El "raro caso" del dictamen de Ley de Atención a Víctimas

El raro caso del dictamen de Ley de Atención a Víctimas

A un mes de que fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General de Víctimas no ha sido aún promulgada por el Presidente de la República y tardará todavía más, porque el proyecto de decreto no está en poder del Ejecutivo federal, sino regresó a la Cámara de Diputados a petición de la mesa directiva de ese órgano legislativo y en medio de un proceso que tiene preocupados tanto a diputados como a senadores.
El diputado del PRI José Ramón Martel demandó ayer que Gobernación aclare qué está pasando, ya que "hay versiones extraoficiales y rumores cada día más fundados" de que en forma ilegal se retiró el proyecto de decreto, recibido en Bucareli el pasado 10 de mayo.

Martel presentó incluso un punto de acuerdo en la Comisión Permanente –la semana pasada- en ese sentido y comentó que no es posible que esa ley, que es fundamental para apoyar a las víctimas de la violencia y del crimen organizado, "ande perdida o en el limbo", debido al "abuso de alguien que no puedo personalizar, pero que pretende frenarla".
La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la perredista Mary Thelma Guajardo, declaró estar "muy preocupada y sorprendida" por la situación y ayer le hizo llegar un oficio al presidente de la mesa directiva, el panista Óscar Arce Paniagua, para que le informe si, de ser verdad que retiró la ley, explique por qué lo hizo. "Queremos saber qué lo motivó y que nos diga cuáles son las razones para ello y por qué a la fecha no ha informado a la Junta de Coordinación Política de tal determinación."
Sin embargo, fuentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados corroboraron que el proyecto de decreto sí fue retirado de la Secretaría de Gobernación, toda vez que lo que se hizo llegar a la dependencia que encabeza Alejandro Poiré no fue lo aprobado en ambas cámaras, sino la minuta con las modificaciones que le formuló el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño y que el pleno no avaló.
El 30 de abril en que se votó la ley, Benítez Treviño presentó un dictamen con cambios a la minuta proveniente del Senado, pero ello significaba no aprobarla, ya que era la última sesión del periodo y el pleno decidió avalar en sus términos el proyecto de los senadores.
Don Humberto -señalan algunos medios-, se comprometió a presentar una fe de erratas al dictamen pero, según las fuentes consultadas, no lo hizo y se remitió a Gobernación la minuta no avalada por el pleno. Por ello, cuando en la mesa directiva se dieron cuenta del error retiraron el proyecto de decreto de la Secretaría de Gobernación, a fin de arreglar ellos mismos el texto y no ser exhibidos por el Ejecutivo federal.
En entrevista, Benítez dio una versión distinta. Sostuvo que hizo suya la minuta del Senado, presentó el dictamen "con una fe de erratas" y pidió que se aprobara "en sus términos", ante el pleno de San Lázaro, el 30 de abril. Mostró copias del acuse de recibo del documento en la Secretaría de Gobernación, el pasado 10 de este mes, y exigió que el presidente Felipe Calderón promulgue ya la nueva legislación.
Conferencia  de hoy en San Lázaro:
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Arce Paniagua (PAN), informó este jueves 31 de mayo que solicitó a la Secretaría de Gobernación regresara el dictamen de la Ley General de Protección de Víctimas, toda vez que contenía inconsistencias.  Explicó que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados puntualizó que “hay diferencias entre lo que se votó en el Senado, donde se le incorporan cerca de 8 reformas del senador Tomás Torres y en la Gaceta Parlamentaria no se incluyeron”.
“La fe de erratas tampoco es completa de la Comisión de Justicia, ya que no contempla todos los artículos reservados y en lo particular, una inconsistencia en el transitorio noveno, donde se menciona un artículo que es la base fundamental de la ley y en el dictamen de la Cámara se menciona otro artículo”, precisó.
Explicó que una de las deficiencias importantes se encuentra en el transitorio noveno, donde se menciona la base fundamental de dicha ley y el dictamen de la Cámara de Diputados se menciona otro artículo, por lo que “hay inconsistencias claras que deben ser atendidas”, insistió.
En conferencia de prensa, el diputado presidente dijo asumir su responsabilidad, toda vez que se detectaron inconsistencias que deben ser atendidas por esta Soberanía, por lo que apuntó que no existe ninguna “mala intención” de querer detener la publicación de este marco jurídico, “sólo se pretende garantizar la inclusión correcta de las modificaciones”.
