Punto de Acuerdo aprobado en votación económica después de las intervenciones, de; los senadores Tomás Torres (PVEM); Dip. Jesús María Rodríguez (PRI), Dip. Jaime Cárdenas Gracias (PT); Sen. Carlos Jiménez Macías (PRI); Dip. Carlos Flores Rico (PRI); Adriana González Carrillo (PAN)
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión repudia el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al establecer al Estado mexicano criterios unilaterales de protección de derechos humanos, ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo cumplimiento condiciona el flujo de recursos de la Iniciativa Mérida.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, en un plazo que no exceda los diez días hábiles, un Informe pormenorizado del flujo de recursos y de la operación de la Iniciativa Mérida durante el periodo comprendido entre enero de 2011 a mayo de 2012, en cumplimiento por el Estado mexicano de un conjunto de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, en un plazo que no exceda los diez días hábiles, un informe puntual de la actuación e instrumentación de las instituciones a su cargo, en lo que a su ámbito y facultades corresponda, en relación con los llamados Protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de Personas recientemente presentados por el presidente Felipe Calderón, referidos al respeto y protección de los derechos humanos en México, mismos que contienen:
- El
Convenio de Colaboración en el marco del respeto a los derechos
humanos que celebraron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la
República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal;
- La
Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del
ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
- El
Acuerdo Secretarial 27 por el que se reforma y adiciona la
Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009;
- Los
Acuerdos 04/2012, 05/2012 y 06/2012 del Secretario de Seguridad
Pública, y
- Los
Acuerdos A/078/12, A/079/12yA/080/12 de la Procuradora General de
la República.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de junio de 2012.
ANTECEDENTES
1. Con fecha 30 de mayo de 2012, los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante
el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de
mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha
solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen
correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el Dictamen
correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONTENIDO DE LA
PROPOSICIÓN
I. Los legisladores
proponentes del punto de acuerdo que se dictamina establecen que:
1. El Departamento de Estado de los Estados Unidos
de Norteamérica, presentó el 24 de mayo de los corrientes, el Reporte Anual,
ahora 2011, sobre la Situación de los Derechos Humanos en 199 países;
señalan expresamente que aunque Estados Unidos no es un país que represente el
paradigma de respeto a derechos humanos en el mundo, sino por el contrario,
se extienden las denuncias por las prácticas violatorias de la dignidad de la
persona realizadas por las fuerzas militares estadunidenses asentadas en varios
países en conflicto armado…es de hacer notar que… se haya calificado
como reprobatoria, dicen los proponentes, la actuación, tanto dentro
como fuera de sus obligaciones, de las Fuerzas Armadas mexicanas por la
comisión de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura,
todos ellos delitos de lesa humanidad, en el contexto de la lucha contra el
narcotráfico.
2. El Reporte Anual 2001 antes señalado, en 36
páginas referidas a México, hacen un recuento de delitos, considerados de lesa
humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos, como las
ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el abuso físico, las desapariciones
forzadas, cometidas por las fuerzas de seguridad en acciones ajenas a las del
de combate a las organizaciones criminales transnacionales.
3. Destaca del Reporte mencionado, la impunidad
existente en cuanto a investigar, consignar y sancionar a quienes, como
integrantes del Ejército, la Marina y la policía, participan de la comisión de
graves delitos, sobre todo a partir de que en la Iniciativa Mérida, señalan los
proponentes se menciona en el Reporte multicitado: el gobierno estadunidense
ha comprometido alrededor de mil cuatrocientos millones de dólares, y que este
recurso se condicionó a que las fuerzas de seguridad mexicanas cumplieran con
estándares internacionales de derechos humanos y si éstos eran violentados, a
que se iniciara una investigación y se sancionara a los responsables de estas
violaciones. Es importante mencionar que los proponentes señalan que en el
documento que refieren se establece que: en el 2010, se retuvo 15% de estos
fondos por no cumplirse estas condiciones en el rubro de derechos humanos, por
lo que se prevé que la continuación de estas retenciones.
4. En el Reporte Anual 2011 emitido por el
Departamento de Estado estadunidense, señalan los proponentes, se aborda
la opacidad del sistema de justicia militar pues persiste el fuero de
guerra que impide la investigación, el enjuiciamiento y la sanción a militares
que cometen delitos y violaciones de derechos humanos.Así mismo, plantean
que en dicho reporte se destaca a la corrupción policial en sus ámbitos
municipal y estatal como elemento que contribuye al deterioro de los
derechos humanos.
5. Los proponentes, en una segunda parte, refieren
que también el 24 de mayo, se presentó en México el Informe Anual 2011 de
Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo,
y señalan que la información sobre México da
cuenta, también, de una situación de violación sistemática a derechos humanos.
6. Los proponentes citan del Informe 2011 de
Amnistía Internacional sobre México:
Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas…a
veces coludidos… con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y
secuestraron a miles de personas… migrantes irregulares …por decenas de miles
sufrieron abusos graves, tales como secuestro, violación y homicidio, a manos
de estas bandas…El gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir o
investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas
por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias… El sistema de
justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de
la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y
defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus
actos…Se incumplieron las normas sobre juicios justos…No se adoptaron medidas
para garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos
humanos cometidas durante la “guerra sucia” de México (1964-1982).
7. Aunque se reconoce, en el mismo Informe, que
hubo varias reformas constitucionales progresistas en materia de derechos humanos.
