Promulgación de la Ley contra el lavado de dinero

Discurso del Presidente Calderón en la Promulgación de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita criminal de dinero proveniente de delitos que agravian a la sociedad.
Lugar: Escalinata de la residencia Oficial de Los Pinos, a 16 de octubre de 2012

Señor Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Cámara de Senadores.
Señoras y señores Legisladores.
Señoras y señores de los medios de comunicación.
Colaboradores del Gobierno Federal.
Señoras y señores:
Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí, en este acto, en el que, en ejercicio de las responsabilidades que me confiere la Constitución como Presidente de la República, he firmado y promulgado el Decreto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Contra el Lavado de Dinero.
Como todos sabemos, México padece un serio problema relativo a la actuación de la delincuencia y a la inseguridad que genera entre la población. Por eso, desde el inicio de esta Administración tomamos una firme decisión de enfrentar, con todos los recursos del Estado, a tales organizaciones criminales, que, en efecto, se habían convertido, quizá, en la principal amenaza a la tranquilidad y a la integridad de las familias mexicanas.
Hemos combatido con denuedo las estructuras logísticas y operativas de la criminalidad. Sin embargo, era muy claro que la lucha por un México seguro requería de dotar de nuevas herramientas al Estado mexicano para golpear la capacidad financiera de la delincuencia.
Era y es indispensable combatir a la industria del crimen, particularmente, del crimen organizado transnacional justo en el corazón de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades ilícitas.
Es por esa razón que impulsamos la aprobación de una nueva Ley de Extinción de Dominio, para, precisamente, golpear a los criminales ahí, donde más les duele, que es en ganancias ilícitas.
Adoptamos medidas de carácter administrativo para restringir el depósito de dinero y de dólares en efectivo; para detectar, también, y perseguir aquellas operaciones en las que se emplean recursos ilegales y otras.
Pero, evidentemente, hacía falta ir mucho más allá. Y por eso, presenté una iniciativa al Congreso de la Unión, en orden de buscar un nuevo marco legal que recogiera los criterios adoptados por la comunidad internacional para el combate eficaz al lavado de dinero.
Así, en agosto del año 2010, y en cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, presenté al Congreso de la Unión la iniciativa que dio lugar a la ley que hoy se está promulgando.
Fruto de los esfuerzos y consensos entre la sociedad civil y las fuerzas políticas, hoy se materializa esta ley, que fue diseñada para detectar y combatir, con contundencia, el lavado de dinero en nuestro país.
Quiero hacer un sincero reconocimiento a las y a los señores Legisladores en ambas Cámaras del Poder Legislativo, por haber discutido, analizado, enriquecido y, finalmente, aprobado la iniciativa presentada en el 2010.
Se trató de un ejercicio de reflexión responsable, de cara a la sociedad, sobre una materia delicada, en uno de los temas que más preocupan a los mexicanos.
Hoy, finalmente, México cuenta con una ley que le permitirá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que tanto agravian a la sociedad. Y permítanme comentar algunos de sus aspectos más sobresalientes.
En primer lugar. La ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley.
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos.
La comercialización de tarjetas de crédito o de prepago, como en el caso de las tiendas departamentales.
El otorgamiento de préstamos o créditos, como los otorgados por las casas de empeño en el país.
La construcción, el desarrollo y la compra-venta de bienes inmuebles.
La comercialización de obras de arte, de piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
Con estas medidas se impedirá que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas lícitas, que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos, a partir de actividades ilícitas y criminales, como las que desarrollan.
En segundo lugar. Esta ley obliga a los intermediarios no financieros; es decir, a quienes participan en determinadas transacciones económicas, a cumplir con obligaciones como: verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios; solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o su fuente de ingreso, y conservar y proteger por cinco años la documentación sobre dicha información.
A manera de ejemplo, la ley regula las actividades de los Fedatarios Públicos, de los notarios, de los corredores. Ahora, los Fedatarios Públicos tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compra-venta de inmuebles, entre otros.