En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva  Dip. Bonifacio Herrera Rivera (PAN) subrayó que su bancada se ha pronunciado por que a la brevedad el Ejecutivo Federal publique la Ley General de Víctimas.  “Nosotros estamos exigiendo igualmente que a la brevedad posible el titular del Ejecutivo Federal pueda hacer la publicación, en la reunión de hoy, nos dimos por informados, estudiamos el tema y estamos en que el paso procesal de esta ley es que se publique”, dijo.
En conferencia de prensa, explicó que el último día del periodo ordinario, se tenían por desahogar más de 36 dictámenes ya aprobados por todas las comisiones, entre ellos, la citada Ley de Atención a Víctimas.  Precisó que en la discusión del dictamen, se avaló que se aprobara la minuta en sus términos, aun cuando en la publicación en la Gaceta Parlamentaria estaba el dictamen que envió la Comisión de Justicia, donde existieron algunos diferendos con respecto a la minuta.
En tanto, el coordinador de la bancada panista, Carlos Alberto Pérez Cuevas, subrayó que lo que haya que exigir del cumplimiento del Presidente se tendrá que hacer dentro del marco de sus facultades y de la ley, por lo que enfatizó que no debe politizarse el tema para ser usado para sacar “raja política”.
Para el vicepresidente de la Mesa Directiva Jesús María Rodríguez Hernández (PRI) el trámite de publicación de la Ley continúa corriendo, por lo que el Ejecutivo Federal cuenta con 30 días a partir de la fecha en que recibió el dictamen, que es el 10 de mayo, para cumplir con su obligación.  “El 10 de mayo se turnó la ley a nombre del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. Para nosotros el trámite sigue en el Poder Ejecutivo, el cual no ha hecho ninguna observación, por lo que seguiremos atentos al desarrollo del trámite”, dijo.
En conferencia de prensa, el legislador del PRI señaló que pese a que existe un documento que da cuenta que tres horas después de que la Secretaría de Gobernación recibió el dictamen, la dependencia federal devolvió a esta soberanía el texto, a petición de la presidencia de la Mesa Directiva, no puede darse valor legal al trámite, toda vez que no fue el Congreso de la Unión en su conjunto quien lo solicitó.  “Ha sido notorio, que mediante un oficio de ida y uno de regreso se dio el proceso sin fundamento legal, pudieron haber devuelto una copia, pero no se puede tomar este incidente como si se modificara lo que establece la Constitución”, dijo.
En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva, Guadalupe Pérez Domínguez, también del grupo parlamentario del PRI, hizo una llamado respetuoso al Ejecutivo Federal a publicar la ley o en su caso hacer observaciones en tiempo y forma para que pueda atenderse.  “El Congreso de la Unión cumplió, la ley se encuentra en la esfera de competencia del Ejecutivo, hacemos un llamado muy respetuoso y puntual a nombre de la sociedad, de las víctimas, que se publique o que haga una observación en tiempo y forma, para que se atienda y pueda terminar el proceso”, subrayó.
Antecedentes:
Propuesta de Punto de Acuerdo presentada por la bancada del PRI en la sesión de la Comisiópn Permanente del día 23 de mayo fue turnada a la Primera Comisión para su dictamen correspondiente
Dice el texto de la propuesta que
“Remitida por el Congreso de la Unión mediante oficio suscrito por Secretarios de las Mesas Directivas de ambas Cámaras el pasado 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación para la continuación del proceso legal establecido en el artículo  72 de la Constitución y del que contamos con el acuse de recibo correspondiente, hoy no tenemos certeza que en el análisis de dicho Decreto, el Gobierno Federal compute los plazos a que obliga dicho ordenamiento constitucional, establecidos en su inciso B y que señalan:
b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.
Y esto es así porque algunas versiones extraoficiales en las áreas de apoyo al proceso legislativo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión indican que dicho Decreto fue solicitado de vuelta por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Gobernación, la cual lo habría devuelto a la Cámara de Diputados, alterando con ello no solo el proceso constitucional de creación de la Ley sino eliminando los plazos constitucionales del proceso legislativo.
Por todo ello, y considerando la gran trascendencia social de este tema pero sobre todo, considerando el unánime apoyo que a esta Ley le dieron todos los actores políticos representados en las Cámaras del Congreso, es que acudimos a esta Tribuna, para que en nombre de esta Soberanía, se hagan las consultas indispensables y urgentes ante la Secretaría de Gobernación de acuerdo a la siguiente propuesta de
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
UNICO.- Se  solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012 y remitido al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes de mayo de 2012.