8. En particular, los proponentes refieren como un
caso paradigmático de impunidad…ante violaciones de derechos humanos
cometidos por elementos de la policía y del ejército, el de Jethro
Ramsés Sánchez Santana, detenido desaparecido en mayo de 2011 y encontrado
sin vida en el mes de julio.De los cinco agentes de la seguridad del Estado que
participaron en este hecho delictivo, dos están detenidos, sin embargo, el caso
sigue sin avances en la jurisdicción miliar.También refieren los proponentes que
en su informe, Amnistía Internacional consigna el uso excesivo de la fuerza,
la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas que
mayormente no se han investigado de manera efectiva.
9. El Informe Anual 2011, consignan los proponentes
se cuestiona acerca de la confianza en sentencias condenatorias surgidas
de detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas, ausencia del
debido proceso, negación del acceso a una defensa efectiva e inadecuada
supervisión judicial de las actuaciones; así también, citan lo relativo al
arraigo como mecanismo de detención preventiva sin cargos hasta por
80 días que se usa generalizadamente lo que facilita la tortura y otros
malos tratos y socavaba las garantías procesales”.
10. Los proponentes refieren que en el Informe
también se consignan:
- la
situación de hacinamiento e inseguridad que se vive en los centros de
reclusión lo que lleva a incidentes de extrema violencia con decesos
de internos;
- la
crisis humanitaria que ha habido en México por la situación de los
migrantes irregulares quienes en su cruce hacia Estados Unidos
corren ‘el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza
o asesinados por bandas delictivas que actúan a menudo en colusión
con funcionarios públicos’
- las
inadecuadas ‘medidas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y
castigar los abusos y garantizar el acceso a la justicia’ de
los migrantes
- la
circunstancia de que en la elaboración del reglamento se pretende lastimar
el espíritu de la legislación migratoria garantista vulnerando la
convicción de proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas
11. En las consideraciones, los proponentes señalan
que Amnistía Internacional ha dado un seguimiento especial a la situación de
riesgo en la que se han encontrado los defensores y defensoras de los
derechos humanos y periodistas en el 2011:
- el
ataque a la libertad de expresión que significan las agresiones mortales
contra quienes la ejercen
- la
muerte violenta de nueve periodistas
- más
de 20 defensores de derechos humanos que recibieron amenazas
- el
proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos
humanos, que fue aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril y
enviado al Ejecutivo federal para su publicación, lo cual, aún no ha
sucedido.
12. El Informe, señalan los proponentes, destaca
la importancia de que se cumplan las resoluciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos…en relación con la reforma al Código de Justicia Militar para
que elementos de las Fuerzas Armadas implicados la comisión de delitos y
violaciones de derechos humanos fueran investigados y juzgados por tribunales
civiles; misma que, según señalan los proponentes del contenido del Informe
2011 de Amnistía Internacional, sigue pendiente en el Congreso mexicano.
13. Por último, los proponentes señalan que: otros
dos temas son objeto del Informe Anual 2011 de Amnistía Internacional en
relación con México:
- la
violencia hacia las mujeres, en especial la violencia feminicida en muchos
estados con un ominoso signo de impunidad y
- la
violación a los derechos de las comunidades indígenas que siguen
“sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el
derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación” y la
continuación de “proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas
sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
afectadas.
Ante lo expuesto, la proposición de mérito
establece el siguiente punto resolutivo:
PRIMERO. La Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, solicita respetosamente a las titulares de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, y de la
Procuraduría General de la República, Maricela Morales Ibáñez, un Informe
pormenorizado del flujo de recursos y de la operación de la Iniciativa Mérida
durante el periodo comprendido entre enero de 2011 a mayo de 2012, en razón del
condicionamiento establecido por el gobierno de Estados Unidos al cumplimiento
por el Estado mexicano de un conjunto de estándares internacionales en materia
de derechos humanos, entre ellos, terminar con la impunidad de actos
violatorios de derechos cometidos por agentes de la seguridad del Estado.
SEGUNDO. La Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, solicita a las secretarías de la Defensa Nacional, de
Marina, de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, un
informe puntual de las acciones instrumentadas por estas dependencias federales
para investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en su modalidad
de tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias, denunciadas tanto en el Reporte Anual 2011, capítulo
México, del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos como en el
Informe Anual 2011, capítulo México, de Amnistía Internacional.
CONSIDERACIONES
I. Quienes integramos esta Segunda Comisión de
Trabajo consideramos que a partir de la reforma constitucional en derechos
humanos consensada por el Constituyente Permanente y promulgada el 10 de junio
de 2011, para nuestro país es imperativo el desarrollo e implementación de una
política de Estado en materia de derechos humanos que tenga como sustento el
bloque de constitucionalidad que se ha ido construyendo a partir de
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en función de las
políticas públicas instrumentadas a partir de las acciones y programas de los
gobiernos federal y estatales.
La situación de los derechos humanos en México en
los últimos años, en efecto ha sufrido un deterioro que debe ser revertido, no
sólo porque es menester reparar integralmente a partir del derecho de acceder a
la justicia y a la verdad, lo que ha sido un reclamo de víctimas de la
violencia ya sea por los delitos o por violaciones a derechos humanos, ya
escuchado por este Congreso a partir de la aprobación unánime de la Ley General
de Víctimas, que hemos consensado debe ser ya publicada, sino también porque,
sin ambigüedades, el Estado mexicano tiene obligaciones de cumplimiento
estricto en relación con las nomas de derechos humanos contenidas en tratados
internacionales.
