
Zacatecas
|
Arnulfo Joel Correa
|
1
|
ND
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25,695,924
|
556
|
12
| |
CNDH
|
Raúl Plascencia Villanueva
|
2
|
133,573 (Neto)
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1,101,717,930
|
6,916
|
86
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*Incluye todas las quejas recibidas en 2010 y las recomendacioes emitidas en el mismo año.
Fuentes: Presupuestos de Egresos estatales, Tabuladores de Sueldos, páginas en internet de las comisiones estatales, Informes de Labores correspondientes a los años 2008 y 2010.
MECANISMOS DE ELECCIÓN
1 Congreso diseña y vota la terna
2 Convocatoria pública
3 Propuesto por el gobernador y avalado por el Congreso
4 Otros**
**En Tlaxcala el ombudsman es electo de entre los consejeros por ellos mismos.
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