¡La Reforma Penal ya es un hecho en México!

Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. “A cuatro años de la Reforma Penal: Lo que falta…”

Hotel Camino Real, 22, 23 y 24 de mayo de 2012

Discurso de Alejandro Martí, Presidente de México SOS Asociación Civil
¡La Reforma Penal ya es un hecho en México!
 “…el estado que guardan las instituciones de justicia, particularmente en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma….” Alejandro Martí.
“…debemos reconocer la función orientadora de la SETEC, que, pese a las dificultades en su arranque, ha marcado un camino ordenado de cómo se deben de hacer las cosas…” AM.

Señor Presidente de la República Mexicana, licenciado Felipe Calderón Hinojosa.
Señora Procuradora General de la República, Marisela Morales;
Señor Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré;

Señor Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna;
Licenciado Ernesto Canales, Presidente de RENACE;
Queridos miembros de la Red de Juicios Orales; queridos amigos todos.
Excelentísimo señor Roberto Ampuero Espinoza, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Chile en México; Excelentísimo señor Earl Anthony Wayne, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en México;
Señoras y señores.
Hace cinco años, el 9 de marzo de 2007, el Presidente Felipe Calderón, envió al Senado de la República, la Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Penal.
Se trata, sin duda, de una visionaria, oportuna y valiente reforma, que se sustenta en la impostergable modernización del sistema penal, el cual ha enfrentado un grave rezago, tanto en el ámbito Federal como en el local.
El diagnóstico era claro: el Sistema de Justicia Penal se había rezagado de tal manera, que se hizo incompatible con la nueva democracia que los mexicanos decidimos darnos. Democracia en las urnas y en el sistema de equilibrio de Poderes y corrupción, impunidad, tortura e ineficiencia en la barandilla.
No puede haber una democracia estable, con un sistema de justicia profundamente corrupto  y violatorio de los derechos humanos.
En la actual coyuntura electoral, los ciudadanos decidimos no frenar nuestro impulso. Entregamos a los aspirantes a la Presidencia de la República la Agenda México 12-18, cuyos ejes son, precisamente, la instrumentación de la Reforma Penal y la Seguridad Ciudadana. Contamos ya, con el compromiso los cuatro candidatos para continuar con su implementación. (ver http://mexicosos.org)
Esta asignatura no termina y no puede terminar con esta Administración. Los ciudadanos continuaremos generando mecanismos de seguimiento e implementación y ofrecemos para ello, nuestra colaboración comprometida y madura. Aún nos quedan cuatro años para culminarla y ahí estaremos trabajando, sin tregua, ni descanso.
Se cumplen cuatro años del plazo de ocho marcados para implementar la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal, y ello merece hacer un alto en el camino para evaluar si lo logrado ha sido suficiente, y a qué ritmo requerimos trabajar para cumplir el mandato constitucional.
Debemos insistir en que el estado que guardan las instituciones de justicia, particularmente en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma.
Y es que el problema real, señoras y señores, es que esos políticos son de miras muy cortas. No se han dado cuenta que los ciudadanos hemos cambiado, que el país es otro.
Esta clase de gobernantes asumen las propuestas de reforma como una amenaza a su proyecto político. A lo que en realidad se oponen, debe decirse, es al bienestar de los mexicanos.
No hay capacidad para entender que el país es primero, porque lo asumen como un motín. Digámoslo así, el país y nosotros, nuestro bienestar y futuro como Nación, están secuestrados por los intereses de una clase política con un ADN profundamente antidemocrático.
Debemos reconocer, también, que resulta alentador saber que la viabilidad de la Reforma Penal no está en duda, pese a que distinguidos constitucionalistas la calificaron de racista, aberrante y regresiva. Otros, con visión apocalíptica, dijeron que implicaba el desmantelamiento del Estado Constitucional del Derecho.