En particular, es de interés de esta comisión de
dictamen, conocer cuál es la situación que guarda el flujo de recursos 2011 y
2012 de la Iniciativa Mérida, pues, como se menciona por los proponentes,
nuevamente en el Reporte Anual 2011 del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, se pone sobre la mesa la existencia de un condicionamiento en materia
de derechos humanos y combate a la impunidad que establece una retención del 15%
de los recursos que se acordaron entre el gobierno de México y el de Estados
Unidos en razón del cumplimiento o incumplimiento del respeto a derechos
humanos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
Así también, derivado del Reporte Anual 2011, apenas
citado, y del Informe Anual 2011 de Amnistía Internacional, en ambos casos en
lo que se refiere a nuestro país, es muy importante que la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión cuente con la información precisa y puntual
proporcionada por quienes tienen a su cargo directamente el combate a las
bandas de la criminalidad de alto impacto.
Lo anterior, con mayor razón cuando existe una
voluntad política del propio gobierno federal, pues el titular del Ejecutivo
federal presentó el pasado 28 de febrero acuerdos de colaboración, directivas y
acuerdos, a los que llamó Protocolos sobre Uso de la Fuerza y Detención de
Personas, mismos que fueron publicados el 23 de abril:
- Convenio
de Colaboración en el marco del respeto a los derechos humanos
que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República
y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
- Directiva
que regula el uso legítimo de la fuerza por
parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento
del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
- Acuerdo
Secretarial 27 por el que se reforma y
adiciona la Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la
cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval,
en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al
mantenimiento del Estado de Derecho.
- Acuerdo
04/2012 del Secretario de Seguridad Pública,
por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso
de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos
desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública.
- Acuerdo
05/2012 del Secretario de Seguridad Pública,
por el que se emiten los lineamientos generales para poner a disposición
de las autoridades competentes a personas u objetos.
- Acuerdo
06/2012 del Secretario de Seguridad Pública,
por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del
procesamiento de indicios y cadena de custodia en la Secretaría de
Seguridad Pública.
- Acuerdo
A/078/12 de la Procuradora General de la
República, por el que se establecen las directrices que deberán observar
los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del
lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos
del delito.
- Acuerdo
A/079/12 de la Procuradora General de la
República, por el que se establecen las directrices que deberán observar
los servidores públicos de la institución para la detención y puesta a
disposición de personas.
- Acuerdo
A/080/12 de la Procuradora General de la
República, por el que se establecen las directrices que deberán observar
los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la
fuerza.
Es así, que esta Comisión de dictamen considera que
la Comisión Permanente debe tener acceso a la información sobre la actuación e
instrumentación del Convenio de Colaboración en el marco del respeto a los
derechos humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la
República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal; la Directiva que regula
el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las
autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos; el Acuerdo Secretarial 27 por el que se reforma y adiciona la
Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009; los Acuerdos 04/2012, 05/2012 y
06/2012 del Secretario de Seguridad Pública; los Acuerdos A/078/12, A/079/12y
A/080/12 de la Procuradora General de la República, llamados Protocolos sobre
Uso de la Fuerza y Detención de Personas recientemente presentados por el
presidente Felipe Calderón.
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes
de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la
consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
El Debate:
EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CERVANTES: Aprobado el
acuerdo.
Corresponde ahora la discusión del dictamen de la Segunda
Comisión, con punto de acuerdo relativa a la llamada Iniciativa Mérida, el
dictamen se encuentra publicado en la gaceta de este día, por lo que solicito a
la secretaría dar lectura exclusivamente a su parte resolutiva.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO DIAZ ESCARRAGA: Doy lectura al
dictamen. (…)
-Es todo, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Muchas gracias,
Diputado-Secretario.
-Está a discusión el tema, y se ha registrado para hacer uso
de la palabra, y se le concede la tribuna al Senador Don Tomás Torres Mercado,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por 5 minutos.
-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO: Gracias, ciudadano
Presidente.
Estimadas, estimados colegas:
El punto de acuerdo a discusión contempla 3 puntos
resolutivos específicos:
1.- El primero vinculado con el segundo, tiene que ver con
ese repudio, dice, al intervencionismo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica al establecer al Estado mexicano criterios unilaterales de
protección a los derechos humanos.
Y el punto resolutivo tercero aborda un aspecto que,
además el que les está hablando, en diversas Iniciativas, en otro momento,
estuvo planteando en el desarrollo de estas legislaturas pasadas, que era la
necesidad de que los cuerpos policíacos, de que las fuerzas armadas en su
participación en tareas de seguridad pública, pues, existieran protocolos
mínimos para garantizar la integridad de las personas, de los civiles, de sus
familias inocentes que, bueno, luego la muerte, los daños en propiedad ajena
han sido simplemente adjetivizados como esto de daños paralelos colaterales,
colaterales.
Los puntos de acuerdo, por su naturaleza, son unitarios,
los vote uno a favor o en contra, aunque en este caso se abordan 2 tópicos
diferentes.
Yo lo que quiero es, estimados colegas, poner en contexto
el punto resolutivo primero sobre dos aspectos que han sido, materia de esta
Asamblea, de debate.
Decía el Diputado Jaime Cárdenas, y en mi concepto bien,
de que es necesario de que el Congreso cuente con instrumentos de control
superiores para cumplir con su encomienda, con sus tareas; facultades
investigatorias de las comisiones; facultades, incluso, de trascender a los
particulares, no solamente a los entes públicos. Mencionaba el propio Diputado
cuestiones relativas con la fortaleza de las comisiones, en fin.