Con medidas como ésta, México se pone en sintonía con los más recientes criterios aprobados por la comunidad internacional en el combate al lavado de dinero.
En tercer lugar. La ley establece nuevas obligaciones a las entidades financieras.
Los bancos y las casas de cambio, por ejemplo, deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de lavado de dinero.
Entre otras medidas, deberán presentar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda sobre las actividades consideradas como vulnerables por la propia ley. Así blindamos al sistema financiero y a la economía nacional del dinero proveniente de las organizaciones criminales.
En cuarto lugar. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos.
Por un lado, se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley; y en los casos procedentes, esta dependencia podrá imponer sanciones de hasta el 100 por ciento del valor de las operaciones.
Por otro lado, celebro que dentro de los aspectos que contiene la ley se haya establecido la creación de una Unidad Especializada en Análisis Financiero, enfocada a la investigación de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Esta Unidad dependerá de la Procuraduría General de la República, y los servidores que la integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo y su probidad.
Así, con nuevas instituciones, con nuevas facultades, el Estado podrá generar más y mejor inteligencia para combatir exitosamente a la criminalidad. Detectando sus recursos ilícitos, podremos investigar y detener con más eficacia a los delincuentes.
En suma, la ley que ha aprobado el Congreso de la Unión, por cierto, la primera ley aprobada en su totalidad, aprobada, finalmente, en esta Legislatura, establece medidas y procedimientos para prevenir, detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Así, damos respuesta, las instituciones, al justificado reclamo social de golpear a los criminales donde sabemos que más le afecta y más les interesa, que son sus finanzas.
Con esta ley, México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero, y se instaura, así, un sistema de vanguardia para la prevención y combate a este delito, y la protección de nuestra economía.
Después de un proceso legislativo de dos años, hoy, México cuenta con nuevas herramientas para evitar que los delincuentes sigan aprovechando las rentas que reciben de sus actividades ilícitas; para impedir que su poder económico crezca y financie más crímenes, corrompa autoridades o violente los derechos de los ciudadanos.
Señoras y señores:
En estos seis años, nuestra Nación ha librado una lucha sin precedentes en favor de la legalidad, la justicia y las libertades de nuestras familias. El Gobierno ha actuado con firmeza, porque es su deber. Ha actuado al margen de todo cálculo político y de cualquier visión o interés de corto plazo.
Ha actuado para cumplir con su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y para legar a las nuevas generaciones instituciones modernas, nuevos marcos legislativos que permitan salvaguardar, efectivamente, la integridad y la tranquilidad de los mexicanos.
Con la ley en la mano, empleamos todos los recursos al alcance del Estado, para defender a los ciudadanos ante la amenaza que se erige contra su tranquilidad. Impulsamos una transformación profunda, ante el deterioro sistémico de instituciones de seguridad y de justicia en el país.
Hoy, se deja un proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y del marco legal, en materia de seguridad y de justicia, renovado.
El reto es que estos esfuerzos sigan con efecto de que se recupere plenamente el orden y la paz en nuestras comunidades, y se haga del imperio de la ley, el pilar del progreso de nuestro querido México.
Hago votos porque la Promulgación de esta nueva Ley Contra el Lavado de Dinero sea un activo más del Estado. Un activo, ciertamente, poderoso en la consecución de este anhelo por el que México lucha firmemente y que, esperamos, fructifique en un México de paz y prosperidad a las y a los mexicanos, el día de mañana.
Muchísimas felicidades.
Y muchísimas gracias.
*
Palabras del Secretario de Hacienda, doctor José Antonio Meade Kuribreña, durante la Promulgación de la Ley
Muy buenos días a todos.
Me da un gran gusto acompañar al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en este evento.
Por su importancia, nos congregan a diversos representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, y de los sectores privados y sociales. Los saludo, y le agradezco su presencia.
