REFORMA:
Dilapida 92 mdp PGR de Calderón
Nota de Abel
Barajas
Ciudad
de México (17 junio 2013).- Durante su
gestión al frente de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales
auspició la contratación de servicios fantasmas por 92 millones de pesos.
A
tan sólo cinco meses de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, la PGR
contrató el desarrollo de 17 sistemas tecnológicos y bases de datos, de los
cuales, a la fecha, 14 no operan, 2 ni siquiera fueron entregados y el único
que sí funciona tiene un sobreprecio millonario.
Los
contratos fueron adjudicados de forma directa a una empresa ubicada en Villahermosa,
Tabasco, y denominada La Red Corporativo.
REFORMA
tuvo acceso al contrato PGR/AD/CN/ SERV/147/2012, otorgado el 29 de junio
pasado a dicha empresa por un costo de 92 millones 34 mil 90 pesos. Pese al
monto, no hubo licitación.
La
información del contrato no se encuentra en el portal de Obligaciones de
Transparencia de la Procuraduría ni en el sistema de contrataciones públicas
CompraNet debido a que la administración pasada blindó el documento bajo una
cláusula de confidencialidad en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
A
la empresa La Red Corporativo se le liquidaron aproximadamente 61 millones de
pesos en tiempos de Morales, mientras que la actual administración de la
Procuraduría detuvo el pago de 31 millones de pesos al no encontrar rastro de
los sistemas.
Una
de las principales irregularidades es que la empresa La Red Corporativo se
comprometió a instalar en la PGR un Sistema de Administración de Recursos
Humanos y otro de Información de Recursos Humanos, ambos en Java.
Entre
los dos sistemas, sumaron un costo de 14 millones 943 mil 292 pesos más IVA.
El
plazo de entrega establecido fue el 16 de noviembre de 2012, pese a lo cual
fuentes autorizadas revelaron que los desarrollos de ambos sistemas nunca
fueron entregados.
Según
informes gubernamentales, la PGR necesitaba el Sistema de Administración de
Recursos Humanos para calcular las percepciones y deducciones de sus empleados,
y para generar y realizar el pago de nómina.
Por
su parte, el Sistema Información de Recursos Humanos es una herramienta que la
institución requería para registrar y dar seguimiento a los movimientos de alta
y baja del personal, con datos personales y de beneficiarios, sistema que sería
el insumo para el pago de la nómina.
Otra
anomalía es el presunto desarrollo de un administrador de contenidos del sitio
web de la Procuraduría a un costo cercano a los 9 millones de pesos, con el
propósito de contar con un mayor manejo de los productos informativos y
subirlos desde distintas unidades de la dependencia, pero que, en los hechos,
resultó ser un simple maquillaje de la página.
Según
las cláusulas, sería desarrollado bajo la plataforma JAVA JEE5, con las
tecnologías JSFv1.1, Springv2.3 y PPAv1.0 y operaría un manejador de Base de
Datos Oracle.
El
administrador también manejaría redes sociales para las páginas de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del Programa de Recompensas.
Con
base en información gubernamental, la empresa proveedora usó como plataforma el
administrador de contenidos "Alfresco", una herramienta que es
gratuita pero cumple con las características de las tecnologías requeridas en
el contrato.
La
página electrónica también cuenta con el manejador de Bases de Datos Oracle
requerido; sin embargo, fue proporcionado por la PGR.
El
contrato habla de desarrollar una versión móvil del portal de internet, no
obstante, en el acta de entrega no se manejó como una aplicación móvil, sino
como un desarrollo para proporcionarle funcionalidad a la página en
dispositivos como los smartphones.
Tanto
funcionarios de áreas técnicas de la propia dependencia como empresarios del
ramo coincidieron en que el precio pagado por la administración de la
Procuradora Marisela Morales no corresponde con los que se ofrecen en el
mercado. Se trata, aseguraron, de un costo inflado.
Fuentes
de la PGR estimaron que este tipo de productos pueden costar entre 300 mil y
600 mil pesos, cifras muy alejadas de los casi 9 millones pagados a la empresa
tabasqueña.
El
propietario de una compañía proveedora del Gobierno -quien habló a condición
del anonimato- estimó en 2.5 millones los trabajos previstos en el contrato de
la PGR, sin considerar que este precio puede variar si se tratara de una
licitación, donde los precios compiten a la baja.
La
fecha de entrega establecida en el contrato para el rubro del portal de
internet fue el 15 de septiembre, pero la empresa no cumplió.
Hizo
la entrega hasta el 5 de octubre, según confiaron funcionarios a este diario.
Reprueban
funcionalidad
La
Procuraduría contrató el desarrollo y no la implementación de los sistemas,
tarea que la institución debía concretar una vez probado el producto entregado
por la proveedora.
Sin
embargo, de los 14 sistemas que no operan, 12 se debe a no haber pasado las
pruebas de funcionalidad y 2 porque les faltan las pruebas finales de
validación.
