La causa penal 44/2012/Fred Alvarez

Código Topo celebra hoy su cuarto año de vida/
Felicidades a Jorge Fernández Menéndez, su director.
Y en general a todos; me incluyo. Formo parte de ese proyecto periodístico desde el número cero.
48 revistas (más el # 0), tres premios internacionales: dos en diseño y uno en periodismo; más de 100 reportajes de investigación escritos bajo la premisa de que el espacio no sería una limitante

*La causa penal 44/2012/Fred Alvarez; el caso de Tomás Angeles

Publicado en el número 48 –cuarto aniversario-, de la revista Código Topo de Excélsior, 3 de septiembre de 2012

Eran las 19:30 horas del martes 15 de mayo cuando tres elementos de la Policía Judicial Militar detuvieron en el sur de la ciudad al ex subsecretario de Defensa Nacional, General de división Tomás Ángeles Dahuahare, quien de inmediato fue reportado al campo Militar Número 1 para que le practicaran examen médico; minutos más tarde -alrededor de las 21:00 horas-, ya estaba declarando ante el Ministerio Público federal en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Ese mismo día pero en momentos diferentes era detenido el general Brigadier, Roberto Dawe González; tres días después fueron interceptados el General Ricardo Escorcia Vargas y el Teniente Coronel de Caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
A todos se les acusa de haber sido sobornado por bandas del crimen organizado, concretamente de vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y el de la organización delictiva Los Zetas, según la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
“El motor de estas detenciones–sobretodo la del General Ángeles- son las acusaciones hechas por una denuncia anónima de marzo de 2010, así como la declaración ministerial del testigo protegido con clave “Jennifer” (se trata de cuyo nombre es Roberto López Nájera, trabajaba para para el presunto narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie) y del Mayor Iván Reyna Muñoz.
SIEDO les notifico –a los militares- que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, por lo que sería trasladados a Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores-; semanas después el 25 de junio se le les informó que el plazo se ampliaba a 80 días más; es decir, hasta el3 de agosto de 2012, pero justo a días de cumplirse el plazo del arraigo fueron transferidos por orden del juez al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentran actualmente
En efecto, el 31 julio 2012, y tras 70 días de arraigo un juez ordenó las aprehensiones de los militares, así como y de los narcotraficantes Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denys Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denys".
El Comunicado de la PGR del martes, 31 de Julio de 2012 (Boletín 275/12), señala:
El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (no dice el nombre pero se trata de Raúl Valerio Ramírez), libró orden de aprehensión contra los probables responsables con motivo de la consignación de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por los delitos siguientes:
1. Delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, contra: Tomás Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) retirado; Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM retirado; Roberto Dawe González, General Brigadier DEM; Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Teniente Coronel retirado, quienes se encontraban sujetos a la medida cautelar de arraigo prevista en el artículo 16 Constitucional; Mayor Iván Reyna Muñoz; Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie"; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio"; Antonio Aguilar Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza o José Antonio Ramirez Suaza, alias "El Arquitecto" y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias "El Denis" (…)
2. Contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, contra Rubén Pérez Ramírez, General de Brigada.
Precisa el comunicado de PGR que ”SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada”
El lunes 6 de agosto de 2012 el Juez Valerio Ramírez informó (mediante una nota del Consejo de la Judicatura Federal CJF) que dentro del término ampliado que prevé el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decidió la situación jurídica de los militares en relación a la causa penal 44/2012, en los términos siguientes:......:
A.- “Auto de formal prisión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;
B. “Auto de formal prisión contra Rubén Pérez Ramírez, por el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, previsto y sancionado en el numeral 194, fracción III, con relación a los diversos 193 y 196, fracción I, del Código Penal Federal.
Todos los procesados sin derecho a libertad provisional bajo caución, al tratarse de delitos calificados como graves, subraya la nota del CJF.
Agrega la nota informativa que se dictó auto de formal prisión a los militares “porque con los elementos de prueba que constan en el expediente se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión, ya que se obtienen informes de que los mencionados, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como “Los Beltrán Leyva” con la que se les relaciona, pues al menos durante el año, dos mil siete…”
La decisión del juez Valerio Ramírez no es muy convincente., toda sus pruebas son de testigos protegidos Jennifer y Mateo. Y al parecer se sumo otro conocido como “Emiliano”.
Hay inconsistencias en el debido proceso, sobretodo después de leer notas de prensa, comunicados oficiales, comentarios de destacados penalistas, así como las entrevistas de los inculpados–concretamente en el caso del General Ángeles-; en primer lugar le dan una fuerte poder al dicho de un testigo protegido, o sea de un delincuente.