Pero yo lo que les quiero mencionar es que, y bueno, es un
esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a hacer desde el Partido Verde, es
poner en contexto, con toda seriedad, lo que el Congreso diga.
Está bien que se repudie al intervencionismo de los
Estados Unidos. Lo que no está bien es que el Congreso no reconozca su
responsabilidad.
Iniciativa Mérida deriva de un acuerdo celebrado por el
Titular del Ejecutivo Federal como Jefe del Estado Mexicano con el Gobierno de
los Estados Unidos.
La fortaleza del
Congreso estriba también en los instrumentos de control de la política exterior
del Estado mexicano, y es necesario señalarlo porque fuimos iniciantes de que
en Cámara de Diputados está radicada una minuta, un dictamen que tiene su
origen en el Senado para la celebración de tratados internacionales y de
acuerdos interinstitucionales, y digo, procuro este debate ponerlo en contexto
¿Por qué? porque el Ejecutivo Federal celebra el acuerdo en el marco de sus
facultades, no hay relajamiento, lo será del Congreso en términos de establecer
mecanismos de control en política exterior, y particularmente en la revisión
preliminar de acuerdos, convenios, como se les denomine.
Y también en materia del trabajo y en otras, se
cuestionaba la falta de cumplimiento al Convenio 189 en su envío al Senado
Mexicano para la ratificación en su caso.
Pero vean ustedes, que el 189, en uno de los requisitos
expresos para el Estado, para el Estado signante es: establecer en los
contratos laborales de los servicios domésticos, individuales o colectivos,
individuales o colectivos individuales o colectivos, en su caso, los contratos
a pruebas; que la legislación mexicana no contempla.
Pero, bueno, no quiero decir mucho. Solamente quiero
decir, que los procesos de esta naturaleza y en otros, es fundamental el papel
de control del Congreso.
Es indivisible el contenido del punto de acuerdo. Mi colega, mi compañero del grupo
parlamentario, el diputado Juan José Guerra, ha asistido a la discusión en
comisión de este asunto. Y solamente he hecho un esfuerzo de razonar el voto,
para decir, que lo vamos a firmar a favor.
Gracias. Por su atención, gracias, presidente. (Aplausos)
EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCÍA CERVANTES: Gracias a
usted, don Tomás Torres.
EL C. DIPUTADO JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: (Desde su
escaño) presidente. Una pregunta al orador…
EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCÍA CERVANTES: Don Tomás, si
usted autoriza, que le formulen una pregunta. Esta Presidencia lo autoriza.
EL C. SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO: Con gusto, estimado
presidente.
EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCÍA CERVANTES: sonido en el
escaño del diputado, para formular una pregunta.
EL C. DIPUTADO JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: (Desde su
escaño) Muchas gracias, presidente.
Señor senador, al igual que usted, me resulta de la mayor
preocupación, el contexto general de este punto de acuerdo.
Pero
me habré de referir al punto de acuerdo, al número uno.
Usted
lo señalaba en su intervención, respecto del intervencionismo que viene
teniendo el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y
tal pareciere que los recursos que a través de este acuerdo Mérida, vía en
especie, le han venido entregando al Gobierno mexicano, le ha permitido,
inclusive, en los hechos, girar una serie de instrucciones a diferentes
dependencias del Gobierno de la República.
Tal es así y que representó, una más, apenas, de los
innumerables errores que ha cometido el Gobierno de la República, en la
procuración de justicia, cuando en días pasados, por cierto una institución que
nos merece o me merece el mayor respeto, por su prestigio, por su solvencia y
por la serie de contribuciones que le ha
hecho a la República, a través de la historia, donde la Marina mexicana, detuvo
y según lo hemos conocido a través de diferentes medios de comunicación, a dos
jóvenes, que nada tenían que ver con el objeto supuesto que perseguía una investigación
y en consecuencia una detención.
Lo que el grueso de los mexicanos sabemos, a través de los
medios de comunicación, es que se violaron una serie de garantías de dos
jóvenes. Dos jóvenes que su única responsabilidad es tener, a juicio de los que
lo detuvieron, cierto parecido físico, con un familiar, de uno de los
delincuentes más buscado por la justicia mexicana, y también por la
norteamericana.
¿Será
éste un ejemplo más, señor senador, de ese intervencionismo, que casi raya en
una instrucción, no solamente a una dependencia, sino al propio Gobierno de la
República, para que las acciones que llevan a cabo, en la
búsqueda de recuperar la tranquilidad, la seguridad, en este país, sea
justamente esto, de cumplir instrucciones, de cumplir las órdenes que le da
dependencias de otro país, y en este caso a la Marina de nuestra nación
mexicana?
¿Será
esto el costo que tenemos que pagar, para seguir recibiendo este tipo de
apoyos, en especie, a través de este acuerdo?
EL C. SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO: Claro.
Gracias, diputado Solís Acero…(Sic)
Bueno, en principio hay una responsabilidad…
Ah,
perdón, Jesús María Rodríguez, perdón, perdón. Y
vaya que no consulté la orla de los compañeros diputados, que estaba
relacionado con otro tema. Que además es mi compañero y muy apreciado,
extraordinario jurista del estado de Querétaro, con todo mi respeto.
Pero también saludo
al diputado Solís Acero…
De Baja Sur, por cierto, muy ad hoc la vestimenta…
No, con toda seriedad, yo diré, colegas, de que, fíjense
nada más, sin considerar el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2012, de
las Fuerzas Armadas, de la Procuraduría
General de la República, de las procuradurías judiciales de los estados,
y menos del Poder Judicial Federal, la Secretaría de Seguridad Pública Federal
tiene más de 50 mil millones de pesos de presupuesto, sólo la Secretaría de
Seguridad Pública.
