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Presenta FCH iniciativa de Ley de Atención y Protección a las Víctimas

El Presidente Calderón envió iniciativa de Ley de Atención y Protección a las Víctimas
 
Dice la reforma Constitucional del 9 de agosto de 2012:
SECCION II DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES
Artículo 71.
ARTICULO 71. EL DERECHO DE INICIAR LEYES O DECRETOS COMPETE:
I. AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA;
II
III.
IV….
EL DIA DE LA APERTURA DE CADA PERIODO ORDINARIO DE SESIONES EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PODRA PRESENTAR HASTA DOS INICIATIVAS PARA TRAMITE PREFERENTE, O SEÑALAR CON TAL CARACTER HASTA DOS QUE HUBIERE PRESENTADO EN PERIODOS ANTERIORES, CUANDO ESTEN PENDIENTES DE DICTAMEN. CADA INICIATIVA DEBERA SER DISCUTIDA Y VOTADA POR EL PLENO DE LA CAMARA DE SU ORIGEN EN UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES. SI NO FUERE ASI, LA INICIATIVA, EN SUS TERMINOS Y SIN MAYOR TRAMITE, SERA EL PRIMER ASUNTO QUE DEBERA SER DISCUTIDO Y VOTADO EN LA SIGUIENTE SESION DEL PLENO. EN CASO DE SER APROBADO O MODIFICADO POR LA CAMARA DE SU ORIGEN, EL RESPECTIVO PROYECTO DE LEY O DECRETO PASARA DE INMEDIATO A LA CAMARA REVISORA, LA CUAL DEBERA DISCUTIRLO Y VOTARLO EN EL MISMO PLAZO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS.
NO PODRAN TENER CARACTER PREFERENTE LAS INICIATIVAS DE ADICION O REFORMA A ESTA CONSTITUCION.
El presenta hará uso de sus facultades constitucionales, pero no es preferente las reformas constitucionales.
Durante la ceremonia de presentación realizada en Los Pinos, el Presidente pidió a los legisladores que antes de aprobar la iniciativa, aprueben una reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a legislar en la materia.
El titular del Ejecutivo subrayó que sin la reforma a dicho artículo, cualquier ley que se apruebe para apoyar a las víctimas de la violencia desatada por su “guerra” contra el narcotráfico será “judicializable” (sic) en perjuicio de las víctimas.
La iniciativa fue enviada esta misma noche al Congreso; el encargado de hacerla llegar fue el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero.
Acompañado por Isabel Miranda de Wallace,  Calderón dijo que con su iniciativa se busca “desterrar de una vez por todas la doble victimización” de los ciudadanos, quienes por un lado sufren el ataque de la delincuencia y, en muchos casos, el maltrato de las autoridades.

Algunos de los aspectos más importantes son:

·        Se propone que la atención de las víctimas sea una tarea compartida entre los diversos órdenes de gobierno.

·        Se propone un esquema integral para tutelar y garantizar una serie derechos mínimos de las víctimas. En ese sentido, también tiene como meta que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor del delito.

·        Crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, la cual permitirá replicar en todas las entidades federativas, las funciones que ha venido realizando a nivel federal PROVÍCTIMA;

La ley misma da un fundamento jurídico mucho más sólido, amplio e integral a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), que hasta ahora tiene su fundamento en un decreto del Ejecutivo. Se pretende tenga la solidez de la autorización legislativa en la iniciativa.

·        Propone –la iniciativa-, por un lado, que los delincuentes reparen de manera puntual el daño que ocasionen y, por el otro, que la autoridad gubernamental repare el daño que derive de violaciones a los Derechos Humanos. Es decir, la reparación de los daños no solo será económica ya que también se establece la reparación a través de la restitución de los derechos de la victima y el reconocimiento público de su dignidad, su buen nombre y su honor.

·        Se prevé un mecanismo de Ayuda Económica Victimal que se otorgará, independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que a consecuencia de ciertos delitos las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo.

·        Crea el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los tres órdenes de gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas.

·        Contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación Ciudadana. Dichos consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas.