Nunca he tenido más claro que, como decía Benjamín Franklin, los que cambian su libertad por su seguridad, no merecen libertad ni seguridad.
La realidad en nuestro México nos había rebasado. Una creciente cifra negra en los delitos lo constataba; la lentitud, complejidad y burocracia en los juicios la hacían evidente; y, la corrupción  e impunidad la hacían insoportable.
El hartazgo ciudadano se fue acumulando, porque era evidente que la justicia servía al mejor postor, cuando debía aplicarse a todos, sin distingo.
Desde nuestra perspectiva ciudadana, vemos como una gran oportunidad la Reforma Penal. Se trata, probablemente, de la reforma más ambiciosa desde la Constitución de 1917.
Sin duda, dejará las bases del México que queremos, en el que la justicia sea realmente expedita, oral y transparente.
Hace tres años, señor Presidente, cuando realizamos el Primer Foro de Seguridad y Justicia, usted se sumó con su presencia y firme apoyo a este esfuerzo ciudadano por impulsar la implementación de la reforma.
Para usted, nuestro reconocimiento y agradecimiento.
En ese entonces, solamente dos estados se habían adelantado, con aciertos y errores, a su implementación.
Hoy, en este Cuarto Foro, reforzamos la lucha que a nivel nacional impulsamos desde la Red de Juicios Orales, RENACE, México SOS y muchas instituciones, para incidir en los actores políticos y lograr la implementación de la reforma en la totalidad del territorio mexicano, sin distinciones partidistas o ideológicas.
En estos cuatro años hay resultados claros. De los 32 estados de la República, tres operan totalmente la reforma, ocho la operan parcialmente y van en franco camino para su implementación total, cinco tienen aprobado por sus Congresos locales el Código Penal Estatal y cuatro cuentan con Legislación aprobada para operar el nuevo sistema a partir de 2013.
Sin embargo, existen aún 18 entidades que no han implementado, todavía, el nuevo sistema. Es decir, a los Gobernadores de 18 estados no les urge generar condiciones de mejor justicia para sus ciudadanos. Se trata de más de la mitad de las entidades del país.
Nuestro deber ahora es seguir exigiendo que la implementen. Hoy, existen los modelos, ejemplos y buenas prácticas, a diferencia de cuando empezamos, hace cuatro años. Hoy es mucho menos complejo hacerlo.
Además de que, en el Pleno del Consejo Nacional de Seguridad, se aprobó llevar un puntual seguimiento de los avances de la implementación de la Reforma en cada sesión. Ahora, serán del dominio público los avances y los retrasos en los estados.
En 2012, se canalizaron a los estados, de manera global, más de 440 millones de pesos. En consecuencia, los recursos no pueden ser una justificación. Amén de que se instalaron créditos a los estados, cuyo valor de costo es cero, completamente. Créditos realmente libres para los estados a cargo de la Federación, para la implementación de la justicia.
Vuelvo  a insistir: hoy, el dinero no es pretexto. Hoy, el dinero, además  de que no es pretexto, tampoco es pretexto el no saber cómo hacerlo. Existen las formas, los modelos, para, precisamente, implementar esta reforma.
Otro punto importante se refiere a quienes serán los futuros operadores del nuevo sistema. Por ello, es importante que todas las universidades y escuelas de derecho capaciten a los futuros abogados y se sumen a este esfuerzo.
Sabemos hoy que la Suprema Corte se está reuniendo con todas las universidades y escuelas de derecho del país, para incidir en la adopción de un plan de estudios, tipo relacionado con el nuevo  sistema.
Asimismo, el Poder Judicial de la Federación creó ya la Unidad de la Implementación de la Reforma Penal de Juicio de Amparo, aún sin aprobarse, y derechos humanos. La Procuraduría General de la República puso en operación la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la oficina de la ciudadana Procuradora.
Se han generado elecciones de estados que, valientemente, han impulsado modelos que han servido de referente para animar a otras entidades a lanzarse a cumplir este mandato constitucional. Baja California es un claro ejemplo de colaboración.