Un convenio por 1600 millones de dólares, para tres años,
que es en especie, con equipos que luego no funcionan o son de desecho, que le
tienen miedo a la transferencia material, hasta por la cosa de las patentes, es
francamente ridículo.
Pero lo más importante, y parece que era una discusión
superada. Finalmente, en dinero, en especie, es un ingreso para el gasto
nacional.
Y se dijo, no la ley de Presupuesto no contempla esto.
Presupuesto-Contabilidad.
Bueno, lo cierto es que, fíjense nada más que
desafortunado. No hay valor, y es una escala universalmente reconocida, después
de la vida más importante que el de la libertad.
En una información, como ha habido en otros temas, en el
marco de Iniciativa Mérida, que por cierto lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas,
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, han cumplido con tareas, que
constitucionalmente no les incumben; pero que la circunstancia pide esto.
Y que se ha legitimado la participación. Detienen a una
persona, de quien presumen el nombre de un hijo de un capo, que parece
generaría un quiebre, en el proceso político electoral. Lo cual es,
absolutamente lamentable y reprochable.
Lo
digo con absoluto respeto. Les dieron la información a los candidatos, a la
candidata, y construye dos días su discurso, en torno a una
detención, sin haber, sin haber, sin haberse constatado la identidad del
detenido.
No corresponde a este Congreso, dirimir sobre aspectos de
absolución o de condena.
Pero lo que si es bastante grave. Fíjense nada más lo que
dice el boletín de la Procuraduría: La presunta responsabilidad en los hechos
de los detenidos, se determinará a partir del inicio de la investigación.
¿Fincada en qué? En un arraigo.
Fíjense nada más.
Que
mal parado queda el equipo y en el marco de ese entendimiento, derivado de
Iniciativa Mérida.
Que lamentable. ¿Qué se puede anticipar para este país?
Cuando hemos dicho que ha habido… y se la dio el Congreso,
en esta materia, ningún grupo parlamentario, ningún partido, escamoteo ni
resistió las iniciativas para reformas constitucionales y legales en materia de
investigación de procuración de administración de justicia; en el tema de
justicia penal, todo, ¿Cuál es la investigación que tiene este país, en este
momento?
¿La de los arraigos?
Yo
escuché el día de ayer en un noticiario de la radio. En donde reclamaba la
abogada, de uno de los detenidos. Dice, tenemos cinco días, y
no hemos logrado la comunicación con los detenidos.
Algunos
colegas litigantes en Aguascalientes. Me dijeron, hay que promover amparo. El
abogado para estar en condiciones, para ir con el detenido, para que el firme
el escrito de nombramiento, en el marco de una averiguación previa de un
proceso para la defensa.
Esa
es la transición de la justicia penal.
Les pido su paciencia, para un último comentario.
Reservé éste, y otro relacionado con laudos pendientes.
Cientos de miles de juicios laborales, locales, federales o del Tribunal
Federal Local del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Este
país, cuando quiere construir sus políticas públicas, desde el piso del
Ministerio Público y la justicia penal, quiere decir, que la convivencia está
grave, terriblemente afectada.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: Gracias a usted don
Tomás. Varios de ustedes hicieron el intento por formular una pregunta, una
intervención puntual de cinco minutos se convirtió en una intervención de
quince minutos, en detrimento de quienes están inscritos para hacer uso de la
palabra, sólo por cinco minutos, en los términos del reglamento.
Y como el 104 establece que para que pueda darse la
formulación de una pregunta se requieren dos requisitos, que el orador lo
acepte y que la presidencia lo autorice.
En abstracto, esta presidencia no autorizará las preguntas
porque una intervención de cinco minutos se convierte en quince. Y
adicionalmente es en detrimento de quienes están inscritos en la lista de
oradores.
Y lo
están el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el senador Carlos Jiménez Macias y el
diputado Carlos Flore Rico.
La secretaría parlamentaria me auxiliará a apuntar en el
orden que lo soliciten en los términos del artículo 102.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas
Gracia. (aquí se equivocó el Presidente dijo García o Gracias
EL C. DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA: Gracias,
presidente. Sí, además es un apellido
tamaulipeco ¿no? Gracia, gracia. Mi madre es tamaulipeca.
Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, este
tema, este punto de acuerdo llama a muchas reflexiones. Aquí las hacía el
senador Tomás Torres entorno a este intervencionismo inaceptable en términos de
soberanía nacional de los Estados Unidos en la política de seguridad pública de
nuestro país.
Pero a mí me convoca este punto de acuerdo a otra
reflexión, a una reflexión en donde esta Comisión Permanente, y sobre todo el
Congreso de la Unión, el Senado de la República en particular, tiene
competencias, competencias importantes.
Creo que por el mundo globalizado en el que vivimos y por
el papel cada vez más importante de los tratados internacionales en México,
como fuente del derecho y de los acuerdos interinstitucionales, y, en fin, de
otro tipo de pactos de carácter internacional y la jerarquía que tienen en el
sistema jurídico nacional, creo que en México ya es hora de que se plantee, de
que plantemos una reforma a la Constitución para promover una forma distinta en
la aprobación de tratados y de acuerdos internacionales.