El
Sistema de Registro y Consulta de Antecedentes, por ejemplo, cotizado en 5.3
millones de pesos, no opera debido a que no cuenta con la totalidad de módulos
desarrollados y tampoco pasó las pruebas de funcionalidad.
Lo
mismo ocurrió con el Sistema de Control de Preliberados, que costó 6.8
millones, cuya falta de operación se debe a que no tiene los elementos de
seguridad que requiere un sistema de su tipo, según dijo personal que conoce
del caso.
Otro
ejemplo es el sistema Integra en plataforma Java, que pretendía usar la
Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de la dependencia para
registrar información sobre la distribución operativa de recursos humanos,
administrativos y materiales en las 32 entidades federativas.
Los
datos obtenidos indican que se entregó a la PGR el 30 de septiembre de 2012, el
último día que tenía para hacerlo, y costó 3 millones 493 mil 568 pesos. Pero a
la fecha no está en operación, porque no resultó funcional y tampoco fue
aceptado por la DGPP.
La
funcionalidad también falló a los sistemas Institucional de Registro de
Personal Sustantivo (SIRPS), de Información de la Profesionalización (SIP), de
Control de Preliberados (SCE) y de Análisis de Puestos Institucional (SAPI). Este
último opera en plataforma ASP Oracle y no en Java, como lo debió entregar la
proveedora.
Ocurrió
lo mismo con los sistemas de Planeación Institucional (SPI) y de Registro y
Consulta de Antecedentes (SIRCA) o la integración del Sistema Único de Mandamientos
Judiciales (SUMAJ) al Institucional de Información Estadística (SIIE).
Tampoco
fueron satisfactorias las pruebas de funcionalidad de la aplicación para la
Consulta de Nómina Histórica o los módulos de procesos del Sistema
Institucional de Información Estadística (SIIE), no obstante que estos últimos
fueron creados.
Otras
de las irregularidades detectadas es que La Red Corporativo no entregó el
desarrollo de algunos de los sistemas en los plazos establecidos en las
cláusulas del contrato, que iban del 31 de agosto al 16 de noviembre de 2012.
Tal
es el caso del Sistema de Administración de Riesgos, que costó 7 millones 340
mil 224 pesos y que fue entregado hasta el 31 de octubre, no obstante que la
fecha límite que tenía para hacerlo era el 15 de septiembre.
Sólo
dos de los 14 sistemas tienen posibilidad de operar, porque les faltan las
pruebas finales de validación con el usuario y liberarlo a producción, según
informaron. Uno de ellos es la actualización de la plataforma a Oracle y Java,
y el otro es el de migración de información.
Pese
a las anomalías, funcionarios del Gobierno federal informaron que no se
comprometió información confidencial, debido a que la empresa sólo haría el
desarrollo tecnológico y, una vez que funcionara, la PGR inyectaría la
información, algo que tampoco sucedió.
Este
contrato fue firmado por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, y Ricardo Jiménez
Martínez, ex director General Adjunto de Recursos Materiales.
También
por Norma Zamudio Montiel, ex directora General Adjunta de Soluciones
Tecnológicas Sustantivas, y Guillermina Muñoz Soto, ex directora de Tecnologías
de Información y Comunicaciones, quien en los últimos cuatro meses del sexenio
fue Oficial Mayor de la PGR.
Por
la empresa La Red Corporativo, firmó su apoderado Sergio Fuentes Pérez.
Suspende
pago la Procuraduría
La
PGR suspendió el pago de los 31 millones de pesos que restaban por cubrir a la
empresa La Red Corporativo, en el contrato que le otorgaron a fines de la
administración pasada para desarrollar 17 sistemas tecnológicos y bases de
datos.
De
acuerdo con fuentes de la dependencia federal, el mes pasado, cuando llegó el
aviso de las áreas administrativas para saldar el monto restante, la
Procuraduría suspendió el pago por una serie de incumplimientos e
irregularidades detectadas en dicha contratación.
El
monto total del contrato es de 92 millones 34 mil 90 pesos y los trámites de
pago iniciaron el 13 de noviembre pasado, con recursos de la partida 33301
denominada "Servicios de Informática", según información
gubernamental.
Hasta
mayo del presente año, se habían cubierto 52 millones 428 mil 932 pesos, suma
que con el Impuesto al Valor Agregado ascendía a unos 61 millones de pesos.
Algunas
razones que motivaron la suspensión de pagos fue el descubrimiento de que la
contratista aparentemente no entregó a la PGR algunos sistemas como los de
Administración e Información de Recursos Humanos.
Dichas
anomalías fueron descubiertas por un grupo de desarrollo en tecnologías en la
presente administración de la PGR.
Según
la información proporcionada, la Procuraduría ya ha fincado algunas
penalizaciones a la empresa proveedora, cuyas oficinas principales se
encuentran en la capital tabasqueña, derivado de los incumplimientos a las
cláusulas del contrato.
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