Y bien, con la decisión del Juez Valerio se inició la etapa de instrucción, en que los afectados tendrán la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y el juzgado de distrito pueda acordar lo pertinente para su desahogo.
Pruebas desechables.
Días después–miércoles 15 de agosto-, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, negaron ante autoridades judiciales –donde estuvo presente el juez, un fiscal, y dos defensores-, conocer a los generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, ello permitirá –según fuentes judiciales-, solicitar su excarcelación mediante un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, ya que el expediente en contra de ellos está sustentado fundamentalmente en la declaración de ambos narcotraficantes, revelaron fuentes judiciales. Sin embargo, autoridades de SIEDO han asegurado a reporteros que aunque La Barbie y El Indio hayan negado conocer a los generales, su responsabilidad está acreditada por otros medios de prueba, entre ellos las declaraciones de los testigos Jennifer y Mateo.
Los abogados de los militares seguramente solicitarán seguramente la libertad vía un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, ya que no pueden desvincularse los dichos de los testigos protegidos de lo que realmente ocurrió, a partir de las declaraciones de El Indio y La Barbie. Un juzgado tarda alrededor de un mes en tramitar un incidente de esta materia; empero, aunque se iniciara dicho incidente de libertad no habría materia para que la autoridad judicial concediera la libertad sin revisar todo las pruebas, así como , desahogar testimonios, efectuar careos procesales y constitucionales, y emitir la sentencia correspondiente después de un largo proceso judicial.
El asunto dará para más tiempo y sin duda irá aun tribunal de alzada e incluso llegar a la SCJN. La pruebas clave son de testigos protegidos: Jennifer y Mateo, y al parecer hay otro de nombre “Emiliano”.
¿Hubo indebido proceso? Es pregunta obligada
No lo sabemos bien a bien, pero las pruebas no son contundentes, sobretodo si vienen de un testigo protegido.
Surge otra pregunta: ¿sirven de algo los testigos protegidos, o testigos colaboradores?
La respuesta inmediata es sí, pero a la vez también un arma de dos filos
En algunos la figura es imprescindible en el combate contra el crimen organizado. Difícilmente las instituciones de procuración de justicia podrían descubrir plenamente el entramado de las organizaciones criminales secretas y a los personajes que las integran, sin que contase con información desde dentro de las mismas. En muchos casos la única forma de lograr llevar a proceso a los líderes de las organizaciones criminales es a través de las imputaciones indirectas.
Es un mal necesario, puede proporcionar información valiosa e útil para las autoridades, aunque también ´puede mentir deliberadamente y dañar a inocentes.
El fiscal especializado en la materia, así como el juez y en su caso los magistrados que lleven el caso, deben ser muy cuidadoso para no equivocarse. No hay que olvidar que el testigo protegido es, de entrada, un delincuente
Conviene señalar que los testigos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías. Es decir, para que la información que proporcionan tenga sentido tiene que estar refrendada por datos duros; por información objetiva que demuestre lo que esos testigos están declarando. Esa es la labor de los juzgadores que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes. El daño que se causa puede ser irreparable.
(Véase Testigos protegidos: ¿un mal necesario?/ Fred Álvarez Publicado en Código Topo, de Excélsior, 5 de enero de 2009).
¿Hay intereses políticos en el caso?
Antes de su detención y arraigo de Tomás Ángeles sucedieron dos cosas que no necesariamente tienen que ver con las acusaciones de que ha sido objeto, pero pudieron leerse como que hubo motivos políticos en su detención, a saber: asistió -el 9 de mayo- a un foro especializado en San Luis Potosí, invitado por la fundación Colosio del PRI. Ahí opinó libre y públicamente que no existen objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que aseguró que no hay una estrategia de seguridad nacional, que no hay rumbo, y que las actuales líneas de acción no conducen a ningún lugar. “Me atrevo a decir, no tenemos estrategia de seguridad nacional”, subrayó.
La otra acción fue el desayuno que tuvo en un restaurante de Chapultepec con el controvertido general en retiro Arturo Acosta Chaparro, quién fue ejecutado el 20 de abril de 2012, por un disparo en la cabeza.
Y hay un tercer elemento que sólo lo menciono de paso; la llegada como asesor externo en materia de seguridad del General colombiano Oscar Naranjo Trujillo, del virtual presidente electo Enrique peña Nieto.