Una forma de aprobación de los tratados por la jerarquía
que tienen en el sistema jurídico nacional por decisiones de la Suprema Corte y
por decisiones también del propio constituyente. Por ejemplo, los tratados en
materia de derechos humanos, tal como lo establece el artículo primero de la
Constitución, hoy en día en vigor, que obligaría a que los tratados
internacionales tuviesen y acuerdos internacionales, tuviesen un proceso de
legitimación democrática en su aprobación distinta a la que tienen hoy en día.
Hoy en día hay ciertas normas de carácter internacional
que son aprobadas con la concurrencia del Senado de la República, aprobación
mayoritaria, simple del Senado para aprobar un tratado. Y los tratados, por
ejemplo, en materia de derechos humanos tienen casi jerarquía constitucional en
nuestro país.
No sería necesario que en México los tratados fuesen
aprobados por un mecanismo, por un procedimiento similar al que tenemos para
aprobar una reforma a la Constitución, donde participara también la Cámara de
Diputados, las legislaturas locales, que se exigiesen mayorías calificadas en
la aprobación de tratados.
Y yo me pregunto si no sería también fundamental para el
desarrollo democrático de este país que los tratados internacionales se
sometieran al referéndum ciudadano, que los tratados fuesen aprobados por los
ciudadanos. Porque los órganos representativos del estado, en este caso la
Presidencia de la República, el Senado de la República, pueden comprometer la
soberanía de México y los ciudadanos están totalmente inermes ante ello. Los
ciudadanos tendrían algo que decir, tendrían algo que aportar en la aprobación
de un tratado o de un acuerdo internacional, o un acuerdo interinstitucional de
estas características.
Por eso creo que parte de los trabajos de la Legislatura
futura de la LXII, e independientemente de quien resulte triunfador en las
elecciones del próximo domingo del 1° de julio, esperemos que sea Andrés
Manuel, tiene que irse pensando en una reforma a la Constitución para que los
tratados y los acuerdos interinstitucionales tengan la suficiente legitimidad
democrática que hoy no tienen.
Esa es la reflexión a la que me convoca este punto de
acuerdo. Desde luego que estoy de acuerdo con él para repudiar el
intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos en la política de seguridad
pública de este país. Pero también pido, reclamo, exijo, a los legisladores de
la LXII Legislatura para que se promueva y se apruebe una reforma a la
Constitución en donde la ciudadanía, en donde la sociedad mexicana tenga
intervención en la aprobación de los tratados internacionales.
Por su atención, compañeros, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE GARCÍA CERVANTES: No, al contrario muchas gracias a usted, diputado Jaime Cárdenas
Gracia, y un reconocimiento por el respeto mostrado a la asamblea,
sujetándose al tiempo reglamentario.
Se concede el uso de la palabra al senador don Carlos
Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por cinco minutos, don Carlos.
EL C.
SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS: Muchas gracia, señor
presidente, con su venia; señoras, señores legisladores.
Yo tenía planteado un esquema diferente en mi intervención
cuando mi bancada decidió inscribirse en este debate.
Pero
el senador Tomás Torres evidentemente nos ha llevado y qué bueno, a una serie
de reflexiones que están íntimamente vinculados a lo que hoy estamos
debatiendo. Y él tocó un tema fundamental que tiene que
ver con la famosa Iniciativa Mérida.
Aquí en el Senado ha sido reiterado, cuando menos en la
posición de todos los partidos de oposición, representados en el Senado, el
reclamo al gobierno de la República por conducto de la Cancillería de que
informe con detalle los resultados, los avances de la famosa Iniciativa Mérida.
Porque resulta que la Iniciativa Mérida es el pretexto
para una serie de cuestiones que se apartan de los objetivos claros que la
Iniciativa tiene y que implican, y esto es, lo señalo para volver al tema que
nos trajo a la tribuna, el tema de los derechos humanos.
Estados Unidos no es quién para darle lecciones de trato a
las personas respecto a los derechos humanos. Sabemos muy bien cómo se respetan
los derechos humanos en Estados Unidos.
Entonces, creo que ni la Iniciativa Mérida puede ser un
pretexto para permitir, porque además eso quedó claro, no estamos inventando,
que Estados Unidos esté dando ciertas regulaciones a las autoridades mexicanas
que nos representan, especialmente la Cancillería, en el tema de la Iniciativa
Mérida.
Yo creo que es muy oportuno y el senador Mercado lo dijo
muy claro, el Senado, especialmente, está obligado a que frente a toda las
sospechas que hay de que se hace una serie de usos discrecionales de lo que
comprende la Iniciativa Mérida, y podríamos hablar de más. Acuérdense que hay
un reclamo del Senado, y lo hemos hecho reiterado, pidiendo información en los
temas del combate al crimen organizado y el narcotráfico, de estos famosos
operativos que implementan en Estados Unidos.
El gobierno mexicano se ha negado a darnos la información
de por qué se permite o en dónde con base en la Iniciativa Mérida, se puede
intervenir de esa manera. Eso es lo que no podemos permitir.
Yo y a nombre de mi bancada reitero la convicción de que
firmamos este punto de acuerdo porque estamos convencidos que se urgente que se
ponga atención en este tema.
Y, bueno, así como lo hizo el Senador Flores Mercado, yo
también me voy a desviar un poco, pero no deja de estar finalmente en el mismo
esquema del debate.
Y, es
el tema de la famosa Ley SB1070 de Arizona, una, según considerado por
estudiosos de esto, una de las legislaciones más aberrantes con mayor contenido
racista, y con un contenido fuertemente centrado el rechazo a los migrantes y a
la posición de estar culpando a los migrantes de todo.