Justo es reconocer, también, la decidida voluntad de algunos Gobernadores, Procuradores estatales y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de rectificar decisiones tomadas previamente, en torno a la implementación de la reforma, a fin de reencauzarlas.
 Tales avances por medio de los juicios orales, comienzan a producir casos de éxito. Se trata de casos reales con historias y rostros reales, que propician la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Y esto es fundamental para el fortalecimiento institucional y la vigorización de nuestra democracia.
En la práctica, hemos sido testigos de que la implementación de la reforma ha logrado despresurizar el proceso judicial, lo que genera condiciones para que la justicia sea pronta y expedita.
Y en esto, debemos reconocer la función orientadora de la SETEC, que, pese a las dificultades en su arranque, ha marcado un camino ordenado de cómo se deben de hacer las cosas.
Señor Presidente.
Señoras y señores:
Sin duda hay avances, pero, desde luego, hay mucho camino todavía por recorrer. Faltan cuatro años para lograr la implementación total. Si bien habrá renovación en dos Poderes de la Unión, los ciudadanos demandamos que los responsables a nivel de los tres Poderes, sean Federales o estatales, se comprometan a cumplir aceleradamente dicha implementación.
Hace un año llamamos a la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, cuya propuesta se construyó entre la sociedad civil, académicos y autoridades. Han pasado siete meses y medio, y los Diputados Federales no han hecho su trabajo.
Han priorizado la búsqueda de otras precisiones políticas, desdeñando la urgencia nacional en materia de seguridad. Cada día los Diputados en el Congreso están más lejos de la ciudadanía, privilegiando sus intereses de partido y personales.
Lamentablemente, la coyuntura electoral ha contaminado la vida pública, el interés nacional. La exigencia de los ciudadanos es desatendida una vez más.
Sin embargo, seguimos confiando en que la única ruta para el futuro de México es el de la democracia, no el autoritarismo, no el Gobierno sin participación ciudadana.
Seguiremos insistiendo. La reforma deberá concretarse en todos los estados del país. Los Gobernadores deben mostrar voluntad para encaminar a nuestra Nación hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Nos queda un largo tramo por recorrer. Las condiciones están dadas. No hay tiempo para detenerse, postergar es complicidad con los intereses de quien buscan lastimar lo más preciado en las familias de los mexicanos: su seguridad.
¡La Reforma Penal ya es un hecho en México! Los ciudadanos no cejaremos en acompañar su apropiada implementación. Estamos todos, las organizaciones civiles y especialistas que construimos la Agenda de Seguridad y Justicia México 12-18, estamos convencidos de que es posible construir un mejor México con la participación de ciudadanos y autoridades.
 El diseño de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal, es un ejemplo de esa coincidencia que se materializó en su envío, por parte de usted, señor Presidente, al Congreso de la Unión.
Vendrán el Quinto, Sexto y los foros necesarios para seguir sumando. Para seguir empujando la reforma con el apoyo de quienes con gran decisión y apertura, lo hemos venido realizando hasta ahora.
La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos.
Hoy, estamos aquí para hacerlo, por el bien de nuestro México.
Quiero agradecer a todas las organizaciones que han formado parte de este esfuerzo continuo y conjunto para la realización de los foros, para la implementación de la Reforma, en particular, al Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID, por el apoyo en la capacitación y organización de los mismos.
Señor Presidente:
Las organizaciones ciudadanas aquí presentes, me han pedido que, a nombre de ellas y el mío propio, le manifieste nuestro reconocimiento que como estadista, tuvo la decisión y voluntad política para dejar como legado ésta tan necesaria reforma, que será para el país el camino para la justicia tan anhelada por todos los mexicanos.
Tenga la completa seguridad que todos los aquí reunidos, seguiremos con el compromiso de luchar para que esto se dé y se dé bien.
Muchas gracias.