Surgen de entrada dos interrogantes ¿Qué hay de cierto en que la detención y cárcel de Tomas Ángeles y la ejecución de Acosta Chaparro tienen que ver con los intereses en disputa? Me refiero a si esto tiene que ver con las oficinas de Lomas de Sotelo.
Hay varios analistas y periodistas que hablan del asunto. (Véase… Cuánto vale la Sedena?/ Juan Bustillos, revista Impacto # 3258, 5 de agosto de 2012 y Por la Sedena se vale de todo/Jorge Carrasco, reportero Revista Proceso 1864, 22 de julio de 2012.
Lo que es un hecho es que antes de ser enviado a una cárcel de máxima seguridad, el General Tomás Ángeles aseguró que su detención podría ser producto de la pugna por la sucesión en la titularidad de la institución militar. Categórico afirmó que no tuvo "ni el más sutil aroma" para aspirar al cargo de General Secretario Eso si aprovechó entonces para deslindar a los actuales secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de estar detrás de un plan para desacreditarlo y motivar su detención por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado decisivamente que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa en contra de los militares y precisa que se mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la PGR: “la participación de esta dependencia del Ejecutivo federal se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de los militares referidos (el 15 de mayo de 2012)”.
El asunto de la presunta disputa por Lomas de Sotelo creció como la espuma. Hubo comentarios en columnas y en charlas de café. Ante estos rumores y filtraciones el lunes 6 de agosto el mismo General Secretario de la Defensa Nacional sostuvo un encuentro –de acuerdo a fuentes militares- de dos horas a puerta cerrada con 24 Generales de División, advirtiéndoles que la sucesión corresponde al Presidente electo, por lo que no caben anticipaciones, señaló una nota en primera plana en Reforma del 7 de agosto. "Respecto a la sucesión, el Alto Mando del Ejército y la Fuerza Aérea giró instrucciones para continuar trabajando, reiterándoles a los Generales que le corresponderá al Presidente electo establecer los procedimientos para la designación" del sucesor, dijeron las fuentes al periódico.
Otra nota del mencionado rotativo del 8 de agosto precisa que el General Secretario entre otros temas, habló de la formal prisión de sus compañeros de armas. "La actuación del personal militar se realiza con estricto apego a las leyes, con pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos. La Secretaría únicamente apoyó a la PGR para la cumplimentación de una orden de presentación", argumentó Galván ante los altos mandos. "Se confía en la adecuada procuración y administración de justicia en este y en todos los casos donde se encuentra personal militar involucrado", agregó el general secretario
En el mismo sentido se expresó la procuradora Marisela Morales “no hay ninguna intención política” en el caso.
Y agregó "La Procuraduría General de la República actúa con estricto apego a derecho y con seriedad y con responsabilidad, y en ese sentido hemos realizado todas y cada una de las diligencias. No existe ningún tipo de interés que no sea simplemente aplicar la ley como está en la propia Constitución", aseveró.
El quid de todo esto es que hay voces de altos mandos que están molestos; que hay divisiones entre ellos; seguramente siempre las ha habido-, pero hoy son evidentes.
La pregunta es obligada ¿a quién le conviene un ejército dividido? ¡De entrada al crimen organizado!
Llama la atención lo que le dijo el ex general secretario de la defensa a la periodista Marta Anaya al preguntarle por la situación de su exsecretario particular: “No, esa no es la palabra…”. ¿Inquieto?, propuse. Tampoco. El propio ex secretario de la Sedena eligió el adjetivo preciso: “Consternado”.
Quizás por ese se filtró a la prensa la reunión con el alto mando el día lunes 6 de agosto.
BBG- Excélsior midió a través de una encuesta telefónica que tanto afecta el proceso den contra de los generales a la institución. Al parecer –todavía- no ha afectado la imagen general positiva de la institución militar, según se observa en la encuesta: 58% de confianza.
 “La opinión pública nacional todavía no cuenta con una postura definitiva sobre su culpabilidad: la mitad cree que puede que estén involucrados, pero hay que esperar a que terminen las investigaciones. Un tercio cree que sí son responsables de lo que se les acusa…( http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=851935&photo=2)
Más allá de la percepción ciudadana, el juicio esta siendo observado con lupa. Sólo se espera un debido proceso.
Decisión de la SCJN. limitar el fuero militar
En tanto eso sucedía en el caso de los militares, nuestros grandes árbitros de la SCJN se discutían los límites del fuero militar.