Yo
tengo que reconocer, no sería digamos moralmente aceptable, que el Gobierno
Mexicano reaccionó de inmediato el día de ayer a la decisión que tomó la Corte,
la Suprema Corte en el juicio contra el Gobierno de los Estados, el del
Gobierno de los Estados Unidos contra el de Arizona en el que ciertamente la
Suprema Corte anuló una serie de apartados realmente lamentables.
Yo creo que cuando se habla de que con Estados Unidos
tenemos la mejor relación y somos vecinos, y etcétera, este tipo de cosas no es
tal que hay un doble discurso; sobre todo un doble discurso de allá para acá.
Yo creo que es muy importante, señor Presidente, colegas
que tomemos nota, lo que ayer se logró en la Suprema Corte es un avance, pero
no podemos ni debe doblar las manos el Gobierno de México que ayer ya reclamó,
y va a acudir a la otra instancia, que me parece muy afortunado, y nosotros
estaremos solidarios con eso, porque igual, cuando reclamamos del gobierno su
falta de acción, también reconocemos cuando actúa con prontitud y sobre todo
con un gran sentido de defensa a nuestros connacionales.
Pero, yo dejo constancia de que en esta Comisión
Permanente el grupo parlamentario hace un llamado para que este tema pueda
erradicarse por completo, no se puede permitir que un a gente de tránsito o un
policía detenga por sospechas, a un, el que sea, porque no necesita ser
mexicano, cualquier que él tenga sospechas.
(SONIDO DE CAMPANILLA)
- Que tenga sospechas de que tiene -termino, señor Presidente, al compañero le
dieron bastante más, pero- de que tiene, pero no se puede argumentar que un
policía pueda pedir la identificación y arrestar si no se comprueba la estancia
legal en el país.
Eso es lo más aberrante de una relación que siempre se
llama armoniosa de vecinos, no podemos aceptarlo.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CERVANTES: Muchas
gracias, Senador Carlos Jiménez Macías.
Usted mismo refería que al apartarse un poco del tema, tocaba un tema
trascendente, y es cierto, y se registra en el Diario de los Debates.
Queda usted inscrita en la lista de oradores, señora
Senadora.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Flores
Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por
cinco minutos. Puede hacerlo desde su curul, con mucho gusto, sonido en su
escaño.
- EL C. DIPUTADO FLORES RICO: Muchas gracias, porque es
una estricta rectificación de hechos a la intervención estupenda de mi amigo
Senador Tomás Torres, y aprovecharía también para hacer una extensión de un comentario que
deseaba hacer el Diputado Cerda, y que no le fue posible.
Miren, en la primera parte el señor Senador, y con muy
buena descripción hace las valoraciones de la recientemente aprobada reforma a
las dos legislaciones existentes sobre tratados, y menciona con gran
pertinencia que ésta fue aprobada aquí en el Senado por una mayoría amplia, y
fue turnada, efectivamente, dicha minuta a la Cámara de los Diputados, donde
efectivamente fue recibida hace ya más de un año.
Y, lo que quería precisar al apreciable Senador Tomás
Torres es que afortunadamente dicha minuta fue discutida y aprobada el día 30
de abril de este año en el último día de sesiones del período ordinario allá en
la Cámara de los Diputados, pero debo agregar que fue devuelta a esta
soberanía, al Senado de la República, porque se incorporaron con el acuerdo
amplio de prácticamente todas las fracciones de cuatro reservas a dicha
legislación que tiene grandes virtudes, la primera de ellas es que
efectivamente terminarían situaciones como la que aquí con gran pertinencia se
ha denunciado del caso de la Iniciativa Mérida.
Pero, además de eso describe y trae a buena, digamos,
colación, la fusión de dos legislaciones, una que era referida exclusivamente a
lo económico, y la otra que se refería al resto de los tratados.
Además de eso incorpora que la ley actual trae de los
acuerdos interinstitucionales y definitivamente también los acuerdos
ejecutivos, pero ahora sí queda muy claro que las materias como las que ahora
tratamos en el caso de la Iniciativa Mérida quedan comprendidas en las atribuciones
del Senado de la República para su ratificación, lo que impediría que casos
como este pudieran ser repetidos.
Termino con una segunda encomienda, rapidísimamente.
El Diputado Cerda me pide hacer una transmisión de una
cuestión que es importante porque lo dice alguien que tiene un gran respeto en el mundo contemporáneo en la
defensa internacional de los derechos humanos, y dice lo siguiente, cito:
“La revelación de
que altos funcionarios tienen como objetivo personas, entre ellos ciudadanos de
los Estados Unidos para asesinarlas en el extranjero, es la prueba más reciente
de cómo nuestro país viola los derechos humanos”.
Esto lo dice el Presidente número 39 de los Estados Unidos
de Norteamérica, el señor Jimmy Carter.
Lo cual quiere decir, que no sólo son los diferentes
pueblos del mundo que reclaman, como el caso nuestro, el día de hoy, de manera
muy puntual, los excesos de la Unión Americana en el incumplimiento de los
derechos humanos, sino que lo hace uno de sus más relevantes ciudadanos, el
señor James Carter.
Quería hacer valer esta nota del Diputado Cerda, porque
además él quiere que yo exprese su preocupación, porque no es el único caso de
la Iniciativa Mérida, de los años recientes, sino también está la actuación
artera del Gobierno Americano en Afganistán, en Irak, y las consecuencias en
Guantánamo, que bajo el legítimo interés mundial de la paz y el combate al
terrorismo se ha caído al exceso de la violación, en algunos casos
amplísimamente documentada de los derechos humanos.