·        El Presidente hizo un llamado respetuoso al Congreso de la Unión para que esta iniciativa se discuta con el sentido de importancia y urgencia que amerita, pues su aprobación es de la mayor relevancia para atender de manera
30 ago 2012 | Discurso completo
Distinguidos representantes de la sociedad civil.
Distinguidos académicos y especialistas en los temas de seguridad y víctimas.
Estimados colaboradores del Gobierno Federal.
Señoras y señores de los medios de comunicación.
Señoras y señores:
Los he convocado el día de hoy para comunicarles que mi Gobierno está presentando una Iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, para su discusión y, en su caso, aprobación del Congreso de la Unión.
Dicha Iniciativa ha sido concebida para llenar un vacío legal en nuestro sistema jurídico, pero especialmente, porque es urgente un marco que proteja a las víctimas de los delitos, en la ruta para la construcción de un México en paz y con justicia duradera.
México ha vivido momentos de profundo dolor y de consternación ante la brutalidad y la violencia empleadas por los criminales en contra de ciudadanas y de ciudadanos de bien.
Muchas familias han perdido a sus seres queridos. Sus vidas han sido segadas trágicamente a manos de delincuentes sin escrúpulos.
Mi Gobierno ha escuchado de viva voz a personas que, entre lágrimas, han narrado la indolencia y la incompetencia de autoridades que, en muchos casos, fueron más obstáculo que ayuda. Lágrimas de tristeza y, también, de indignación y de coraje.
Su justa demanda para un acceso efectivo a la justicia y un tratamiento digno a las víctimas o sus familiares es una demanda que el Gobierno, hoy, hace suya a través de esta Iniciativa.
Este añejo problema ha abierto heridas profundas en distintas comunidades del país, particularmente en las más afectadas por la delincuencia en los últimos años.
Como ustedes saben, personalmente he dialogado con víctimas de la delincuencia y la violencia, con sus familiares o con sus representantes. He compartido su dolor por la inmensa pérdida que representa perder un ser querido; pérdida, además, que ha cimbrado a toda la Nación, pero que, también, debe fortalecer nuestra unidad en torno al anhelo de vivir en un país libre, en el que imperen la ley, la justicia, la seguridad y la paz.
Y ha sido el admirable valor cívico de muchos ciudadanos que se han sobrepuesto al dolor y han pasado, del mismo, a la acción, lo que ha motivado a mi Gobierno en no cejar en la lucha por un México más seguro.
Ese es, también, el espíritu de esta Iniciativa de Ley, que estaré entregando al Poder Legislativo Federal para su discusión y, en su caso, aprobación.
Antes de referirme de manera puntual al contenido de la Iniciativa, quiero precisar que en meses anteriores, en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución, realicé observaciones respecto del decreto mediante el cual el Congreso de la Unión expedía la Ley General de Víctimas, mismas que han sido y están siendo objeto de cuidadoso análisis por parte de los legisladores, en particular, por quienes ahora concluyen su encomienda.
Quiero agradecer en especial, al hasta este mes, Senador Jesús Murillo Karam, así como al Senador Alejandro González Alcocer y otros, por el ánimo siempre constructivo que les ha caracterizado en esta materia.
Después de una profunda revisión a dicho proyecto, se encontraron inconsistencias de carácter constitucional, que ponían en riesgo la efectividad de dicha Ley. En especial, porque al día de hoy, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en la materia y, también, porque bajo ese proyecto se sometía a las víctimas a procedimientos engorrosos para que sus derechos fuesen, finalmente, reconocidos.
Para subsanar lo anterior; mi Gobierno elaboró la Iniciativa que hoy anuncio y presento, y que toma, entre otras cosas, como referente el proyecto elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Iniciativa que hoy describimos, retoma, también, algunos de los acuerdos alcanzados por el Gobierno Federal, con legisladores, entre los cuales se encuentran los mencionados, y con organizaciones de la sociedad civil.
Esta Iniciativa, además, recoge las demandas más sentidas de los ciudadanos, algunas de ellas expresadas en los diálogos que sostuve con ellos.
También, establece los principios fundamentales en los que se debe sostener la reivindicación y el adecuado tratamiento de las víctimas.
Lo hace de manera puntual, respetando la Constitución y reposicionando al ciudadano como el centro, la razón de ser de las instituciones de seguridad, de justicia y de todas las instituciones públicas.
Así, esta Iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas abre las puertas, eso pretende, a la reconciliación en nuestra sociedad, y busca desterrar de una vez por todas la doble victimización, la que sufren las víctimas a manos de los delincuentes y la que sufren a manos de la indolencia de la autoridad.
El propósito de la Iniciativa, es, también, establecer una adecuada coordinación entre diversos órdenes de Gobierno para brindar una atención integral a las personas que, directa o indirectamente, sean víctimas de algún delito o de violaciones a los derechos humanos.
Dentro de los aspectos más importantes que comprende esta Iniciativa, me referiré a lo siguiente:
En primer lugar. Se propone que la atención de las víctimas sea una tarea compartida entre los diversos órdenes de Gobierno. Con ello, tanto la Federación como las entidades federativas deberán desarrollar nuevas capacidades institucionales para proveer a las víctimas de servicios básicos, como atención médica, psicológica, jurídica y social.