El 21 de agosto de 2012 y después de varias discusiones los ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), declararon inconstitucional un artículo del código de justicia militar que data de 1933, expedido por el entonces Presidente Abelardo L. Rodríguez, en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso. Por cierto era General de División; y eran otras las circunstancias del país.
Por 8 votos contra 2 (hubo una ausencia por vacaciones), el Pleno de la Corte resolvió como inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar porque es incompatible con lo dispuesto en el numeral 13 de la Constitución Federal, al no garantizar que los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.
Al resolver el amparo en revisión 133/2012, los Ministros indicaron que los quejosos sí cuentan con interés jurídico para interponer juicio de amparo, pues en términos del artículo 20, apartado C, fracción II, de la Carta Magna, dichos peticionarios de garantías están legitimados para instar la acción de control constitucional en su carácter de ofendidos del delito que se investiga ante la jurisdicción penal militar.
De esta manera el pleno de la corte confirmó el fallo y amparó a los quejosos desechando así el recurso de revisión interpuesto por el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región.
En ese sentido, los Ministros remitieron al juez federal el asunto para que resuelva a lo que derecho proceda.
/Recomiendo leer completo el debate disponible en la web de la Corte.http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/21082012POsn.pdf)
Bienvenida la decisión, la cual fue considerada como histórica; en este tema el caso Rosendo Radilla ha sido clave. ¡Ah! y sobretodo las reformas constitucionales del 10 de junio de 2012 a varios artículos constitucionales en materia de derechos humanos.
El decreto publicado ese día en el DOF modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La más importante es que atrás la vieja definición de "garantías individuales", para llamarse hoy "De los derechos humanos y sus garantías”. Es decir, a partir del sábado 11 de junio se incorporan las garantías que requieren tanto el ejercicio de los derechos humanos como su respeto, con un elemento adicional importantísimo; se favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por encima de cuestiones de procedimiento.
¡Así los jueces, autoridades administrativas, deben poner siempre por delante el principio de que la protección más amplia corresponde a las personas! Y todavía más ese principio fundamental deberá llevarse a todas las leyes del país, deberá incorporarse por mandato constitucional a todo el orden jurídico, de la federación, de los estados y los municipios.
Línea del tiempo.

• 17 de marzo de 2010. Una persona desconocida dijo vía telefónica a la SIEDO que los ahora militares consignados estaban vinculados con traficantes de drogas. A partir de entonces, la SIEDO abrió una averiguación que esencialmente se funda en las declaraciones de los testigos protegidos "Jennifer" (cuyo nombre real es Roberto López Nájera), y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel Beltrán Leyva,, quienes los señalan de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, para colaborar desde el 2007 con los narcotraficantes sinaloenses.
• 15 de mayo de 2012.Es detenido en el sur de la Ciudad el general divisionario Tomás Ángeles Dahuahare, quien de inmediato fue llevado al campo Militar Número 1, en la sede de la Secretaria de la Defensa Nacional para que le practicaran el examen médico; minutos más tarde, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de SIEDO. En otro operativo fue detenido el general Brigadier, Roberto Dawe González así como otros militares;
• 17 de mayo Fueron detenidos el General Ricardo Escorcia Vargas y el Teniente Coronel de Caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. .
• 17 mayo 2012- Leticia Zepeda, esposa del General Ángeles. "El Ejército traicionó a mi marido. Galván Galván tiene muchos años de conocer a mi marido. Él lo conoció como compañero, sabe que es inocente", En el mismo sentido Guadalupe García, esposa de Roberto Dawe, reprochó a la Sedena el abandono de los generales hasta entonces arraigados “No sé si haya consigna del gobierno de la República, sea una línea del Estado Mayor Presidencial… no entiendo qué vaya a pasar”, dijo. “No podemos saber qué es lo que está sucediendo, si es por las elecciones o si es para demostrar algo”, remató.
• 23 de mayo de 2012: Anabel Hernández entrevista telefónicamente al General Tomás Ángeles/Anabel Hernández. “"Si hay un proceso transparente y se investiga a fondo, saldré libre", asegura -General, ¿tiene usted enemigos?, le preguntan Y responde: -La verdad no sé, no los he procurado, he procurado no hacerle daño a nadie. No sé, no sé la verdad si tengo enemigos.-¿General, teme por su vida? –No
• 29 mayo 2012.- César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, acusó a Ángeles de atemorizar a su familia durante el proceso judicial contra su padre (en 1997). En agosto de 2011, tras 14 años de estar preso acusado de proteger al Cártel de Juárez, Gutiérrez Rebollo consiguió que un tribunal federal le concediera abandonar la cárcel en el juicio más importante que le fue iniciado. El impartidor de justicia autorizó sustituir la cárcel en favor de Gutiérrez Rebollo, básicamente por motivos de salud.