Desde el inicio de la Administración, se ha hecho un esfuerzo sin precedente para combatir el crimen organizado. Esfuerzo que se ha traducido en un fortalecimiento institucional de gran relevancia y que hoy, se constituye como un activo del Estado mexicano.
El Senado de la República, institución presidida por su Presidente, el Senador  Cordero Arroyo, con el trabajo de quienes integran las Comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estadios Legislativos, aprobaron la semana pasada, la minuta en la Cámara de Diputados para la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con esta ley, se protege al sistema financiero y al resto de la economía, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Como ustedes saben, el mejor mecanismo para blindar a la economía formal de operaciones de blanqueo, es el conocimiento del cliente. Si bien, este principio se encontraba ya previsto en nuestra legislación y es operativo para el sistema financiero desde hace ya muchos años, el resto de la economía no tenía un marco normativo ni mecanismos de reporte que la protegieran de esta actividad delictiva.
Esta deficiencia motivó en mucho la iniciativa del señor Presidente. Ya comentaba el Senador Gil Zuarth, al posicionar por la Comisión el dictamen, el proceso legislativo por el que atravesó esta iniciativa. Un proceso legislativo de dos años, en el cual, el Congreso fortaleció, modificó, generó consensos para, precisamente, tener el día de hoy, esta Ley Contra el Lavado de Dinero.
Cabe destacar que, además de dos años, implicó el trabajo de dos Legislaturas. Cuando se empezó el trabajo de esta iniciativa, el Senador Cordero, el Presidente del Senado, era Secretario de Hacienda y hoy, dos Secretarios después, se aprueba esta iniciativa.
Comentó, también, en la Sesión, el Senador Mendoza Davis, que el tema de lavado de dinero es de los más dinámicos que existe en los marcos normativos, y por tanto, los más importantes de permanentemente ajustar.
Los Senadores, en esa discusión, hicieron eco de las razones que motivaron al Presidente a enviar la iniciativa. Así, la Senadora Díaz Salazar, por ejemplo, comentó que era fundamental golpear las finanzas de los criminales. Y, para ello, era vital que nuestras fuerzas de seguridad puedan tener un andamiaje jurídico para proteger y perseguir esos ilícitos.
Y por ello, un primer objetivo de la iniciativa, cuya aprobación hoy nos convoca, justamente, era extender los mecanismos de identificación y reporte vigentes en el sector financiero, en la intención de evitar que el sector sea utilizado para lavado de dinero.
Se logra, además, armonizar la legislación mexicana con los principios, criterios y reglas que hoy rigen a la comunidad internacional, en materia de combate al lavado de dinero.
A partir de esta ley, diversos entes privados estarán obligados a identificar, primero, y, en su caso, informar a las autoridades Federales sobre actividades inusuales, preocupantes o relevantes.
Asimismo, lo harán aquellas entidades financieras, intermediarios financieros, notarios, corredores públicos y quienes lleven a cabo actividades vulnerables en los términos de este nuevo marco jurídico.
Esta ley, además, nos permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas en el combate al lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República.
Con este marco normativo, mejoraremos la posición de nuestro país en la certificación internacional con el grupo de acción financiera. Posición, por cierto, que se encuentra por encima ya, de la de muchos otros países asociados.
Señor Presidente.
Señoras y señores:
La reciente aprobación de la ley, constituye un gran esfuerzo por parte del Gobierno Federal, desde el Presidente de la República y las distintas dependencias que participaron en su elaboración, hasta la Cámara de Diputados y Senadores, cuyas aportaciones enriquecieron esta iniciativa.
Es muestra de la importancia de lograr acuerdos entre los diversos actores de la vida pública, estableciendo un marco jurídico que contribuirá en la lucha contra el crimen organizado.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nos da herramientas necesarias para debilitar estructuras delictivas.
De esta manera, estamos construyendo un México más seguro y más fuerte.
Muchas gracias.
-MODERADOR: Invitamos al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que en compañía de los integrantes de la Fila de Honor, realice la Firma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
 (FIRMA DE LEY)