El propósito es que el Estado en su conjunto brinde apoyo integral a las víctimas para que puedan hacer frente a la situación de victimización en la que se encuentran.
En segundo lugar. Se propone un esquema integral para tutelar y garantizar una serie de derechos mínimos de las víctimas, como el de recibir un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre los hechos delictivos de los que fueron, precisamente, objeto.
Acceder de manera informada a los mecanismos de justicia disponibles y que, de acuerdo con la Reforma Penal Constitucional, abren, precisamente, la puerta, a la participación de las víctimas en los procesos penales.
Ser notificadas y escuchadas por autoridad, así como que se proteja adecuadamente su identidad, su seguridad y sus datos personales.
Se propone, también, que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor o autores del delito.
Dicho carácter, el de víctima, le deberá ser reconocido no sólo por los jueces penales, sino, también, por los jueces de amparo, por los jueces civiles y por jueces familiares; por los órganos jurisdiccionales internacionales y las Procuradurías Sociales de Atención a Víctimas. Así, facilitaremos que las víctimas accedan a los derechos que les confiere la Iniciativa de Ley que hoy presento.
En tercer lugar. Se crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas. Esta instancia permitirá replicar en todas las entidades federativas las funciones que ha venido realizando a nivel Federal la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, ProVíctima, desde que la creamos.
Debo agregar, además, en cuarto lugar. La ley misma le da un fundamento jurídico mucho más sólido, amplio e integral a la propia Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito, pues como se sabe, hasta ahora ProVíctima tiene su fundamento en un decreto del Ejecutivo, y se pretende que tenga la solidez de la autorización Legislativa en la iniciativa en comento.
En quinto lugar. La iniciativa propone, por un lado, que los delincuentes reparen de manera puntual el daño que hubieren ocasionado; y por otro, que la autoridad gubernamental repare el daño que derive de violaciones a los derechos humanos.
Bajo esta Iniciativa, la reparación de los daños no sólo será económica, ya que, también, se establece la reparación a través de la restitución de los derechos de la víctima y el reconocimiento público de su dignidad, de su buen nombre y de su honor.
En sexto lugar. Se prevé un mecanismo de ayuda económica victimal, que se otorgará independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que, a consecuencia de ciertos delitos, las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo.
Para ello, se propone la creación de 33 fondos de apoyo que se integrarán, entre otros, con los recursos que se asignen en los presupuestos Federal y estatales, los que se obtengan de decomisos realizados a la delincuencia, así como con las aportaciones que hagan organismos públicos, privados y sociales.
En séptimo lugar. Se propone crear el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los tres órdenes de Gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas.
Con ello, se podrá dar seguimiento puntual a las diversas fases de asistencia que contempla la ley para ayudar a que las víctimas se reintegren a su vida cotidiana.
Finalmente, en octavo lugar. Esta iniciativa contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación ciudadana. Dichos Consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas.
Señoras y señores:
Cada víctima de la violencia es una herida que se abre en nuestra sociedad, una herida que lastima a nuestro México.
Con esta Iniciativa refrendo mi compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, con la construcción de instituciones consagradas a la protección de tales derechos y comprometidas, también, a perseguir, castigar a quienes los violenten.
Hago un llamado respetuoso al Congreso para que esta Iniciativa se discuta con el sentido de importancia y, también, de urgencia que amerita. Su aprobación es de la mayor relevancia para atender de manera efectiva a las víctimas de la violencia y del delito.
Por ello, será indispensable que el Congreso de la Unión, también, dictamine y, en su caso, apruebe la minuta de reforma al Artículo 73 Constitucional, aún pendiente, y que responde, precisamente, a una iniciativa previa para darle facultades constitucionales al Congreso de expedir una Ley General en esta materia de víctimas.
Sin tal facultad, ninguna iniciativa de ley en materia de víctimas podría ser aprobada por el Congreso con apego a la Constitución y conllevaría siempre el riesgo de ser nulificada judicialmente, particularmente por aquellos a quienes les resulte un perjuicio en derechos de las víctimas y que, generalmente, son los propios delincuentes.
Actuar decididamente para coartar la acción impune de la delincuencia y para impedir que más personas sean víctimas, es un deber legal y ético del Estado.
Debemos hacerlo, porque de ello depende, en gran medida, la consolidación de México como un país de leyes y de instituciones, como un país de libertades, como un México de paz con justicia, como todos lo anhelamos.
Dejaré en manos del Secretario de Gobernación, cuya dependencia ha estado a cargo, junto con Consejería Jurídica, de la elaboración de este proyecto y de la discusión y negociación con los legisladores, la encomienda de presentarla hoy mismo a la consideración del Congreso para, precisamente, su análisis y, en su caso, aprobación.
Muchísimas gracias.

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