Es decir, dice el Diputado Cerda que este llamado es
realmente a que no vuelva a ocurrir como ocurrió lo más mal ejecutada, como
bien señalaban también en Iniciativa Mérida, y en cuanto a montos y especies
este tipo de acuerdos, porque prácticamente son, dice él, como el pacto de
Fausto de Goethe que vendió su alma al diablo.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CERVANTES: Gracias a
usted, tiene el uso de la palabra la Senadora Adriana González Carrillo, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos, desde su
escaño (sonido en su escaño).
- LA C. SENADORA GONZALEZ CARRILLO (Desde su escaño):
Muchas gracias, Presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido de
Acción Nacional he solicitado el uso de la voz para apoyar la resolución que en
la Segunda Comisión hemos construido para dejar muy claro que no queremos que
esta nueva certificación que han venido impulsando en el Congreso de la Unión
Americana prospere.
Ya lo
hemos dicho, no son los Estados Unidos quienes nos van a venir a decir quiénes
y cómo se violan o no los derechos humanos en nuestro país.
Ya lo dijo también el Senador Carlos Jiménez Macías, no
especialmente cuando hoy tenemos casos claros de falta de aplicación de la
justicia como es en el caso del asesinato en manos de un agente del sistema de
inmigración, Anastasio Hernández quien le dio muerte, en una golpiza, y que hoy
se niegan a presentar al que fue el agresor.
O el caso del joven huereca que estando del lado mexicano
ha sido asesinado por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza, y que el sistema de justicia de la Unión
Americana le ha negado el que pueda la familia tener un juicio justo, alegando
que la muerte no ocurrió en territorio de la Unión Americana, insistimos
nosotros, y seguiremos diciendo que Estados Unidos no es fiel, será quien nos
venga nuevamente a calificar, y especialmente en los temas de derechos humanos
a nuestro país.
Y bueno, si hemos venido logrando construir bajo el
principio de la responsabilidad compartida el respeto a la soberanía y a la
independencia de nuestras instituciones, esta suma de esfuerzos que nos permita
poder lograr combatir el crimen organizado, es difícil para nosotros el seguir
sosteniendo una colaboración, que además en montos resulta bastante carente de
los mismos, y que sin duda alguna nosotros estamos porque recupere Estados
Unidos esta posibilidad de vernos como iguales, y que entonces podamos seguir
avanzando en este esquema de responsabilidad compartida, de otra manera el
Congreso Mexicano y su Comisión Permanente hace un reclamo para este nuevo
intento de certificación.
Por otro lado, señor presidente, celebro que el senador
Carlos Macías haya traído un tema tan importante para los mexicanos,
especialmente quienes viven y residen en la Unión Americana, en el Estado de
Arizona, porque la Suprema Corte de Justicia ha eliminado las partes más
delicadas, las partes que se podrían considerar más antimexicanas,
antirraciales, xenófobas, que verdaderamente nosotros también tenemos que
reconocer este esfuerzo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo ha dejado cosas importantes que hoy preocupan,
especialmente de parte del Poder Legislativo, lo expresamos así, preocupa el
que pueda haber estas detenciones que deriven en deportaciones, deriven en
tratos inhumanos, y que limiten la movilidad de todos los que residen en aquel
Estado.
Nosotros estaremos al pendiente de que el gobierno
mexicano siga su lucha en las instancias judiciales, para seguir combatiendo
estas iniciativas que hoy tienen su icono en el Estado de Arizona, sin embargo
seguiremos avanzando en que siga habiendo un trato que reconozca, sobre todo,
la aportación de los migrantes de origen nacional, de origen mexicano, pero
también de todos aquellos que con su contribución hacen de la Unión Americana
un país que es muy próspero y muy competitivo.
Desgraciadamente hoy nos toca hablar de los puntos
negativos, ojalá también podamos resaltar, como lo hemos hecho, lo que el
presidente Obama ha hecho en torno al tema del “Ruimac”, son algunas luces que
se ven y que también hay que reconocer.
Y bueno, solamente, señor presidente, decir que apoyamos
este punto de acuerdo, y que no queremos una nueva certificación por parte del
Congreso de la Unión Americana. (Aplausos).
-EL C. SENADOR PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: Muchas gracias. Gracias, senadora Adriana
González Carrillo. Han participado en
este debate el senador Tomás Torres Mercado, don Jesús María Rodríguez
Hernández, Jaime Cárdenas Gracia, el senador Carlos Jiménez Macías, el diputado
Carlos Flores Rico, y la senadora Adriana González Carrillo.
Ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se
considera suficientemente discutido.
-EL C. DIPUTADO SECRETARIO HELIODORO DIAZ: Consulto a la
asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente
discutido.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(La asamblea asiente).
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (La asamblea no
asiente).
Mayoría por la afirmativa, presidente, aprobado.
-EL C. SENADOR PRESIDENTE GARCIA CERVANTES: suficientemente discutido. Entonces, señor diputado secretario, le ruego
a usted consulte a la asamblea, en votación económica si se aprueba el
acuerdo.
-EL C. DIPUTADO SECRETARIO HELIODORO DIAZ: Consulto a la asamblea, en votación
económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la
mano. (La asamblea asiente).
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La asamblea no
asiente).
Aprobado, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR GARCIA CERVANTES: Aprobado por
unanimidad. Comuníquese.
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