• 19 de junio, Ángeles declara al periódico Milenio que torturaron a Gerardo Ortega Maya para culparlo. A través de la queja 48641 que presentó ante la CNDH, el militar solicitó al organismo una copia de la queja 44767, que se interpuso por presuntas violaciones a los derechos humanos de Gerardo Ortega.
• el 17 de julio la SIEDO incurrió en desacato a una orden judicial por no presentar las pruebas de descargo que acreditan o no las acusaciones realizadas en contra de Ángeles y no cumplir el mandato dictado por la juez décimo segunda de distrito en amparo del Distrito Federal, Josefina del Carmen Mora.
• Ocho días después el 25 de julio la PGR cumplió con la orden judicial emitida por la jueza Mora quien le mandó aceptar las pruebas de descargo presentadas por la defensa del general Tomás Ángeles.
• El 31 julio 2012, y tras 70 días de arraigo, Raúl Valerio Ramírez, Juez Tercero de Distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, ordenó las aprehensiones de Tomás Ángeles, y de los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como del teniente coronel Silvio Hernández Soto por presuntamente colaborar con los hermanos Beltrán Leyva. Asimismo ordenó la detención del Mayor Iván Reyna Múñoz y los narcotraficantes Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denys Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denys".
• Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general Ángeles afirmó en una entrevista radiofónica que la orden de aprehensión girada contra el militar es un escenario que tenían previsto “y lejos de disgustarnos, aunque suene contradictorio, nos sentimos bien de ya sea ante un juez federal ante quien podamos ventilar un proceso ya con parámetros de tiempos y acciones perfectamente estipuladas, la verdad es que nos sentimos muy tranquilos", aseveró el penalista en entrevista para W Radio.
• El 1 de agosto "La Barbie" y "El Indio" niegan vínculo alguno con el militar en retiro. Uno de los testimonios que derivó en la detención Tomás Ángeles fue la declaración de Mateo. El narcotraficante afirmó que el general se encontraba relacionado íntimamente con personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado; que ello le constaba con motivo de haber presenciado una reunión junto con el militar, a mediados de julio de 2008. Además, aseguró haber entregado al general la cantidad de 5 millones de dólares. Sin embargo, Villarreal Barragán, quien era el segundo en la estructura del citado cártel, cargo que ocupó tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, cambió su dicho, pues  comentó que no fue en 2008, sino en 2007, la mencionada reunión.
• 6 de agosto. La PGR cumplimentó las órdenes de aprehensión contra el General Ángeles y otros militares acusados de crimen organizado, pero no a los narcotraficantes del Cártel de los Beltrán Leyva que supuestamente los corrompieron. “De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF), la PGR no ha ejecutado las aprehensiones contra Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" y Gerardo Álvarez Vázquez "El Indio", ordenadas en la misma causa contra los Generales, pese a que el primero incluso está acusado de homicidio” “Aunque algunos abogados dijeron que la noche del miércoles "La Barbie" y "El Indio" comparecieron para rendir su declaración preparatoria, tras de que los militares rindieran.
• 5 de agosto de 2012. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, negaron ante autoridades judiciales conocer a los generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, Ello da pei a que los abogados soliciten la excarcelación mediante un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, ya que el expediente en contra de ellos está sustentado fundamentalmente en la declaración de ambos narcotraficantes, revelaron fuentes judiciales. Sin embargo, la prueba mayor son las declaraciones de los testigos Jennifer y Mateo.
• Juez Raúl Valerio Ramírez, perfil.
• Nació en Los Reyes la Paz, Estado de México.
• Es licenciado en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, se titulo en 1994 con la tesis: "Estudio Comparativo Entre las Calificativas de Alevosía y Ventaja en el Homicidio"; ; Especialización Judicial en delitos financieros y derecho notarial,
• Se preparó para ser Secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN en el Instituto de la Judicatura Federal.
• Cargos desempeñados dentro del Poder Judicial. Oficial Judicial, Secretario de Juzgado en el III de Distrito en Sinaloa; en Sexto de Distrito en Materia Penal en el DF y Secretario de varios Tribunal Unitario en Materia Penal y Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cargo que ocupa desde agosto de 2009.
• Fue designado bajo un concurso interno de oposición, DOF 06/02/2009.
• Fuente: CJF